Cristhian Díaz Acevedo

Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1195/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Cristhian Díaz Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de diecisiete de octubre de la presente anualidad, en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido acuerdo. Archivo. Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por Christian Díaz Acevedo, por conducto de su defensor Edivaldo Toledo Santiago, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1195/2022. II. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. III. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo en su totalidad, es importante destacar que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento y en el juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias afectan de manera directa algún derecho sustantivo del gobernado, como la vida, salud, la libertad, la propiedad; de tal suerte que esa afectación, o sus efectos, en la realidad no se destruyen con el sólo hecho de que se obtenga sentencia definitiva favorable, por haberse consumado irreversiblemente. Ahora bien, en el caso de estudio, se advierte que la parte quejosa, reclama de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, la determinación que tomó en audiencia intermedia de siete de octubre de dos mil veintidós, para efecto de solicitar a la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aclaración o corrección de los hechos que se estimaron en la resolución de segunda instancia dentro del toca JOTPA 0013/2022. Es así que, analizado el acto reclamado conforme a los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se determina que éste no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, consagrados en la Constitución Federal ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Contrario a ello, la posible afectación que le pudiere ocasionar a la parte quejosa, la determinación de la Jueza responsable, consistente en solicitar aclaración a la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sobre los hechos materia de la acusación, resulta de naturaleza adjetiva, de efectos intraprocesales, porque tal solicitud únicamente tiene por efecto que se aclaren los hechos que integran la litis del proceso penal; lo cual constituye una violación análoga a la prevista en el artículo 173, apartado B, fracciones V y XVIII, de la Ley de Amparo, la cual podría desaparecer con una sentencia favorable a los intereses del quejoso que se llegue a dictar en el juicio penal de origen. Se arriba a tal conclusión, pues tomando en cuenta la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado (etapa intermedia), no puede considerarse que en este momento exista una afectación material cuyas consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio al derecho de defensa de la parte quejosa, pues conforme a lo señalado por dicha parte, el efecto que se busca con la solicitud de aclaración que realizó la jueza responsable, es únicamente verificar si la no transcripción por parte de la citada Sala Penal, en su resolución emitida en el toca penal *******, respecto de la segunda porción de los hechos materia de la litis, se trata de un error. Lo anterior, a todas luces no resulta una determinación que afecte derechos sustantivos de la parte quejosa en este momento, pues la sentencia que se llegue a dictar en la causa penal *******, podría dejar sin efectos la violación procesal que alega la parte quejosa en su demanda de amparo. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la parte quejosa no alega ninguna violación a sus derechos fundamentales, ni de oficio se aprecia que con la determinación reclamada, se le cause una violación de tal tipo, sino en su caso, podría tratarse de una violación formal o procesal; por tanto, en el caso no es aplicable el precedente 1a./J. 6/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS." Asimismo, no resulta aplicable al caso la tesis aislada I.8º.P.1 P (11a), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital 2024751, invocada por la parte quejosa, de rubro y texto: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE RESOLVER, VÍA INCIDENTAL EN LA FASE ORAL DE AQUÉLLA, LO CONCERNIENTE A QUE LA FISCALÍA VARIÓ LOS HECHOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN EN RELACIÓN CON LOS QUE SE ESTIMARON EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL AFECTAR DE MANERA DIRECTA Y EN FORMA ACTUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO SUSTANTIVO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Hechos: En la fase oral de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, enseguida de que el Ministerio Público realizó una exposición de su acusación, la defensa del imputado hizo valer en la vía incidental que la Fiscalía varió los hechos materia de la acusación en relación con los que se estimaron en el auto de vinculación a proceso; sin embargo, el Juez de Control negó resolver sobre dicho planteamiento porque, en todo caso, ello sería materia del juicio. En contra de dicha negativa se promovió amparo indirecto en el que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V -a contrario sensu-, ambos de la ley de la materia, en virtud de que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, al no afectar de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la negativa del