Cristian Camilo Romero Cárdenas y Otros.
Expediente 1392/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Cristian Camilo Romero Cárdenas y Otros.
- Cristian Camilo Romero Cárdenas
- Diego Ruiz Vaquero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse concedido la suspensión de plano, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, once de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Agréguense a los presentes autos el oficio y anexos remitidos por el Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, mediante los cuales exhibe copia certificada de los expedientes administrativos migratorios de los quejosos*** Ahora bien, del contenido de las documentales de cuenta, a las que otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el siete de septiembre de dos mil veintidós se dictó resolución en la que se autorizó la salida definitiva del país de los quejosos por sus propios medios. Por tanto, se estima que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, 61 fracción XXI de la ley de la materia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, por las consideraciones siguientes.****************************************En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella.****************************************Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."****************************************Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama su detención, alojamiento en una estación migratoria y su posible deportación y en autos quedó comprobado que sí fue detenida por personal de migración y alojada temporalmente en una de las estaciones migratorias a su cargo.****************************************Sin embargo, de las constancias que se agregan se advierte que el siete de septiembre de dos mil veintidós la autoridad migratoria emitió una resolución en la que se autorizó la salida definitiva del país de los quejosos y les otorgó el plazo de veinte días para hacerlo por sus propios medios, cabe destacar que de la propia resolución se desprende que se ordenó el archivo de los expedientes relativos, por haber concluido los procedimientos migratorios.****************************************Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo de la parte quejosa consiste su detención, alojamiento y deportación por parte de las autoridades migratorias y, a la fecha, se resolvió su situación migratoria, autorizando su salida definitiva del país en el plazo de veinte días y se ordenó el archivo de los expedientes relativos a los procedimientos administrativos migratorios correspondientes, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos que se atribuyen a las autoridades responsables.****************************************Ello es así, pues con motivo de tal determinación la parte quejosa salió de la estación migratoria en la que se encontraba alojada y estuvo en posibilidad de regresar a su país de origen, por sus propios medios y, con ello, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo.****************************************En consecuencia, al estar demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo relativa.
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Mexicali, Baja California, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexos remitidos por el Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, mediante los cuales da cumplimiento a lo requerido en proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés y envía los expedientes administrativos migratorios de los quejosos ******************** y ********************. Con su contenido dese vista a la parte promovente para que esté en posibilidad de manifestar lo que en derecho corresponda. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que en los autos del juicio de amparo ********************-VI, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, vinculado al presente asunto, se obtiene que los quejosos ******************** y ********************, se encontraban a disposición del Instituto Nacional de Migración en la ciudad citada y fueron puestos en libertad mediante oficio. Por lo anterior, resulta procedente requerir al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, remita copia autorizada del procedimiento administrativo y la resolución derivada en relación con los quejosos ******************** y ********************. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado en tiempo y forma, se le impondrá multa por equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que no se cuenta con las documentales requeridas el diez de marzo de dos mil veintitrés al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en Tijuana, Baja California, no obstante encontrarse notificada. Por lo anterior, requiérase de nueva cuenta al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, remita copia certificada del procedimiento administrativo y la resolución derivada en relación con los quejosos N**** Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado en tiempo y forma, se le impondrá multa por equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir.
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