Cristhian Rosby Coutiño Coutiño y Otros.

Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
590/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Cristhian Rosby Coutiño Coutiño y Otros.
  • Cristhian Rosby Coutiño Coutiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 18, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le permita, en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de agosto del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se declaró que la misma causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que dieran cumplimiento al fallo constitucional.  El Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por oficio registrado con folio 12431, de cuatro de agosto del año en curso, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo.  Luego, el cinco de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; la cual fue desahogada por el quejoso en proveído de dieciséis de agosto del año que transcurre.  Por resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós se determinó que la autoridad responsable 1. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se le requirió nuevamente su cumplimiento.  En atención a lo anterior, el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, por oficio registrado con folio 13722 de diecinueve de agosto pasado, exhibió la documental con la cual argumentó que acató en su totalidad la sentencia constitucional.  Por ello, el veinticuatro agosto antes citado, nuevamente se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable responsable 1. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Dé contestación congruente y por escrito, a la solicitud formulada por la parte quejosa en el ocurso presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, y, b) Haga de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dicho escrito". TERCERO. Análisis de cumplimiento. Previamente debe exponerse que por resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional examinó las actuaciones realizadas por la autoridad responsable 1. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, y determinó que observaron los efectos para los cuales se concedió la medida protectora, toda vez que respectivamente dieron respuesta a la solicitud presentada por el quejoso ante su potestad, el dieciséis de agosto del año en curso, y le dieron a conocer su determinación. No obstante ello, este órgano de control constitucional concluyó que la diversa autoridad responsable 1. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, no acató la ejecutoria de amparo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, toda vez que este órgano constitucional estima que dicha respuesta emitida por la autoridad responsable, no resulta ser congruente, ello en razón a que la citada autoridad únicamente se limitó a decir que no era dable acceder a la reintegración de los salarios que solicitó, en virtud de que no existe obligación de la Institución a pagar salarios, que no han sido devengados, por no existir ninguna relación laboral con el aquí quejoso, sin que dicha respuesta resulte congruente en el caso concreto.: Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, a efecto de verificar si la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia constitucional, se estima oportuno traer a colación que, en el escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós ante la responsable 1. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, el quejoso medularmente expuso: "(.)Como es de su conocimiento, el suscrito ingrese a laborar al Instituto de Salud el 01 de julio de 2009, en una plaza federalizada provisional, con el puesto de Mictoscopista para el diagnóstico del paludismo, clave de C.R:0700110100, centro de responsabilidad. Laboratorio estatal de salud pública, con una duración de jornada de trabajo de 8 horas, según consta en nombramiento de fecha 16 de julio de 2013, expedido por la C.P. *** Directora de Administración y Finanzas. Quien suscribe, desempeñe siempre mi trabajo de forma responsable y eficiente desde la fecha que inicie la relación laboral con el Instituto de Salud, estando por una temporalidad comisionado por mi Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Comité Ejecutivo Seccional, No. 49, encargo que realice también con responsabilidad y en ejercicio de mis derechos sindicales de representación que conceden la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Es el caso que, desde el mes de marzo del año 2020, sin ninguna justificación legal el Instituto de Salud suspendió el pago de mis salarios, aparentemente por el hecho del que, al terminar mi comisión sindical, fui enviado a una sede para realizar mis funciones, sin embargo, en dicha sede, no aceptaron mi incorporación, ello debido, supuestamente a que, no necesitaban más personal. Desde la fecha referida, he estado gestionando una solución a mi situación, incluso mi representación sindical ha intervenido, solicitando mi reincorporación y el pago de mis salarios, los que indebidamente y sin motivación legal han sido retenidos, sin embargo, la subdirección que usted dirige, ha sido omisa, al no otorgar respuesta al oficio número *** de fecha 19 de enero de 2021, recibido por la subdirección a su cargo en esa misma data, oficio emitido por el Lic. José Luis Jiménez Hernández, Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional No. 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, mediante el cual solicita la reincorporación laboral del suscrito. Reitero, el suscrito he realizado diversas gestiones, que han sido entorpecidas también por la pandemia que actualmente todavía persiste, sin embargo nunca he recibido por parte del Instituto de Salud y sobre todo de su subdirección una respuesta fundada y motivada que justifique la violación a mis derechos laborales. Es claro que me han sido vulnerados mis derechos laborales, derechos que deben ser garantizados por el Estado Mexicano y que incluso son vinculantes a este, ya que son derechos que se encuentran consagrados en documentos internacionales de protección a derechos sociales que han sido ratificados por nuestro país. (sic)". En respuesta al libelo antes descrito, la autoridad responsable 1. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en acatamiento al fallo protector, dio contestación en los siguientes términos: "[.] Es improcedente pagarle salarios que por su dicho se le adeudan a partir del mes de marzo del año 2020 a la presente fecha, lo anterior en virtud de que no prestó sus servicios a esta Institución a partir del mes de enero del 2020, y en los términos del Artículo 42 capítulo VI de los Salarios, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que establece que "El Sueldo o Salario constituye el sueldo total la retribución total que debe pagarse al Trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones establecidas, reforzándolo con el artículo 32, Capitulo III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece lo siguiente: "El sueldo o salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto, constituye el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas", y la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas, es así que al no haber realizado trabajo alguno en favor del Instituto de Salud, no se fundamenta legalmente el pago de salario hacia su persona, además de ser susceptible de observaciones por los distintos órganos de fiscalización la erogación indebida de esos recursos financieros, que resultaría en una falta administrativa grave en apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, ocasionando sanciones hacia el servidor público responsable". Asimismo, y toda vez que quedó asentado el razonamiento de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, recaído al oficio número IS/DAF/SRH/DRU5003/12262/2022, de esa misma fecha quedó demostrado que el quejoso no habita en el domicilio que dejó asentado en su escrito de cuenta. Sin que obste, que la autoridad responsable no le haya notificado a la parte quejosa en su domicilio, toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento del ocurso de referencia al notificarle el proveído de veinticuatro de agosto pasado, con el que se le dio vista con las constancias que la responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se corrobora con el acuse de generación de notificación del portal de servicios en línea del poder judicial de la federación, de treinta de agosto del presente año. Sin que pase inadvertido que la concesión de amparo se otorgó para que las responsables emitieran respuesta congruente a la petición de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a las autoridades a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud. Por ende, con las actuaciones reseñadas en la presente determinación, se restituyó a la parte quejosa en la transgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8 de la Constitución Federal, que generó la concesión de amparo, sin que la controversia sobre la legalidad de lo ahí determinado, formara parte de la litis constitucional. Por lo expuesto con antelación y en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud e Instituto de Salud en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y anexo, por el cual, remite la misiva *** de diecinueve de agosto del año en curso, en el que le da contestación al escrito de veintidós de marzo del año en curso presentado por la parte quejosa, asimismo, manifiesta su imposibilidad para notificarle el contenido de la citada misiva; con lo que aduce ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA DE CUMPLIMIENTO Por tanto, en términos de lo dispuesto por el numeral 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, con el comunicado de cuenta, y anexo, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que la autoridad responsable refiere haber dado a la ejecutoria en cita; en el entendido que transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, emitirá la resolución correspondiente. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Sin que obste a lo anterior, el hecho que la responsable no haya remitido la constancia de notificación del comunicado ***, realizada a la parte quejosa, no obstante, dicha constancia será hecha del conocimiento de la parte quejosa al momento de notificarse del presente acuerdo, por conducto del fedatario de la adscripción; ello, con la finalidad de dar celeridad al procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. Resulta aplicable por identidad jurídica, la tesis: 2a./J. 16/993, sustentada por sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO." Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de cinco de agosto del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se declaró que la misma causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional.  El Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por oficio registrado con folio 12431, de cuatro de agosto del año en curso, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo.  Luego, el cinco de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; la cual fue desahogada por el quejoso en proveído de dieciséis de agosto del año que transcurre, como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable responsable 1. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Dé contestación congruente y por escrito, a la solicitud formulada por la parte quejosa en el ocurso presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, y, b) Haga de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dicho escrito". TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en relación al cumplimiento dado al efecto indicado en el inciso a), mediante oficio *** de uno de agosto del año en curso, el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, se pronunció sobre el escrito antes descrito, que recibió el veintidós de marzo del presente año, en el que le informó al quejoso ***, lo siguiente: "Que no es dable acceder a la reintegración de los salarios que solicita en su misiva de cuenta, en virtud de que no existe obligación de la Institución a pagar salarios, que no han sido devengados, por no existir ninguna relación laboral con usted." Asimismo, la responsable ordenó notificar en el domicilio del citado quejoso el oficio de referencia, sin lograr la misma por las razones que expuso en su razón de tres de agosto del presente año, de igual manera lo envió vía correo electrónico salazar08021992@gmail.com, el cual señalo en su libelo presentado. Sin que obste, que la autoridad responsable no le haya notificado a la parte quejosa en su domicilio, toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento del oscurso de referencia al notificarle el proveído de cinco de agosto del año en curso, con el que se le dio vista con las constancias que la responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se corrobora con el acuse de generación de notificación del portal de servicios en línea del poder judicial de la federación, de once de agosto de dos mil veintidós. Resulta aplicable, tesis: 2a./J. 16/99, sustentada por sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO." Atento a lo anterior, este órgano constitucional estima que dicha respuesta emitida por la autoridad responsable, no resulta ser congruente, ello en razón a que la citada autoridad