Cristhian Emmanuel Gomez Diaz

Expediente 796/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
796/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Cristhian Emmanuel Gomez Diaz
  • Agente del Ministerio Publico Que Integro la Carpeta de Investigacion Numero Fe/Uecs/2/183/2020

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase al Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec Morelos los anexos que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de junio de dos mil veintidós Visto el estado de los autos, se advierte que el tercero interesado E.G.R, no dio cumplimiento al requerimiento de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que señalará un domicilio dentro de la residencia de este Juzgado Federal, para los efectos de oír y recibir notificaciones; sin que a la fecha haya dado cumplimiento al mismo, razón por la cual, se hace efectivo dicho apercibimiento; por lo que, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO E.G.R. POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE LA RESOLUCIÓN DE FECHA OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer as esta autoridad federal, Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Juez de Primera Instancia, de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones y Agente del Ministerio Público responsable de la integración de la carpeta de investigación FE/UECS/183/2020. Acto reclamado: ".la formulación de imputación, e imposición de la medida cautelar relativa a la prisión preventiva que nos fue impuesta el fecha diez del mes de septiembre del año dos mil veinte, y la vinculación a proceso de fecha catorce del mes de septiembre del año dos mil veinte, dentro de la causa penal donde emana el acto reclamado". SEGUNDO. El dos de octubre de dos mil veinte, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 796/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo al tercero interesado, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La diligencia de formulación de imputación, medida cautelar de prisión preventiva de diez de septiembre de dos mil veinte y el auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión de catorce septiembre siguiente en la causa penal JC/1004/2020. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Juez de Primera Instancia, de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones y Agente del Ministerio Público responsable de la integración de la carpeta de investigación FE/UECS/183/2020, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitieron como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación FE/UECS/183/2020, y causa penal JC/1004/2020 y disco compacto DVD, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente:"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Respecto del disco versátil digital (DVD) remitido por la aludida autoridad responsable, igualmente se tiene por desahogada por tratarse de videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral, que adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública. Es de invocarse al caso, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada a página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, para su rápida localización, con Registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Previo al estudio de los conceptos de violación, es oportuno hacer una breve relación de los antecedentes más relevantes, que se desprenden de constancias, a saber: 1.- Por auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, señaló las trece horas con treinta minutos de esa data, para resolver la petición de orden de aprehensión y de cateo solicitadas en contra de Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, por el delito de extorsión, las cuales libró en esa misma fecha. 2.- Por oficio de registro nacional de detención MS/FC/007/10092020/0002, los agentes policiacos Cesar García Ayala y Miguel Ángel Flores Martínez, recibido por la Administración de Salas de Control, Juicios Orales, Ejecución de Sanciones, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el diez de septiembre de dos mil veinte, a las dos horas con veintitrés minutos, ponen a disposición a Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, interno en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, en cumplimiento a la orden de aprehensión 3.- En acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal JC/1004/2020, el juez responsable, señaló las once horas con treinta minutos del diez de septiembre de dos mil veinte, a efecto de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso.3.- En audiencia inicial, llevada a cabo el diez de septiembre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público formuló imputación, y el aquí quejoso solicitó se resolviera su situación jurídica dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, se pronunció sobre la medida cautelar de prisión preventiva por lo que señaló fecha y hora para la audiencia de vinculación a proceso.4.- El catorce de septiembre de dos mil veinte, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, por el delito de extorsión previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima de iniciales E.G.R.Tales determinaciones de imputación, medida cautelar de prisión preventiva y vinculación a proceso las que se controvierten en esta vía constitucional. Suplencia de la queja. El asunto es de naturaleza penal, pues se reclama la determinación del Juez de Primera Instancia de Control que desahogó la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares en una causa penal y el quejoso tiene el carácter de imputado; por tanto, por disposición del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja deficiente, si fuere el caso. Esta disposición establece la figura de la suplencia de la queja deficiente, en materia penal tratándose del inculpado o sentenciado aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; además, esta norma precisa que en todas las materias, incluida la penal, sólo debe expresarse dicha institución jurídica en la sentencia, cuando derive de un beneficio y no así de manera oficiosa. En ese sentido, en los asuntos resueltos bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual debe expresarse la suplencia de la queja, únicamente cuando reporte un beneficio al promovente. En el entendido que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja no necesariamente implica que ese análisis no procede o que no se haya hecho, simplemente que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso respecto de cuestiones que éste no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso. Aunado a lo anterior, el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo que tampoco se obtendría un resultado favorable, a partir del estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones fueron expuestas en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada el siete de julio de dos mil diecisiete, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, registro 2014703, contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." La parte quejosa esgrime en sus conceptos de violación que la autoridad responsable trasgrede los principios de objetividad, lealtad, de inocencia, congruencia, así como de certeza y seguridad jurídica, que en ningún momento la representación social precisa los requisitos de fondo como son el hecho que le atribuye, la calificación jurídica, el modo de intervención y forma de intervención por lo que fue dejado en estado de indefensión, consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales. Ahora bien, este juzgador determina que son infundados los conceptos de violación impetrado por el quejoso, sin que se advierta motivo para suplir en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se expondrán más adelante. Ahora bien, el quejoso citó el artículo 1° de la Constitución; y aunque no formula conceptos de violación respecto de dicho artículo; se hace la precisión que el principio pro persona contemplado en ese artículo, implica que no necesariamente las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Así, resulta pertinente destacar que en el caso, no hubo transgresión a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna; no obstante que en sus conceptos de violación señaló que se habían violado los derechos fundamentales contenidos en dichos numerales, razón por la cual este Juzgador procede a su análisis. En este orden de ideas, del análisis a la resolución combatida se advierte que no se contravino el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de las constancias de autos se constata que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, en efecto, de la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veinte, se advierte: Que la formulación de imputación hecha por el Ministerio Público se realizó con las formalidades y requisitos legales que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que por los mismos hechos la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso. Ahora bien, respecto a la formulación de imputación, en lo que aquí concierne, de la lectura de los numerales 311 al 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que una vez que el interesado esté en presencia de la autoridad judicial, ya sea por haberse ordenado su comparecencia, ejecutado una orden de aprehensión, como es el caso, se deberá verificar que aquél conoce sus derechos o, en su caso después de habérselos dado a conocer y satisfecho lo anterior, se dará el uso de la voz al Ministerio Público para que, de estimarlo procedente, formule imputación, la cual consiste en una comunicación formal que el mencionado representante social efectúa al justiciable en presencia del Juez de Control, en el sentido de que lleva a cabo una investigación en su contra, en torno a uno o más hechos que la ley señala como delito. Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público." De acuerdo con lo previsto en el indicado precepto, en esa exposición verbal el Ministerio Público tiene la obligación de precisarle al imputado el hecho concreto que le atribuye, su clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que estima se actualiza, así como el nombre de sus acusadores. Formalidades que a consideración de quien resuelve se encuentran satisfechas, según se advierte de la audiencia de formulación de imputación de diez de septiembre de dos mil veinte (disco DVD anexo), relativa a la causa penal JC/1004/2020, de ahí que esta no trastoque la esfera jurídica del quejoso. En efecto, en el caso en concreto, del video allegado por la autoridad responsable anexo a su informe justificado, que contiene la audiencia inicial llevada a cabo el diez de septiembre de dos mil veinte, se advierte que la representación social formuló imputación en contra del aquí quejoso Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, haciéndole de su conocimiento que se está llevando a cabo una investigación en su contra por el delito de extorsión, en agravio de la víctima de iniciales E.G.R., ilícito previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal para el Estado de Morelos, en relación a los hechos precisó que la víctima quien se desempeña como secretario académico de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien cuanta con el número telefónico 7771612300, de la marca Telcel, que el día diecinueve de junio de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas con veinticuatro minutos, recibe diversos mensajes vía WhatsApp y en otras datas, a su número personal 7771612300, provenientes dichos mensajes del número telefónico 6675076235, con IMEI 864013031485327, en los cuales le dicen entre otras cosas -hola muy buen día doctor tómelo con calma lo que voy a decir mire me presento mi nombre es Alejandro el apellido está por demás y mi apodo es el payaso actualmente formo parte de una célula delictiva mejor conocida por sus iniciales como cartel de Jalisco nueva generación y el sueño de dos familias allegadas a mi es que han decidido que sus hijos estudien medicina pero sabemos lo difícil que es estar adentro de sus instalaciones por eso doctor Ernesto al ponernos a investigarlo a usted y a su familia y a cada paso que da incluso hasta con que mano toma los cubiertos me atrevo a proponerle lo siguiente ya que es muy amigo de la brasileña y vemos factible que es para usted ayudarnos tiene dos opciones solo dos doctor no una no dos no tres solo dos una es que por este medio le pase copia de las fichas de las