Cristian Domínguez Contreras (privado de la libertad)

Expediente 304/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
304/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
04/01/2021

Partes del expediente

  • Cristian Domínguez Contreras (privado de la libertad)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de enero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de diciembre de dos mi veinte (fojas 146 a 175), en la que se determinó negar el amaro en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno y se orden archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente depurable y sin relevancia documental. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; por haberse negado por una parte la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 18, penúltimo párrafo del citado acuerdo, dentro de los siguientes noventa días deberá depurarse el expediente principal y solicitar la transferencia del mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/2878/2020 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de diciembre de dos mil veinte. S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 304/2020-II, promovido por Cristian Domínguez Contreras, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el veintidós de junio, ante el Secretario de Guardia del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Cristian Domínguez Contreras, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "[.] III.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como responsable al C. Juez de Control y Juicio Oral con sede en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala (domicilio conocido), dentro de la causa Judicial número 46/2020, y como ejecutora el Director del Centro de Reinserción Social en Tlaxcala, Tlaxcala. [.].". (sic) ACTOS RECLAMADOS "IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de vinculación a proceso de fecha siete de junio de dos mil veinte, dentro de la causa Judicial 46/2020 dictada por el juez de Control y Juicio Oral, con sede en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, (sede Tlaxcala, Tlaxcala).[.].". (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veinte (foja 6 a 10), el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, admitió a trámite la demanda de amparo (misma que registró con el número 273/2020-1, de su índice), por lo que pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, por auto de uno de julio de dos mil veinte (fojas 87 y 88) remitió los autos del juicio de amparo de referencia a este órgano jurisdiccional, al estimar actualizada lo que dispone la fracción II, del artículo 46 de la Ley de Amparo, pues consideró que los actos reclamados provenían de un mismo expediente jurisdiccional, del cual ya había conocido de un amparo previamente el suscrito. Por lo que, por diverso auto de nueve de julio de dos mil veinte (fojas 97 a 104), este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, por lo que formó y registró el diverso expediente 304/2020-II, de nuestro índice, sin requerir informe justificado al Juez de Control de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, al ya constar en autos, no así del Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, al no haberlo rendido, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento, misma que fue firmada electrónicamente tanto por el suscrito Juez como por el secretario que dio fe. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los efectos del auto de vinculación a proceso es de imposible reparación y se emitió dentro de un procedimiento de primera instancia penal del índice de una autoridad con residencia en esta ciudad, cuya ejecución se lleva a cabo en la misma en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias integrantes del presente juicio de amparo y del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: La resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández; y Su ejecución. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto de ejecución reclamado Es inexistente el acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala (fojas 133 a 138), pues del informe justificado rendido se advierte que si bien reconoció su existencia; lo cierto es que, precisó que el internamiento del quejosa deriva de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la causa judicial 46/2020. Por lo anterior, la ejecución de la resolución reclamada que pudiera atribuírsele al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala -lo que se traduce en el internamiento de la quejosa-, no deriva del acto reclamado en el presente juicio, consistente en la vinculación a proceso decretada a la parte quejosa en la causa judicial de origen, sino de la medida cautelar que se le impuso -prisión preventiva oficiosa-. En efecto, de la reforma constitucional a través de la cual se modificó el sistema penal mexicano, al pasar de un sistema mixto a un sistema penal acusatorio oral, modificó radicalmente el procedimiento penal y sus etapas. En esas condiciones, el auto de formal prisión -incluso el de sujeción a proceso- tenía como consecuencia inmediata, la restricción de la libertad del indiciado -aún en distinto grado-; mientras que el auto de vinculación a proceso responde a una lógica distinta. Así es, a través de éste, se formaliza la investigación, y posteriormente, el Juez podrá o no dictar medidas cautelares, al tenor de las cuales eventualmente se pueda restringir la libertad personal del indiciado. Es decir, el auto de vinculación a proceso, con independencia de su denominación, tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada por su probable intervención en un hecho considerado como delito; y no el de imponer la medida cautelar de prisión preventiva a la persona contra la que se dicte dicha vinculación, pues la restricción de la libertad, de ordenarse, deriva de la necesidad de implementar una medida de seguridad, que constituye un acto posterior -aunque se dicte dentro de la misma audiencia inicial- y completamente diverso a la vinculación. A partir de lo expuesto se puede concluir que el auto de vinculación a proceso, reclamado al Juez de Control responsable, no es un acto cuya ejecución implique la restricción a la libertad de la quejosa; de ahí que resulte inexistente el acto de ejecución del auto de vinculación a proceso que pretende atribuirse al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala. En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, respecto del acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, pues como se adelantó, dicha ejecución deriva de la imposición de la medida cautelar (prisión preventiva oficiosa) y no de la determinación de vinculación a proceso impugnada. Por lo tanto, la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado únicamente como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita a este juzgador para que examine la medida cautelar impuesta por la juez de control respectiva; para ello, era necesario que también la reclamara en su demanda, a fin de estar en aptitud de analizarla y determinar si se respetaron los derechos fundamentales de la imputada, sin que así lo haya realizado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones expuestas la jurisprudencia 1a./J. 76/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página doscientos nueve, tomo I, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Diciembre de dos mil dieciocho, de contenido siguiente: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en funciones de Juez de Guardia (foja 14), al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández, por lo que se tiene por cierto. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora la copia auténtica de diversas constancias relativas a la causa judicial 46/2020; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Igual consideración debe hacerse en cuanto al disco óptico en formato de videograbación (DVD), que fue enviado por el juez responsable con su informe justificado, ya que éste es considerado como prueba documental pública y se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Oportunidad. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender al acto primigenio reclamado, el cual en el presente caso consisten en: La resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández. Posteriormente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto debe indicarse que el acto reclamado (auto de vinculación a proceso) se notificó a la parte quejosa en la audiencia de siete de junio de dos mil veinte; actuación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, 18 y 22 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de amparo inició el tres de agosto de dos mil veinte, ello en atención a la suspensión continua de funciones jurisdiccionales que operó del veintitrés de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Suspensión que se sustentó en los Acuerdos II/16/2020, relativo a las "Medidas y acciones institucionales para la prestación de servicios en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado ante la contingencia sanitaria por COVID-19"; así como el II/18/2020, de sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo de esta anualidad; II/20/2020, que actualizó y modificó los acuerdos 11/16/2020 y 11/18/2020, respecto de medidas y acciones institucionales preventivas para la prestación de servicios en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado ante la contingencia sanitaria por enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 (CO VID -19); II/23/2020, que actualizó y modificó el diverso II/20/2020 y sus antecedentes II/18/2020 y II/16/2020; II/27/2020, que actualizó y modificó el diverso II/23/2020; III/29/2020, que actualizó y modificó el diverso II/27/2020 y sus antecedentes III/23/2020, II/20/2020, II/18/2020, II/16/2020 y II/14/2020; II/31/2020, que actualizó y modificó el Acuerdo III/29/2020 y el diverso II/34/2020 que actualizó y modificó el referido Acuerdo II/31/2020, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, mediante sesión ordinaria celebrada el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo II/36/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece en el punto segundo: "SEGUNDO. En relación con el punto PRIMERO del presente Acuerdo y en términos de lo expuesto en el apartado de consideraciones que antecede, a efecto de lograr un retorno gradual, progresivo y ordenado, a partir del uno de agosto de dos mil veinte y exclusivamente para la primera instancia en materia penal y ejecución de sanciones, se levanta la suspensión de los plazos y términos declarada mediante acuerdo II/16/2020, prorrogada mediante los diversos II/18/2020, ii/20/2020, III/23/2020 y II/27/2020, III/29/2020 y II/31/2020. Respecto de la suspensión de plazos y términos en materia penal y ejecución de sanciones para la segunda instancia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado determinará, mediante el acuerdo respectivo, la fecha en que se levantará dicha suspensión.". De ahí que el periodo de suspensión de labores de la autoridad responsable no debe computarse para determinar la oportunidad de la demanda de amparo. Lo anterior se corrobora del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 9/2018, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, febrero de 2018, página 673, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores.". Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo comenzó a computarse el tres de agosto de dos mil veinte, por lo que si la demanda de amparo se presentó el veintidós de junio anterior, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En tal virtud, se analizaron las constancias de autos, y de las mismas no se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer; por lo que, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Al respecto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, dado que la Ley de Amparo no obliga a transcribirlos; lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". OCTAVO. Estudio. Acotado lo anterior, la litis se constriñe en determinar si la resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II, y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández, es o no violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, a la luz de los conceptos de violación hechos valer, pues no se advierte materia para su suplencia. Establecido lo anterior, previo a cualquier consideración, a fin de salvaguardar los derechos humanos del ahora quejoso conforme a la Constitución, los Tratados o Convenios Internacionales, este órgano de control constitucional no advierte que dentro del procedimiento del que deriva el acto reclamado, se haya vulnerado el derecho fundamental reconocido en dichos documentos, concerniente a la integridad física. Ello es así, pues de la videograbación y de las constancias acompañadas al informe con justificación rendido por la autoridad judicial responsable, se advierte que al ahora quejoso se le respetó el derecho a la integridad personal, al trato digno, a no ser torturado al estar privado de su libertad personal, derechos fundamentales que están reconocidos en los artículos 18, 19 y 20, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso a estudio, los conceptos de violación son infundados sin que se advierta materia para suplir su deficiencia, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en su primer párrafo establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.]