Cristian Eduardo González Luévano
Expediente 6/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Julio César Luevano Chávez
- José Eduardo Cárdenas Chávez
- Cristian Eduardo González Luévano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en particular la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 117 a 120), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión respecto del resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido del citado acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". Asimismo, la tesis aislada 1.1º.A.E.43K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, visible en la página tres mil cuatrocientos veinticuatro, tomo IV, del mes de enero de dos mil dieciséis, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2010792, que a la letra dice: ************* En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, con fundamento en los artículos 51 y 52, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes en el presente juicio, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEADS/691/2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción al Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, determinó designar al licenciado Helmuth Gerd Putz Botello, como Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Página 312, Novena Época, registro número 164217, de rubro y texto siguientes: ***********
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista de la determinación de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Principal
Visto lo de cuenta, sólo agréguese a los autos de la presente juicio de amparo para que obre como corresponda, el oficio 123/2016-D, signado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, actuando en funciones de órgano auxiliar en Materia de Impartición de Justicia para Adolescentes, con sede en esta ciudad; sin que sea necesario dictar proveído a respecto, toda vez que mediante acuerdo de dieciocho de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
Visto, el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito por la Secretaria de Guardia, el seis de enero de dos mil dieciséis (fojas 1 a 4), Brenda Lucero Cárdenas Chávez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en representación de los quejosos directos Julio Cesar Luevano Chávez, José Eduardo Cárdenas Chávez y Cristian Eduardo Gonzaolez y/o González Luevano, contra las autoridades responsables, y por los actos siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPÓSNABLES: Señalo como: 1.-Delgado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila para la Región Norte I. 2.- Comandante de la Policía Investigadora, Región Norte I. 3.- Comandante del Turno del Grupo I de la Región Norte I. 4.- Comandante en Turno del Grupo II de la Región Norte I. 5.- Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común del Primer Turno para la Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. 6.- Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común del Segundo Turno para la Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. 7.- Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Rio Grande, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. 8.- Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Rio Grande, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. 9.- Comandante de la Policía Ministerial del Estado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, destacamento en la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila. 10.- Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común con residencia en Villa de Fuente, con domicilio en la calle Francisco y Madero número 400 Colonia Villa de Fuente municipio de Piedras Negras, Coahuila. 11.- Director de Policía y Tránsito Municipal de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila; con domicilio oficial y bien conocido en el Edificio de Seguridad Publica que se ubica en Av. Industrial y Av. De las Américas con número en la Colonia Nueva Vista hermosa de esta ciudad. 12.- Comandante en Jefe del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES), con domicilio conocido en el Cuartel en esta Ciudad. Por el acto reclamado siguiente: 4.- ACTO RECLAMADO: De todas y cada una de las Autoridades señaladas como responsables, reclamo la ilegalidad de la detención de mis hermanos Julio Cesar Luevano Chávez quien es menor de edad el cual cuenta con 16 años, y que se encontraba de vacaciones en esta Ciudad y José Eduardo Cárdenas Chávez y mi primo Cristian Eduardo Gonzaolez Luevano, quien fuera de procedimiento judicial y sin mediar orden de autoridad judicial competente, ni existir delito flagrante o caso urgente, han ejecutado y mantienen ejecutando en contra de los Quejosos Directos, a quienes además los mantienen detenidos sin permitirles comunicación alguna con la suscrita ni con su Defensa; teniendo además conocimiento de que pretenden trasladarlos fuera del Estado de Coahuila sin que medie para ello tampoco Orden de Autoridad suficiente en que sustenten tal traslado y que en forma inminente pretenden llevar a cabo. En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 6/2016; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación de los quejosos y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la razón actuarial de seis de enero de dos mil dieciséis (foja 12 y 13), suscrita por el funcionario adscrito, se advierte que los quejosos Julio Cesar Luevano Chávez, José Eduardo Cárdenas Chávez y Cristian Eduardo Gonzaolez y/o González Luevano, ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor. De ese modo, mediante proveído de seis de enero del año dos mil dieciséis (fojas 14 a 16), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. Ahora bien, de lo narrado y conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, del contenido de las copias certificadas que remitieron el Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital y el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal en funciones de Órgano Auxiliar en Materia de Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial de Rio Grande, ambos con residencia en esta ciudad, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: (. . .) En efecto, se actualiza las causales de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobreventa alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior...". En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo previstas en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. (. . .) Es evidente que se actualizan uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, ello es así, porque inicialmente el acto reclamado se hizo consistir en la privación ilegal de la libertad, respecto de las autoridades responsables que refiere en su demanda de amparo, y en la actualidad la situación jurídica de los quejosos Julio Cesar Luevano Chávez, José Eduardo Cárdenas Chávez y Cristian Eduardo Gonzaolez y/o González Luevano, se rige, la del primero, por la iniciación de la averiguación previa en la que se consignó los hechos al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal en funciones de Órgano Auxiliar en Materia de Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en esta ciudad; y la de los otros dos, por la iniciación de la diversa averiguación previa penal, en la que se consignaron los hechos ante el Cuarto Tribunal Distrital, con residencia en esta ciudad. Entonces, ha operado el cambio de situación jurídica, porque primigeniamente la afectación la libertad de los quejosos, fue en razón de encontrarse en la fase de detención por parte del Ministerio Público, y al haber sido consignados Julio Cesar Luevano Chávez, José Eduardo Cárdenas Chávez y Cristian Eduardo Gonzaolez y/o González Luevano, ante autoridad judicial como lo son el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal en funciones de Órgano Auxiliar en Materia de Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial de Rio Grande, y el Magistrado de Cuarto Tribunal Distrital, ambos con residencia en esta ciudad, para el seguimiento del proceso en su contra, por lo tanto, es claro que con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad de los actos aquí reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido puestos a su disposición, las autoridades señaladas como responsables, dejaron de tener el carácter de autoridad, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del veintinueve de marzo del año en curso (fojas 102 y 103).
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