personas que son las que quieren ingresar y usted me garantice su pase pasen o no pasen su chingado examen que les aplica o dos usted y toda su familia me van a conocer personalmente tranquilo nadie se va a enterar no vamos a perjudicar su trabajo le doy mi palabra solo lo sabremos usted y yo y las listas donde se ponga el nombre de mis candidatos son dos personas tiene tres días para decidirlo y si no me cree solo atrévase a bloquearme o a pensar que esto es un juego y empezare a mandar a mi gente para dejarlo en claro el mensaje yo a usted le deposito veinte mil pesos por cada persona que me ayude a meter a la escuela de medicina o sea los cuarenta mil pesos más fáciles de su vida pero si se niega a hacerlo aténgase a las consecuencias solo me interesa que entren si a usted se le ocurre la grandiosa idea de cambiar su número o bloquearme por este medio o demás está muerto recibiendo posteriormente la víctima una imagen con una arma de fuego con un papel escrito en tinta en el cual aparece su nombre de la víctima con fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte así como diversos mensajes los cuales continúan la coacción hacia la víctima durante los días diecinueve, veinte, veintidós, veintitrés, veintiocho, veintinueve, treinta de junio, diez y veintiuno de julio, doce, veinticuatro, veinticinco, veintinueve treinta y uno de agosto, uno, dos, seis de septiembre de este año dos mil veinte, en los cuales el sujeto activo hace coacción hacia la víctima e efecto de que ingresen dos personas a la Facultad de Medicina o que de lo contrario se atuviera a las consecuencias de causarle un daño a su integridad física es así que el día veinticuatro de agosto del año dos mil veinte el sujeto activo envía a través de la línea 6675076235 con número de IMEI 864013031485327 a la víctima vía WhatsApp al número ya proporcionado diversos mensajes en los cuales se aprecian incluso armas de fuego siendo una de ellas un arma larga en color negra una segunda una pistola escuadra color negra con cachas en color blanco diversos cartuchos sobre una loseta blanco y un papel en color blanco escrito con tinta la siguiente leyenda "Ernesto lunes veinticuatro de agosto de dos mil veinte" por otra parte el día nueve de septiembre del año dos mil veinte siendo aproximadamente las veintidós veinte horas cuando los agentes de la policía investigación criminal adscritos a la Fiscalía especializada en combate al secuestro y extorsión se encontraban realizado el desahogo de la diligencia de cateo obsequiada bajo la causa penal JC/1004/2020 precisamente en el domicilio ubicado en la Avenida Palmira número cien edificio diez departamento treinta y uno de la colonia Palmira de Cuernavaca, Morelos es visualizado precisamente usted Christian Manuel Gómez Díaz y se da cumplimiento al mandato judicial en su contra siendo precisamente asegurado a las veintidós veinticinco horas localizándole en su poder y dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata el equipo telefónico de la marca Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI precisamente 864013031485327 siendo este equipo telefónico al cual se encuentra asociada la línea 6675076235 utilizada para realizar los mensajes extorsivos a la víctima de iniciales. con el propósito de que ingresen dos personas aspirantes a la Facultad de Medicina o que de lo contrario causaría daño a la propia víctima y a su familia su grado de participación el que se le atribuye por parte de esta representación social lo es precisamente el de autor material se encuentra previsto en el artículo 18 fracción I la conducta que desplego usted a través de este hecho lo es evidentemente de acción dolosa prevista en el artículo 15 párrafo primero y el artículo 16 fracción III las personas que deponen en su contra lo son precisamente la víctima.. y los agentes aprehensores es cuanto por la formulación.- De lo anterior, se desprende que la autoridad ministerial cumplió con los requisitos formales previstos por el ordinal 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al expresar el delito que le imputa al ahora quejoso -extorsión previsto en el artículo 146 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos-, el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, es así ya que preciso que el día diecinueve de junio de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas con catorce minutos la víctima recibe mensajes extorsivos vía WhatsApp y posteriores datas, a su número telefónico 7771612300 provenientes del número de teléfono 6675076235, con IMEI 864013031485327, con el propósito coaccionarlo para ingresar a dos personas a la Facultad de Medicina, que de no hacerlo con causarle daño a su persona y familiares incluso la muerte, que al desahogar la orden de cateo concedida por autoridad judicial el día nueve de septiembre de dos mil veinte a las veintidós horas con veinticinco minutos, en el domicilio ubicado en avenida Palmira número cien edificio diez departamento treinta y uno de la colonia Palmira de Cuernavaca, Morelos es cumplimentada la orden de aprehensión librada contra Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, localizando en su poder el equipo telefónico de la marca Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI 864013031485327 siendo este equipo telefónico al cual se encuentra asociada la línea 6675076235 utilizada para realizar los mensajes extorsivos a la víctima, determinando que la participación del imputado ahora quejoso es en calidad de autor material, en términos del artículo 18 fracción I, dolosa artículo 15 párrafo primero, 16, fracción XIII, todos del Código penal del Estado de Morelos, asimismo, hizo del conocimiento al ahora quejoso las personas que deponen en su contra, víctima y aprehensores; de ahí lo infundado del concepto de violación hecho valer. Seguido se le dio oportunidad al imputado de declarar y externó su negativa de hacerlo. El Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo, le hizo saber al imputado y a su defensa los datos de prueba que existen en su contra, con lo que se observó la jurisprudencia 120/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 120/2017 (10a.), Registro 2015704, del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 392, que dice: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar". Posterior a la reseña de los antecedentes de prueba expresados por la Agente del Ministerio Público la Juez de control explicó al imputado los momentos en los cuales podía resolverse su situación jurídica, en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales y preguntó al imputado si su deseo era que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia o en diversa dentro del plazo de setenta y dos horas o dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, a lo cual después de consultarlo con su defensa el imputado solicitó el plazo ampliado. También se aprecia que el juez de control que presidió la audiencia de formulación de imputación es el mismo que resolvió la vinculación a proceso. De igual forma, se advierte que se respetaron los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, estuvo asistido por un defensor permitiéndosele aportar datos y medios de prueba antes de que se resolviera su situación jurídica. También, debe decirse que conforme a la grabación que contiene la continuación de la audiencia inicial, en la parte que la Juez responsable emite el auto de vinculación a proceso reclamado, se aprecia que acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 de la Ley Fundamental y si bien el artículo citado prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no es necesario que la determinación del Juez de control en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto en tratándose de una determinación emitida al resolver la vinculación a proceso de un imputado a que se refiere el arábigo 19 constitucional deba plasmarse por escrito, sino lo relevante es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa; lo que en el particular acontece. Por tal razón, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Razón por la que se estima correcta la actuación de la responsable en el aspecto de no emitir una resolución escrita del auto combatido, sino únicamente la videograbación de la audiencia, sobre cuyo análisis versará esta resolución. Fundamenta lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación 1ª/J.34/2017 (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).". Así, el auto de vinculación combatido se encuentra debidamente fundado y motivado, al invocarse los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, particularmente los que contienen la descripción típica del hecho considerado delito por la ley atribuido al peticionario de amparo, siendo éste el delito de extorsión previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal del Estado de Morelos; refiriendo los motivos que la condujeron a estimar idóneos algunos de los datos de prueba aportados; exponiendo además las causas, motivos o razones que tuvo en consideración para concluir que se encontraban demostrados los elementos del hecho delictivo anteriormente indicado que se atribuyó al accionante del amparo así como la probabilidad de su responsabilidad en la comisión del mismo; advirtiendo este juzgador que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, concluyendo que tampoco existe violación al artículo 16 de la Constitución. Ello, en atención a la jurisprudencia con registro 394216, identificada con el número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Así también, este Juzgador estima que la Juez de control, al emitir el auto de vinculación a proceso no vulneró en perjuicio de Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, las garantías contenidas en el numeral 19 de la Ley Fundamental, al advertirse, que existen datos y medios de prueba suficientes, para establecer razonablemente que se ha cometido un hecho determinado que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. En efecto, se estima que el auto de vinculación combatido, es legal, porque basó su resolución en las reglas de valoración de los datos de prueba establecidos en los artículos 261, 263, 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que las referencias formuladas al juzgador del contenido de los datos de prueba aún no desahogados ante la presencia de éste, y de los medios de prueba debidamente valorados como acertadamente lo estimó la responsable, se advirtieron idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer razonadamente la existencia del hecho delictuoso, así como demostrada la probable participación del imputado, conduciendo al conocimiento que existe la probabilidad de que se perpetró el hecho considerado como delito de extorsión ya que se acreditó con el rigor probatorio que dispone el numeral 19 Constitucional, que una persona ejerció coacción sin importar el medio ilícito sobre otro sujeto para que éste hiciera algo. Ello es así al acreditarse en el sumario que el día diecinueve de junio de dos mil veinte, la víctima recibió mensajes extorsivos vía WhatsApp así como en los diversos días diecinueve, veinte, veintidós, veintitrés, veintiocho, veintinueve, treinta de junio, diez y veintiuno de julio, doce, veinticuatro, veinticinco, veintinueve treinta y uno de agosto, uno, dos, seis de septiembre de este año dos mil veinte, a su número telefónico 7771612300, provenientes del número de teléfono 6675076235, con IMEI 864013031485327, con el objeto de que ingrese a dos personas a la Facultad de Medicina y le pagaría veinte mil pesos por cada uno, que de no hacerlo le causaría daño a su persona y familia incluso la muerte, que dentro de los mensajes se aprecia armas de fuego largas y cortas, cartuchos, así como un mensaje dirigido a la víctima, que el extorsionador se ostentó como integrante de una célula del "Cartel Jalisco Nueva Generación"; en tanto que el nueve de septiembre de dos mil veinte, a las veintidós horas con veinticinco minutos fue cumplimentada la orden de aprehensión librada contra Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, y le fue asegurado dentro de su radio de acción y disponibilidad el equipo telefónico de la marca Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI 864013031485327 siendo este equipo telefónico al cual se encuentra asociada la línea 6675076235, utilizada para realizar los mensajes extorsivos a la víctima. Razones por las que consideró que se configuraba el hecho delictivo de extorsión, en el que determinó que el quejoso participó de manera directa en términos del artículo 18 fracción I del Código Penal del Estado de Morelos, en su calidad de autor material. En este sentido, es menester precisar que el primer párrafo del artículo 19 constitucional, textualmente dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..". Por su parte, los diversos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso.Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público.El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso.El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación;II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben converger los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, el delito de extorsión que se imputó al quejoso está contemplado en el artículo 146 del Código Penal del Estado de Morelos que dispone: "ARTÍCULO 146.- Al que por cualquier medio ilícito ejerza coacción sobre una persona para dar, hacer o dejar de hacer algo, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y multa de ochocientas a mil Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de la sanción aplicable para los demás delitos que resulten. Para efectos de este artículo también se considerará coacción moral cuando se utilicen juguetes con apariencia de armas de fuego u otros instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir. La pena se incrementará hasta en una mitad respecto de las sanciones previstas en este artículo, cuando la extorsión se realice: ." Ahora bien, se hace la precisión que a este Juzgado de Distrito, corresponde analizar en esta sede, la legalidad y la constitucionalidad del auto de vinculación, a la luz de los razonamientos y consideraciones esgrimidos por la autoridad jurisdiccional responsable en la audiencia respectiva por ser quien está en aptitud de apreciar si los mismos resultan idóneos, porque el ejercicio de ponderación de datos y medios de prueba corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato o medio de prueba aportados, idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. Lo anterior es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que es suficiente con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; por tanto al apreciar que mediante la oralidad, consagrada en el arábigo 20 constitucional se materializan en el procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, y por ello el Juez de control debe resolver de forma verbal los conflictos que le sean planteados por los intervinientes, en todo caso exponiendo el sentido de sus resoluciones de forma fundada y motivada, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que quedará registrado mediante la videograbación de la audiencia en la que se dictó el auto aludido. Ello tiene como consecuencia que en el juicio de amparo indirecto, en respeto irrestricto de los principios constitucionales que regulan al sistema acusatorio penal, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; y privilegiando que la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control, al ser quien tiene contacto directo con el dato o medio de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo su libre apreciación y a este Juzgador atañe analizar la legalidad y constitucionalidad de su dictado, únicamente a partir de tal apreciación, pues resulta inconcuso que de emprender el análisis sobre la pertinencia o idoneidad de aquellas, así como de admitir probanzas en el controvertido de amparo, tendría por efecto desnaturalizar y contravenir el orden constitucional reglado para la substanciación de dichos procedimientos penales acusatorios, actuación que está vedada, precisamente al ejercer funciones directas de garantes y protectores de la Norma Fundamental. Robustece lo anterior, la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCLI/2011 (9a.), pág.270, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.". Así como la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, I.7°.P.83 P (10ª.), página 986, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, tomo II, décima época del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." En este orden de ideas, en el caso concreto se aprecia que la juez responsable para resolver la vinculación a proceso, correctamente establece los datos de identificación de la carpeta administrativa, precisando el nombre del imputado, el hecho delictuoso que se le atribuye, la persona agraviada y los fundamentos legales en los que está previsto y sancionado. Después, indica los preceptos legales que le dan competencia para conocer de los hechos, destacando la razones por las cuales se actualiza respecto a materia y territorio; y señala de forma pormenorizada las bases legales que sustentan el dictado de su determinación, además de explicar a las partes el fundamento constitucional y procesal de sus derechos y garantías, así como el plazo para pronunciarse y los requisitos de fondo y forma de dicha determinación. Enseguida, hace una relación de los antecedentes de la investigación, en concreto la fecha de formulación de imputación, en tanto que en el desarrollo de la audiencia respectiva, hizo referencia a que los dos primeros requisitos para dictar el auto de vinculación, se encontraban colmados, ya que en la audiencia de diez de septiembre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público formuló la imputación, por los mismos hechos delictivos por los que se le dicta auto de vinculación y en la misma audiencia se le preguntó al imputado si deseaba rendir su declaración, a lo que se abstuvo, solicitando además la prórroga del plazo constitucional. Posteriormente, la Juez estableció que procedería a examinar si los datos de prueba que proporcionó el Agente del Ministerio Público eran suficientes para acreditar la existencia del hecho delictuoso, los que consistieron en: 1.- Declaraciones de la víctima de iniciales E.G.R., rendidas el veinte de junio de dos mil veinte, ante el Agente del Ministerio Público. 2.- Informe del Agente de Investigación Criminal José Manuel Chávez Gerónimo, quien establece y captura imágenes de los mensajes y seguimiento de veinte de junio de dos mil veinte, que recibe vía WhatsApp al número telefónico 7771612300, donde se aprecian imágenes de armas de fuego, cartuchos. 3.- Entrevista realizado a la víctima por el elemento de investigación criminal José Manuel Chávez Gerónimo, de veinte de junio de dos mil veinte, donde le vuelve a referir todos los mensajes vía WhatsApp que ha recibido donde anexa las entrevistas, capturas de pantalla que guarda en cd y da seguimiento a la investigación y de los números telefónicos involucrados. 4.- Resolución de veintitrés de junio de dos mil veinte, autorizada bajo la técnica SEDC 1240/2020-V, por la Licenciada Amalia del Carmen Fernández Barquín, donde autoriza a la representación social la entrega de datos conservados del número 6675076235. 5.- La intervención de comunicación privada bajo el número de técnica ICP 929/2020-III, de veintisiete de agosto del dos mil veinte, que autoriza la intervención del número 6644256835, utilizada por Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz. 6.- Informe de siete de septiembre de dos mil veinte, por Héctor René Barreto Orihuela, donde realiza la trascripción de los audios derivados de la escucha ICP 929/2020-III. 7.- Puesta a disposición de nueve de septiembre de dos mil veinte, por los policías Cesar García Ayala y Miguel Ángel Flores Martínez, donde refieren ponen a disposición a Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz quien fue detenido al momento de desahogarse la diligencia de cateo, a quien le fue asegurado al realizarse la inspección corporal le fue asegurado dos teléfonos celulares uno de la Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI 864013031485327 asociado a la línea telefónica 6675076235 por la técnica de investigación SEDC 1240/2020-V y el diverso equipo telefónico Motorola de IMEI 357248101164766. Concluyendo que con esos datos de prueba relatados expuestos por Agente del Ministerio Público son suficientes para demostrar que el teléfono asegurado al imputado Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI 864013031485327 asociado a la línea telefónica 6675076235 por la técnica de investigación SEDC 1240/2020-V, son datos objetivos que es el mismo, donde se realizaban esos mensajes extorsivos a la víctima, y que hasta ese estadio procesal esos indicios con los datos de prueba son suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito de extorsión, que la intervención de las comunicaciones privadas no so ilícitas como propone la defensa en razón a que fueron emitidas por autoridades judiciales, asimismo, que los agentes aprehensores no extrajeron información del teléfono relacionado en razón a que únicamente obtuvieron los datos del teléfono como el IMEI, pues con ello, se comprobó que ese IMEI está asociado con la línea telefónica de donde se hacían los mensajes extorsivos. Al respecto, se cita la tesis XVII.1o.P.A.86 P (10a.), con registro digital 2019633, de rubro y texto siguiente: "INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. LA PRUEBA QUE SE EXTRAIGA DE UN TELÉFONO MÓVIL Y SU MICROCHIP O LA QUE DERIVE DE ÉSTA, DEBE SER CONSIDERADA ILÍCITA Y NO PODRÁ SER TOMADA EN CUENTA EN CONTRA DEL DETENIDO CUANDO A PESAR DE ESTAR JUDICIALIZADA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL. Al Ministerio Público competen la conducción y el mando de la investigación de los delitos y entre sus obligaciones se encuentran: (i) vigilar que en toda investigación se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; (ii) solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de ésta; (iii) ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia de ellos; (iv) cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; (v) iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional; (vi) recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y su cuantificación, para los efectos de su reparación; y, (vii) actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En otro aspecto, de acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2012 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.", si se trata de comunicaciones privadas, todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad; de ahí que si conforme a los artículos 1o. de la Constitución Federal, y 1, numeral 1 y 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía de los derechos humanos, el Ministerio Público debe solicitar una orden judicial, en los términos descritos en el artículo 16 constitucional, para extraer la información (imágenes, videos, registros de mensajes de texto, de voz, de llamadas realizadas y recibidas, correos electrónicos, etcétera) contenida en un equipo telefónico y su microchip asegurados, a pesar de que ya esté judicializada la carpeta de investigación, porque esa información está catalogada como privada y es objeto de protección por el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, incluso de las personas detenidas y sujetas a investigación por la posible comisión de un delito y, por ende, si esa actividad de búsqueda y obtención de información se realiza sin la autorización judicial correspondiente, se vulnera el derecho fundamental de legalidad. Así, cualquier dato de prueba que se extraiga de esos dispositivos sin autorización judicial, o los que deriven de éstos, deben considerarse ilícitos y no podrán tomarse en cuenta en perjuicio del detenido." Del anterior criterio, es dable colegir que, contrario a lo argumentado por el quejoso y su órgano de defensa, no se atentó contra la inviolabilidad de las comunicaciones, ya que los elementos no extrajeron información, entendiéndose como imágenes, videos, registros de mensaje de texto, de voz, de llamadas, correos electrónicos, o cualquier dato similar, sino únicamente se limitaron a identificar el equipo y número telefónico. Además existe el informe de la perito Quetzametzi García Arellano que establece la lesión emocional sufrido por la víctima, por ello, de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, si hacen ese tipo de coacción, con armas de fuego con cartuchos, el saber tu nombre tu domicilio, en donde trabajas, es evidente que altera la psique de cualquiera, quedando acreditado el delito de extorción. Por las razones referidas el Juez consideró acreditado el hecho delictivo de extorsión.En cuanto a la probabilidad de que