." Conforme al aludido texto Constitucional, se tiene que los principios rectores del sistema de justicia penal acusatorio son: la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, cuyas características definen detalladamente los artículos 4o. a 9o. del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, con la aplicación de dichos principios se cumple con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora, para efectos de la presente resolución conviene aludir al esquema del sistema penal acusatorio, contenido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de identificar la naturaleza jurídica y la fase procesal en que fue dictada la resolución reclamada en la presente instancia constitucional, mismo que comprende las siguientes etapas: I. Etapa de investigación, que corre a cargo del Ministerio Público y comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En esta etapa, el Juez de Control informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención sí correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. II. Etapa intermedia o de preparación de juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. Etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Cabe resaltar que el proceso se tendrá por concluido cuando la referida sentencia quede firme. Como puede apreciarse, la vinculación a proceso se decreta dentro de la etapa de investigación. Asimismo, el auto de vinculación a proceso, homólogo al de formal prisión en el anterior sistema penal, cuya denominación denotaba justamente una coacción que por lo general llevaba aparejada alguna afectación a derechos (privación provisional de la libertad), alude a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Dicha figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en lo conducente señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [...] La redacción del numeral transcrito revela, en atención a los objetivos perseguidos por la reforma constitucional en materia penal, no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que, de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A), del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Legislador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de Control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. En esa línea, al igual que en una orden de aprehensión, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, debiéndose incluir las modificativas o calificativas del hecho delictuoso; máxime que tiene como efecto procesal establecer el ilícito por el cual habrá de seguirse la formal investigación. Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). En ese orden de ideas, para el dictado de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control debe analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de prueba que en la solicitud de una orden de aprehensión o en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la aludida audiencia. Establecida la fase del procedimiento en que se pronuncia el auto de vinculación a proceso, así como su naturaleza jurídica; a efecto de determinar los requisitos que en su dictado deben reunirse, es necesario reproducir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, complementario del artículo 19 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." De lo anterior se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso, atento a lo establecido en la Carta Magna y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. Los requisitos formales son los siguientes: a) Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente; b) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor; c) Que se haya formulado imputación; d) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; e) Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público; y, f) Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. Por otra parte, los requisitos de fondo que debe colmar son: I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y II. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro y texto dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Así como la tesis XIII.P.A.30 P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, que a la letra indica: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." En el caso, la parte quejosa impugna la resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández; razón por la cual, este órgano jurisdiccional no podría variar la materia de la litis, ni siquiera bajo la figura de la suplencia de la queja. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis aislada I.7o.P.66 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2013913, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SÓLO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, NO DEBE ANALIZARSE DE OFICIO TODO LO ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA INICIAL, COMO LA COMPETENCIA, LA CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN, LAS MEDIDAS CAUTELARES O EL CIERRE DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, AL TENER FINALIDADES DISTINTAS, A MENOS QUE SE SEÑALEN COMO ACTOS DESTACADOS. El auto de vinculación a proceso es la judicialización y continuación del proceso con el imputado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Es decir, es el procedimiento que realiza el órgano jurisdiccional a fin de resolver, en audiencia, la situación jurídica del imputado, en función a los datos de prueba existentes, y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que: i) se haya formulado imputación; ii) se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar; iii) se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, iv) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, cuando únicamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como lo pronunciado en cuanto a la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas, a menos que se señalen como actos destacados.". Esta consideración se refuerza si se considera que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver el amparo directo en revisión 1619/2015, en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, estimó que en el procedimiento abreviado no debe analizarse lo concerniente a la acreditación del delito y la responsabilidad penal del acusado, ni la exigibilidad de valoración de pruebas, pues ello no tiene aplicación en dicha forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio. En efecto, la locución "medios de convicción suficientes" no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido, que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público, porque la labor del Juez de Control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que está relacionada con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación. Luego, una vez trazado el marco referencial que permitirá dar solución al presente juicio constitucional, se tiene que el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos de forma enumerados en párrafos precedentes. En relación con lo citado en el inciso a); es decir, que debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente, se cumple toda vez que en los autos de este juicio se advierte la existencia del citado acto reclamado (copia certificada a fojas 57 a 62, mismo que fue emitido y signado por la Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en funciones de Juez de Guardia. Sin que sea óbice, que el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponga que los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional sean emitidos oralmente, pues posteriormente también precisa que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso (fracción IV). En relación con lo anterior, se cita la tesis II.2o.P.23 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y NO SÓLO EN FORMA ORAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El dictado de un acto de molestia de esta naturaleza, afecta de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal de los gobernados al constreñirlos a continuar un proceso, ya sea en libertad o bien recluidos en un centro penitenciario, por lo cual, además de cumplirse con los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben satisfacerse las exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, esto es que: conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado, y se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; sin que el artículo 2, inciso c), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, releve de esa obligación a la autoridad responsable, aun cuando aluda expresamente a que sólo la acusación y la sentencia -como resoluciones- tengan que asentarse por escrito, pues de una interpretación armónica y sistemática de sus artículos 65, 69 y 296, se concluye que el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito y no únicamente en forma oral." Aunado a lo anterior, del disco compacto acompañado por el juez responsable a su informe justificado, se advierte la existencia de los archivos electrónicos que contienen en su integridad las audiencias de tres y siete de junio de dos mil veinte, mismos que al ser reproducidos revelaron que el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Cristian Domínguez Conteras, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II, y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández. Por lo que respecta al requisito contenido en el inciso b), referente a que la vinculación a proceso debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor, también se satisfizo, tal y como se puede advertir tras la reproducción de los archivos electrónicos que contienen las diligencias de audiencia inicial de tres de junio de dos mil veinte y su continuación de siete de junio, correspondiente a la causa judicial 46/2020. Así es, en el desarrollo de la diligencia en mención, el Juez de Control hizo del conocimiento al quejoso el plazo contenido en el artículo 19 Constitucional para efectos de resolver su situación jurídica, así como los casos en que dicho plazo se podría ampliar. Posteriormente, sin aperturar a debate en dicha audiencia, el juez responsable, concedió el uso de la voz al Agente del Ministerio Publico de la Federación para que sustentara su petición (vinculación a proceso). Por lo que una vez que el representante social concluyó y tras otorgarle la oportunidad de consultarlo con su defensor, y concederle el uso de la voz, este manifestó que era su deseo que se ampliara el término constitucional a 144 horas, para que se resolviera su situación jurídica. Solicitud que proveyó de conformidad el Juez responsable y se señalaron las nueve horas del siete de junio de dos mil veinte, para su continuación. En atención a lo anterior, en la reanudación de la audiencia inicial celebrada en la data citada con antelación, el juez responsable les preguntó a las partes si tenían datos de prueba que ofrecer, a lo que la defensa del ahora quejoso manifestó que presentaba como datos de prueba: 1) La declaración del quejoso (imputado) Cristian Domínguez Contreras, por interrogatorio; y, 2) El dictamen pericial en medicina forense, por conducto del médico legista Carlos Nasser Cano, por interrogatorio de su parte. Datos de prueba que fueron admitidos por el juez responsable, por lo que seguido el trámite de la audiencia y a solicitud de la defensa, el Juez responsable preguntó al ahora quejoso si deseaba declarar, a lo que manifestó que era su deseo declarar y procedió a rendir la misma. Finalmente la responsable procedió a la apertura