Cristian Aguiniga Rodríguez

Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
201/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • agente del Ministerio Público titular de la unidad orgánica especializada en delitos patrimoniales, adscrito la segunda zona Tijuana, de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, ahora Fiscalía Regional
  • Cristian Aguiniga Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio enviado por la superioridad, con el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 169/2021-I de su índice, en el que se resolvió: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dos de diciembre de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico que corresponda, el dos de diciembre de dos mil veinticuatro. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio remitido por la superioridad, con el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 108/2021, en el que se resolvió: "ÚNICO. Remítanse por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Decimoquinto Circuito, al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito: escrito original de agravios y los anexos respectivos del juicio de amparo 201/2021 en copia debidamente certificada, así como testimonio autorizado de la presente resolución y demás constancias que se estimen necesarias, previa copia certificada que de las mismas se deje en autos." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguense al expediente el escrito y anexo de cuenta, mediante los cuales se pretende interponer recurso de queja en contra del auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, previo a proveer lo que en derecho corresponda, requiérase a uno de los impetrantes para que en el plazo de tres días, legalmente computado, bajo protesta de decir verdad aclare su nombre. Lo anterior, ya que de autos se advierte que aparentemente promovió el presente juicio de amparo Cristian Aguiniga Rodríguez; sin embargo, quien firma el ocurso que se atiende es Cristian Aguiñiga Rodríguez, lo que crea confusión en relación con la identidad de quien interpone el aludido medio de impugnación. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento, en el término y condiciones señalados, se tendrá por no presentado el escrito que se atiende por lo que a Cristian Aguiñiga Rodríguez, se refiere. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que aparentemente promueven Cristian Aguiniga Rodríguez y Virginia Margarita Quintero Pérez, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Orgánica Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General Regional, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales; por lo tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 201/2021-H. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo que se atiende, se advierte que carece de firma electrónica de los supuestos impetrantes, por lo que es evidente que no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el juicio de derechos fundamentales se seguirá, por regla general, a instancia de parte agraviada, según dispone el numeral 6º de la Ley de Amparo. Así, al descargar la demanda de amparo presentada en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y de la papeleta de turno, se desprende que cuenta con firma electrónica de una persona diversa a los supuestos impetrantes. Por tanto, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a ordenar que se subsane la omisión en que incurrieron los posibles quejosos, ya que la falta de su firma en la demanda que se atiende, no puede considerarse como una irregularidad de la misma en los términos previstos por el numeral 114 de la ley de la materia, pues si el escrito no colma esa exigencia, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna por parte de quien supuestamente solicita el amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, libro 65, abril de 2019, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Por tanto, se concluye que si los agraviados omitieron firmar electrónicamente el escrito inicial de demanda, el juicio de amparo resulta improcedente, pues carece de la voluntad de quienes se dicen afectados por los actos reclamados. Sin que sea óbice la firma electrónica que se advierte de la demanda que se atiende, ya que, se insiste, la misma no corresponde a quienes dicen promoverla, sino a la persona que autorizan en el escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 32/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62, enero de 2019, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En tales condiciones, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 113 del ordenamiento jurídico invocado, se desecha de plano la demanda intentada. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente -por única ocasión- en el domicilio procesal señalado en el escrito de demanda.

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