Cristian David Acuña Gordillo

Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
265/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Cristian David Acuña Gordillo

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En otra tesitura, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que fue sobreseído el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Igualmente, una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21; y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Finalmente, hágase devolución de la copia certificada del expediente 2878/2020, constante de un tomo, al Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario José Luis Castro Coutiño, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS). yelena

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado señalado en el inciso b). Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, únicamente por lo que hace al desechamiento parcial de la demanda, respecto al acto reclamado antes mencionado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de mayo de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Juzgado en funciones de Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan del mismo, en conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional de mérito y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe la autoridad responsable en cita, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, dado lo voluminoso de la constancia remitida por la autoridad responsable antes mencionada, se ordena formar un anexo correspondientes, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad remitente, por lo que continúese actuando en este tomo, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por Cristian David Acuña Gordillo, contra actos del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 265/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Época: Novena Época. Registro: 196196. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 1998, Tomo VII. Materia: Común., Tesis I.1º.A. J/4. Página 890). Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, el promovente señala como actos reclamados los siguientes: La omisión de proveer lo necesario para el desahogo de la prueba en materia de grafoscopía y dactiloscopia dentro del expediente laboral 864/C/2018, actualmente 2878/2020. El informe que rinda la institución bancaria HSBC, solicitado mediante escrito de catorce de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior permite advertir que en la especie, por cuanto hace al acto reclamado precisado en el inciso b), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el 772 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." Para llegar a dicha conclusión, este órgano jurisdiccional advierte del contenido de la demanda la inexistencia de una abierta dilación en el acto reclamado en el inciso b), consistente en el informe que rinda la institución bancaria HSBC, solicitado mediante escrito de catorce de abril de dos mil veintiuno, pues a la fecha de presentación de la presente demanda que ocurrió el veintiuno de abril del presente año, según el sello impreso del reloj fechador, se aprecia que han transcurrido siete días naturales desde esta última actuación, es decir, la relativa a la recepción del escrito presentado por el promovente ante la resposable, sin que por el momento ello implique una paralización total del procedimiento. Lo anterior si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que debe complementarse ese criterio, por lo que hace a la materia laboral, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Por lo anterior, al no existir el acto reclamado, se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (Época: Décima Época. Registro: 2019400. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II. Materia(s): Común y Laboral. Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.). Página: 1643). En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia únicamente respecto al acto reclamado precisado en el inciso b), por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Respecto al acto reclamado señalado en el inciso a), consistente en la omisión de proveer lo necesario para el desahogo de la prueba en materia de grafoscopía y dactiloscopia dentro del expediente laboral 864/C/2018, actualmente 2878/2020, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve Cristian David Acuña Gordillo, contra actos del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, razón por la que se tramitara sin incidente de suspensión. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Octava Norte y Doce Poniente número 1322, interior seis, planta alta, colonia El Mirador de esta ciudad. Téngase por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Hernán López Rodríguez, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, exhórtese a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de doscientos días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. De igual manera, informe sí es procedente algún recurso o medio de impugnación en contra del acto reclamado. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar los oficios de emplazamiento respectivos, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. Requiérase a la autoridad para que informe si el quejoso ha promovido diverso juicio contra el mismo acto reclamado, o bien, si dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se han promovido diversos juicios de amparo y en su caso, remita las constancias relativas; lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $17,376.00 (diecisiete mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. La parte quejosa ofrece prueba documental, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la prueba documental consistente en el expediente laboral 1002/A/2018, actualmente 190/2020, una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado y remita las constancias respectivas y se advierta que dichas actuaciones judiciales guardan relación con el acto reclamado, se acordará lo conducente. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala como regla general para la práctica de audiencias, el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencias, se requiere a las partes para que manifiesten por escrito y dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, si es su deseo comparecer a la celebración de la audiencia a través de dicho sistema; lo anterior, a fin de que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de determinar la factibilidad de celebrar la audiencia en la fecha señalada, de acuerdo con la agenda del juzgado y la disponibilidad de los equipos de cómputo; en el entendido de que de no ser posible en ese momento, se deberá diferir la audiencia a fin de no vulnerar el derecho de partes a estar presentes en durante su celebración. Bajo el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna dentro del término indicado, se entenderá su conformidad con llevar a cabo la audiencia sin la asistencia de las partes. En la inteligencia, que en todo momento se pondrán formular alegatos, ya sea presentando el escrito de forma física o utilizando los medios electrónicos relativos a juicio en línea. De la misma forma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, toda vez que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Arturo Galdámez Blanco, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse con licencia el titular del juzgado, de acuerdo al oficio 1252/2021, de trece de abril de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario José Luis Castro Coutiño, quien da fe y además certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS). yelena

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