del debate concediéndole el uso de la voz al Agente del Ministerio Público, así como a la defensa. Después de exponer el juzgador responsable las consideraciones de derecho que estimó pertinentes, determinó vincular a proceso al aquí quejoso a las doce horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil veinte, situación con la que cumplió con el plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas (al haberse solicitado la duplicidad del término -setenta y dos horas). Por lo que respecta al diverso requisito marcado con el inciso c), tocante a que se haya formulado imputación, se tiene igualmente por cumplido, pues al efecto, conforme lo disponen los artículos 309, párrafo segundo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el uso de la voz, el Agente del Ministerio Público de la Federación formuló imputación contra el hoy quejoso por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito. Luego, en lo que respecta a lo indicado con el inciso d), es decir, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, se tiene por satisfecho, pues durante la reanudación de la audiencia inicial, conforme lo estipula el numeral 312 del citado Código Nacional Procesal Penal, y a solicitud de la defensa, el Juez responsable preguntó al ahora quejoso si deseaba declarar, a lo que manifestó que era su deseo declarar y procedió a rendir la misma. En relación con el requisito e), que el auto de vinculación a proceso únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, se encuentra colmado, ya que el Juez responsable, al dictar al solicitante de amparo el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo en correspondencia con los hechos sometidos a su conocimiento por la representación social tras formular imputación, sin variar los hechos de la misma y con base en los datos de prueba aportados, que integran la carpeta de investigación (no allegada al presente juicio de amparo). Lo anterior, se corrobora tras reproducir los archivos electrónicos (disco versátil digital) que contienen la audiencia inicial y continuación, de los que se advierten las consideraciones expuestas por la autoridad responsable al resolver la situación jurídica del quejoso, que concluyó con su vinculación a proceso por los hechos que la ley establece como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II, y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández.. Lo anterior, tras determinar la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, hecho precisamente por el que fue formulada la imputación. Por último, respecto del requisito enlistado en el inciso f), en cuanto a que el Juez de Control, al determinar la vinculación a proceso del indiciado debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo, se tiene por acreditado en las mismas circunstancias del inciso anterior. En efecto, resulta evidente que la autoridad responsable ordenadora cumplió con este último requisito, pues, como se señaló, de la reproducción de los archivos electrónicos del disco versátil digital que contiene la audiencia inicial (tres y siete de junio de dos mil veinte), se advierte que se expresaron los hechos delictuosos que se le imputaron al ahora quejoso y de igual manera, se le hizo saber las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución de esos hechos. Así, una vez corroborado que en el dictado del auto de vinculación a proceso se cumplieron a cabalidad las cuestiones de forma, procede estudiar los requisitos de fondo, que para su legal dictado exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, previo a abordar el estudio de la acreditación de los requisitos de fondo indicados, se considera prudente puntualizar que en el auto de vinculación a proceso, tan solo se alude a la información formal que el Ministerio Público realiza a los indiciados para los efectos de que conozcan puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. En otras palabras, el auto de vinculación a proceso implica que se autorice al Ministerio Público realizar actos de imputación en contra de la persona vinculada, para el efecto de que sea investigada por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto de plazo constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de Control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado. Ahora, para el dictado del auto de vinculación a proceso se requiere acreditar el supuesto material, a cuyo efecto el estándar probatorio, se rige por el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho ilícito (núcleo del tipo) y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esos datos, no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. La prueba, por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia principal de juicio oral, tal y como lo estatuye el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante lo anterior, el dato de prueba debe reunir las características de idoneidad (que sea adecuado y apropiado), pertinencia (conducente o concerniente), y suficiencia (bastante). En esa lógica, la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos recolectados por el Agente del Ministerio Público en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el indiciado respecto de la labor que desarrolla en su contra. En tales condiciones, el Juez de Control debe resolver la situación jurídica del imputado con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones vertidas por la fiscalía, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, toda vez que la defensa sí tiene acceso a la misma; en estos casos, excepcionalmente el Juez podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido. Lo anterior encuentra razón, en el hecho de que en el sistema penal acusatorio el diseño de la representación social, es el de una institución que rige su actuación bajo el principio de objetividad y lealtad para con el imputado y su defensor, el ofendido y demás involucrados, lo cual supone el deber de no ocultar los elementos recabados en la investigación, particularmente los no incorporados al proceso y que beneficien a la posición asumida por las partes. Ello, aunado a que el principio de contradicción permite el control horizontal de los actos desplegados por los contendientes en un plano de igualdad procesal, de manera tal que para resolver sobre la vinculación a proceso la autoridad judicial se encuentra impedida para allegarse oficiosamente de la carpeta de investigación. En la especie, de la videograbación relativa a la audiencia inicial de tres y siete de junio de dos mil veinte, en la etapa de formulación de la imputación y del auto de vinculación a proceso, no se advierte que el Juez de Control responsable hubiese tenido acceso a la carpeta de investigación, para resolver la situación jurídica de los aquí quejosos. Por lo anterior, se encuentra intocado ese principio característico del modelo acusatorio de justicia penal, en el que, como se dijo, se impide al Juez de Control que previo a emitir su determinación revise la carpeta de investigación con la única finalidad de preservar su objetividad. Así, la determinación de mérito resulta acorde con la técnica del medio de control constitucional; máxime que el artículo 75 de la Ley de Amparo, impone la obligación de apreciar el acto reclamado en la sentencia tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Lo anterior, salvo que no se hubiese tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, empero, en materia penal, de ofrecerse medio de convicción bajo esa hipótesis, el órgano de control constitucional deberá cerciorarse de que ese ofrecimiento no implica una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, ponderación que no resulta necesaria en la especie, pues no se ofertó prueba alguna por la parte quejosa. En caso contrario, esto es, de admitir la posibilidad de que este juzgador de amparo se imponga del contenido de la carpeta de investigación -no revisada por el Juez de Control-, sería tanto como juzgar la actuación impugnada con elementos que bien pudieron no haber sido proporcionados por la fiscalía o aportados en términos distintos a los empleados en la audiencia de vinculación a proceso; es decir, con datos que no tuvo a su alcance en primera instancia el Juez de Control. Lo anterior, en franca contravención al principio de contradicción característico del proceso penal acusatorio. Al respecto se cita, en la idea conducente, la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda.". Así como la tesis 1a. CCLI/2011 (9a.), del referido órgano jurisdiccional, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. Conforme al primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Así, de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el sentido de que las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente y, con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda.". Lo anterior, sin soslayar que si bien es cierto, como se dijo, al resolver el presente juicio se debe apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, con base en los datos que sirvieron de sustento para emitir el auto de vinculación a proceso contra el quejoso; sin embargo, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCIV/2014 (10a.), este juzgador se encuentra obligado al estudio de violaciones y pruebas supervenientes relacionadas con la primera fase de investigación en el sistema de justicia penal acusatorio que, en su caso, acrediten la violación de derechos humanos Ello, porque si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión; dicho principio ha admitido como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan directa relación con hechos de la investigación. Máxime, si coinciden con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal. De ahí que la revisión de constancias, conforme a la naturaleza jurídica del sistema de justicia penal acusatorio, no implica que pierda vigencia y obligatoriedad el criterio 1a.J.107/2007, sustentado por la referida Sala, identificado bajo el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN". Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que el hecho de que la autoridad responsable no hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del procedimiento penal actual, no es impedimento para que el órgano de control constitucional, en su caso, admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación, sobre todo, verbigracia, tratándose de actos como la tortura. En ese tenor, de la revisión de las constancias que obran en el juicio de amparo, la reproducción de los discos compactos que contienen la videograbación de la audiencia inicial, así como del auto de vinculación a proceso de siete de junio de dos mil veinte, en autos de la carpeta judicial 46/2020, que fueron remitidas por el Juez de Control responsable, no se advierte que exista en la primera fase del procedimiento penal que dio origen a la mencionada causa, alguna prueba superveniente que tenga vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación. Aclarado todo lo anterior, a continuación se examinará si en el caso concreto los datos de prueba valorados por el Juez de Control de origen, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en los hechos que la ley señala como delictuosos, imputados a Cristian Domínguez Contreras. En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizados con anterioridad, el primero de los elementos de fondo se estima actualizado; esto es, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia inicial y que fueron tomados en consideración por el Juez de Control señalado como responsable, sí se advierten datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delitos. COMPETENCIA. El juez responsable al pronunciarse sobre la solicitud de la vinculación a proceso, en términos de los artículos 20, fracción I, 133, fracción I, 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. HECHO ILÍCITO Ahora bien, por cuestión de método el juez de control se pronunció respecto al delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II, y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández; el cual estimó que se integraba por los elementos básicos siguientes: La existencia previa de la vida; La acción consistente en privar de la vida a otro; y, El resultado material (pérdida de la vida). Respecto a la acreditación de dichos elementos, expresó que los mismos se acreditaban con los datos de prueba precisados por el representante social, consistentes en: Entrevista de reconocimiento de