Cristian del Ángel Sosa Flota
Expediente 483/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Cristian del Ángel Sosa Flota
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales que anteceden y atento al estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 164 a 166), por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que se hubiese pronunciado al respecto. Se ordena archivo En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración una vez trascurrido cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que, previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Devolución de documentos Por otra parte, no pasa inadvertido que en el presente asunto obran las documentales siguientes: Copia simple de la compraventa agraria de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Comisariado Ejidal del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, Ejido Kilómetro 50, en la cual al reverso obra la cesión de derechos al quejoso. Original del Acuse de Solicitud de contratación, realizada ante la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, el veinte de octubre de dos mil once, para transferir el predio ejidal a domicilio privado. Original del Acuse de la notificación del oficio DJ-028/2017, signado por el Director Jurídico del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, de doce de julio de dos mil diecisiete. Impresiones a color de 5 fotografías. Documentos que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será destruido igual que el presente asunto. Anotaciones en el sistema respectivo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se acuerde lo conducente en los incidentes de suspensión Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Presidente Municipal y Director General de Asuntos Jurídicos, ambos del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, para que cumplan con la sentencia de amparo; ello en un plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, apercibidos que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, en relación al 258, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de los puestos y su consignación.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que aún no transcurre la vista de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgada a las partes en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, para que se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidente Municipal y Director Jurídico, ambos del Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo. Diferimiento de audiencia constitucional. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil diecisiete.
- Principal
Agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta, signados por ***, mediante los cuales en atención al requerimiento formulado por auto de diecisiete de agosto de esta anualidad (fojas 91 y 92), remiten las documentales, en copia certificada, de lo siguiente: ***. En ese contexto, se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostentan **, en su carácter de autoridades responsables Presidente Municipal y Director Jurídico, ambos del Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo, y toda vez que en el auto antes referido este órgano jurisdiccional se reservó acordar respecto de los informes rendidos por dichas autoridades, hasta en tanto aconteciera lo anterior, se provee lo siguiente: Agréguense a los autos los escritos signados por **, Director Jurídico, ambos del Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo, mediante los cuales rinden su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de los mismos y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a las autoridades responsables oficiantes, aportando como medios de convicción de su parte, los siguientes: ***. Respecto de las pruebas marcadas bajo los numerales 2 , 5 , 9 y 10, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Ahora, en relación a la prueba marcada en el punto 1, dígaseles que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que la tramitación del incidente de suspensión se realiza por cuerda separada. Asimismo, por cuanto a la pruebas marcadas bajo los números 3, 4, 6 y 7, de las cuales solicitan que por conducto de este juzgado federal se requieran las diversas constancias que hace referencia a las autoridades Delegado del Instituto Nacional de Suelo Sustentable y Dirección de Obras Públicas, con sede en esta ciudad, así como los informes respectivos, ello a fin de que sean tomados en cuenta como pruebas de su parte, dígaseles que no ha lugar a proveer favorable, toda vez que, el artículo 121 de la ley de la materia establece que a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber realizado la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. De dichos preceptos interpretados sistemáticamente, se advierte que el interesado deberá presentar la solicitud para que esta autoridad judicial requiera a la autoridad omisa a fin de que le envíe directamente los documentos o copias solicitadas por aquél, cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia de mérito, supuesto que en el caso concreto no se cumple, pues el tercero interesado no acredita haber realizado previamente la solicitud ante las autoridades anteriormente señaladas. De igual forma, respecto al medio de convicción señalado en el punto 8, consistente en la pericial en topografía, de la cual refieren que en el momento procesal oportuno proporcionarán el nombre del perito que ofrecen para realizar dicha encomienda, es pertinente destacar lo siguiente: El objetivo de la prueba pericial, radica en que es aquel elemento de convicción que las partes pueden ofrecer para corroborar la veracidad de los hechos fundatorios de sus pretensiones, la cual consiste en que la información experta que se allegue al procedimiento sea significativa para el juzgado; sin embargo, el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece la forma en la que debe ofrecerse la prueba pericial, en los siguientes términos: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho." Del numeral antes transcrito, se tiene que para la prueba pericial deben acontecer dos supuesto, a saber: 1) El ofrecimiento con cinco días de anticipación, previo a la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional. 2) El nombre del perito, así como el cuestionario, sobre los cuales versará la inspección. En efecto, sobre el primer supuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que tratándose de las pruebas pericial, testimonial e inspección que se ofrezcan después del diferimiento de la audiencia constitucional, se deben observar dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si la mencionada prueba no se ofrece con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no puede ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y En segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dicha probanza, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 119, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerla en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono. En cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 119, sólo que tomando como indicador la segunda fecha. Máxime, que del segundo supuesto que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo para la prueba pericial, ésta desde su ofrecimiento, debe contener el cuestionario materia de desahogo, así como todos aquellos elementos relativos a su objeto y materia en específico, ello a fin de garantizar los principios de expeditez e igualdad procesal que rigen el juicio de amparo. Por tanto, como se anticipó, el oferente no aportó el nombre del experto, de ahí que no ha lugar acordar de conformidad con la prueba pericial en topografía que ofrecen como medio de convicción las autoridades responsables, dado los motivos expuestos con antelación. En otro contexto, se tiene como domicilio de las autoridades responsables para oír y recibir notificaciones el citado en los ocursos de cuenta, y por designados con el carácter de delegados a los profesionistas que se mencionan en los mismos, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Sin embargo, respecto al domicilio particular que señalan para oír y recibir notificaciones, con sede en esta ciudad, es pertinente destacar que el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones en los juicios de amparo indirecto se practicarán por oficio a las autoridades responsables. Por tanto, en el caso particular, aun cuando señalen un domicilio convencional con sede en esta ciudad, las notificaciones se les seguirán realizando mediante oficio, pues la forma en la cual se deben realizar las notificaciones en este procedimiento de control constitucional a las autoridades responsables, como ya se estableció, se encuentran expresamente reguladas en la ley de la materia.
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