Cristhoper Leonel Sedena Sedena

Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
779/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Cristhoper Leonel Sedena Sedena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso **, en proveído de veintidós de octubre pasado, respecto a las autoridades que señaló como: Titular de la Fiscalía General de la república Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; Agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; y, Agentes del Ministerio Público de la Federación del Área de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato. Sin que hiciera manifestación alguna, consecuentemente, ante su omisión, se tiene por precluido su derecho. Además, se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte quejosa en dicho auto; por tanto, se tiene como inexistentes las citadas autoridades. En ese sentido, toda vez que de autos se advierte que el peticionario de amparo únicamente señaló como autoridades responsables a las que denominó como: "Titular de la Fiscalía General de la república Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato"; "Agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato"; y, "Agentes del Ministerio Público de la Federación del Área de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato." A las cuales les atribuyó los actos reclamados en el presente juicio constitucional, consistentes en la orden de detención o privación de la libertad, dictada en su contra y la ejecución de las anteriores determinaciones, jurídicamente no es posible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de actos emanados de las autoridades que fueron declaradas inexistentes, dado que no fueron oídas en la contienda en defensa de su actuación. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el diverso numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio constitucional, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de tesis 26/2002- PL, visible en la página 386, tomo VII, marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Los preceptos legales de la Ley de Amparo a que se hizo alusión de manera literal señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." La citada causal de improcedencia se actualiza, toda vez que el peticionario del amparo fue omiso en señalar autoridad responsable a la cual atribuirle el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no obstante de haber sido requerido para tal efecto, pues de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es su obligación señalar el nombre de la autoridad o autoridades responsables. En tal virtud, es inconcuso que este órgano de control jurisdiccional se encuentra impedido para analizar los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consistentes en la orden de detención o privación de la libertad, dictada en su contra y la ejecución de las anteriores determinaciones, pues se insiste, la ausencia de autoridad o autoridades responsables a las cuales atribuirles los actos reclamados, provoca que se actualice la causal de improcedencia en análisis; por lo que, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2°. J/205, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos puesto que no se llamó a juicio ni fue oída: por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." También resulta aplicable al caso la jurisprudencia VI.2°.J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 67, febrero de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal". Asimismo, se comparte el criterio sustentado en la tesis XXXI.1 K emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Trigésimo Primer circuito, consultable en la página 2199, tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ÁQUEL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos de Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las catorce horas con veinte minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional.

  2. Incidental

    En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública, el licenciado Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la licenciada Luz María Martínez Vega, secretaria que autoriza y da fe, la celebra en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 779/2021-II, sin la comparecencia de las partes, ni de su representante legítimo, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, la secretaria certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias A continuación, la secretaria hizo relación de las constancias que obran en autos, de las que destacan la demanda de amparo presentada por***; auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, con el que se inició la tramitación del presente incidente, y se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. Asimismo, en este momento se da cuenta con el estado de autos y la secretaria certifica: que el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno a fin de que precisara la denominación correcta de las autoridades responsables, transcurrió del veintisiete al veintinueve del citado mes y año, sin que lo hiciera. A lo que se acuerda: Visto el estado de los autos, se advierte que el veintidós de octubre de dos mil veintiuno se otorgó al quejoso un plazo de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la imposibilidad que se tuvo para emplazar a las autoridades que denominó: Titular de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; Agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; y, Agentes del Ministerio Público de la Federación del Área de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato. Sin que haya hecho manifestación alguna dentro del término concedido, acorde con la certificación de cuenta. En mérito de lo anterior, en esta etapa, se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de mérito y se ordena continuar el presente incidente sin tener como responsables a las citadas. Período probatorio. Seguidamente, se abre el período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. A lo que se provee: se tiene por omisas a las partes en aportar pruebas, con lo que se cierra este periodo. Etapa de alegatos Finalmente, se abre la etapa de alegatos, en la que la secretaria hace constar que ninguna de las partes presentó alegatos. A lo que se acuerda: se tienen por omisas a las partes en formular alegatos, con lo que se cierra este periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia; y se procede a dictar la resolución interlocutoria que corresponde: Resolución incidental V I S T O S para resolver los autos incidentales del juicio de amparo número 779/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito acordado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, **, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del titular de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, con residencia en Celaya, Guanajuato y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de detención o privación de la libertad, dictada en su contra y la ejecución de las anteriores determinaciones, que estima violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió la suspensión provisional solicitada; se pidió a la autoridad responsable su informe previo. Finalmente, la audiencia incidental inició en los términos del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados a las autoridades responsables son: La orden de detención o privación de la libertad, dictada en su contra, así como la ejecución de las anteriores determinaciones). SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. En audiencia se hizo efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa respecto de la imposibilidad de la actuaria de la adscripción para llamar a las autoridades responsables que la parte quejosa señaló como: Titular de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; Agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; y, Agentes del Ministerio Público de la Federación del Área de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato. Por ende, se declara la inexistencia tanto de los actos como de las autoridades responsables, en términos de la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 52, tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Lo anterior, sin que el quejoso desvirtuara con medio de convicción alguno dicha negativa; en consecuencia, procede negar la medida cautelar solicitada, por falta de materia sobre la cual decretarla. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. Se niega la suspensión definitiva a **, respecto de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando único del presente fallo.

  3. Incidental

    Visto el estado de los autos, se advierte que por acuerdo de veintidós de octubre del presente año, se dio vista a la parte quejosa respecto de la inexistencia de las autoridades que señaló como: "Titular de la Fiscalía General de la república Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; Agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; y, Agentes del Ministerio Público de la Federación del Área de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, Celaya, Guanajuato." Motivo por el cual, el plazo de tres días otorgado en dicho proveído a fin de que aclare su denominación correcta, no ha transcurrido. Consecuentemente, la audiencia incidental programada para el día de hoy se difiere y se señalan las trece horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para su desahogo.

  4. Principal

    Vista la constancia asentada por la actuaria de la adscripción, se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios 11675/2021, 11676/2021 y 11677/2021, dirigidos a las autoridades responsables que la parte quejosa señaló en su escrito inicial de demanda como: Titular de la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; Agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato; y, Agentes del Ministerio Público de la Federación del Área de Investigación adscritos a la Fiscalía General de la República Delegación Celaya, en Celaya, Guanajuato. Toda vez que al constituirse legalmente en las oficinas que ocupa la Delegación de la Fiscalía General de la República Sub-sede Celaya, Guanajuato, personal de esa dependencia le informó, que las autoridades citadas no se encuentran correctamente dirigidas, negándose a recibir los oficios relativos. Por tanto, dese vista a la parte quejosa a fin de que en el término de tres días manifieste lo relativo a la denominación correcta de las citadas autoridades, en el entendido que de no hacerlo una vez transcurrido dicho plazo, o bien si proporciona otra denominación incorrecta, se tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y no será tomada en cuenta al momento de resolver el presente asunto. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió."

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