cadáver por parte de la tercera interesada Alma Lady Bautista Tepal, de treinta de junio de dos mil diecinueve; Entrevista de reconocimiento de cadáver por parte de Savina Gloria Tepal Ocotero, de treinta de junio de dos mil diecinueve; Certificado de defunción y acta de nacimiento de Luis Antonio Calvario Hernández; Entrevista de los testigos Andrés Sánchez Reyes, José Manuel Escalante Piru y Roberto Orea García, asistidos por sus familiares (madres); Dictamen de levantamiento de cadáver, reconocimiento, necropsia, con número 3170/2019, de treinta de junio de dos mil diecinueve, signado por el médico legista Luis Andrés González Torices; e, Informe pericial en materia de criminalística de campo, con número 332, de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el Licenciado Jorge Luis Ramírez Alcocer. Pues justificaron que el día treinta de junio de dos mil diecinueve, al ser aproximadamente las cero una horas con treinta minutos y las cero dos horas con treinta minutos, la hoy victima Luis Antonio Calvario Hernández, se encontraba en compañía de sus amigos menores de edad de nombre Andrés Sánchez Reyes, José Manuel Escalante Piru y Roberto Orea García, y al ir circulando a bordo del vehículo tipo Caravan rojo, misma que era propiedad de la víctima y a la altura de la esquina que hacen las calles Puebla y Avenida Tlaxcala del Barrio de San Bartolomé, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por donde se encuentran los semáforos, se detiene el vehículo en el que se transportaba la víctima y sus amigos al estar el semáforo en rojo, se acercó Cristian Domínguez Contreras, junto a Brandon Otero Cabildo, Erick Otero Xolaltenco, caminan hasta donde se encuentra el occiso Luis Antonio Calvario Hernández y comienzan a insultarlo y proceden a golpearlo, dejándolo tirado sobre la avenida Tlaxcala, del Barrio de San Bartolome, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por lo que minutos después Luis Antonio Calvario Hernández, pierde la vida por consecuencia de un choque neurogénico secundario a sección medular por contusión, derivado de las agresiones producidas por el ahora quejoso Cristian Domínguez Contreras. CALIFICATIVA O AGRAVANTE. Respecto a la calificativa o agravante, el juez responsable precisó que sí se acreditaba la establecida en el artículo 239, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado; lo anterior, al haberse cometido con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, estado de alteración voluntaria o brutal ferocidad el ilícito en comento de manera conjunta (sin que exista el riesgo de que el activo resulte muerto o lesionado) con la intención de privar de la vida a la víctima. DOLO Al respecto también se comparte las consideraciones que otorgó el juez responsable, al señalar que el quejoso tenía conocimiento que las conductas que efectuaron, es decir, que la misma no está permitida y aun así desplegó la misma. RESPONSABILIDAD. A consideración de este juzgador, los datos reseñados son aptos y suficientes para probar la probable participación del quejoso en el hecho delictivo que nos ocupa, tal como lo estimó el juez responsable. En este sentido, como lo estimó el Juez responsable, con los datos de prueba que el Ministerio Público narró en su oportunidad, son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que el día treinta de junio de dos mil diecinueve, al ser aproximadamente las cero una horas con treinta minutos y las cero dos horas con treinta minutos, la hoy victima Luis Antonio Calvario Hernández, se encontraba en compañía de sus amigos menores de edad de nombre Andrés Sánchez Reyes, José Manuel Escalante Piru y Roberto Orea García, y al ir circulando a bordo del vehículo tipo Caravan rojo, misma que era propiedad de la víctima y a la altura de la esquina que hacen las calles Puebla y Avenida Tlaxcala del Barrio de San Bartolomé, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por donde se encuentran los semáforos, se detiene el vehículo en el que se transportaba la víctima y sus amigos al estar el semáforo en rojo, se acercó Cristian Domínguez Contreras, junto a Brandon Otero Cabildo, Erick Otero Xolaltenco, caminan hasta donde se encuentra el occiso Luis Antonio Calvario Hernández y comienzan a insultarlo y proceden a golpearlo, dejándolo tirado sobre la avenida Tlaxcala, del Barrio de San Bartolome, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por lo que minutos después Luis Antonio Calvario Hernández, pierde la vida por consecuencia de un choque neurogenico secundario a sección medular por contusión, derivado de las agresiones producidas por el ahora quejoso Cristian Domínguez Contreras. Es decir, como lo estimó el Juez responsable, con los datos de prueba que el Ministerio Público narró en su oportunidad, son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometió un hecho que la ley califica como delito y que es probable que el imputado participó en su comisión. Se cita, en la idea conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/174, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 23/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión.". GRADO DE INTERVENCIÓN Respecto al ilícito en comento, el juez de control precisó que la conducta que se le imputa al inculpado fue en forma coautor material, pues ejecutaron y llevaron a cabo dicha conducta en forma conjunta, lo que este órgano jurisdiccional comparte. Ahora bien, de acuerdo a lo considerado por el juez de control, en la especie tampoco se advierte la existencia de una evidente excluyente del delito o eximente de responsabilidad. Así, como puede verse, probablemente y con los datos de prueba hasta ahora aportados, que el quejoso fue ubicado en circunstancias de tiempo y lugar desprendidas del cúmulo de datos de prueba arrojados por la investigación, por lo que se estima correcta su valoración. Establecido lo anterior, se procede a dar contestación a los conceptos de violación que formuló la parte quejosa en su demanda de garantías, los cuales por cuestión de técnica se analizarán en forma conjunta con el estudio de fondo y en orden diverso al planteado, al así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sobre ese tema, véase la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.". Ahora bien, respecto al auto de vinculación a proceso el ahora quejoso señaló substancialmente como conceptos de violación, que: El auto de vinculación a proceso reclamado, resulta violatorio pues contrariamente a lo sostenido por el juez responsable, no quedó demostrado debidamente comprobado el delito de homicidio doloso, ilícito previsto y sancionado por el artículo 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal en Tlaxcala, pues era obligación del juzgador la de precisar cada uno de los elementos, sustentados mínimamente con los datos de pruebas que expuso la representación social; su autoría o participación, pues existen incongruencias en las declaraciones de los testigos Andrés Sánchez Reyes, José Manuel Escalante Piru y Roberto Orrea García y estos con el dictamen pericial médico legal y forense de levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia número 3170/2019, pues los hechos que fueron narrados por los testigos, al aducir que la víctima fue golpeada por diez o doce sujetos, no concuerda con las lesiones, por lo que no se acredita la ventaja que le imputó la representación social. Refiere que no se estableció en qué consistió su participación en el hecho delictivo, pues de los medios de prueba por mínimos que sean, no se desprende cuál fue la mecánica de los hechos, es decir, qué fue lo que ocasionó la muerte de la víctima o un señalamiento directo a su persona como aquel que dio el golpe que privara de la vida al hoy occiso. Aduce que existe una falta de probidad para integrar la carpeta de investigación, ya que no existe ningún elemento de prueba, en la que se advierta la distancia en la que se encontraban los testigos, quiénes eran los sujetos que golpearon al occiso, que es de suma importancia debido a que los hechos se perpetraron de noche, o bien, si en el lugar en que sucedieron los hechos se encontraba iluminado. Los testigos de cargo, en ningún momento mencionan, cómo fue que quitaron a los diez o doce sujetos de encima de la víctima, sin que ellos recibieran opresión alguna, situación que se dejó de observar al valorar los testimonios de cargo, lo que lo deja en estado de indefensión, puesto que del dictamen pericial solamente se establece que la víctima presenta dos escoriaciones en forma irregular en dorso de la cara, un edema en la región occipital, una escoriación en rodilla izquierda y otra en la palma de la mano, lo que hace evidente que los testigos faltan a la verdad debida. Los anteriores conceptos de violación se estiman infundados, en atención a las siguientes consideraciones. Tal como se advierte, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, controvierten los datos de prueba que fueron señalados por el representante social y que sirvieron de base para que el juez responsable dictara el auto de vinculación reclamado; sin embargo, debe indicarse que el auto de vinculación a proceso, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares. Por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad. Lo anterior, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada II.2o.P.80 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. Ahora, del análisis de las audiencias de tres y siete de junio de dos mil veinte, por la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los ahora quejosos, se advierte que el juez de control responsable, quien intervino desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, no estudió los datos de la carpeta de investigación, sino que valoró la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación de la defensa del imputado, considerando las hipótesis planteadas que respaldaron con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de los medios de prueba ofertados por la defensa desahogados en la etapa inicial. Es decir, la responsable valoró con el mismo rango los datos de prueba del Ministerio Público, como los medios de prueba ofertados por la defensa, pues darle un mayor valor a cualquiera de estas, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, debe indicarse a la parte quejosa, lo que debe entenderse como "hecho que la ley señale como delito", y al efecto es oportuno mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo), sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto núcleo, desde la lógica formal), esto a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, de ahí que el Juez de Control debe resolver solo con datos. Así, por datos debemos entender la referencia a indicios razonables que así permitan suponerlo, contenidos en determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A del reformado artículo 20 Constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia solo se considerarán como pruebas aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). El estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, permitirá o no concluir que se encuentran satisfechos los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, como ocurrió en la especie. En ese contexto, es inconcuso que el Juzgador llegó a la conclusión correcta puesto que realizó una ponderación con apego a derecho y en su integridad, de los antecedentes de investigación y datos de prueba allegados, para resolver respecto de la vinculación a proceso de los quejosos, señalando las causas particulares y preceptos legales aplicables que lo condujeron a su dictado. Más aún que, en la etapa inicial o de investigación sólo procede formalizar la investigación y señalar plazo para el cierre de la misma, por lo que el derecho de defensa del o los quejosos se encuentra a salvo para -en la etapa intermedia- aportar los medios de prueba idóneos y conducentes para en su caso, desvirtuar esos datos de prueba en que se sustentó el auto de vinculación a proceso. El anterior razonamiento encuentra sustento además, en la jurisprudencia 35/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 87/2016, pendiente de publicación, de contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Atento a lo anterior y al haberse desestimado los conceptos de violación analizados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar a Cristian Domínguez Contreras, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 304/2020-II, promovido por Cristian Domínguez Contreras, contra el acto y autoridad responsable en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cristian Domínguez Contreras, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada, el contenido del proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, a ocho de diciembre de dos mil veinte. S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 304/2020-II, promovido por Cristian Domínguez Contreras, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el veintidós de junio, ante el Secretario de Guardia del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Cristian Domínguez Contreras, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "[.] III.