Cristian Emmanuel Gómez Díaz, hubiese intervenido en la comisión del hecho delictivo de extorsión la juez responsable señaló que igualmente está acreditado con la diversidad de datos de prueba que valorados en su conjunto y en lo individual, de la sana critica los conocimientos científicos generan convicción que se cometió el delito en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisados en el apartado correspondiente de extorsión, para ingresar a dos personas a la Facultad de Medicina que de no hacerlo con causarle daño a la víctima incluso matarlo, que se identificó el teléfono de donde se hacían los mensajes extorsivos, que por estudios científicos y objetivos se determinó que el número telefónico de donde partían, corresponde al teléfono asegurado al ahora quejoso de ahí la probabilidad de que en efecto el imputado cometido el hecho delictivo en su calidad de autor material, no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal pretensión punitiva o alguna otra circunstancia que debilite o extinga la acción penal, que la comisión del delito es dolosa por lo que dictó auto de vinculación a proceso. Por ello consideró la autoridad responsable que se evidencia la probabilidad de su intervención en la comisión del hecho delictuoso. Razón por lo cual, dictó auto de vinculación a proceso, en contra del ahora quejoso Cristian Emmanuel Gómez Díaz, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 146, del Código Penal del Estado de Morelos. Luego, contrario a lo que argumenta el quejoso, no se violentó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues como ya se analizó los datos de prueba aportados por el agente ministerial fueron suficientes para establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió, de allí que la presunción de inocencia que tiene a su favor fue superada por el soporte de la imputación, la cual cumplió con el estándar probatorio necesario en este estado procesal para vincular a proceso al quejoso. De ahí que no le asiste razón al quejoso al afirmar que la responsable violó los derechos fundamentales dispuestos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución federal, porque emitió el acto reclamado de conformidad con los preceptos recién citados, de forma fundada, motivada, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, dictando el auto de vinculación con el rigor establecido para la etapa procesal y respetando los principios del sistema acusatorio y oral, así como los derechos de imputado. Contrario a ello, ha quedado evidenciado que la resolución reclamada no solo está fundada y motivada, sino que además se considera acertada en atención a que, efectivamente, hasta ese estadio procesal, los datos de prueba considerados, resultan idóneos y pertinentes para evidenciar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y que existe la posibilidad de que el imputado intervino en su comisión. Datos que la Juez responsable, tomó en consideración para tener por acreditado indiciariamente que se ejerció coacción sobre la víctima, pues indicó que dichas acciones resultan intimidatorias, atendiendo la situación de violencia que se vive actualmente, ya que revelan una amenaza "explícita" en perjuicio de la víctima en su libertad, vida sus bienes o familia, pues dicha intimidación altera las emociones de la víctima, porque se conoce cómo operan ese tipo de personas y se conocen los alcances de no cumplir sus pretensiones, generándose así una afectación psicológica. Lo cual se estima acertado y suficiente pues en esta etapa del procedimiento penal no es necesario que se acredite plenamente los elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito, ya que para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Resulta aplicable jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2014800, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia: Penal, página 360 del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERAQUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Así como apoyo a las consideraciones anteriores, la interpretación al artículo 19 de la Constitución, efectuada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 35/2017, derivada de la resolución de contradicción de tesis 87/2016, publicada en la página 360, del Tomo I, Libro 45, Agosto de 2017, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.". En ese orden ideas, como se precisó al inicio de este considerando los conceptos de violación resultan infundados. Lo anterior resulta así porque no es necesario que se demuestre que la coacción se realizó de manera directa en contra de la víctima, es decir, que haya una amenaza abierta y directa, pues en el caso se advierte que la coacción se realizó mediante la intimidación al ostentarse el sujeto activo del delito como miembro de una célula de un cartel; circunstancia que razonablemente puede considerarse suficiente e idónea para amedrentar a la víctima y coaccionarla para que ingrese a dos personas a la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por último, en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva, también resulta infundado el concepto de violación hecho valer. En los motivos de disenso se aduce que la medida cautelar que le fue impuesta al quejoso, prisión preventiva, resulta desproporcional, además, de que no se tomó en cuenta el hecho de que el artículo 19 Constitucional, no prevé que el delito de extorsión amerite prisión preventiva. Es infundado lo anterior. Los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: . El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." De las anteriores disposiciones se advierte que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, el juez, de manera oficiosa podrá ordenar la preventiva, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Sin embargo, cabe señalar también, que si bien el artículo 19 Constitucional, hace un listado de delitos respecto de los cuales debe ordenarse de manera oficiosa la prisión preventiva, lo cierto es que dicha circunstancia no es un aspecto limitativo, sino únicamente ejemplificativo o enunciativo, es decir, no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las respectivas legislaciones estatales consideren como de prisión preventiva justificada, pues pueden concurrir razones para justificar también dicha medida, por la naturaleza del delito y de la pena, comportamiento intraprocesal del imputado, o riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad. Sirve de sustento a lo anterior la tesis II.2o.P.64 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, página 2741, registro 2016873, cuyo texto establece: "PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS. Si bien es cierto que el precepto constitucional mencionado hace un listado de delitos respecto de los cuales debe ordenarse forzosamente la prisión preventiva oficiosa, también lo es que ello no debe considerarse exclusivamente como un aspecto estrictamente limitativo, sino potencialmente ejemplificativo o enunciativo, es decir, que no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las respectivas legislaciones estatales o la Federación, siguiendo lo dispuesto constitucionalmente, consideren como de prisión preventiva justificada y que no estén textualmente en el listado inicial a que se refiere el artículo 19 mencionado, pues la prisión preventiva no está limitada a usarse únicamente en esos delitos; como ocurre -por ejemplo- con todos aquellos otros casos en que el Ministerio Público lo justifique, aun cuando el delito, en principio, no se prevea en ese catálogo, pero concurran razones para justificar también esa medida cautelar (por la naturaleza del delito y de la pena; comportamiento intraprocesal del imputado; o riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad), sin que ello implique contrariar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su artículo 19 no establece limitativamente que sólo en los delitos ahí previstos podría hablarse de prisión preventiva, pues dicho precepto no está dirigido a limitar la facultad legislativa de las entidades de la República, o la Federación, en ese aspecto de regulación procesal secundaria que atañe a la gravedad y condiciones de política criminal que, en cada caso, pueden concurrir de manera justificada y circunstancialmente diferenciada en los diversos Estados de un País Federal como el nuestro, aunado a la existencia legal, se insiste, de todas las variantes que el propio sistema prevé para decidir y revisar lo relativo a las medidas cautelares." Ahora bien, en el caso, en la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veinte, se formuló la imputación correspondiente al aquí quejoso por su probable participación en el hecho delictivo de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 146, del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima de iniciales E.G.R., y si bien dicho delito efectivamente no es uno de lo que de manera específica señala el artículo 19 Constitucional para que se pueda decretar de manera oficiosa la prisión preventiva, lo cierto es que fue cometido con medio violento, esto es, con el uso de armas de fuego se pretendió intimar al pasivo del delito, situación que sí prevé el referido precepto constitucional, además acotó la juez del proceso que debe asegurar el procedimiento penal con la finalidad de cautelar o asegurar el cumplimiento efectivo de una posible sentencia que se llegue a dictar en el juicio, que debe procurar que el imputado adopte medidas que impidan o dificulten el cumplimiento de la sentencia que pudiera llegar a emitirse, como evadirse de la acción de la justicia, así como que no exista un riesgo para la víctima, testigos o para la comunidad, en observancia al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que en el caso, existía un riesgo latente hacia la víctima, tomando en con sideración que la coacción inició hace tres meses, y que tanto la víctima como el imputado están en el mismo establecimiento educativo, que señaló pertenecer a un cartel (Jalisco Nueva Generación), que los mensajes fueron en aumento donde le mandaban imágenes de fotos de armas de fuego, cartuchos, que es un medio violento, no obstante los mensajes le envían fotos de armas de fuego que el extorsionador no dudaría en utilizarlos, por lo que considera que hay un riesgo, pues el delito de extorsión en el caso el instrumento de mayor peso es el teléfono, que si bien existe la presunción de inocencia del imputado, es decir, que no puede estimarse su participación en diversos hechos con apariencia delictiva, ya que tal cuestión no fue evidenciada por la fiscalía, sí es dable sostener que derivado de los datos y conexiones del número telefónico ingresado a la base de datos, se desprende que es número ha tenido comunicación en diversas causas penales, donde son cobradores de hechos delictivos de secuestro, así como personas que ha estado involucradas. Por lo expuesto, la responsable consideró que para garantizar la seguridad de la víctima la medida cautelar a imponer y que no viola la Constitución ni los tratados internaciones, en términos del artículo 155 fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales impone Cristian Manuel Gómez Díaz, la de prisión preventiva. Por lo que derivado de esa disposición expresa el juez determinó que no era posible ponderar que con diversas medidas pueda lograrse la comparecencia del quejoso Cristian Manuel Gómez Díaz al juicio. Además, en la citada audiencia, el Juez responsable, determinó que la finalidad de dicha medida era garantizar la comparecencia del imputado al juicio, evitar la obstaculización al mismo y garantizar la integridad física de la víctima. En ese contexto, la imposición de la medida cautelar cumple con los requisitos legales mencionados, pues se vinculó a proceso al imputado por su probable comisión del delito de extorsión y de la imputación del agente del Ministerio Público, se advierte que fue cometido con medio violento, esto es, en los diversos mensajes a la víctima se utilizaron imágenes fotos de armas de fuego largas y cortas, cartuchos, con el apercibimiento de utilizarlos en caso de no cumplir con lo peticionado, lo cual contrario a lo que manifiesta la defensa, fue asegurado un objeto tipo arma de fuego, es decir, utilizó un medio violento para la extorsión con independencia de ello, por lo que sí se encuentra catalogado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como de aquellos en que el juez debe ordenar la prisión