Cristian Camilo Romero Cárdenas
Expediente 677/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/07/2023
Partes del expediente
- Sandra Milena Barrios
- Cristian Camilo Romero Cárdenas
- Nuria Alexandra Zavala Garay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, a catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Baja California, en atención a su contenido, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que vincule y haga disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito mencionado.
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que en dieciséis de enero de dos mil veintitrés entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro tenor de ideas, vista la constancia actuarial de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción de notificar el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a los quejosos Cristian Camilo Romero Cárdenas, Sandra Milena Barrios, Nuria Alexandra Zavala Garay y Diego Ruíz Vaquero, por los motivos expuestos. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En el entendido que únicamente se tomó en consideración el plazo de la parte quejosa por ser la única legitimada para recurrir el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, puesto que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, por lo que sólo están legitimadas a recurrir las determinaciones que les son adversas, lo que en la especie no aconteció ya que en este asunto se determinó sobreseer en el juicio de amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;...". Asimismo, a consideración de este juzgador, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25,3 del citado acuerdo, se comisiona a la secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, y del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, así como, de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes no es necesario requerirlas para que los recoja, como lo exige el artículo 214 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexos. Finalmente, en el supuesto de que durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se hubieran formados tomo(s) de prueba(s) por separado -anexo(s)-; mediante oficio devuélvase los mismos a la autoridad que los remitió.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Análisis de constancias. Visto el estado procesal de este expediente, las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejosos. Anapaula Alithud Venancio Cobos (SÍ RATIFICÓ); Dante José Venancio Vitalilia (SÍ RATIFICÓ); Lilia Carmen Lam Bohorquez (SÍ RATIFICÓ); Gonzalo Olortiga Lam (SÍ RATIFICÓ): Marcos Antonio Nolasco Mozombite (MANIFESTÓ DESISTIRSE); y Claudia Sánchez Vázquez (SÍ RATIFICÓ). Autoridades responsables. 1 y 2.- Titular y Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. 3 y 4.- Titular y Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Mexicali, Baja California Acto(s) reclamado(s). La(s) orden(es) de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que los directos quejosos Anapaula Alithud Venancio Cobos, Dante José Venancio Vitalilia, Lilia Carmen Lam Bohorquez, Gonzalo Olortiga Lam, Marcos Antonio Nolasco Mozombite y Claudia Sánchez Vázquez, no se encuentran alojados y/o detenidos administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron esencialmente como actos reclamados, la orden de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional, a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de la razón actuarial de veintiuno de octubre del año en curso se desprende que los referidos quejosos ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, dichas personas -quejosos- fueron puestas en libertad. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio únicamente respecto a los quejosos [1]Anapaula Alithud Venancio Cobos, [2]Dante José Venancio Vitalilia, [3]Lilia Carmen Lam Bohorquez, [4]Gonzalo Olortiga Lam, y [5]Claudia Sánchez Vázquez, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Por no presentada demanda. Por otra parte, vista la constancia de notificación electrónica de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se advierte que feneció el plazo otorgado a la promovente del juicio en proveído del siete de septiembre de dos mil veintidós, para que proporcionara un diverso domicilio en donde localizar al diverso quejoso [6]Marco Antonio Nolasco Mozombite, sin que hubiese dado cumplimiento a lo requerido; por tanto, se tiene por precluído el derecho para hacerlo con posterioridad. En razón de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto de referencia, y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114 y 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, por cuanto hace al quejoso Marco Antonio Nolasco Mozombite. Con motivo de lo antes expuesto, se dejan sin efecto las providencias decretadas, en favor de los quejosos. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debido a que todos los directos quejosos fueron puestos en libertad tal y como se advierte de la razón actuarial de cuenta, notifíquese por lista el presente proveído. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el Secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario Misael Christopper Aguilar Sanabria, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo, y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Vista el acta de comparecencia de cuenta, de la que se desprende que los quejosos Cristian Camilo Romero Cárdenas, Sandra Milena Barrios, Nuria Alexandra Zavala Garay y Diego Ruíz Vaquero, ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor por Roberto Méndez Torres, con lo cual da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de cuatro de septiembre del año que transcurre; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite la demanda de amparo en los términos presentados. Asimismo, realícense las anotación correspondiente en el Libro de Gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este órgano judicial. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que mediante proveído de tres de septiembre del año en curso, se proveyó lo conducente. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diez de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Informe justificado. Pídase a las autoridades señaladas como responsables los informes justificados, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita, y deberán manifestar categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados; asimismo, conforme al artículo 117, de la Ley de Amparo, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; hágaseles saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional. Apercibidas que, de no cumplir, o de rendir el informe fuera del plazo señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe mediante correo electrónico institucional a la dirección oficial, 3jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se les requiere, para que al momento de rendir el informe justificado, informen la fecha en que recibieron el oficio correspondiente al presente proveído; de igual forma, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizar las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado, en el entendido de que no será necesario el envío por ambos medios. Obligatoriedad de recibir los oficios. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se les hace del conocimiento que, en el presente juicio, únicamente le serán notificada por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deba ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad o por los delegados o autorizados. Asimismo, se les informa que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley de la Materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en las oficinas, en el domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos los efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en la oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga, el actuario deberá hacer constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en el caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, se apercibe a las partes, que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA 96.22), multiplicada por treinta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Tercero interesado. Sin que haya lugar a designar tercero interesado en el presente juicio de amparo, en virtud de que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Agente del Ministerio Público de la Federación.
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