Cristian Eduardo Pacheco Remigio
Expediente 479/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cristian Eduardo Pacheco Remigio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. ACUMULACIÓN DE JUICIOS. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo 444/2023 y el diverso 479/2023 del índice de este Juzgado Federal, se advierte que existe conexidad entre los actos reclamados por los quejosos********************y******************** en dichos juicios, ya que reclamaron el auto de vinculación a proceso, dictados el doce y dieciocho de abril de dos mil veintitrés, y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la audiencia inicial celebrada en la carpeta administrativa 307/2022/TEHUACÁN. Así mismo, al rendir los informes justificados solicitados en ambos sumarios, la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla aceptó su existencia. Al respecto, resulta pertinente indicar que el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo dispone:"Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." El precepto legal reproducido debe aplicarse supletoriamente a la Ley de Amparo, para determinar lo conducente respecto a la acumulación de litigios constitucionales, conforme a la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes:"ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Sin embargo, dicho precepto no establece cuáles son los supuestos en que procede la acumulación, pero conforme a la teoría general del proceso, esa figura opera en los supuestos siguientes: a) Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables; y, b) Cuando, se trate de diferentes juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado y diversos quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos. En ese tenor, en el presente asunto, se actualiza una diversa hipótesis, que a la vez, concierta ambos supuestos; pues en el caso, los dos juicios fueron promovidos por diversos quejosos, contra las mismas autoridades responsables, en contra de la audiencia inicial de formulación de imputación, aunque el auto de vinculación a proceso sea de diversas fechas, los cuales se encuentran íntimamente relacionados al haber sido dictados en la misma causa penal. Así, el suscrito juez de Distrito con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, resuelve de plano, la acumulación del juicio de amparo 479/2023 al presente sumario constitucional 444/2023, pues se tratan de juicios promovidos contra actos celebrados en la misma audiencia inicial; de ahí que se tenga acreditada la conexidad de ellos. Por tanto, al ser procedente la acumulación de los referidos juicios de amparo, se ordena sumar el juicio 479/2023 al presente sumario constitucional 444/2023, toda vez que en el que se actúa es el más antiguo al haberse presentado en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con anterioridad, tal como se desprende de las papeletas de turno, de conformidad con el artículo 72 del Código federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. La anterior determinación encuentra sustento en el mandato contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que asegura que las autoridades encargadas de administrar justicia, estarán expeditas para impartirla de manera pronta, completa e imparcial, velando además porque las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez y prontitud que lo rigen, pues de no ser así, pueden tomar las medidas procesales necesarias para cumplir correctamente con su función jurisdiccional, atendiendo al diseño procesal concentrado en que fue diseñado este mecanismo de control constitucional, conforme a los plazos y términos que la Ley de Amparo prevé, bajo el principio de prosecución judicial. Entonces, al acumular los controvertidos de que se trata, se crea un beneficio a la parte quejosa, puesto que se protegerá su esfera jurídica contra los actos reclamados, de manera completa y cabal. Así como un provecho a favor de la justicia Federal, en relación a los recursos humanos y materiales que conlleva tramitar un juicio constitucional. Efectivamente, ningún beneficio otorgaría al inconforme tramitar los juicios que promovió por separado, sino por el contrario, ello podría generar retrasos e irregularidades en el procedimiento del juicio, e incluso, se podría suspender una pluralidad de veces el mismo acto reclamado (situación que no debe acontecer conforme a la técnica del juicio de amparo). De hecho, es una cuestión de orden público, cuyo análisis debe realizarse oficiosamente, con el fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias; incluso, para evitar suspender los efectos de un acto cuya constitucionalidad se encuentra pendiente de analizar en un juicio anterior. Más aún, evitar una conducta procesal dolosa o inadecuada que busque retrasar la ejecución de actos de autoridad de orden público, si fuera el caso. De ahí, que lo mejor sea unir los sumarios de que se trata para crear una litis estructurada, clara y unificada que otorgue el mayor beneficio a la parte quejosa, en aras de velar por lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, a fin de que las partes se impongan de la presente determinación y de las constancias que conforman los expedientes que ahora se acumulan y su estado procesal, se dejan sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo 444/2023, esto es, las once horas con dos minutos del veintinueve de junio de dos mil vientres; y subiste la señalada en el 479/2023 para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés. ANOTACIONES EN SISE. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL QUEJOSO CRISTIAN EDUARDO PACHECO REMIGIO. En atención a que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el ocursante es titular del usuario: "RAFA-ESTRADA", el cual se encuentra vigente; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del AG12/2020, se otorga el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 34 a 41 y 55 a 67 del referido AG12/2020, como lo solicita, también realícense las notificaciones que le correspondan electrónicamente mediante dicho usuario. Signifíquese a la parte interesada que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, deberá tomar en cuenta que el trámite que se dará a su aviso de falla, se seguirá según el procedimiento previsto en los últimos dos preceptos referidos del acuerdo general. Hágase del conocimiento del oficial judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. No se inadvierte que la ocursante también señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla; sin embargo, al haber pedido que se concediera el acceso al expediente electrónico y se le notificara electrónicamente, estese a lo acordado en párrafos precedentes. Notificación al quejoso recluido. Con fundamento en el diverso 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y en relación con lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a efecto que -en auxilio de las labores de este Juzgado- por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Tehuacán, Puebla. b) Busque por conducto de personal autorizado al quejoso ********************y se cerciore de su identidad. c) Le notifique la presente determinación, entregándole copia autorizada para tal fin. En la inteligencia, que las notificaciones que se encomiendan deberán practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice la notificación ordenada aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su diligenciación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 ; y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la persona actuaria adscrita, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Los registros con los que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento.Notifíquese personalmente al quejoso ********************en el lugar de su reclusión -vía despacho- así como al tercero interesado ********************en el domicilio ********************(F 156); electrónicamente a ********************, quienes se ostentan como defensores del imputado ********************; por oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. DEVUELVE DESPACHO. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 248/2023 (orden 394/2023) del índice de este juzgado de Distrito, del cual se advierte que el diecisiete de junio pasado, emplazó al tercero interesado de identidad reservada********************; de lo que queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial despacho 248/2023 (orden 394/2023) y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). EFECTIVO APERCIBIMIETNO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió mediante auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, al tercero interesado de identidad reservada ********************, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta localidad o en la ciudad de Puebla, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal proveído y, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente auto, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista de acuerdos. DIFERIMIENTO ANTICIPADO Ahora bien, toda vez que resulta evidente que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada con el informe justificado, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado, se imponga de su contenido, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con ocho minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente, y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registros con los que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue recibido vía correo institucional. Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintitrés. I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 479/2023 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************, quienes se ostentan como defensores del imputado ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veinitrés, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por ********************, quienes se ostentan como defensores del imputado ********************, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: La resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en la que la autoridad responsable, dictó auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 307/20222/TEHUACÁN de su índice, en contra del quejoso ********************; y, La imposición de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso ********************. Así como, la ejecución de dichos actos. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (David Rodríguez González). Aceptó 2. Director del Centro Penitenciario Regional de Tehuacán, Puebla. Aceptó De lo anterior se advierte que la autoridad responsable ordenadora al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto en la presente incidencia, sin perjuicio de lo que se determine en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, la autoridad responsable ejecutora Director del Centro Penitenciario Regional de Tehuacán, Puebla, indicó que se encuentra ejecutando los actos reclamados. Por tanto, se provee sobre la suspensión definitiva, en los siguientes términos: CUARTO. Procedencia de la medida cautelar. Se concede la suspensión definitiva solicitada, a fin de que el quejoso quede a disposición de éste órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que actualmente está privado de su libertad, quedando a disposición del 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur - Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla para la continuación del procedimiento de origen. Sin que haya lugar a la imposición de medidas de efectividad, por que surte efectos de inmediato la suspensión provisional, pues se toma en consideración el estado jurídico en el que se ubica la quejosa (privada de la libertad), en el cual, indudablemente, le resultarían gravosas y de complicado cumplimiento las exigencias que al respecto se llegasen a imponer para que la suspensión otorgada continuara surtiendo efectos (como comparecer ante el Juez del proceso). Orienta lo anterior la tesis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO QUE NO AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SI EL QUEJOSO SE ENCUENTRA MATERIALMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, EN VIRTUD DE QUE EN UN DIVERSO PROCESO PENAL SE LE IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, AQUÉLLA DEBE CONCEDERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. Del segundo párrafo del precepto mencionado, se advierte que cuando el quejoso se encuentre materialmente privado de su libertad, entre otros supuestos, porque esté siendo procesado y el Juez penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de ese artículo, que alude a que cuando la orden de aprehensión reclamada en el incidente de suspensión versa respecto de delitos de prisión preventiva