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como responsable al C. Juez de Control y Juicio Oral con sede en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala (domicilio conocido), dentro de la causa Judicial número 46/2020, y como ejecutora el Director del Centro de Reinserción Social en Tlaxcala, Tlaxcala. [.].". (sic) ACTOS RECLAMADOS "IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de vinculación a proceso de fecha siete de junio de dos mil veinte, dentro de la causa Judicial 46/2020 dictada por el juez de Control y Juicio Oral, con sede en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, (sede Tlaxcala, Tlaxcala).[.].". (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veinte (foja 6 a 10), el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, admitió a trámite la demanda de amparo (misma que registró con el número 273/2020-1, de su índice), por lo que pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, por auto de uno de julio de dos mil veinte (fojas 87 y 88) remitió los autos del juicio de amparo de referencia a este órgano jurisdiccional, al estimar actualizada lo que dispone la fracción II, del artículo 46 de la Ley de Amparo, pues consideró que los actos reclamados provenían de un mismo expediente jurisdiccional, del cual ya había conocido de un amparo previamente el suscrito. Por lo que, por diverso auto de nueve de julio de dos mil veinte (fojas 97 a 104), este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, por lo que formó y registró el diverso expediente 304/2020-II, de nuestro índice, sin requerir informe justificado al Juez de Control de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, al ya constar en autos, no así del Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, al no haberlo rendido, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento, misma que fue firmada electrónicamente tanto por el suscrito Juez como por el secretario que dio fe. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los efectos del auto de vinculación a proceso es de imposible reparación y se emitió dentro de un procedimiento de primera instancia penal del índice de una autoridad con residencia en esta ciudad, cuya ejecución se lleva a cabo en la misma en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias integrantes del presente juicio de amparo y del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: La resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández; y Su ejecución. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto de ejecución reclamado Es inexistente el acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala (fojas 133 a 138), pues del informe justificado rendido se advierte que si bien reconoció su existencia; lo cierto es que, precisó que el internamiento del quejosa deriva de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la causa judicial 46/2020. Por lo anterior, la ejecución de la resolución reclamada que pudiera atribuírsele al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala -lo que se traduce en el internamiento de la quejosa-, no deriva del acto reclamado en el presente juicio, consistente en la vinculación a proceso decretada a la parte quejosa en la causa judicial de origen, sino de la medida cautelar que se le impuso -prisión preventiva oficiosa-. En efecto, de la reforma constitucional a través de la cual se modificó el sistema penal mexicano, al pasar de un sistema mixto a un sistema penal acusatorio oral, modificó radicalmente el procedimiento penal y sus etapas. En esas condiciones, el auto de formal prisión -incluso el de sujeción a proceso- tenía como consecuencia inmediata, la restricción de la libertad del indiciado -aún en distinto grado-; mientras que el auto de vinculación a proceso responde a una lógica distinta. Así es, a través de éste, se formaliza la investigación, y posteriormente, el Juez podrá o no dictar medidas cautelares, al tenor de las cuales eventualmente se pueda restringir la libertad personal del indiciado. Es decir, el auto de vinculación a proceso, con independencia de su denominación, tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada por su probable intervención en un hecho considerado como delito; y no el de imponer la medida cautelar de prisión preventiva a la persona contra la que se dicte dicha vinculación, pues la restricción de la libertad, de ordenarse, deriva de la necesidad de implementar una medida de seguridad, que constituye un acto posterior -aunque se dicte dentro de la misma audiencia inicial- y completamente diverso a la vinculación. A partir de lo expuesto se puede concluir que el auto de vinculación a proceso, reclamado al Juez de Control responsable, no es un acto cuya ejecución implique la restricción a la libertad de la quejosa; de ahí que resulte inexistente el acto de ejecución del auto de vinculación a proceso que pretende atribuirse al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala. En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, respecto del acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, pues como se adelantó, dicha ejecución deriva de la imposición de la medida cautelar (prisión preventiva oficiosa) y no de la determinación de vinculación a proceso impugnada. Por lo tanto, la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado únicamente como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita a este juzgador para que examine la medida cautelar impuesta por la juez de control respectiva; para ello, era necesario que también la reclamara en su demanda, a fin de estar en aptitud de analizarla y determinar si se respetaron los derechos fundamentales de la imputada, sin que así lo haya realizado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones expuestas la jurisprudencia 1a./J. 76/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página doscientos nueve, tomo I, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Diciembre de dos mil dieciocho, de contenido siguiente: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en funciones de Juez de Guardia (foja 14), al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández, por lo que se tiene por cierto. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora la copia auténtica de diversas constancias relativas a la causa judicial 46/2020; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Igual consideración debe hacerse en cuanto al disco óptico en formato de videograbación (DVD), que fue enviado por el juez responsable con su informe justificado, ya que éste es considerado como prueba documental pública y se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Oportunidad. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender al acto primigenio reclamado, el cual en el presente caso consisten en: La resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández. Posteriormente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto debe indicarse que el acto reclamado (auto de vinculación a proceso) se notificó a la parte quejosa en la audiencia de siete de junio de dos mil veinte; actuación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, 18 y 22 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de amparo inició el tres de agosto de dos mil veinte, ello en atención a la suspensión continua de funciones jurisdiccionales que operó del veintitrés de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Suspensión que se sustentó en los Acuerdos II/16/2020, relativo a las "Medidas y acciones institucionales para la prestación de servicios en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado ante la contingencia sanitaria por COVID-19"; así como el II/18/2020, de sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo de esta anualidad; II/20/2020, que actualizó y modificó los acuerdos 11/16/2020 y 11/18/2020, respecto de medidas y acciones institucionales preventivas para la prestación de servicios en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado ante la contingencia sanitaria por enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 (CO VID -19); II/23/2020, que actualizó y modificó el diverso II/20/2020 y sus antecedentes II/18/2020 y II/16/2020; II/27/2020, que actualizó y modificó el diverso II/23/2020; III/29/2020, que actualizó y modificó el diverso II/27/2020 y sus antecedentes III/23/2020, II/20/2020, II/18/2020, II/16/2020 y II/14/2020; II/31/2020, que actualizó y modificó el Acuerdo III/29/2020 y el diverso II/34/2020 que actualizó y modificó el referido Acuerdo II/31/2020, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, mediante sesión ordinaria celebrada el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo II/36/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece en el punto segundo: "SEGUNDO. En relación con el punto PRIMERO del presente Acuerdo y en términos de lo expuesto en el apartado de consideraciones que antecede, a efecto de lograr un retorno gradual, progresivo y ordenado, a partir del uno de agosto de dos mil veinte y exclusivamente para la primera instancia en materia penal y ejecución de sanciones, se levanta la suspensión de los plazos y términos declarada mediante acuerdo II/16/2020, prorrogada mediante los diversos II/18/2020, ii/20/2020, III/23/2020 y II/27/2020, III/29/2020 y II/31/2020. Respecto de la suspensión de plazos y términos en materia penal y ejecución de sanciones para la segunda instancia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado determinará, mediante el acuerdo respectivo, la fecha en que se levantará dicha suspensión.". De ahí que el periodo de suspensión de labores de la autoridad responsable no debe computarse para determinar la oportunidad de la demanda de amparo. Lo anterior se corrobora del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 9/2018, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, febrero de 2018, página 673, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores.". Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo comenzó a computarse el tres de agosto de dos mil veinte, por lo que si la demanda de amparo se presentó el veintidós de junio anterior, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En tal virtud, se analizaron las constancias de autos, y de las mismas no se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer; por lo que, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Al respecto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, dado que la Ley de Amparo no obliga a transcribirlos; lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". OCTAVO. Estudio. Acotado lo anterior, la litis se constriñe en determinar si la resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II, y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández, es o no violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, a la luz de los conceptos de violación hechos valer, pues no se advierte materia para su suplencia. Establecido lo anterior, previo a cualquier consideración, a fin de salvaguardar los derechos humanos del ahora quejoso conforme a la Constitución, los Tratados o Convenios Internacionales, este órgano de control constitucional no advierte que dentro del procedimiento del que deriva el acto reclamado, se haya vulnerado el derecho fundamental reconocido en dichos documentos, concerniente a la integridad física. Ello es así, pues de la videograbación y de las constancias acompañadas al informe con justificación rendido por la autoridad judicial responsable, se advierte que al ahora quejoso se le respetó el derecho a la integridad personal, al trato digno, a no ser torturado al estar privado de su libertad personal, derechos fundamentales que están reconocidos en los artículos 18, 19 y 20, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso a estudio, los conceptos de violación son infundados sin que se advierta materia para suplir su deficiencia, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en su primer párrafo establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.]