Cristian Alberto Rivera Reyes

Expediente 1097/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1097/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
22/08/2018

Partes del expediente

  • Cristian Alberto Rivera Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de nueve de julio de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: a) Señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que provea lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D-3/1205/2016;y b) Ordene al Actuario de su adscripción que realice la notificación de dicho acuerdo en los términos de ley. Asimismo, mediante oficio recibido el siete de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con tal documento, mismo que se le notificó el nueve del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copia certificada del auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral D-3/1205/2016, en el que señalo las doce horas con treinta minutos del veinte del mes y año en cita, para el desahogo de la adiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral D-3/1205/2016, en el que señalo las doce horas con treinta minutos del veinte del mes y año en cita, para el desahogo de la adiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; en esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°., se declara que la sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realicen los actos precisados en la sentencia de amparo consistentes en: "a) Señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que provea lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D/3/1205/2016; y b) Ordene al Actuario de su adscripción que realice la notificación de dicho acuerdo en los términos de ley." Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento a las autoridades requeridas que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia número 2ª./J.36/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3515, Libro IV, Tomo IV, Enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vista la razón asentada por el actuario del juzgado, de la que se advierte que no pudo notificar a los terceros interesados "Puebla Monitoreo", José María Romero López y Ana Elena López Larsen, la resolución de nueve de julio de dos mil dieciocho, en atención a que hasta la fecha no han señalado domicilio en San Andrés Cholula, Puebla, o en Puebla, Puebla, para tal efecto. En consecuencia, se ordena su notificación por medio de lista, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.

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