CRISTIAN ALFONSO OCHOA SÁNCHEZ y Otros.

Expediente 1359/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1359/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
18/04/2017

Partes del expediente

  • CRISTIAN ALFONSO OCHOA SÁNCHEZ y Otros.
  • Cristian Alfonso Ochoa Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el diecisiete de marzo del año en curso; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, desglósense de los autos, los discos versátiles digitales (DVD) y el sobre amarillo que contiene información reservada, que integran la causa judicial 11/2016, del índice del Juzgado Segundo Mixto del Juzgado del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, que remitió como justificación a su informe, en virtud de ser innecesario que siga glosado a este juicio de garantías y previa razón que se deje en autos, devuélvase a su lugar de origen; solicitándose el acuse de recibo respectivo. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 195/2017 de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, la JUEZA SEGUNDO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS, informó a este órgano jurisdiccional que cambió la situación jurídica de los quejosos JOSÉ ANTONIO DELGADO SÁNCHEZ, GILBERTO SÁNCHEZ VEGA, CHRISTIAN ALFONSO OCHOA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CRISANTO y AGUSTÍN CARMONA LARIOS, toda vez que el día veinte de febrero del año dos mil diecisiete, se celebró la audiencia relativa al PROCEDIMIENTO ABREVIADO y en la misma se emitió un fallo de condena, dándose lectura y explicación a la sentencia mediante audiencia pública de fecha veintidós del mismo mes y año, por lo que ha dictado sentencia condenatoria en contra de JOSÉ ANTONIO DELGADO SÁNCHEZ, GILBERTO SÁNCHEZ VEGA, CHRISTIAN ALFONSO OCHOA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CRISANTO y AGUSTÍN CARMONA LARIOS, por la comisión del delito de ROBO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 321, 322 y 328 fracciones I, II y VIII, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de la persona moral denominada CONVERTIDOR DE PAPEL S.A. DE C.V., JAVIER MALDONADO PUERTA, RAQUEL PÉREZ GONZÁLEZ y DANIEL GONZÁLEZ MORENO, ello dentro de la causa judicial 11/2016 de su índice. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de garantías lo es la "ilegal y arbitraria privación de la libertad de los quejosos", violentados mediante audiencia oral celebrada en fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, dentro de la causa judicial 11/2016, por el hecho que la ley prevé como delito de ROBO CALIFICADO, del Juzgado Segundo del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Cabe destacar que, como se ya dijo, mediante oficio 195/2017 de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, la JUEZA SEGUNDO MIXTO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS, informó a este órgano jurisdiccional que cambió la situación jurídica de los quejosos JOSÉ ANTONIO DELGADO SÁNCHEZ, GILBERTO SÁNCHEZ VEGA, CHRISTIAN ALFONSO OCHOA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CRISANTO y AGUSTÍN CARMONA LARIOS, toda vez que el día veinte de febrero del año dos mil diecisiete, se celebró la audiencia relativa al PROCEDIMIENTO ABREVIADO y en la misma se emitió un fallo de condena, dándose lectura y explicación a la sentencia mediante audiencia pública de fecha veintidós del mismo mes y año, por lo que ha dictado sentencia condenatoria en contra de JOSÉ ANTONIO DELGADO SÁNCHEZ, GILBERTO SÁNCHEZ VEGA, CHRISTIAN ALFONSO OCHOA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CRISANTO y AGUSTÍN CARMONA LARIOS, por la comisión del delito de ROBO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 321, 322 y 328 fracciones I, II y VIII, del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de la persona moral denominada CONVERTIDOR DE PAPEL S.A. DE C.V., JAVIER MALDONADO PUERTA, RAQUEL PÉREZ GONZÁLEZ y DANIEL GONZÁLEZ MORENO, ello dentro de la causa judicial 11/2016 de su índice. En tales circunstancias, se llega a la conclusión de que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado la parte quejosa en su libelo de garantías "la ilegal y arbitraria privación de la libertad", dictada mediante audiencia oral celebrada en fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, por la jueza natural, y por ende, es evidente que ocurre un cambio de situación jurídica, por lo que ya no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener en su caso, dicha privación de la libertad, precisamente en virtud de ese cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis XVII.23 P, visible en la página 2199, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo". También resulta aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia XIII.2o. J/6, visible en la página 1076, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI DURANTE SU SUSTANCIACIÓN SE EMITIÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es inexacto que el Juez Federal deba abordar el estudio de las posibles violaciones cometidas en la orden de aprehensión, cuando no se dan los supuestos previstos en la segunda parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, siendo su redacción actual, conforme a la reforma por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la siguiente: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. ..."; de ahí que, excluidas de dicho apartado las violaciones al artículo 16 constitucional, esta segunda parte de la fracción y precepto legal aludidos no resulta aplicable, porque el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, regida por los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional; por tanto, no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener la orden de captura reclamada, ante el pronunciamiento del auto de formal prisión, porque tratándose de violaciones a dicho precepto constitucional, con el dictado de esta última resolución, sobreviene un cambio de situación jurídica de los indiciados, en términos de la primera parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio, como correctamente lo determinó el Juez Federal". Por lo anterior, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del día veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, en que tendría verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguense a los autos los oficios de cuenta, suscrito por el Jefe Departamento Comercial de Zona de la Comisión Federal de Electricidad, Apoderado Legal de Teléfonos de México y de la Directora Jurídica y representante legal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala e Inspector encargado de la Dirección Operativa y de la Policía Estatal acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad, mediante los cuales informan en relación al requerimiento que se les hizo mediante proveído de veintisiete de febrero último, visto su contenido, téngaseles por hechas las manifestaciones que en los mismos se contienes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los oficios de cuenta, suscritos por el Director de Notarías y Registros Públicos de Tlaxcala, Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado y del Vocal del Registro Federal de Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual informan en relación al requerimiento que se les hizo mediante oficios 8783/2017, 8789/2017, 8784/2017 y 8782/2017, de veintisiete de febrero último; visto su contenido, téngaseles por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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