." Conforme al aludido texto Constitucional, se tiene que los principios rectores del sistema de justicia penal acusatorio son: la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, cuyas características definen detalladamente los artículos 4o. a 9o. del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, con la aplicación de dichos principios se cumple con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora, para efectos de la presente resolución conviene aludir al esquema del sistema penal acusatorio, contenido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de identificar la naturaleza jurídica y la fase procesal en que fue dictada la resolución reclamada en la presente instancia constitucional, mismo que comprende las siguientes etapas: I. Etapa de investigación, que corre a cargo del Ministerio Público y comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En esta etapa, el Juez de Control informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención sí correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. II. Etapa intermedia o de preparación de juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. Etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Cabe resaltar que el proceso se tendrá por concluido cuando la referida sentencia quede firme. Como puede apreciarse, la vinculación a proceso se decreta dentro de la etapa de investigación. Asimismo, el auto de vinculación a proceso, homólogo al de formal prisión en el anterior sistema penal, cuya denominación denotaba justamente una coacción que por lo general llevaba aparejada alguna afectación a derechos (privación provisional de la libertad), alude a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Dicha figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en lo conducente señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [...] La redacción del numeral transcrito revela, en atención a los objetivos perseguidos por la reforma constitucional en materia penal, no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que, de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A), del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Legislador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de Control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. En esa línea, al igual que en una orden de aprehensión, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, debiéndose incluir las modificativas o calificativas del hecho delictuoso; máxime que tiene como efecto procesal establecer el ilícito por el cual habrá de seguirse la formal investigación. Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). En ese orden de ideas, para el dictado de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control debe analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de prueba que en la solicitud de una orden de aprehensión o en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la aludida audiencia. Establecida la fase del procedimiento en que se pronuncia el auto de vinculación a proceso, así como su naturaleza jurídica; a efecto de determinar los requisitos que en su dictado deben reunirse, es necesario reproducir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, complementario del artículo 19 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." De lo anterior se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso, atento a lo establecido en la Carta Magna y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. Los requisitos formales son los siguientes: a) Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente; b) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor; c) Que se haya formulado imputación; d) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; e) Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público; y, f) Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. Por otra parte, los requisitos de fondo que debe colmar son: I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y II. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro y texto dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Así como la tesis XIII.P.A.30 P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, que a la letra indica: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." En el caso, la parte quejosa impugna la resolución de siete de junio de dos mil veinte, emitida en la causa judicial 46/2020, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández; razón por la cual, este órgano jurisdiccional no podría variar la materia de la litis, ni siquiera bajo la figura de la suplencia de la queja. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis aislada I.7o.P.66 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2013913, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SÓLO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, NO DEBE ANALIZARSE DE OFICIO TODO LO ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA INICIAL, COMO LA COMPETENCIA, LA CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN, LAS MEDIDAS CAUTELARES O EL CIERRE DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, AL TENER FINALIDADES DISTINTAS, A MENOS QUE SE SEÑALEN COMO ACTOS DESTACADOS. El auto de vinculación a proceso es la judicialización y continuación del proceso con el imputado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Es decir, es el procedimiento que realiza el órgano jurisdiccional a fin de resolver, en audiencia, la situación jurídica del imputado, en función a los datos de prueba existentes, y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que: i) se haya formulado imputación; ii) se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar; iii) se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, iv) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, cuando únicamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como lo pronunciado en cuanto a la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas, a menos que se señalen como actos destacados.". Esta consideración se refuerza si se considera que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver el amparo directo en revisión 1619/2015, en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, estimó que en el procedimiento abreviado no debe analizarse lo concerniente a la acreditación del delito y la responsabilidad penal del acusado, ni la exigibilidad de valoración de pruebas, pues ello no tiene aplicación en dicha forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio. En efecto, la locución "medios de convicción suficientes" no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido, que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público, porque la labor del Juez de Control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que está relacionada con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación. Luego, una vez trazado el marco referencial que permitirá dar solución al presente juicio constitucional, se tiene que el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos de forma enumerados en párrafos precedentes. En relación con lo citado en el inciso a); es decir, que debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente, se cumple toda vez que en los autos de este juicio se advierte la existencia del citado acto reclamado (copia certificada a fojas 57 a 62, mismo que fue emitido y signado por la Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en funciones de Juez de Guardia. Sin que sea óbice, que el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponga que los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional sean emitidos oralmente, pues posteriormente también precisa que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso (fracción IV). En relación con lo anterior, se cita la tesis II.2o.P.23 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y NO SÓLO EN FORMA ORAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El dictado de un acto de molestia de esta naturaleza, afecta de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal de los gobernados al constreñirlos a continuar un proceso, ya sea en libertad o bien recluidos en un centro penitenciario, por lo cual, además de cumplirse con los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben satisfacerse las exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, esto es que: conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado, y se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; sin que el artículo 2, inciso c), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, releve de esa obligación a la autoridad responsable, aun cuando aluda expresamente a que sólo la acusación y la sentencia -como resoluciones- tengan que asentarse por escrito, pues de una interpretación armónica y sistemática de sus artículos 65, 69 y 296, se concluye que el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito y no únicamente en forma oral." Aunado a lo anterior, del disco compacto acompañado por el juez responsable a su informe justificado, se advierte la existencia de los archivos electrónicos que contienen en su integridad las audiencias de tres y siete de junio de dos mil veinte, mismos que al ser reproducidos revelaron que el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Cristian Domínguez Conteras, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II, y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández. Por lo que respecta al requisito contenido en el inciso b), referente a que la vinculación a proceso debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor, también se satisfizo, tal y como se puede advertir tras la reproducción de los archivos electrónicos que contienen las diligencias de audiencia inicial de tres de junio de dos mil veinte y su continuación de siete de junio, correspondiente a la causa judicial 46/2020. Así es, en el desarrollo de la diligencia en mención, el Juez de Control hizo del conocimiento al quejoso el plazo contenido en el artículo 19 Constitucional para efectos de resolver su situación jurídica, así como los casos en que dicho plazo se podría ampliar. Posteriormente, sin aperturar a debate en dicha audiencia, el juez responsable, concedió el uso de la voz al Agente del Ministerio Publico de la Federación para que sustentara su petición (vinculación a proceso). Por lo que una vez que el representante social concluyó y tras otorgarle la oportunidad de consultarlo con su defensor, y concederle el uso de la voz, este manifestó que era su deseo que se ampliara el término constitucional a 144 horas, para que se resolviera su situación jurídica. Solicitud que proveyó de conformidad el Juez responsable y se señalaron las nueve horas del siete de junio de dos mil veinte, para su continuación. En atención a lo anterior, en la reanudación de la audiencia inicial celebrada en la data citada con antelación, el juez responsable les preguntó a las partes si tenían datos de prueba que ofrecer, a lo que la defensa del ahora quejoso manifestó que presentaba como datos de prueba: 1) La declaración del quejoso (imputado) Cristian Domínguez Contreras, por interrogatorio; y, 2) El dictamen pericial en medicina forense, por conducto del médico legista Carlos Nasser Cano, por interrogatorio de su parte. Datos de prueba que fueron admitidos por el juez responsable, por lo que seguido el trámite de la audiencia y a solicitud de la defensa, el Juez responsable preguntó al ahora quejoso si deseaba declarar, a lo que manifestó que era su deseo declarar y procedió a rendir la misma. Finalmente la responsable procedió a la apertura del debate concediéndole el uso de la voz al Agente del Ministerio Público, así como a la defensa. Después de exponer el juzgador responsable las consideraciones de derecho que estimó pertinentes, determinó vincular a proceso al aquí quejoso a las doce horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil veinte, situación con la que cumplió con el plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas (al haberse solicitado la duplicidad del término -setenta y dos horas). Por lo que respecta al diverso requisito marcado con el inciso c), tocante a que se haya formulado imputación, se tiene igualmente por cumplido, pues al efecto, conforme lo disponen los artículos 309, párrafo