únicamente se limitó a decir que no era dable acceder a la reintegración de los salarios que solicitó, en virtud de que no existe obligación de la Institución a pagar salarios, que no han sido devengados, por no existir ninguna relación laboral con el aquí quejoso, sin que dicha respuesta resulte congruente en el caso concreto; toda vez que en el escrito presentado ante la responsable el veintidós de marzo de dos mil veintidós, solicitó lo siguiente: "(.)Como es de su conocimiento, el suscrito ingrese a laborar al Instituto de Salud el 01 de julio de 2009, en una plaza federalizada provisional, con el puesto de Mictoscopista para el diagnóstico del paludismo, clave de ***, centro de responsabilidad. Laboratorio estatal de salud pública, con una duración de jornada de trabajo de 8 horas, según consta en nombramiento de fecha 16 de julio de 2013, expedido por la C.P. ***, Directora de Administración y Finanzas. Quien suscribe, desempeñe siempre mi trabajo de forma responsable y eficiente desde la fecha que inicie la relación laboral con el Instituto de Salud, estando por una temporalidad comisionado por mi Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Comité Ejecutivo Seccional, No. 49, encargo que realice también con responsabilidad y en ejercicio de mis derechos sindicales de representación que conceden la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Es el caso que, desde el mes de marzo del año 2020, sin ninguna justificación legal el Instituto de Salud suspendió el pago de mis salarios, aparentemente por el hecho del que, al terminar mi comisión sindical, fui enviado a una sede para realizar mis funciones, sin embargo, en dicha sede, no aceptaron mi incorporación, ello debido, supuestamente a que, no necesitaban más personal. Desde la fecha referida, he estado gestionando una solución a mi situación, incluso mi representación sindical ha intervenido, solicitando mi reincorporación y el pago de mis salarios, los que indebidamente y sin motivación legal han sido retenidos, sin embargo, la subdirección que usted dirige, ha sido omisa, al no otorgar respuesta al oficio número *** de fecha 19 de enero de 2021, recibido por la subdirección a su cargo en esa misma data, oficio emitido por el Lic. José Luis Jiménez Hernández, Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional No. 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, mediante el cual solicita la reincorporación laboral del suscrito. Reitero, el suscrito he realizado diversas gestiones, que han sido entorpecidas también por la pandemia que actualmente todavia persiste, sin embargo nunca he recibido por parte del Instituto de Salud y sobre todo de su subdirección una respuesta fundada y motivada que justifique la violación a mis derechos laborales. Es claro que me han sido vulnerados mis derechos laborales, derechos que deben ser garantizados por el Estado Mexicano y que incluso son vinculantes a este, ya que son derechos que se encuentran consagrados en documentos internacionales de protección a derechos sociales que han sido ratificados por nuestro país. (sic) En ese sentido, si la observancia al derecho de petición implica que: ? La autoridad responsable debe emitir una respuesta, esto es, un escrito que atienda favorable o desfavorablemente la petición. ? Esa respuesta debe ser congruente, es decir, tener coherencia o relación lógica entre lo que se pide y lo que la autoridad comunica por escrito. Por cuanto al primer elemento, cabe precisar que no cualquier escrito que se exhiba en el juicio de amparo puede considerarse como una respuesta congruente, sino únicamente aquel que resuelva de fondo lo solicitado. De lo anterior, se advierte que la responsable dio una respuesta vaga y parcial, a lo solicitado por el aquí quejoso; es decir, dicha respuesta no fue coherente con lo peticionado en el escrito de referencia y lo que la autoridad le comunicó con dicha contestación, no atendió a los elementos establecidos por el artículo 8° Constitucional, reiterados por la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, que se establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Por lo anterior, debe decirse que la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta parcial o vaga, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, pues de otro modo existirá retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. En consecuencia, se hace patente que la respuesta dada por la autoridad responsable, no satisface los requisitos exigidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concluyó vulnerado en la sentencia de amparo. CUARTO. Manifestaciones: En proveído de dieciséis de agosto del año en curso, se recibió el escrito signado por el quejoso ***, en lo que medularmente manifiesta que la respuesta dada por parte de la autoridad responsable es vaga, nada congruente y falta de fundamentación y motivación. En atención a las manifestaciones expuestas, dígasele a la parte quejosa, que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes de la presente determinación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente a fin de que se dé cumplimiento íntegro a la ejecutoria de amparo. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dado que la simple contestación al quejoso sin los requisitos constitucionales exigidos, como la congruencia entre lo pedido y la respuesta, que deriva en falta de fundamentación y motivación, no colma los efectos del fallo protector. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria en comento, en los términos que enseguida se exponen: "(.) a) Dé contestación congruente y por escrito, a la solicitud formulada por la parte quejosa en el ocurso presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, y, b) Haga de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dicho escrito. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba acceder a la petición de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a la autoridad a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud. (.)" Cabe precisar que si bien la responsable no está vinculada a responder favorablemente a los intereses del solicitante; sin embargo, ello no le eximió de dar contestación a la petición que les fue planteada, en la que se cumpla con el derecho fundamental de petición, en el sentido de que la respuesta debe ser exhaustiva, congruente, fundada y motivada. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de Cien Unidades de Medida y Actualización, acorde a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite de inejecución. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese.

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