preventiva, al existir un riesgo latente hacia la víctima. En este orden de ideas, dado lo infundado de los conceptos de violación planteados por el quejoso, y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, contra el auto de formulación de imputación, medica cautelar de prisión preventiva y vinculación a proceso reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy ocho de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Sentencia con engrose de ocho de julio de dos mil veintiuno: "... En este orden de ideas, dado lo infundado de los conceptos de violación planteados por el quejoso, y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, contra el auto de formulación de imputación, medica cautelar de prisión preventiva y vinculación a proceso reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy ocho de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer as esta autoridad federal, Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Juez de Primera Instancia, de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones y Agente del Ministerio Público responsable de la integración de la carpeta de investigación FE/UECS/183/2020. Acto reclamado: ".la formulación de imputación, e imposición de la medida cautelar relativa a la prisión preventiva que nos fue impuesta el fecha diez del mes de septiembre del año dos mil veinte, y la vinculación a proceso de fecha catorce del mes de septiembre del año dos mil veinte, dentro de la causa penal donde emana el acto reclamado". SEGUNDO. El dos de octubre de dos mil veinte, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 796/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo al tercero interesado, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La diligencia de formulación de imputación, medida cautelar de prisión preventiva de diez de septiembre de dos mil veinte y el auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión de catorce septiembre siguiente en la causa penal JC/1004/2020. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Juez de Primera Instancia, de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones y Agente del Ministerio Público responsable de la integración de la carpeta de investigación FE/UECS/183/2020, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitieron como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación FE/UECS/183/2020, y causa penal JC/1004/2020 y disco compacto DVD, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Respecto del disco versátil digital (DVD) remitido por la aludida autoridad responsable, igualmente se tiene por desahogada por tratarse de videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral, que adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública. Es de invocarse al caso, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada a página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, para su rápida localización, con Registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Previo al estudio de los conceptos de violación, es oportuno hacer una breve relación de los antecedentes más relevantes, que se desprenden de constancias, a saber: 1.- Por auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, señaló las trece horas con treinta minutos de esa data, para resolver la petición de orden de aprehensión y de cateo solicitadas en contra de Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, por el delito de extorsión, las cuales libró en esa misma fecha. 2.- Por oficio de registro nacional de detención MS/FC/007/10092020/0002, los agentes policiacos Cesar García Ayala y Miguel Ángel Flores Martínez, recibido por la Administración de Salas de Control, Juicios Orales, Ejecución de Sanciones, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el diez de septiembre de dos mil veinte, a las dos horas con veintitrés minutos, ponen a disposición a Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, interno en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, en cumplimiento a la orden de aprehensión 3.- En acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal JC/1004/2020, el juez responsable, señaló las once horas con treinta minutos del diez de septiembre de dos mil veinte, a efecto de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso. 3.- En audiencia inicial, llevada a cabo el diez de septiembre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público formuló imputación, y el aquí quejoso solicitó se resolviera su situación jurídica dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, se pronunció sobre la medida cautelar de prisión preventiva por lo que señaló fecha y hora para la audiencia de vinculación a proceso. 4.- El catorce de septiembre de dos mil veinte, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, por el delito de extorsión previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima de iniciales E.G.R. Tales determinaciones de imputación, medida cautelar de prisión preventiva y vinculación a proceso las que se controvierten en esta vía constitucional. Suplencia de la queja. El asunto es de naturaleza penal, pues se reclama la determinación del Juez de Primera Instancia de Control que desahogó la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares en una causa penal y el quejoso tiene el carácter de imputado; por tanto, por disposición del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja deficiente, si fuere el caso. Esta disposición establece la figura de la suplencia de la queja deficiente, en materia penal tratándose del inculpado o sentenciado aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; además, esta norma precisa que en todas las materias, incluida la penal, sólo debe expresarse dicha institución jurídica en la sentencia, cuando derive de un beneficio y no así de manera oficiosa. En ese sentido, en los asuntos resueltos bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual debe expresarse la suplencia de la queja, únicamente cuando reporte un beneficio al promovente. En el entendido que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja no necesariamente implica que ese análisis no procede o que no se haya hecho, simplemente que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso respecto de cuestiones que éste no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso. Aunado a lo anterior, el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo que tampoco se obtendría un resultado favorable, a partir del estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones fueron expuestas en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada el siete de julio de dos mil diecisiete, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, registro 2014703, contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." La parte quejosa esgrime en sus conceptos de violación que la autoridad responsable trasgrede los principios de objetividad, lealtad, de inocencia, congruencia, así como de certeza y seguridad jurídica, que en ningún momento la representación social precisa los requisitos de fondo como son el hecho que le atribuye, la calificación jurídica, el modo de intervención y forma de intervención por lo que fue dejado en estado de indefensión, consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales. Ahora bien, este juzgador determina que son infundados los conceptos de violación impetrado por el quejoso, sin que se advierta motivo para suplir en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se expondrán más adelante. Ahora bien, el quejoso citó el artículo 1° de la Constitución; y aunque no formula conceptos de violación respecto de dicho artículo; se hace la precisión que el principio pro persona contemplado en ese artículo, implica que no necesariamente las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Así, resulta pertinente destacar que en el caso, no hubo transgresión a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna; no obstante que en sus conceptos de violación señaló que se habían violado los derechos fundamentales contenidos en dichos numerales, razón por la cual este Juzgador procede a su análisis. En este orden de ideas, del análisis a la resolución combatida se advierte que no se contravino el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de las constancias de autos se constata que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, en efecto, de la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veinte, se advierte: Que la formulación de imputación hecha por el Ministerio Público se realizó con las formalidades y requisitos legales que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que por los mismos hechos la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso. Ahora bien, respecto a la formulación de imputación, en lo que aquí concierne, de la lectura de los numerales 311 al 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que una vez que el interesado esté en presencia de la autoridad judicial, ya sea por haberse ordenado su comparecencia, ejecutado una orden de aprehensión, como es el caso, se deberá verificar que aquél conoce sus derechos o, en su caso después de habérselos dado a conocer y satisfecho lo anterior, se dará el uso de la voz al Ministerio Público para que, de estimarlo procedente, formule imputación, la cual consiste en una comunicación formal que el mencionado representante social efectúa al justiciable en presencia del Juez de Control, en el sentido de que lleva a cabo una investigación en su contra, en torno a uno o más hechos que la ley señala como delito. Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público." De acuerdo con lo previsto en el indicado precepto, en esa exposición verbal el Ministerio Público tiene la obligación de precisarle al imputado el hecho concreto que le atribuye, su clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que estima se actualiza, así como el nombre de sus acusadores. Formalidades que a consideración de quien resuelve se encuentran satisfechas, según se advierte de la audiencia de formulación de imputación de diez de septiembre de dos mil veinte (disco DVD anexo), relativa a la causa penal JC/1004/2020, de ahí que esta no trastoque la esfera jurídica del quejoso. En efecto, en el caso en concreto, del video allegado por la autoridad responsable anexo a su informe justificado, que contiene la audiencia inicial llevada a cabo el diez de septiembre de dos mil veinte, se advierte que la representación social formuló imputación en contra del aquí quejoso Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, haciéndole de su conocimiento que se está llevando a cabo una investigación en su contra por el delito de extorsión, en agravio de la víctima de iniciales E.G.R., ilícito previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal para el Estado de Morelos, en relación a los hechos precisó que la víctima quien se desempeña como secretario académico de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien cuanta con el número telefónico 7771612300, de la marca Telcel, que el día diecinueve de junio de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas con veinticuatro minutos, recibe diversos mensajes vía WhatsApp y en otras datas, a su número personal 7771612300, provenientes dichos mensajes del número telefónico 6675076235, con IMEI 864013031485327, en los cuales le dicen entre otras cosas -hola muy buen día doctor tómelo con calma lo que voy a decir mire me presento mi nombre es Alejandro el apellido está por demás y mi apodo es el payaso actualmente formo parte de una célula delictiva mejor conocida por sus iniciales como cartel de Jalisco nueva generación y el sueño de dos familias allegadas a mi es que han decidido que sus hijos estudien medicina pero sabemos lo difícil que es estar adentro de sus instalaciones por eso doctor Ernesto al ponernos a investigarlo a usted y a su familia y a cada paso que da incluso hasta con que mano toma los cubiertos me atrevo a proponerle lo siguiente ya que es muy amigo de la brasileña y vemos factible que es para usted ayudarnos tiene dos opciones solo dos doctor no una no dos no tres solo dos una es que por este medio le pase copia de las fichas de las personas que son las que quieren ingresar y usted me garantice su pase pasen o no pasen su chingado examen que les aplica o dos usted y toda su familia me van a conocer personalmente tranquilo nadie se va a enterar no vamos a perjudicar su trabajo le doy mi palabra solo lo sabremos usted y