Cristhian Muñoz Cruz
Expediente 437/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Cristhian Muñoz Cruz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, a través del cual, se le tiene ampliando su demanda de amparo, señalando nuevo acto reclamado, autoridad y conceptos de violación. Ahora bien, es pertinente señalar que de conformidad con los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, tal figura jurídica únicamente procede cumpliendo ciertos requisitos: a) Que se realice antes de que el Juez fije la litis constitucional, derivada de los informes rendidos por las autoridades responsables; b) Que su presentación se efectúe dentro del plazo que rige a la primigenia demanda; c) Con independencia de lo anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, pudiendo presentarse dentro de los plazos que establece el artículo 17 de la citada ley; que de los informes rendidos se fundamente o motive el acto reclamado (tratándose de actos materialmente administrativos) o aparezca una autoridad distinta a la que lo emitió, ejecutó u omita el acto; y, d) Que no haya sido celebrada la audiencia constitucional. Pudiendo recaer la ampliación sobre los actos, autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Al caso, es aplicable en lo que interesa, la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Página 12, Materia Común, que establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Una vez asentado lo anterior, en el presente caso de la lectura al escrito de ampliación de demanda, se advierte que el accionante de amparo amplía su demanda por cuanto al acto consistente en el Acuerdo **, de cinco de julio de dos mil dieciséis, por cuanto hace a la autoridad denominada Integrantes del Comité de Transparencia de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, así como los conceptos de violación a que hace referencia. Luego, toda vez que refiere haber tenido conocimiento de dicho acto el veinte de febrero de dos mil diecisiete, esto es, al haberse impuesto de los informes justificados de las autoridades responsables Titular de la Unidad de Transparencia y Subgerente de Atención y Seguimiento, ambos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, aunado a que no se encuentra celebrada la audiencia constitucional en este juicio; en ese sentido, y en base a lo establecido en el numeral 111 de la ley de la materia, es dable concluir que se surten las hipótesis contenidas en la jurisprudencia y ordinal anteriormente señalados, en virtud de que señala un nuevo acto reclamad, que guarda estrecha relación con los inicialmente planteados, argumentando diversos conceptos de violación, sin que haya transcurrido el plazo para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto del acto, conceptos de violación y autoridad que esgrime en el escrito de ampliación planteado en autos. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, se ordena la apertura del incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibidas para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Hágase del conocimiento de las partes que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, córraseles traslado con copia del escrito de ampliación para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones a que hace referencia, pruebas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.
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