Cristian Andres Torres Bañuelos
Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Coordinador o Encargado del Despacho del Tribunal de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial
- Cristian Andres Torres Bañuelos
Actuaciones
- Principal
Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos de los que se advierte que no se recurrió el acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicho proveído. Ordena archivo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuadra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.
- Principal
Agréguese la pieza postal que contiene el oficio 34997/2023 dirigido al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la Ciudad de México, misma que fue devuelta por los motivos ahí expuestos. En tal virtud, a fin de mayores dilaciones, se ordena reenviar el oficio en mención a la autoridad responsable en el domicilio ubicado en Avenida Marina Nacional, número 60, Piso 4, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, código postal 11410. Notifíquese.
- Principal
AVISO PARTE PROMOVENTE ACUERDO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida ***, contra actos del Coordinador o Encargado del Despacho del Tribunal de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1386/2023. III. Decisión sobre la instancia. Luego, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esa tesitura, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la citada normatividad. De tales numerales, se obtiene que el juicio constitucional solo puede promoverse por la persona física o moral que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica con motivo del acto que considera violatorio de sus derechos fundamentales, lo que puede realizar, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos legalmente. Dicha promoción, salvo el caso en que se autoriza hacerse por medio de comparecencia que no es el caso, debe promoverse mediante escrito que deberá contener la firma correspondiente (autógrafa o electrónica), en la medida que se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. De manera que la carencia de firma autógrafa o electrónica en un escrito, impide tener certeza de que éste se refleje realmente la intención del suscribiente, poniendo en duda la autenticidad del documento, lo que torna inviable la acción de tutela constitucional, esto, ante la ausencia de voluntad del promovente. En la especie, la demanda que se analiza carece de la firma original del promovente, ya que tiene firma en copia simple, lo que incluso se corrobora con lo asentado en el sello de recibo de la oficial de partes de este Juzgado Federal; de ahí que se actualice la excepción prevista en la jurisprudencia 32/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA". En esas condiciones, al no contener la firma autógrafa original del interesado, lo cual, es un requisito esencial para acreditar la voluntad del suscribiente, no se cumple con el presupuesto relativo a que el juicio de amparo se siga a instancia de parte agraviada, lo que lleva a la convicción de que no puede considerarse ejercida la acción constitucional por la ausencia de voluntad de quien ha sido afectado por el acto de autoridad. Consecuentemente al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejoso: ***. a. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente al promovente.
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