yo y las listas donde se ponga el nombre de mis candidatos son dos personas tiene tres días para decidirlo y si no me cree solo atrévase a bloquearme o a pensar que esto es un juego y empezare a mandar a mi gente para dejarlo en claro el mensaje yo a usted le deposito veinte mil pesos por cada persona que me ayude a meter a la escuela de medicina o sea los cuarenta mil pesos más fáciles de su vida pero si se niega a hacerlo aténgase a las consecuencias solo me interesa que entren si a usted se le ocurre la grandiosa idea de cambiar su número o bloquearme por este medio o demás está muerto recibiendo posteriormente la víctima una imagen con una arma de fuego con un papel escrito en tinta en el cual aparece su nombre de la víctima con fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte así como diversos mensajes los cuales continúan la coacción hacia la víctima durante los días diecinueve, veinte, veintidós, veintitrés, veintiocho, veintinueve, treinta de junio, diez y veintiuno de julio, doce, veinticuatro, veinticinco, veintinueve treinta y uno de agosto, uno, dos, seis de septiembre de este año dos mil veinte, en los cuales el sujeto activo hace coacción hacia la víctima e efecto de que ingresen dos personas a la Facultad de Medicina o que de lo contrario se atuviera a las consecuencias de causarle un daño a su integridad física es así que el día veinticuatro de agosto del año dos mil veinte el sujeto activo envía a través de la línea 6675076235 con número de IMEI 864013031485327 a la víctima vía WhatsApp al número ya proporcionado diversos mensajes en los cuales se aprecian incluso armas de fuego siendo una de ellas un arma larga en color negra una segunda una pistola escuadra color negra con cachas en color blanco diversos cartuchos sobre una loseta blanco y un papel en color blanco escrito con tinta la siguiente leyenda "Ernesto lunes veinticuatro de agosto de dos mil veinte" por otra parte el día nueve de septiembre del año dos mil veinte siendo aproximadamente las veintidós veinte horas cuando los agentes de la policía investigación criminal adscritos a la Fiscalía especializada en combate al secuestro y extorsión se encontraban realizado el desahogo de la diligencia de cateo obsequiada bajo la causa penal JC/1004/2020 precisamente en el domicilio ubicado en la Avenida Palmira número cien edificio diez departamento treinta y uno de la colonia Palmira de Cuernavaca, Morelos es visualizado precisamente usted Christian Manuel Gómez Díaz y se da cumplimiento al mandato judicial en su contra siendo precisamente asegurado a las veintidós veinticinco horas localizándole en su poder y dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata el equipo telefónico de la marca Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI precisamente 864013031485327 siendo este equipo telefónico al cual se encuentra asociada la línea 6675076235 utilizada para realizar los mensajes extorsivos a la víctima de iniciales. con el propósito de que ingresen dos personas aspirantes a la Facultad de Medicina o que de lo contrario causaría daño a la propia víctima y a su familia su grado de participación el que se le atribuye por parte de esta representación social lo es precisamente el de autor material se encuentra previsto en el artículo 18 fracción I la conducta que desplego usted a través de este hecho lo es evidentemente de acción dolosa prevista en el artículo 15 párrafo primero y el artículo 16 fracción III las personas que deponen en su contra lo son precisamente la víctima.. y los agentes aprehensores es cuanto por la formulación.- De lo anterior, se desprende que la autoridad ministerial cumplió con los requisitos formales previstos por el ordinal 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al expresar el delito que le imputa al ahora quejoso -extorsión previsto en el artículo 146 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos-, el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, es así ya que preciso que el día diecinueve de junio de dos mil veinte, aproximadamente a las doce horas con catorce minutos la víctima recibe mensajes extorsivos vía WhatsApp y posteriores datas, a su número telefónico 7771612300 provenientes del número de teléfono 6675076235, con IMEI 864013031485327, con el propósito coaccionarlo para ingresar a dos personas a la Facultad de Medicina, que de no hacerlo con causarle daño a su persona y familiares incluso la muerte, que al desahogar la orden de cateo concedida por autoridad judicial el día nueve de septiembre de dos mil veinte a las veintidós horas con veinticinco minutos, en el domicilio ubicado en avenida Palmira número cien edificio diez departamento treinta y uno de la colonia Palmira de Cuernavaca, Morelos es cumplimentada la orden de aprehensión librada contra Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, localizando en su poder el equipo telefónico de la marca Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI 864013031485327 siendo este equipo telefónico al cual se encuentra asociada la línea 6675076235 utilizada para realizar los mensajes extorsivos a la víctima, determinando que la participación del imputado ahora quejoso es en calidad de autor material, en términos del artículo 18 fracción I, dolosa artículo 15 párrafo primero, 16, fracción XIII, todos del Código penal del Estado de Morelos, asimismo, hizo del conocimiento al ahora quejoso las personas que deponen en su contra, víctima y aprehensores; de ahí lo infundado del concepto de violación hecho valer. Seguido se le dio oportunidad al imputado de declarar y externó su negativa de hacerlo. El Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo, le hizo saber al imputado y a su defensa los datos de prueba que existen en su contra, con lo que se observó la jurisprudencia 120/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 120/2017 (10a.), Registro 2015704, del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 392, que dice: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar". Posterior a la reseña de los antecedentes de prueba expresados por la Agente del Ministerio Público la Juez de control explicó al imputado los momentos en los cuales podía resolverse su situación jurídica, en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales y preguntó al imputado si su deseo era que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia o en diversa dentro del plazo de setenta y dos horas o dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, a lo cual después de consultarlo con su defensa el imputado solicitó el plazo ampliado. También se aprecia que el juez de control que presidió la audiencia de formulación de imputación es el mismo que resolvió la vinculación a proceso. De igual forma, se advierte que se respetaron los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, estuvo asistido por un defensor permitiéndosele aportar datos y medios de prueba antes de que se resolviera su situación jurídica. También, debe decirse que conforme a la grabación que contiene la continuación de la audiencia inicial, en la parte que la Juez responsable emite el auto de vinculación a proceso reclamado, se aprecia que acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 de la Ley Fundamental y si bien el artículo citado prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no es necesario que la determinación del Juez de control en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto en tratándose de una determinación emitida al resolver la vinculación a proceso de un imputado a que se refiere el arábigo 19 constitucional deba plasmarse por escrito, sino lo relevante es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa; lo que en el particular acontece. Por tal razón, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Razón por la que se estima correcta la actuación de la responsable en el aspecto de no emitir una resolución escrita del auto combatido, sino únicamente la videograbación de la audiencia, sobre cuyo análisis versará esta resolución. Fundamenta lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación 1ª/J.34/2017 (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).". Así, el auto de vinculación combatido se encuentra debidamente fundado y motivado, al invocarse los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, particularmente los que contienen la descripción típica del hecho considerado delito por la ley atribuido al peticionario de amparo, siendo éste el delito de extorsión previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal del Estado de Morelos; refiriendo los motivos que la condujeron a estimar idóneos algunos de los datos de prueba aportados; exponiendo además las causas, motivos o razones que tuvo en consideración para concluir que se encontraban demostrados los elementos del hecho delictivo anteriormente indicado que se atribuyó al accionante del amparo así como la probabilidad de su responsabilidad en la comisión del mismo; advirtiendo este juzgador que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, concluyendo que tampoco existe violación al artículo 16 de la Constitución. Ello, en atención a la jurisprudencia con registro 394216, identificada con el número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Así también, este Juzgador estima que la Juez de control, al emitir el auto de vinculación a proceso no vulneró en perjuicio de Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, las garantías contenidas en el numeral 19 de la Ley Fundamental, al advertirse, que existen datos y medios de prueba suficientes, para establecer razonablemente que se ha cometido un hecho determinado que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. En efecto, se estima que el auto de vinculación combatido, es legal, porque basó su resolución en las reglas de valoración de los datos de prueba establecidos en los artículos 261, 263, 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que las referencias formuladas al juzgador del contenido de los datos de prueba aún no desahogados ante la presencia de éste, y de los medios de prueba debidamente valorados como acertadamente lo estimó la responsable, se advirtieron idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer razonadamente la existencia del hecho delictuoso, así como demostrada la probable participación del imputado, conduciendo al conocimiento que existe la probabilidad de que se perpetró el hecho considerado como delito de extorsión ya que se acreditó con el rigor probatorio que dispone el numeral 19 Constitucional, que una persona ejerció coacción sin importar el medio ilícito sobre otro sujeto para que éste hiciera algo. Ello es así al acreditarse en el sumario que el día diecinueve de junio de dos mil veinte, la víctima recibió mensajes extorsivos vía WhatsApp así como en los diversos días diecinueve, veinte, veintidós, veintitrés, veintiocho, veintinueve, treinta de junio, diez y veintiuno de julio, doce, veinticuatro, veinticinco, veintinueve treinta y uno de agosto, uno, dos, seis de septiembre de este año dos mil veinte, a su número telefónico 7771612300, provenientes del número de teléfono 6675076235, con IMEI 864013031485327, con el objeto de que ingrese a dos personas a la Facultad de Medicina y le pagaría veinte mil pesos por cada uno, que de no hacerlo le causaría daño a su persona y familia incluso la muerte, que dentro de los mensajes se aprecia armas de fuego largas y cortas, cartuchos, así como un mensaje dirigido a la víctima, que el extorsionador se ostentó como integrante de una célula del "Cartel Jalisco Nueva Generación"; en tanto que el nueve de septiembre de dos mil veinte, a las veintidós horas con veinticinco minutos fue cumplimentada la orden de aprehensión librada contra Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, y le fue asegurado dentro de su radio de acción y disponibilidad el equipo telefónico de la marca Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI 864013031485327 siendo este equipo telefónico al cual se encuentra asociada la línea 6675076235, utilizada para realizar los mensajes extorsivos a la víctima. Razones por las que consideró que se configuraba el hecho delictivo de extorsión, en el que determinó que el quejoso participó de manera directa en términos del artículo 18 fracción I del Código Penal del Estado de Morelos, en su calidad de autor material. En este sentido, es menester precisar que el primer párrafo del artículo 19 constitucional, textualmente dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..". Por su parte, los diversos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben converger los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, el delito de extorsión que se imputó al quejoso está contemplado en el artículo 146 del Código Penal del Estado de Morelos que dispone: "ARTÍCULO 146.