Cristian Ariosto Rincón Cruz

Expediente 933/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
933/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Cristian Ariosto Rincón Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el ocurso de cuenta signado por ***, en su carácter de Administrador Único de la parte quejosa Equipos Médicos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable; mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto a la dilación de las autoridades responsables del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y solicita con fundamento en el artículo 192, de la ley de la materia, se ordene la notificación y requerimiento a las autoridades responsables, así también se requiera a su superior jerárquico, en el presente caso que lo es el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, para que ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le imponga a dicho titular una multa en los términos señalados en esta Ley. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima reservar pronunciamiento en cuanto a lo solicitado por la parte quejosa, hasta en tanto las autoridades responsables y vinculadas den cumplimiento a lo requerido mediante proveído de cinco de octubre de esta anualidad, o en su caso, transcurra el plazo concedido para tal efecto Es importante destacar, que de autos se advierte que las autoridades responsables, así como las autoridades vinculadas están informando las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues en proveídos de cinco, seis y siete de octubre del año en curso, se han recibido comunicaciones con las que informan las actuaciones que se encuentran realizando para cumplir con la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, mediante el remite el escrito de ampliación de demanda del quejoso ***, para que se le dé tramite como nueva demanda, contra los actos que reclama del Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, residente en esta ciudad. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 933/2021-VI y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone a este juzgador, la obligación de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo. Los numerales señalados, en concordancia con la jurisprudencia número 2a./J. 164/20113, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa son los siguientes: 1. Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas: La ilegal, indebida e inconstitucional inaplicación del acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicadas en el diario oficial de la federación de fecha 24 de Marzo del 2020. La falta de fundamentación y motivación para inaplicar el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicadas en el diario oficial de la federación de fecha 24 de Marzo del 2020. Todas las consecuencias legales que surjan por la ilegal, indebida e inconstitucional inaplicación del acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicadas en el diario oficial de la federación de fecha 24 de Marzo del .2020. El hecho que la responsable al momento en que decidió emitir la orden, de realizar los trámites correspondientes a la baja laboral del C. Cristian Ariosto Rincón Cruz, dejando sin efecto mi nombramiento como jefe del departamento de administración escolar y titulación asignado mediante oficio número DG/DARH/0258/18 de fecha 09 de Abril del 2018, lo anterior establecido en el oficio Número CECYTECH/DGEN/0136-BIS/2021, de fecha 18 de Febrero del 2021 al desconocer el decreto antes dicho y ocasionando un grave riesgo a mi salud y las de mis dependientes económicos. Ahora bien, se hace énfasis en que los actos que reclama en el escrito de cuenta, derivan del oficio DGEN/DADM/SDA/0008/2021, de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se hizo de su conocimiento que partir de esa data, quedaba sin efectos el oficio de asignación número DG/DA/RH/0258/18 de nueve de abril de dos mil dieciocho, es decir se le dio de baja, como empleado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, con sede en esta localidad; pues en su concepto, con tal actuación, la autoridad responsable inaplicó en su perjuicio y sin fundamento alguno, el Acuerdo en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, de ahí que, es evidente que los actos de que se tratan no pueden ser reclamados a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, la autoridad señalada como responsable, no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia el Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas; es en su calidad de servidor subordinado que presta sus servicios en la citada dependencia de estudios y en el cual pide el cumplimiento de sus obligaciones derivados de esa relación laboral que tiene con ellas. En este orden de ideas, si los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues las conductas de que se duele el quejoso, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúnen las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I4, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen, actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de las autoridades responsables de referencia, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitadono puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, la jurisprudencia que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Finalmente, no se soslaya que el conflicto que pudiera derivar de las actuaciones realizadas por las autoridades puede ser reclamado ante las autoridades ordinarias del orden común competente; por tanto, se dejan expeditos los derechos del ocursante para hacerlos valer en la vía y forma que estime conducente. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Tomando en cuenta que en el escrito que se provee, el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, ni autorizados para tales efectos, empero de las documentales adjuntas a la misma se aprecia que obra el auto admisorio del diverso juicio de amparo 113/2021-I, promovido por dicho impetrante; en consecuencia, con fundamento en el numeral 12, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Nicolás Grijalva, Número 470 cuatrocientos setenta, Colonia Caminera, en esta ciudad. Asimismo, como autorizados en términos del numeral 12 párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley aplicable, a José del Carmen Camacho Hernández y Óscar Manuel Santizo Ramírez, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente el ocursante. V. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De igual forma, con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su aplicación en el presente expediente a la representante y autorizados, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincará responsabilidad en términos de la legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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