Cristian Alesander Mateos Carrioza
Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cristian Alesander Mateos Carrioza
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo respecto de la quejosa ----------, también conocido como ----------, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en el presente juicio de amparo no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, 21, inciso d, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;." Se estima que este expediente es susceptible de destrucción, pues, se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veinte. VISTA la demanda de amparo promovida por --------, apoderado legal de --------, también conocido como --------, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del primer testimonio de la escritura pública número mil catorce, pasado ante la fe del Notario Público Número Quince de Mexicali, Baja California; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 734/2020-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, de un análisis integral que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la sentencia interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, que resuelve el recurso de revocación hecho valer en contra del auto dictado el treinta y uno de agosto pasado, dentro del juicio sucesorio testamentario número 142/2015, del índice del Juzgado Décimo Segundo de los familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Asimismo, de la lectura que se realiza a la transcripción que efectúa la parte quejosa al acto reclamado, se tiene que en la interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se confirma el auto recurrido, emitido el treinta y uno de agosto del año en curso, en el cual se negó al hoy quejoso ampliar su contestación respecto del incidente de remoción de albacea planteado dentro del juicio sucesorio intestamentario número 142/2015, del índice del Juzgado Décimo Segundo de los familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII1, en relación con el 107, fracción V2, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues en el acto reclamado se definen aspectos de carácter procesal, por lo que, al ceñirse éste sobre cuestiones de carácter formal o adjetivo, se encuentra frente a un acto con efectos intraprocesales que de ningún modo ocasionan perjuicio irreparable a los derechos sustantivos del quejoso. Cabe señalar que los actos jurídicos no ocasionan un perjuicio irreparable cuando sus consecuencias no son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución, porque su posible afectación o sus efectos se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. De esta manera, si la presente instancia constitucional se hizo valer en contra de la interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, que resuelve el recurso de revocación hecho valer en contra del acto dictado el treinta y uno de agosto pasado, dentro del juicio sucesorio testamentario número 142/2015, del índice del Juzgado Décimo Segundo de los Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 2 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". de Baz, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a través del cual se niega al aquí quejoso ampliar la contestación que dio al incidente de remoción de albacea, como se deduce de la transcripción que del mismo realiza, válidamente puede concluirse que no es un acto de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, únicamente define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva. Ello, dado que la posible violación que en su caso pudiera sufrir la parte quejosa, consistente en el que se le niegue la oportunidad de ampliar la contestación respecto del incidente de remoción de albacea planteado dentro del juicio sucesorio intestamentario número 142/2015, puede ser reparada posteriormente al momento de emitir una sentencia interlocutoria favorable a sus pretensiones, o al momento de reclamar ésta, como acto terminal o resolución. Sobre el tema es aplicable la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), publicada el uno de abril de dos mil dieciséis, en el libro veintinueve, tomo III, página mil novecientos dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". Aunado a que no se advierte alguna vulneración de forma directa e inmediata de alguna situación jurídica material que deba regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad física, la libertad personal, de tránsito, residencia, pensamiento, expresión, reunión, la inviolabilidad de la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, el patrimonio, el trabajo, la salud, la alimentación, la seguridad social, la educación, entre otros. Bajo esa óptica, se arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en correlación al diverso 107, fracción V, de la norma citada y el diverso 107, fracción III, inciso b), constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por --------, apoderado legal de--------, también conocido como --------. Por otra parte, toda vez que el promovente proporciona el nombre de usuario: GGH770111, para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesarias. ------------ Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones LA VÍA ELECTRÓNICA, por así haberlo solicitado expresamente, aunado a que como se dijo anteriormente, proporciona un nombre de usuario para ese efecto, por lo tanto, se comisiona al actuario las practique de esa manera.----------- También, de conformidad con la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a la parte quejosa para los fines que precisa. Se tienen por autorizados de la parte agraviada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente aquellos profesionistas que tengan su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, esto es, a --------, --------, --------, --------y --------. De igual forma, se tienen como autorizados a ------------------------------------------------------------------------------------------------------, para los efectos que precisa, esto es, para oír y recibir notificaciones y documentos, así como a ----------, en virtud de que de la consulta que se realizó al aludido sistema, no se advierte que cuente con su cédula profesional registrada. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente, vía electrónica, a la parte quejosa.
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