- Al que por cualquier medio ilícito ejerza coacción sobre una persona para dar, hacer o dejar de hacer algo, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y multa de ochocientas a mil Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de la sanción aplicable para los demás delitos que resulten. Para efectos de este artículo también se considerará coacción moral cuando se utilicen juguetes con apariencia de armas de fuego u otros instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir. La pena se incrementará hasta en una mitad respecto de las sanciones previstas en este artículo, cuando la extorsión se realice: ." Ahora bien, se hace la precisión que a este Juzgado de Distrito, corresponde analizar en esta sede, la legalidad y la constitucionalidad del auto de vinculación, a la luz de los razonamientos y consideraciones esgrimidos por la autoridad jurisdiccional responsable en la audiencia respectiva por ser quien está en aptitud de apreciar si los mismos resultan idóneos, porque el ejercicio de ponderación de datos y medios de prueba corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato o medio de prueba aportados, idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. Lo anterior es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que es suficiente con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; por tanto al apreciar que mediante la oralidad, consagrada en el arábigo 20 constitucional se materializan en el procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, y por ello el Juez de control debe resolver de forma verbal los conflictos que le sean planteados por los intervinientes, en todo caso exponiendo el sentido de sus resoluciones de forma fundada y motivada, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que quedará registrado mediante la videograbación de la audiencia en la que se dictó el auto aludido. Ello tiene como consecuencia que en el juicio de amparo indirecto, en respeto irrestricto de los principios constitucionales que regulan al sistema acusatorio penal, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; y privilegiando que la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control, al ser quien tiene contacto directo con el dato o medio de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo su libre apreciación y a este Juzgador atañe analizar la legalidad y constitucionalidad de su dictado, únicamente a partir de tal apreciación, pues resulta inconcuso que de emprender el análisis sobre la pertinencia o idoneidad de aquellas, así como de admitir probanzas en el controvertido de amparo, tendría por efecto desnaturalizar y contravenir el orden constitucional reglado para la substanciación de dichos procedimientos penales acusatorios, actuación que está vedada, precisamente al ejercer funciones directas de garantes y protectores de la Norma Fundamental. Robustece lo anterior, la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCLI/2011 (9a.), pág.270, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.". Así como la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, I.7°.P.83 P (10ª.), página 986, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, tomo II, décima época del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." En este orden de ideas, en el caso concreto se aprecia que la juez responsable para resolver la vinculación a proceso, correctamente establece los datos de identificación de la carpeta administrativa, precisando el nombre del imputado, el hecho delictuoso que se le atribuye, la persona agraviada y los fundamentos legales en los que está previsto y sancionado. Después, indica los preceptos legales que le dan competencia para conocer de los hechos, destacando la razones por las cuales se actualiza respecto a materia y territorio; y señala de forma pormenorizada las bases legales que sustentan el dictado de su determinación, además de explicar a las partes el fundamento constitucional y procesal de sus derechos y garantías, así como el plazo para pronunciarse y los requisitos de fondo y forma de dicha determinación. Enseguida, hace una relación de los antecedentes de la investigación, en concreto la fecha de formulación de imputación, en tanto que en el desarrollo de la audiencia respectiva, hizo referencia a que los dos primeros requisitos para dictar el auto de vinculación, se encontraban colmados, ya que en la audiencia de diez de septiembre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público formuló la imputación, por los mismos hechos delictivos por los que se le dicta auto de vinculación y en la misma audiencia se le preguntó al imputado si deseaba rendir su declaración, a lo que se abstuvo, solicitando además la prórroga del plazo constitucional. Posteriormente, la Juez estableció que procedería a examinar si los datos de prueba que proporcionó el Agente del Ministerio Público eran suficientes para acreditar la existencia del hecho delictuoso, los que consistieron en: 1.- Declaraciones de la víctima de iniciales E.G.R., rendidas el veinte de junio de dos mil veinte, ante el Agente del Ministerio Público. 2.- Informe del Agente de Investigación Criminal José Manuel Chávez Gerónimo, quien establece y captura imágenes de los mensajes y seguimiento de veinte de junio de dos mil veinte, que recibe vía WhatsApp al número telefónico 7771612300, donde se aprecian imágenes de armas de fuego, cartuchos. 3.- Entrevista realizado a la víctima por el elemento de investigación criminal José Manuel Chávez Gerónimo, de veinte de junio de dos mil veinte, donde le vuelve a referir todos los mensajes vía WhatsApp que ha recibido donde anexa las entrevistas, capturas de pantalla que guarda en cd y da seguimiento a la investigación y de los números telefónicos involucrados. 4.- Resolución de veintitrés de junio de dos mil veinte, autorizada bajo la técnica SEDC 1240/2020-V, por la Licenciada Amalia del Carmen Fernández Barquín, donde autoriza a la representación social la entrega de datos conservados del número 6675076235. 5.- La intervención de comunicación privada bajo el número de técnica ICP 929/2020-III, de veintisiete de agosto del dos mil veinte, que autoriza la intervención del número 6644256835, utilizada por Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz. 6.- Informe de siete de septiembre de dos mil veinte, por Héctor René Barreto Orihuela, donde realiza la trascripción de los audios derivados de la escucha ICP 929/2020-III. 7.- Puesta a disposición de nueve de septiembre de dos mil veinte, por los policías Cesar García Ayala y Miguel Ángel Flores Martínez, donde refieren ponen a disposición a Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz quien fue detenido al momento de desahogarse la diligencia de cateo, a quien le fue asegurado al realizarse la inspección corporal le fue asegurado dos teléfonos celulares uno de la Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI 864013031485327 asociado a la línea telefónica 6675076235 por la técnica de investigación SEDC 1240/2020-V y el diverso equipo telefónico Motorola de IMEI 357248101164766. Concluyendo que con esos datos de prueba relatados expuestos por Agente del Ministerio Público son suficientes para demostrar que el teléfono asegurado al imputado Huawei modelo PRT-L53 con número de IMEI 864013031485327 asociado a la línea telefónica 6675076235 por la técnica de investigación SEDC 1240/2020-V, son datos objetivos que es el mismo, donde se realizaban esos mensajes extorsivos a la víctima, y que hasta ese estadio procesal esos indicios con los datos de prueba son suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito de extorsión, que la intervención de las comunicaciones privadas no so ilícitas como propone la defensa en razón a que fueron emitidas por autoridades judiciales, asimismo, que los agentes aprehensores no extrajeron información del teléfono relacionado en razón a que únicamente obtuvieron los datos del teléfono como el IMEI, pues con ello, se comprobó que ese IMEI está asociado con la línea telefónica de donde se hacían los mensajes extorsivos. Al respecto, se cita la tesis XVII.1o.P.A.86 P (10a.), con registro digital 2019633, de rubro y texto siguiente: "INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. LA PRUEBA QUE SE EXTRAIGA DE UN TELÉFONO MÓVIL Y SU MICROCHIP O LA QUE DERIVE DE ÉSTA, DEBE SER CONSIDERADA ILÍCITA Y NO PODRÁ SER TOMADA EN CUENTA EN CONTRA DEL DETENIDO CUANDO A PESAR DE ESTAR JUDICIALIZADA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL. Al Ministerio Público competen la conducción y el mando de la investigación de los delitos y entre sus obligaciones se encuentran: (i) vigilar que en toda investigación se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; (ii) solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de ésta; (iii) ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia de ellos; (iv) cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; (v) iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional; (vi) recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y su cuantificación, para los efectos de su reparación; y, (vii) actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En otro aspecto, de acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2012 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.", si se trata de comunicaciones privadas, todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad; de ahí que si conforme a los artículos 1o. de la Constitución Federal, y 1, numeral 1 y 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía de los derechos humanos, el Ministerio Público debe solicitar una orden judicial, en los términos descritos en el artículo 16 constitucional, para extraer la información (imágenes, videos, registros de mensajes de texto, de voz, de llamadas realizadas y recibidas, correos electrónicos, etcétera) contenida en un equipo telefónico y su microchip asegurados, a pesar de que ya esté judicializada la carpeta de investigación, porque esa información está catalogada como privada y es objeto de protección por el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, incluso de las personas detenidas y sujetas a investigación por la posible comisión de un delito y, por ende, si esa actividad de búsqueda y obtención de información se realiza sin la autorización judicial correspondiente, se vulnera el derecho fundamental de legalidad. Así, cualquier dato de prueba que se extraiga de esos dispositivos sin autorización judicial, o los que deriven de éstos, deben considerarse ilícitos y no podrán tomarse en cuenta en perjuicio del detenido." Del anterior criterio, es dable colegir que, contrario a lo argumentado por el quejoso y su órgano de defensa, no se atentó contra la inviolabilidad de las comunicaciones, ya que los elementos no extrajeron información, entendiéndose como imágenes, videos, registros de mensaje de texto, de voz, de llamadas, correos electrónicos, o cualquier dato similar, sino únicamente se limitaron a identificar el equipo y número telefónico. Además existe el informe de la perito Quetzametzi García Arellano que establece la lesión emocional sufrido por la víctima, por ello, de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, si hacen ese tipo de coacción, con armas de fuego con cartuchos, el saber tu nombre tu domicilio, en donde trabajas, es evidente que altera la psique de cualquiera, quedando acreditado el delito de extorción. Por las razones referidas el Juez consideró acreditado el hecho delictivo de extorsión. En cuanto a la probabilidad de que Cristian Emmanuel Gómez Díaz, hubiese intervenido en la comisión del hecho delictivo de extorsión la juez responsable señaló que igualmente está acreditado con la diversidad de datos de prueba que valorados en su conjunto y en lo individual, de la sana critica los conocimientos científicos generan convicción que se cometió el delito en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisados en el apartado correspondiente de extorsión, para ingresar a dos personas a la Facultad de Medicina que de no hacerlo con causarle daño a la víctima incluso