CRISTIAN ENRIQUE HERNANDEZ MENDEZ y Otros.
Expediente 862/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- CRISTIAN ENRIQUE HERNANDEZ MENDEZ y Otros.
- Cristian Enrique Hernandez Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el ocho de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos el informe justificado de cuenta; en virtud de que mediante proveído de ocho de julio del año en curso, se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Así lo acordó y firma Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/3281/2022 de once de julio de dos mil veintidós, de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos el informe justificado de cuenta; en virtud de que mediante proveído de ocho de julio del año en curso, se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de julio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el agente del Ministerio Publico de Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado, informa que se resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos Cristian Hernández Vázquez y Emmanuel Alejandro Ruiz Hernández y se acordó su libertad, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple, dentro de la carpeta de investigación DCI/FGE/I/D01/20628/22; asimismo, acompaña diversas constancias en copia certificada. Pruebas. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la autoridad oficiante, las documentales que anexo a su oficio de cuenta, mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Se actualiza una causa de improcedencia. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual se toman en cuenta los datos que emanan de la demanda, sus anexos, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese sentido, de la demanda de amparo y de la totalidad de constancias que obran en el sumario, se desprende que los quejosos Cristian Hernández Vázquez y Emmanuel Alejandro Ruiz Hernández reclamaron: 1. La orden de detención y retención de que fueron objeto. 2. La inminente incomunicación, malos tratos, golpes e instigación. Por su parte las autoridades responsables en sus informes de plano y justificados indicaron que: Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, manifestó que no eran ciertos los actos precisados en el numeral 2, pero que el veintidós de junio de dos mil veintidós, a las veintidós horas fueron ingresados a los separos de la dicha entidad los quejosos en cumplimiento a lo ordenado por la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo, por virtud de que fueron detenidos en esa fecha por elementos de la Guardia Civil Estatal, región Centro. El Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, por conducto de la subdelegada autorizada en ausencia del mismo, informó que no eran ciertos los actos reclamados. La agente Fiscal adscrita a la Mesa de Trámite Común con detenidos de la Fiscalía General del Estado igualmente informó que no eran ciertos los actos reclamados. El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comandancia de la Guardia Civil Estatal expuso que no eran ciertos los actos reclamados. Por su parte, el agente del Ministerio Publico de Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo de la citada fiscalía estatal, manifestó en sus diversos oficios, respectivamente, que negaba los actos de suspensión de plano además acreditó su dicho con los pases a familiares de los quejosos y a sus abogados de veintitrés de junio de esta anualidad. Asimismo, que los quejosos fueron puestos a disposición el veintidós de junio de dos mil veintidós, a las diecinueve horas con cuarenta y un minutos, decretándose su retención a las veinte horas del mismo día, se les nombro defensor y se les leyeron sus derechos resolviéndose su situación jurídica a las diecisiete horas del veinticuatro de junio de dicha anualidad, donde se acordó su libertad. A efecto de verificar lo anterior, en acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, se requirió a dicha autoridad para que enviara las constancias con las cuales se acreditara la situación jurídica de los quejosos. En cumplimiento, el agente de la representación social responsable, a su oficio de cuenta, remitió las constancias de las que se desprenden que el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, a las diecisiete horas, se dictó libertad a favor de los accionantes del amparo se advierte que el veinticuatro de junio del año en curso se resolvió su situación jurídica dictándose acuerdo de libertad los aquí quejosos, lo cual se les notificó en la propia data. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, resulta inconcuso que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir de los dispositivos legales en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. En la especie, se acreditan los referidos elementos porque se encuentra acreditado que el agente Ministerial responsable dictó el veinticuatro de junio del año en curso, acuerdo mediante el cual se decretó la libertad de los aquí quejosos Cristian Hernández Vázquez y Emmanuel Alejandro Ruiz Hernández, dentro de la carpeta de investigación DCI/FGE/I/D01/20628/22, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple. Luego, con ello se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos inicialmente reclamados consistentes de detención o retención, puesto que debido a la emisión del auto de libertad de veinticuatro de junio del año en curso, aquella ha sido sustituido por este último, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Asimismo, respecto de los diversos actos de incomunicación, malos tratos, golpes e instigación que aduce fueron objeto, no se acreditó su existencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Decisión. Al haberse actualizado la causal de improcedencia, de manera notoria, la cual se encuentra prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las doce horas con cuarenta minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar locontrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Cristian Alexis Magaña Salas666/2020
- Cristian Andres Covarrubias Moreno807/2018
- Cristian Anibal Puente Molina406/2023
- Cristian Duban Perez Rubiano511/2020
- Cristian Edgardo Hernandez Estrella217/2021
- Cristian Eduardo Martínez Vidaurri688/2018
- Cristian Flores Garcia1302/2022
- Cristian Guzman Hernandez1070/2019
- Cristian Hernan Ibarra Rojas341/2023
- Cristian Israel Mendoza Romo Gutiérrez822/2023
- Cristian Lopez Martinez1372/2022
- Cristian Lopez Martinez942/2021