segundo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el uso de la voz, el Agente del Ministerio Público de la Federación formuló imputación contra el hoy quejoso por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito. Luego, en lo que respecta a lo indicado con el inciso d), es decir, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, se tiene por satisfecho, pues durante la reanudación de la audiencia inicial, conforme lo estipula el numeral 312 del citado Código Nacional Procesal Penal, y a solicitud de la defensa, el Juez responsable preguntó al ahora quejoso si deseaba declarar, a lo que manifestó que era su deseo declarar y procedió a rendir la misma. En relación con el requisito e), que el auto de vinculación a proceso únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, se encuentra colmado, ya que el Juez responsable, al dictar al solicitante de amparo el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo en correspondencia con los hechos sometidos a su conocimiento por la representación social tras formular imputación, sin variar los hechos de la misma y con base en los datos de prueba aportados, que integran la carpeta de investigación (no allegada al presente juicio de amparo). Lo anterior, se corrobora tras reproducir los archivos electrónicos (disco versátil digital) que contienen la audiencia inicial y continuación, de los que se advierten las consideraciones expuestas por la autoridad responsable al resolver la situación jurídica del quejoso, que concluyó con su vinculación a proceso por los hechos que la ley establece como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II, y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández.. Lo anterior, tras determinar la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, hecho precisamente por el que fue formulada la imputación. Por último, respecto del requisito enlistado en el inciso f), en cuanto a que el Juez de Control, al determinar la vinculación a proceso del indiciado debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo, se tiene por acreditado en las mismas circunstancias del inciso anterior. En efecto, resulta evidente que la autoridad responsable ordenadora cumplió con este último requisito, pues, como se señaló, de la reproducción de los archivos electrónicos del disco versátil digital que contiene la audiencia inicial (tres y siete de junio de dos mil veinte), se advierte que se expresaron los hechos delictuosos que se le imputaron al ahora quejoso y de igual manera, se le hizo saber las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución de esos hechos. Así, una vez corroborado que en el dictado del auto de vinculación a proceso se cumplieron a cabalidad las cuestiones de forma, procede estudiar los requisitos de fondo, que para su legal dictado exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, previo a abordar el estudio de la acreditación de los requisitos de fondo indicados, se considera prudente puntualizar que en el auto de vinculación a proceso, tan solo se alude a la información formal que el Ministerio Público realiza a los indiciados para los efectos de que conozcan puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. En otras palabras, el auto de vinculación a proceso implica que se autorice al Ministerio Público realizar actos de imputación en contra de la persona vinculada, para el efecto de que sea investigada por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto de plazo constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de Control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado. Ahora, para el dictado del auto de vinculación a proceso se requiere acreditar el supuesto material, a cuyo efecto el estándar probatorio, se rige por el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho ilícito (núcleo del tipo) y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esos datos, no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. La prueba, por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia principal de juicio oral, tal y como lo estatuye el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante lo anterior, el dato de prueba debe reunir las características de idoneidad (que sea adecuado y apropiado), pertinencia (conducente o concerniente), y suficiencia (bastante). En esa lógica, la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos recolectados por el Agente del Ministerio Público en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el indiciado respecto de la labor que desarrolla en su contra. En tales condiciones, el Juez de Control debe resolver la situación jurídica del imputado con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones vertidas por la fiscalía, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, toda vez que la defensa sí tiene acceso a la misma; en estos casos, excepcionalmente el Juez podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido. Lo anterior encuentra razón, en el hecho de que en el sistema penal acusatorio el diseño de la representación social, es el de una institución que rige su actuación bajo el principio de objetividad y lealtad para con el imputado y su defensor, el ofendido y demás involucrados, lo cual supone el deber de no ocultar los elementos recabados en la investigación, particularmente los no incorporados al proceso y que beneficien a la posición asumida por las partes. Ello, aunado a que el principio de contradicción permite el control horizontal de los actos desplegados por los contendientes en un plano de igualdad procesal, de manera tal que para resolver sobre la vinculación a proceso la autoridad judicial se encuentra impedida para allegarse oficiosamente de la carpeta de investigación. En la especie, de la videograbación relativa a la audiencia inicial de tres y siete de junio de dos mil veinte, en la etapa de formulación de la imputación y del auto de vinculación a proceso, no se advierte que el Juez de Control responsable hubiese tenido acceso a la carpeta de investigación, para resolver la situación jurídica de los aquí quejosos. Por lo anterior, se encuentra intocado ese principio característico del modelo acusatorio de justicia penal, en el que, como se dijo, se impide al Juez de Control que previo a emitir su determinación revise la carpeta de investigación con la única finalidad de preservar su objetividad. Así, la determinación de mérito resulta acorde con la técnica del medio de control constitucional; máxime que el artículo 75 de la Ley de Amparo, impone la obligación de apreciar el acto reclamado en la sentencia tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Lo anterior, salvo que no se hubiese tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, empero, en materia penal, de ofrecerse medio de convicción bajo esa hipótesis, el órgano de control constitucional deberá cerciorarse de que ese ofrecimiento no implica una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, ponderación que no resulta necesaria en la especie, pues no se ofertó prueba alguna por la parte quejosa. En caso contrario, esto es, de admitir la posibilidad de que este juzgador de amparo se imponga del contenido de la carpeta de investigación -no revisada por el Juez de Control-, sería tanto como juzgar la actuación impugnada con elementos que bien pudieron no haber sido proporcionados por la fiscalía o aportados en términos distintos a los empleados en la audiencia de vinculación a proceso; es decir, con datos que no tuvo a su alcance en primera instancia el Juez de Control. Lo anterior, en franca contravención al principio de contradicción característico del proceso penal acusatorio. Al respecto se cita, en la idea conducente, la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda.". Así como la tesis 1a. CCLI/2011 (9a.), del referido órgano jurisdiccional, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. Conforme al primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Así, de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el sentido de que las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente y, con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda.". Lo anterior, sin soslayar que si bien es cierto, como se dijo, al resolver el presente juicio se debe apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, con base en los datos que sirvieron de sustento para emitir el auto de vinculación a proceso contra el quejoso; sin embargo, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCIV/2014 (10a.), este juzgador se encuentra obligado al estudio de violaciones y pruebas supervenientes relacionadas con la primera fase de investigación en el sistema de justicia penal acusatorio que, en su caso, acrediten la violación de derechos humanos Ello, porque si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión; dicho principio ha admitido como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan directa relación con hechos de la investigación. Máxime, si coinciden con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal. De ahí que la revisión de constancias, conforme a la naturaleza jurídica del sistema de justicia penal acusatorio, no implica que pierda vigencia y obligatoriedad el criterio 1a.J.107/2007, sustentado por la referida Sala, identificado bajo el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN". Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que el hecho de que la autoridad responsable no hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del procedimiento penal actual, no es impedimento para que el órgano de control constitucional, en su caso, admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación, sobre todo, verbigracia, tratándose de actos como la tortura. En ese tenor, de la revisión de las constancias que obran en el juicio de amparo, la reproducción de los discos compactos que contienen la videograbación de la audiencia inicial, así como del auto de vinculación a proceso de siete de junio de dos mil veinte, en autos de la carpeta judicial 46/2020, que fueron remitidas por el Juez de Control responsable, no se advierte que exista en la primera fase del procedimiento penal que dio origen a la mencionada causa, alguna prueba superveniente que tenga vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación. Aclarado todo lo anterior, a continuación se examinará si en el caso concreto los datos de prueba valorados por el Juez de Control de origen, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en los hechos que la ley señala como delictuosos, imputados a Cristian Domínguez Contreras. En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizados con anterioridad, el primero de los elementos de fondo se estima actualizado; esto es, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia inicial y que fueron tomados en consideración por el Juez de Control señalado como responsable, sí se advierten datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delitos. COMPETENCIA. El juez responsable al pronunciarse sobre la solicitud de la vinculación a proceso, en términos de los artículos 20, fracción I, 133, fracción I, 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. HECHO ILÍCITO Ahora bien, por cuestión de método el juez de control se pronunció respecto al delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 224, 228, 239, fracción II, y 434, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Calvario Hernández; el cual estimó que se integraba por los elementos básicos siguientes: La existencia previa de la vida; La acción consistente en privar de la vida a otro; y, El resultado material (pérdida de la vida). Respecto a la acreditación de dichos elementos, expresó que los mismos se acreditaban con los datos de prueba precisados por el representante social, consistentes en: Entrevista de reconocimiento de cadáver por parte de la tercera interesada Alma Lady Bautista Tepal, de treinta de junio de dos mil diecinueve; Entrevista de reconocimiento de cadáver por parte de Savina Gloria Tepal Ocotero, de treinta de junio de dos mil diecinueve; Certificado de defunción y acta de nacimiento de Luis Antonio Calvario Hernández; Entrevista de los testigos Andrés Sánchez Reyes, José Manuel Escalante Piru y Roberto Orea García, asistidos por sus familiares (madres); Dictamen de levantamiento de cadáver, reconocimiento, necropsia, con número 3170/2019, de treinta de junio de dos mil diecinueve, signado por el médico legista Luis Andrés González Torices; e, Informe