oficiosa, a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión sólo producirá el efecto de que de ejecutarse el mandamiento de captura, el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, porque no hay forma más efectiva de impedir que el quejoso se evada de la acción de la justicia y se logre que se presente al proceso penal condigno para los efectos de su continuación, y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal, que estando ya privado de la libertad con motivo de un proceso penal instaurado en su contra (aunque no sea por el cual se libró la orden de captura impugnada), pues si bien es cierto que el principal objetivo de la suspensión del acto reclamado es mantener "viva" la materia en que versa el juicio de amparo; no menos lo es que el otorgamiento de la medida cautelar no puede seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, como lo es la de truncar la continuación de un proceso penal judicializado. De ahí que se exima la imposición de medidas de efectividad y de aseguramiento hacia quien solicita la suspensión contra una orden de aprehensión (aunque no se trate de delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa, como lo dispone la fracción II del artículo 166 referido), para que de inmediato y sin necesidad de satisfacer requerimientos, pueda comenzar a surtir sus efectos, pues toma en consideración el estado jurídico en el que se ubica el quejoso (privado de la libertad), en el cual, indudablemente, le resultarían gravosas y de complicado cumplimiento (como comparecer ante el Juez del proceso), las exigencias que al respecto se llegasen a imponer para que la suspensión otorgada continuara surtiendo efectos." Sin que haya lugar a fijar garantía alguna al aquí quejoso ********************; tomando en consideración los motivos para los cuales se concedió la medida cautelar solicitada. Sin que resulte necesario que la medida suspensional se decrete en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda a la parte quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga a la resolución en el juicio de amparo, dado que ello ya se ordenó en el expediente principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto, siguientes: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Hechos: Un Tribunal Colegiado determinó que cuando se reclama el auto de vinculación a proceso en el juicio de amparo indirecto, el pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no puede realizarse en el cuaderno principal del juicio, sino en el incidente de suspensión que se tramita por separado. Adverso a ello, otro Tribunal Colegiado de una diversa región concluyó que la suspensión regulada en el referido precepto constituye una obligación dirigida expresamente a la autoridad responsable, por lo que debe ser acordada en el expediente principal del juicio y no en el incidente de suspensión. Criterio jurídico: La paralización del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no guarda relación con el capítulo previsto en ese ordenamiento sobre la suspensión del acto reclamado, por lo que no requiere de una tramitación incidental. Así, cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, por regla general, los juzgados de distrito deben pronunciarse sobre esa suspensión en el cuaderno principal del juicio de amparo, salvo que expresamente se soliciten esos efectos para el incidente de suspensión, supuesto en el cual excepcionalmente será en el cuaderno incidental en donde se provea lo relativo. En cualquier caso, se debe verificar que la suspensión sea decretada en uno de esos expedientes y no en ambos. Justificación: El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece expresamente la obligación a los juzgados penales, como autoridades responsables, de que cuando a través de un juicio de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política del país, como ocurre con el auto de vinculación a proceso, deben suspender el procedimiento penal en lo que corresponda a la persona quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente. Dicha paralización del procedimiento penal no guarda relación con alguno de los tipos de suspensión previstos en los artículos 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, porque no actualiza de suyo las hipótesis previstas para la suspensión de plano o de oficio por vía incidental, no se encuentra sujeta a que la persona juzgadora del amparo conceda la medida cautelar, tampoco es necesario que el quejoso la solicite, ni que se sustancie un incidente en donde se abra un debate para determinar la procedencia de su aplicación. Por ello, se trata de una directriz que, por regla general, debe ser decretada oficiosamente por el Juzgado de Distrito de forma aparejada a la admisión de la demanda de amparo, es decir, como parte de la estructura de ese acuerdo inicial. No obstante, podría darse el caso de que en la demanda la parte quejosa solicite que los efectos del citado artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo sean decretados en el incidente de suspensión, es decir, que se abra el incidente a petición de parte. En ese supuesto, no existe impedimento para que ese tipo de suspensión pueda decretarse excepcionalmente en el cuaderno incidental del juicio de amparo. En cualquier caso, ya sea que la suspensión del procedimiento penal se decrete oficiosamente en el cuaderno principal o a petición de parte en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional debe verificar que esa determinación sea establecida sólo en uno de esos expedientes." QUINTO. Integración de expediente físico. El registro con el que se dio cuenta debe integrarse al expediente físico, y con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, quienes se ostentan como defensores del imputado ********************, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable identificada en el considerando tercero. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; mediante cualquier medio de comunicación interno al Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado de las siguientes autoridades: 2 Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. PRUEBAS. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registros con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue (recibido vía correo institucional. Notifíquese electrónicamente al quejoso y por lista a las demás partes.
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