Cristian Armando Velasco López
Expediente 890/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristian Armando Velasco López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional y la definitiva por una parte se concedió y por otra se negó; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción y depuración del expediente principal y original del incidente de suspensión, respectivamente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En este contexto, dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese al incidente de suspensión. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE SE LISTA LO SIGUIENTE SENTENCIA 31/12/2021: UNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO XXXXX, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL CONSIDERANDO CUARTO Y ULTIMO, DE ESTA SENTENCIA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio terminación 4455/2021 y anexos, signado por el Director de los Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación, de las autoridades antes citadas, mediante el cual rinden su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a la profesionista y la dirección que cita en su ocurso de cuenta, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción Il, de la Ley de la Materia. De igual forma, en relación al correo electrónico y teléfono que proporciona como datos de contacto, al respecto, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma nota de los mismos, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, la mencionada autoridad responsable; mismas que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma al momento de celebrar la audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad señalada como responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX. 304 K y VI.1o.P.18 K, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Octava y Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XV, Enero de 1995 y XIV, Octubre de 2001, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA." y "NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL AUTO QUE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL.". Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
Abierta dicha audiencia, la Secretaria da lectura a las constancias que existen en autos: copia de la demanda de amparo, auto de inicio, y los informes previos de las autoridades responsables. Asimismo, CERTIFICA: Que el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación del Secretario, Dirección de Ingresos y Recaudación, ambos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; negó la existencia de los actos reclamados; y respecto de los atribuidos a la Coordinadora de Cobro Coactivo, Notificadores y Ejecutores, todos adscritos a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. La secretaria en funciones de Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Acto seguido, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ha comparecido personalmente a participar en este acto, no obstante su legal notificación, según constancias que corren agregadas a los autos. Enseguida, se abre el periodo probatorio y la Secretaria hace constar que las partes fueron omisas en exhibir prueba alguna de su parte. La secretaria en funciones de Juez acuerda: Se tiene precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas en la presente resolución. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. La secretaria en funciones de Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. Sin promociones pendientes por acordar, se declara visto el presente incidente de suspensión para dictar la siguiente resolución: VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión 890/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA. La parte quejosa Cristhián Armando Velasco López, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó en lo que interesa, la suspensión definitiva contra actos de la "Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Oaxaca y otras autoridades de quienes reclamó: De las autoridades ordenadoras: La imposición de multas y créditos fiscales en su contra; De las autoridades ejecutoras reclama: La indebida ejecución de multas y créditos fiscales en su contra, esto es, el inminente requerimiento de pago y embargo que se pretende realizar en cumplimiento al mandamiento de ejecución en contra de su patrimonio. SEGUNDO. TRÁMITE. Este Juzgado de Distrito, por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, formó por duplicado el incidente de suspensión; solicitó a las autoridades responsables sus informes previos y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Acto continuo, el día de hoy conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de Ley de Amparo, se celebró la audiencia incidental en términos del acta que antecede y forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, ya que aquí se tramita el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. SEGUNDO. Precisión del acto por el cual se solicitó la suspensión. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso a estudio, los actos reclamados, esencialmente son: De las autoridades ordenadoras: a) La indebida imposición de multas y créditos fiscales, en su contra.; De las autoridades ejecutoras reclama: b) La indebida ejecución de multas y créditos fiscales en su contra, esto es, el inminente requerimiento de pago y embargo que se pretende realizar en cumplimiento al mandamiento de ejecución en contra de su patrimonio. En ese sentido, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, esencialmente para el siguiente efecto: "(.) se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute el requerimiento de pago y/o embargo en contra de mi patrimonio, por parte de alguna de las autoridades señaladas, además de ser necesario para que siga subsistiendo la materia del presente amparo (.) TERCERO. inexistencia del reclamado. El Director de los Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación del Secretario, Dirección de Ingresos y Recaudación, ambos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, negaron la existencia de los actos reclamados. Por ello, ante la negativa de la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables, y toda vez que la parte quejosa no aportó prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 146, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, respecto de las autoridades responsables que negaron el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 286, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 237 y 238, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y texto siguiente: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". CUARTO. existencia del reclamado Por otro lado, Director de los Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Coordinadora de Cobro Coactivo, Notificadores y Ejecutores, todos adscritos a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, pues señaló que mediante oficio SF/SI/DIR/CCC/1669/2021, informó que inició procedimiento administrativo de ejecución en contra de la parte quejosa, ya que registró los créditos fiscales 48056 y 48377. QUINTO. estudio de la suspensión definitiva solicitada. La suspensión es una institución de naturaleza procesal que, como medida cautelar, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consuman irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esta manera no llegue a resultar inútil para el quejoso la protección de la Justicia Federal que pretende, pues en algunos casos si se llevare a cabo su ejecución definitivamente durante la secuela del juicio de amparo, de nada serviría al quejoso la eventual sentencia que pudiera pronunciarse a su favor. En este tenor, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consuman destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación al quejoso, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Atento a lo anterior, se proceden a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada, la cual en su caso se puede conceder para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, pero no por actos diversos a los reclamados en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la Jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Ahora, a efecto de proveer respecto a la suspensión solicitada, es menester precisar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que para decidir sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando su naturaleza lo permita, deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y de la afectación al interés social. Mismo requisito es retomado por la ley reglamentaria de dicho precepto constitucional (Ley de Amparo) en su artículo 138, que establece que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, una vez que sea promovida la suspensión del acto reclamado. Los preceptos mencionados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." La apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado por quien promovió el juicio de amparo. Ese análisis no implica una declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado, porque ello debe ser materia de la sentencia; ahora, cuando el peticionario de amparo hace valer un punto de derecho, sin referirse a cuestiones de hecho, su pretensión no puede ser descartada en forma superficial. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 3/95, determino que para resolver sobre la suspensión es factible, sin dejar de observar los requisitos contenido en el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado. La anterior Jurisprudencia, que se encuentra localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Pagina 16, Materia Común, Novena Época, rubro: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, estableció que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia de derecho discutido en el proceso; y, para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión el juzgador debe ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/2007, estableció tal actuación en la jurisprudencia 204/2009, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Así, del análisis integral del presente incidente se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado a las autoridades responsables, en esencia, consistente en el procedimiento de ejecución del cobro de un crédito fiscal impuesto por la responsable. Circunstancia que se corrobora con el informe previo del Director de los Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Coordinadora de Cobro Coactivo, Notificadores y Ejecutores, todos adscritos a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, toda vez que mediante oficio SF/SI/DIR/CCC/1669/2021, se informó el inició del procedimiento administrativo de ejecución en contra de la parte quejosa, con motivo de los créditos fiscales 48056 y 48377. En el caso, bajo esa óptica procede el estudio del presente asunto, respecto a la procedencia o no de la suspensión solicitada por el peticionario de amparo. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión a petición de parte, se decretara en todas las materias siempre que concurran los siguientes requisitos: Que la solicite la parte quejosa; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primero de los requisitos, establecidos en el precepto citado, se satisface cabalmente, pues la parte quejosa hace la solicitud expresa de dicha medida cautelar. Así, también se encuentra acreditado el segundo requisito, pues con dicha medida se estima no se irroga perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí, con la realización de tales actos, se causan daños de difícil reparación, porque aun cuando se concediera el amparo, se realizaría a la parte quejosa el cobro de las multas que le fueron impuestas. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, realizándose la ponderación de la apariencia del buen derecho basado en el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o no del acto reclamado, pues como ya se ha establecido será materia del estudio en cuanto al fondo; pues se estima que dicho acto por sí sólo afecta a la aquí parte quejosa. Por tanto, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, únicamente para que las autoridades responsables se abstengan por el momento de hacer efectivo el requerimiento de pago de los créditos fiscales 48056 y 48377, cuyo procedimiento de ejecución o cobro es el que aquí se reclama; siempre y cuando se constituya el interés fiscal ante la autoridad exactora, acorde con el artículo 135 de la Ley de Amparo. Y de esta manera, no se lleve a cabo el embargo de los bienes propiedad única y exclusivamente propiedad de la parte quejosa, con motivo de la ejecución del cobro de créditos fiscales impuestas en su contra. Dicha medida suspensional dejará o no surtirá efectos: Si dicho acto fue emitido por diversa autoridad a las señaladas como responsables, o por hechos diversos. Si dichos actos ya fueron materia de resolución firme. Sirve de apoyo, en lo conducente la jurisprudencia I.18o.A. J/7 (10a.), del DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, visible en la página 2024, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "MULTAS IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). PARA LA EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DECRETADA CONTRA SU COBRO, DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL. Las multas impuestas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se traducen en créditos fiscales, al tratarse de un aprovechamiento, aun cuando no figuran expresamente como tal en el Código Fiscal del Distrito Federal, pues se imponen con motivo del ejercicio de las funciones de derecho público y ante la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia cometidos tanto por los gobernados como por las autoridades en los juicios en que son parte. En esa virtud, la suspensión decretada en el amparo en contra de su cobro, se rige por el artículo 135 de la Ley de Amparo y, por ende, para su eficacia debe garantizarse el interés fiscal ante la autoridad exactora, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, por el monto total de la multa." Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XVI, Diciembre de 2002, página 581, Materia Común, Novena Época que estalece: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES. Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento." Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII Constitucional reformado, en relación con los numerales 206 de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a la autoridad responsable, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. La presente suspensión, durará hasta que quede firme la sentencia que se llegue a dictar en el juicio del que deriva el presente incidente de suspensión; o, en su caso, se tenga por cumplido el fallo protector. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además, en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a Cristhián Armando Velasco López, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables Secretario y Dirección de Ingresos y Recaudación ambos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Cristhián Armando Velasco López, respecto de los actos reclamados a la Coordinadora de Cobro Coactivo, Notificador y Ejecutor, todos adscritos a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; en términos del considerando último de esta interlocutoria. Notifíquese.
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