pericial en materia de criminalística de campo, con número 332, de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el Licenciado Jorge Luis Ramírez Alcocer. Pues justificaron que el día treinta de junio de dos mil diecinueve, al ser aproximadamente las cero una horas con treinta minutos y las cero dos horas con treinta minutos, la hoy victima Luis Antonio Calvario Hernández, se encontraba en compañía de sus amigos menores de edad de nombre Andrés Sánchez Reyes, José Manuel Escalante Piru y Roberto Orea García, y al ir circulando a bordo del vehículo tipo Caravan rojo, misma que era propiedad de la víctima y a la altura de la esquina que hacen las calles Puebla y Avenida Tlaxcala del Barrio de San Bartolomé, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por donde se encuentran los semáforos, se detiene el vehículo en el que se transportaba la víctima y sus amigos al estar el semáforo en rojo, se acercó Cristian Domínguez Contreras, junto a Brandon Otero Cabildo, Erick Otero Xolaltenco, caminan hasta donde se encuentra el occiso Luis Antonio Calvario Hernández y comienzan a insultarlo y proceden a golpearlo, dejándolo tirado sobre la avenida Tlaxcala, del Barrio de San Bartolome, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por lo que minutos después Luis Antonio Calvario Hernández, pierde la vida por consecuencia de un choque neurogénico secundario a sección medular por contusión, derivado de las agresiones producidas por el ahora quejoso Cristian Domínguez Contreras. CALIFICATIVA O AGRAVANTE. Respecto a la calificativa o agravante, el juez responsable precisó que sí se acreditaba la establecida en el artículo 239, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado; lo anterior, al haberse cometido con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, estado de alteración voluntaria o brutal ferocidad el ilícito en comento de manera conjunta (sin que exista el riesgo de que el activo resulte muerto o lesionado) con la intención de privar de la vida a la víctima. DOLO Al respecto también se comparte las consideraciones que otorgó el juez responsable, al señalar que el quejoso tenía conocimiento que las conductas que efectuaron, es decir, que la misma no está permitida y aun así desplegó la misma. RESPONSABILIDAD. A consideración de este juzgador, los datos reseñados son aptos y suficientes para probar la probable participación del quejoso en el hecho delictivo que nos ocupa, tal como lo estimó el juez responsable. En este sentido, como lo estimó el Juez responsable, con los datos de prueba que el Ministerio Público narró en su oportunidad, son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que el día treinta de junio de dos mil diecinueve, al ser aproximadamente las cero una horas con treinta minutos y las cero dos horas con treinta minutos, la hoy victima Luis Antonio Calvario Hernández, se encontraba en compañía de sus amigos menores de edad de nombre Andrés Sánchez Reyes, José Manuel Escalante Piru y Roberto Orea García, y al ir circulando a bordo del vehículo tipo Caravan rojo, misma que era propiedad de la víctima y a la altura de la esquina que hacen las calles Puebla y Avenida Tlaxcala del Barrio de San Bartolomé, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por donde se encuentran los semáforos, se detiene el vehículo en el que se transportaba la víctima y sus amigos al estar el semáforo en rojo, se acercó Cristian Domínguez Contreras, junto a Brandon Otero Cabildo, Erick Otero Xolaltenco, caminan hasta donde se encuentra el occiso Luis Antonio Calvario Hernández y comienzan a insultarlo y proceden a golpearlo, dejándolo tirado sobre la avenida Tlaxcala, del Barrio de San Bartolome, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por lo que minutos después Luis Antonio Calvario Hernández, pierde la vida por consecuencia de un choque neurogenico secundario a sección medular por contusión, derivado de las agresiones producidas por el ahora quejoso Cristian Domínguez Contreras. Es decir, como lo estimó el Juez responsable, con los datos de prueba que el Ministerio Público narró en su oportunidad, son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometió un hecho que la ley califica como delito y que es probable que el imputado participó en su comisión. Se cita, en la idea conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/174, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 23/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión.". GRADO DE INTERVENCIÓN Respecto al ilícito en comento, el juez de control precisó que la conducta que se le imputa al inculpado fue en forma coautor material, pues ejecutaron y llevaron a cabo dicha conducta en forma conjunta, lo que este órgano jurisdiccional comparte. Ahora bien, de acuerdo a lo considerado por el juez de control, en la especie tampoco se advierte la existencia de una evidente excluyente del delito o eximente de responsabilidad. Así, como puede verse, probablemente y con los datos de prueba hasta ahora aportados, que el quejoso fue ubicado en circunstancias de tiempo y lugar desprendidas del cúmulo de datos de prueba arrojados por la investigación, por lo que se estima correcta su valoración. Establecido lo anterior, se procede a dar contestación a los conceptos de violación que formuló la parte quejosa en su demanda de garantías, los cuales por cuestión de técnica se analizarán en forma conjunta con el estudio de fondo y en orden diverso al planteado, al así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sobre ese tema, véase la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.". Ahora bien, respecto al auto de vinculación a proceso el ahora quejoso señaló substancialmente como conceptos de violación, que: El auto de vinculación a proceso reclamado, resulta violatorio pues contrariamente a lo sostenido por el juez responsable, no quedó demostrado debidamente comprobado el delito de homicidio doloso, ilícito previsto y sancionado por el artículo 224, 228, 239, fracción II y 434, fracción I, del Código Penal en Tlaxcala, pues era obligación del juzgador la de precisar cada uno de los elementos, sustentados mínimamente con los datos de pruebas que expuso la representación social; su autoría o participación, pues existen incongruencias en las declaraciones de los testigos Andrés Sánchez Reyes, José Manuel Escalante Piru y Roberto Orrea García y estos con el dictamen pericial médico legal y forense de levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia número 3170/2019, pues los hechos que fueron narrados por los testigos, al aducir que la víctima fue golpeada por diez o doce sujetos, no concuerda con las lesiones, por lo que no se acredita la ventaja que le imputó la representación social. Refiere que no se estableció en qué consistió su participación en el hecho delictivo, pues de los medios de prueba por mínimos que sean, no se desprende cuál fue la mecánica de los hechos, es decir, qué fue lo que ocasionó la muerte de la víctima o un señalamiento directo a su persona como aquel que dio el golpe que privara de la vida al hoy occiso. Aduce que existe una falta de probidad para integrar la carpeta de investigación, ya que no existe ningún elemento de prueba, en la que se advierta la distancia en la que se encontraban los testigos, quiénes eran los sujetos que golpearon al occiso, que es de suma importancia debido a que los hechos se perpetraron de noche, o bien, si en el lugar en que sucedieron los hechos se encontraba iluminado. Los testigos de cargo, en ningún momento mencionan, cómo fue que quitaron a los diez o doce sujetos de encima de la víctima, sin que ellos recibieran opresión alguna, situación que se dejó de observar al valorar los testimonios de cargo, lo que lo deja en estado de indefensión, puesto que del dictamen pericial solamente se establece que la víctima presenta dos escoriaciones en forma irregular en dorso de la cara, un edema en la región occipital, una escoriación en rodilla izquierda y otra en la palma de la mano, lo que hace evidente que los testigos faltan a la verdad debida. Los anteriores conceptos de violación se estiman infundados, en atención a las siguientes consideraciones. Tal como se advierte, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, controvierten los datos de prueba que fueron señalados por el representante social y que sirvieron de base para que el juez responsable dictara el auto de vinculación reclamado; sin embargo, debe indicarse que el auto de vinculación a proceso, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares. Por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad. Lo anterior, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada II.2o.P.80 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. Ahora, del análisis de las audiencias de tres y siete de junio de dos mil veinte, por la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los ahora quejosos, se advierte que el juez de control responsable, quien intervino desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, no estudió los datos de la carpeta de investigación, sino que valoró la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación de la defensa del imputado, considerando las hipótesis planteadas que respaldaron con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de los medios de prueba ofertados por la defensa desahogados en la etapa inicial. Es decir, la responsable valoró con el mismo rango los datos de prueba del Ministerio Público, como los medios de prueba ofertados por la defensa, pues darle un mayor valor a cualquiera de estas, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, debe indicarse a la parte quejosa, lo que debe entenderse como "hecho que la ley señale como delito", y al efecto es oportuno mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo), sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto núcleo, desde la lógica formal), esto a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, de ahí que el Juez de Control debe resolver solo con datos. Así, por datos debemos entender la referencia a indicios razonables que así permitan suponerlo, contenidos en determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A del reformado artículo 20 Constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia solo se considerarán como pruebas aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). El estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, permitirá o no concluir que se encuentran satisfechos los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, como ocurrió en la especie. En ese contexto, es inconcuso que el Juzgador llegó a la conclusión correcta puesto que realizó una ponderación con apego a derecho y en su integridad, de los antecedentes de investigación y datos de prueba allegados, para resolver respecto de la vinculación a proceso de los quejosos, señalando las causas particulares y preceptos legales aplicables que lo condujeron a su dictado. Más aún que, en la etapa inicial o de investigación sólo procede formalizar la investigación y señalar plazo para el cierre de la misma, por lo que el derecho de defensa del o los quejosos se encuentra a salvo para -en la etapa intermedia- aportar los medios de prueba idóneos y conducentes para en su caso, desvirtuar esos datos de prueba en que se sustentó el auto de vinculación a proceso. El anterior razonamiento encuentra sustento además, en la jurisprudencia 35/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 87/2016, pendiente de publicación, de contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Atento a lo anterior y al haberse desestimado los conceptos de violación analizados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar a Cristian Domínguez Contreras, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 304/2020-II, promovido por Cristian Domínguez Contreras, contra el acto y autoridad responsable en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cristian Domínguez Contreras, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Encargado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Asimismo, téngasele remitiendo a la autoridad responsable, copias certificadas de las constancias relacionadas con el presente juicio de amparo, documentales que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegada de la autoridad responsable a la persona que indica y por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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