Cristián Alejandro Torres García
Expediente 955/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Cristián Alejandro Torres García
Actuaciones
- Principal
El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del once al diecisiete del mes y año en curso, con exclusión de los días catorce y quince por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, tres de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Salvador Mercado Arroyo, en calidad de defensor particular de Cristian Alejandro Torres García, contra actos del Fiscal del Ministerio Público número Uno para Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, (segundo piso), con sede en esta ciudad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 955/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5, fracción I, y 6, del propio ordenamiento, dado que el acto reclamado no ocasiona un agravio personal y directo en la esfera de derechos del quejoso, como se expondrá a continuación. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De tal precepto se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte, es decir, por quien resulte perjudicado con el acto que se reclama, esto es, el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado a quien o quienes resientan un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Igualmente, se colige que la aptitud para promover el juicio de amparo se limitó tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen idénticas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. A su vez, los numerales 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Conforme a dicho marco normativo, el juicio de amparo es improcedente cuando el motivo derive de la ley. En tanto, para que proceda esta instancia constitucional es necesario que el acto reclamado produzca en la esfera de derechos del quejoso un agravio inminente, personal y directo. A su vez, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman, derivándose de ello el concepto de perjuicio, que es un elemento esencial para la procedencia del juicio constitucional, el cual debe entenderse como el menoscabo u ofensa a la persona física o moral, siempre que sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Asimismo, el agravio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también, el mismo debe ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético, dado que los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. En esa tesitura, como presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, se requiere que el acto de autoridad jurisdiccional lesione de manera directa el derecho del que se es titular. Sobre el particular se citan los criterios del tenor siguiente: Tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, de Registro 220615 materia común, página 240, del contenido: "PROCEDENCIA DEL AMPARO. QUÉ SE ENTIENDE POR PERJUICIO AL QUEJOSO. Un presupuesto para la procedencia del amparo es que el acto o la ley reclamada en su caso, cause un perjuicio al quejoso; dicho perjuicio, para los fines del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona, es decir, la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcadas, siendo necesario que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan." Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180 Tercera Parte, página 77, de Registro 237468 del tenor: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el citatorio emitido el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve por la autoridad señalada como responsable, a fin de que el quejoso comparezca a las doce horas del miércoles cuatro de diciembre del presente mes y año, en las instalaciones de la Unidad de Investigación en la casa de justicia ubicada en Circuito Zacatecas, número cuatrocientos uno (401), Ciudad Gobierno, edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en compañía de sus abogados defensores, para la práctica de la diligencia de toma de muestras biológicas para determinar perfil genético. En ese sentido, la autoridad ministerial para cumplir con la encomienda que le estipula el artículo 21 Constitucional, y para el éxito de la carpeta de investigación puesta a su consideración requiera de la presencia del quejoso para lo cual deberá dictar un mandato en el que habrá de satisfacer; atendiendo ante todo lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional y el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por México, que estos últimos disponen: "Artículo 9º. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta." Así, la citación del quejoso ante la autoridad ministerial, constituye un presupuesto adjetivo necesario para para cumplir con la encomienda que le estipula el artículo 21 Constitucional en cita, y para el éxito de la carpeta de investigación puesta a su consideración. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia, emitida por Décima Época Instancia: Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019052, Fuente: Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Tesis: PC.VI.P. J/5 P (10a.), Página: 1341 que dice: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados". Luego, si por mandato constitucional el Ministerio Público está facultado para investigar los delitos con la obligación de acreditarlos a través de las diferentes actuaciones que practique dentro de la carpeta de investigación iniciada, cuyos efectos, cabe precisar, son susceptibles de ser posteriormente contrarrestados o anulados a través del ejercicio del derecho defensa que tiene el inculpado, es inconcuso que los mismos no irrogan perjuicios al gobernado que trasciendan de manera irreparable, pues, en todo caso, éste se materializaría cuando se afecten derechos sustantivos, ya que de estimar lo contrario implicaría entorpecer las facultades y obligaciones que por imperativo constitucional se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. En ese orden de ideas, se conviene en que la orden de citación realizada por el Ministerio Público, para la práctica de la diligencia consistente en la toma de muestras biológicas para determinar perfil genético, se traduce solo para la investigación de hechos dentro de la carpeta de investigación y el mismo no le causa un agravio actual y directo, en tanto que no le impone medida de apremio alguna para el caso de dejar de presentarse. A lo anterior resulta aplicable, la tesis aislada, de la Décima Época, Registro: 2017798, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, página: 2289, que dice: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno". Atento a ello, dicha actuación como parte del acervo probatorio que integra la carpeta de investigación no irroga perjuicios al gobernado porque: a) No restringe por sí misma sus derechos, salvo que, se trate de un citatorio respecto del cual se cuestione su fundamentación y motivación, y/o contenga un apercibimiento en caso de no comparecer, siendo que, en los demás casos, la lesión a los derechos del gobernado se materializarían, hasta la emisión de la orden de aprehensión o citación para audiencia de imputación que libre el Juez correspondiente; y, b) De conformidad con el párrafo primero del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación de todo gobernado presentarse al ser citado por la autoridad ministerial. Así, no puede estimarse que la orden de citación realizada al quejoso, ocasione un perjuicio a la esfera de sus derechos, habida cuenta que en el juicio de amparo se reclama la citación emitida como parte del acervo probatorio de la carpeta de investigación, aunado a que no se tratan de evidenciar deficiencias o carencias de fundamentación y motivación, por lo que el juicio de amparo se torna improcedente, pues lo reclamado se traduce en parte de la integración de la carpeta en comento. Ante las relatadas circunstancias, es inconcuso que en el citatorio reclamado no se realizada apercibimiento alguno para el caso de no presentarse, por tanto, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Fernando Marentes Zavala (5116731), tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Brandon Alejandro Salazar Rodríguez. Por otro lado, en términos de los artículos 77 a 81 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y como lo solicita se autoriza al usuario SalvadoorMA. a consultar el expediente electrónico. Sin que haya lugar a tener por señalado como domicilio para oir y recibir notificaciones el domicilio que refiere en su escrito de demanda, toda vez que no se encuentra ubicado en la residencia de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Rimb.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Cristián Alejandro Cabrera Acosta338/2017
- Cristian Alejandro Palacios Troncoso566/2022
- Cristian Alejandro Palacios Troncoso1626/2022
- Cristian Alejandro Palacios Troncoso411/2019
- Cristian Alejandro Palacios Troncoso586/2021
- Cristian Alejandro Torres García983/2022
- Cristian Alejandro Torres García899/2019
- Cristian Arturo Rosales González262/2020
- Cristian Cardona Nava265/2016
- Cristian Eduardo Landin Ramírez1918/2015
- Cristián Erick Torres Muñoz429/2019
- Cristian Fernando Orellana Calderon603/2020