Juez de Control de resolver, vía incidental en la fase oral de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, lo concerniente a que la Fiscalía varió los hechos materia de la acusación en relación con los que se estimaron en el auto de vinculación a proceso, procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque los efectos de dicho acto son de imposible reparación, al afectar de manera directa y actual el derecho sustantivo de tutela judicial efectiva del acusado. Justificación: Lo anterior, pues es de vital importancia que en el proceso penal acusatorio, en la etapa correspondiente, se decidan los tópicos relacionados con cada una para no afectar la siguiente, lo que implica que todo aquello que se somete a debate ante el Juez de Control que no puede ser controvertido en una etapa posterior sea dilucidado en sus términos, de manera favorable o no a la parte interesada; de ahí que en la fase oral de la etapa intermedia, que tiene como objeto, entre otros, la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, al ser la base por los que se seguirá el mismo, si la defensa fundamenta su petición de someter al contradictorio la alegada variación en los hechos de la acusación en los artículos 334 y 340, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la negativa del Juez de Control de dilucidar si la hubo o no, afecta de manera directa el derecho sustantivo de tutela judicial efectiva del acusado, porque no se atendió a la pretensión planteada, generando un acto de imposible reparación a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de la relevancia y pertinencia de resolver en definitiva el planteamiento del defensor, pues repercute en todo lo decidido en dicha audiencia intermedia, sobre todo en lo relacionado con la admisión de medios de prueba para efecto de verificar su conducencia o no respecto del hecho materia de la acusación, así como en el desarrollo del juicio; además de que resulta evidente que el acusado no podría plantear dicha variación en una etapa posterior a la en que se generó el acto reclamado, por lo que ante tal escenario procede la vía de amparo indirecta. En el entendido de que, si bien el código mencionado prevé los recursos de revocación y de apelación contra las determinaciones del Juez de Control, lo cierto es que en cuanto al primero, resultaría necesario sujetar a interpretación adicional el fundamento legal del recurso a efecto de determinar que procede contra la negativa indicada y, respecto al segundo, el acto reclamado no se encuentra previsto en el listado de resoluciones apelables en términos de su artículo 467." Lo anterior, dado que dicha tesis prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de la negativa del juez de control de resolver vía incidental lo concerniente a que la fiscalía varió los hechos materia de la acusación en relación con los que se estimaron en el auto de vinculación a proceso; lo cual no resulta el caso planteado en la demanda, pues como la misma parte quejosa refirió bajo protesta de decir verdad, la jueza responsable en audiencia intermedia resolvió el incidente que promovió la defensa en ese sentido; de ahí que en el caso no se trata de una negativa de resolver dicho incidente. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, las jurisprudencias con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Octava Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Tomo IV. Página: 291 Tesis: 3a./J. 3/89 Jurisprudencia Materia(s): Común "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". "Registro digital: 2006589 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." IV. Notificaciones electrónicas y consulta de expediente. Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la realización de notificaciones electrónicas del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "EDIVALDOTS". En el entendido que únicamente se notificarán de esta forma aquellas determinaciones que la ley establezca que deban realizarse de manera personal. Ahora bien, derivado de la autorización que se otorgó respecto a las notificaciones electrónicas, se informa al accionante que en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, queda autorizada la consulta electrónica del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario proporcionado. Asimismo, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase a la promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. VI. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, aun cuando la parte quejosa no lo solicitó expresamente, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. VII. Protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales en este juicio; por lo que de conformidad con el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, este Juzgado toma nota de dicha circunstancia, por ser el responsable de elaborar la versión pública de la información que se encuentra bajo resguardo. En tales condiciones, en las resoluciones que se emitan durante el trámite de este asunto y en las notificaciones que se practiquen se ordena suprimir los datos personales de la parte quejosa. Hágase el trámite correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VIII. Notificación y envío de oficios. Finalmente, se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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