matarlo, que se identificó el teléfono de donde se hacían los mensajes extorsivos, que por estudios científicos y objetivos se determinó que el número telefónico de donde partían, corresponde al teléfono asegurado al ahora quejoso de ahí la probabilidad de que en efecto el imputado cometido el hecho delictivo en su calidad de autor material, no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal pretensión punitiva o alguna otra circunstancia que debilite o extinga la acción penal, que la comisión del delito es dolosa por lo que dictó auto de vinculación a proceso. Por ello consideró la autoridad responsable que se evidencia la probabilidad de su intervención en la comisión del hecho delictuoso. Razón por lo cual, dictó auto de vinculación a proceso, en contra del ahora quejoso Cristian Emmanuel Gómez Díaz, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 146, del Código Penal del Estado de Morelos. Luego, contrario a lo que argumenta el quejoso, no se violentó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues como ya se analizó los datos de prueba aportados por el agente ministerial fueron suficientes para establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió, de allí que la presunción de inocencia que tiene a su favor fue superada por el soporte de la imputación, la cual cumplió con el estándar probatorio necesario en este estado procesal para vincular a proceso al quejoso. De ahí que no le asiste razón al quejoso al afirmar que la responsable violó los derechos fundamentales dispuestos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución federal, porque emitió el acto reclamado de conformidad con los preceptos recién citados, de forma fundada, motivada, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, dictando el auto de vinculación con el rigor establecido para la etapa procesal y respetando los principios del sistema acusatorio y oral, así como los derechos de imputado. Contrario a ello, ha quedado evidenciado que la resolución reclamada no solo está fundada y motivada, sino que además se considera acertada en atención a que, efectivamente, hasta ese estadio procesal, los datos de prueba considerados, resultan idóneos y pertinentes para evidenciar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y que existe la posibilidad de que el imputado intervino en su comisión. Datos que la Juez responsable, tomó en consideración para tener por acreditado indiciariamente que se ejerció coacción sobre la víctima, pues indicó que dichas acciones resultan intimidatorias, atendiendo la situación de violencia que se vive actualmente, ya que revelan una amenaza "explícita" en perjuicio de la víctima en su libertad, vida sus bienes o familia, pues dicha intimidación altera las emociones de la víctima, porque se conoce cómo operan ese tipo de personas y se conocen los alcances de no cumplir sus pretensiones, generándose así una afectación psicológica. Lo cual se estima acertado y suficiente pues en esta etapa del procedimiento penal no es necesario que se acredite plenamente los elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito, ya que para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Resulta aplicable jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2014800, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia: Penal, página 360 del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERAQUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Así como apoyo a las consideraciones anteriores, la interpretación al artículo 19 de la Constitución, efectuada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 35/2017, derivada de la resolución de contradicción de tesis 87/2016, publicada en la página 360, del Tomo I, Libro 45, Agosto de 2017, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.". En ese orden ideas, como se precisó al inicio de este considerando los conceptos de violación resultan infundados. Lo anterior resulta así porque no es necesario que se demuestre que la coacción se realizó de manera directa en contra de la víctima, es decir, que haya una amenaza abierta y directa, pues en el caso se advierte que la coacción se realizó mediante la intimidación al ostentarse el sujeto activo del delito como miembro de una célula de un cartel; circunstancia que razonablemente puede considerarse suficiente e idónea para amedrentar a la víctima y coaccionarla para que ingrese a dos personas a la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por último, en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva, también resulta infundado el concepto de violación hecho valer. En los motivos de disenso se aduce que la medida cautelar que le fue impuesta al quejoso, prisión preventiva, resulta desproporcional, además, de que no se tomó en cuenta el hecho de que el artículo 19 Constitucional, no prevé que el delito de extorsión amerite prisión preventiva. Es infundado lo anterior. Los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: . El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." De las anteriores disposiciones se advierte que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, el juez, de manera oficiosa podrá ordenar la preventiva, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Sin embargo, cabe señalar también, que si bien el artículo 19 Constitucional, hace un listado de delitos respecto de los cuales debe ordenarse de manera oficiosa la prisión preventiva, lo cierto es que dicha circunstancia no es un aspecto limitativo, sino únicamente ejemplificativo o enunciativo, es decir, no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las respectivas legislaciones estatales consideren como de prisión preventiva justificada, pues pueden concurrir razones para justificar también dicha medida, por la naturaleza del delito y de la pena, comportamiento intraprocesal del imputado, o riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad. Sirve de sustento a lo anterior la tesis II.2o.P.64 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, página 2741, registro 2016873, cuyo texto establece: "PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS. Si bien es cierto que el precepto constitucional mencionado hace un listado de delitos respecto de los cuales debe ordenarse forzosamente la prisión preventiva oficiosa, también lo es que ello no debe considerarse exclusivamente como un aspecto estrictamente limitativo, sino potencialmente ejemplificativo o enunciativo, es decir, que no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las respectivas legislaciones estatales o la Federación, siguiendo lo dispuesto constitucionalmente, consideren como de prisión preventiva justificada y que no estén textualmente en el listado inicial a que se refiere el artículo 19 mencionado, pues la prisión preventiva no está limitada a usarse únicamente en esos delitos; como ocurre -por ejemplo- con todos aquellos otros casos en que el Ministerio Público lo justifique, aun cuando el delito, en principio, no se prevea en ese catálogo, pero concurran razones para justificar también esa medida cautelar (por la naturaleza del delito y de la pena; comportamiento intraprocesal del imputado; o riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad), sin que ello implique contrariar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su artículo 19 no establece limitativamente que sólo en los delitos ahí previstos podría hablarse de prisión preventiva, pues dicho precepto no está dirigido a limitar la facultad legislativa de las entidades de la República, o la Federación, en ese aspecto de regulación procesal secundaria que atañe a la gravedad y condiciones de política criminal que, en cada caso, pueden concurrir de manera justificada y circunstancialmente diferenciada en los diversos Estados de un País Federal como el nuestro, aunado a la existencia legal, se insiste, de todas las variantes que el propio sistema prevé para decidir y revisar lo relativo a las medidas cautelares." Ahora bien, en el caso, en la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veinte, se formuló la imputación correspondiente al aquí quejoso por su probable participación en el hecho delictivo de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 146, del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima de iniciales E.G.R., y si bien dicho delito efectivamente no es uno de lo que de manera específica señala el artículo 19 Constitucional para que se pueda decretar de manera oficiosa la prisión preventiva, lo cierto es que fue cometido con medio violento, esto es, con el uso de armas de fuego se pretendió intimar al pasivo del delito, situación que sí prevé el referido precepto constitucional, además acotó la juez del proceso que debe asegurar el procedimiento penal con la finalidad de cautelar o asegurar el cumplimiento efectivo de una posible sentencia que se llegue a dictar en el juicio, que debe procurar que el imputado adopte medidas que impidan o dificulten el cumplimiento de la sentencia que pudiera llegar a emitirse, como evadirse de la acción de la justicia, así como que no exista un riesgo para la víctima, testigos o para la comunidad, en observancia al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que en el caso, existía un riesgo latente hacia la víctima, tomando en con sideración que la coacción inició hace tres meses, y que tanto la víctima como el imputado están en el mismo establecimiento educativo, que señaló pertenecer a un cartel (Jalisco Nueva Generación), que los mensajes fueron en aumento donde le mandaban imágenes de fotos de armas de fuego, cartuchos, que es un medio violento, no obstante los mensajes le envían fotos de armas de fuego que el extorsionador no dudaría en utilizarlos, por lo que considera que hay un riesgo, pues el delito de extorsión en el caso el instrumento de mayor peso es el teléfono, que si bien existe la presunción de inocencia del imputado, es decir, que no puede estimarse su participación en diversos hechos con apariencia delictiva, ya que tal cuestión no fue evidenciada por la fiscalía, sí es dable sostener que derivado de los datos y conexiones del número telefónico ingresado a la base de datos, se desprende que es número ha tenido comunicación en diversas causas penales, donde son cobradores de hechos delictivos de secuestro, así como personas que ha estado involucradas. Por lo expuesto, la responsable consideró que para garantizar la seguridad de la víctima la medida cautelar a imponer y que no viola la Constitución ni los tratados internaciones, en términos del artículo 155 fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales impone Cristian Manuel Gómez Díaz, la de prisión preventiva. Por lo que derivado de esa disposición expresa el juez determinó que no era posible ponderar que con diversas medidas pueda lograrse la comparecencia del quejoso Cristian Manuel Gómez Díaz al juicio. Además, en la citada audiencia, el Juez responsable, determinó que la finalidad de dicha medida era garantizar la comparecencia del imputado al juicio, evitar la obstaculización al mismo y garantizar la integridad física de la víctima. En ese contexto, la imposición de la medida cautelar cumple con los requisitos legales mencionados, pues se vinculó a proceso al imputado por su probable comisión del delito de extorsión y de la imputación del agente del Ministerio Público, se advierte que fue cometido con medio violento, esto es, en los diversos mensajes a la víctima se utilizaron imágenes fotos de armas de fuego largas y cortas, cartuchos, con el apercibimiento de utilizarlos en caso de no cumplir con lo peticionado, lo cual contrario a lo que manifiesta la defensa, fue asegurado un objeto tipo arma de fuego, es decir, utilizó un medio violento para la extorsión con independencia de ello, por lo que sí se encuentra catalogado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como de aquellos en que el juez debe ordenar la prisión preventiva, al existir un riesgo latente hacia la víctima. En este orden de ideas, dado lo infundado de los conceptos de violación planteados por el quejoso, y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A Cristian Emmanuel Gómez Díaz o Cristian Manuel Gómez Díaz, contra el auto de formulación de imputación, medica cautelar de prisión preventiva y vinculación a proceso reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy ocho de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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