Cristhian Jesús Cortés Gaspar

Expediente 132/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
132/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • Cristhian Jesús Cortés Gaspar

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, uno de abril de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, para que practique la notificación del presente proveído. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para que a su vez, lo haga del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la salida y regreso del Actuario comisionado para practicar la diligencia de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso donde guarda reclusión. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Nrm * PJAS

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Cristhian Jesús Cortés Gaspar, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 132/2019. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados, en: a) El concederme la libertad condicionada con monitoreo, modalidad que me causa agravio dentro del expediente SIPE 441/2014. Precisado lo anterior, contra el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el citado artículo contiene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual procede contra actos que no admiten recurso o medio de defensa ordinario alguno o que, procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. Así las cosas, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a este procedimiento se deben agotar los recursos que prevé la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. En el presente caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el concederle la libertad condicionada con monitoreo electrónico, modalidad que le causa agravio, dentro del expediente SIPE 441/2014. Sin embargo, es necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad jurisdiccional en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, con motivo de lo dispuesto en los artículos 131 y 132 fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." (.) Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración del recurso de apelación, que deberá agotarse dentro del expediente antes citado, antes de acudir al juicio de amparo. Por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Así como el criterio aislado siguiente: "LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE DICHO BENEFICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I, DE LA PROPIA LEY, AL NO ACTUALIZARSE ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado el acuerdo por el que un Juez de Ejecución de Sanciones Penales desechó de plano la solicitud de libertad anticipada, planteada por un sentenciado, en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por no agotar el principio de definitividad, esa actuación es legal, porque de conformidad con el artículo 132, fracción I, de la ley citada, debe agotarse el recurso de apelación, en razón de que se trata de un acto de carácter intraprocesal y no queda comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial la señalada en la parte final del su inciso b) -que se refiere a que el acto afecte la libertad personal del quejoso- pues, en el caso, el solicitante del beneficio preliberacional no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal; por tanto, debe agotar dicho recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad." En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 en relación con el 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 3. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Tomado en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y notifique al quejoso el presente auto. En la inteligencia de que si el actuario comisionado no lograre notificar al quejoso el día establecido, contará con dos días posteriores para lograr lo encomendado. En el entendido que la salida y regreso del actuario deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para que a su vez, lo informe a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la salida y regreso del actuario comisionado para practicar la diligencia de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. 4. REPRESENTANTE ESPECIAL. Por otra parte, dado que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no designó autorizado alguno para recibir notificaciones; en esa virtud, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designarle un asesor o defensor público, según sea el caso, que lo asista por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda 5. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso Cristhian Jesús Cortés Gaspar, en el lugar donde guarda reclusión. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

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