Cristhell Estefania Ramón Priego

Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1149/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Cristhell Estefania Ramón Priego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DICTADA EN ESTA FECHA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de constancias Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Ténganse por recibidos los autos de este juicio de amparo y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el amparo en revisión 667/2023. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyos puntos resolutivos se resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo 387/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, promovido por José Martínez Martínez, por propio derecho, en términos del último considerando de esta ejecutoria." Así, de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada se advierte que se revocó la sentencia recurrida, se ordena reponer el procedimiento; dejar insubsistente la audiencia constitucional y sentencia; emitir un nuevo acuerdo de admisión de demanda que se firme el mismo día de su emisión por la suscrita y el secretario; y en su oportunidad, se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Ahora bien, visto el sentido de la ejecutoria de cuenta resulta pertinente citar la jurisprudencia 2a./J. 21/2023 (11a.)1 , aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contradictorias al analizar si la falta de suscripción de la firma electrónica del Juez de Distrito y/o del secretario el día en que se emite la sentencia y, en su caso, la audiencia constitucional, constituye o no una violación de tal trascendencia que amerite reponer el procedimiento. Así, un Tribunal Colegiado de Circuito estimó intrascendente que el Juez firmara electrónicamente la audiencia en día inhábil y posterior a la fecha de su emisión, pues ninguna trascendencia tuvo en el fallo al no generar inestabilidad o desequilibrio procesal entre las partes, en la medida en que no se afectó el derecho del quejoso de acudir a la audiencia, ni se le impidió ejercer alguno de sus derechos. Mientras que otro Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que la sentencia recurrida es inválida porque el Juez del conocimiento y el secretario firmaron electrónicamente la sentencia dos días después de su emisión y en día inhábil, Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 25, mayo de 2023, tomo II, página 1997, registro digital 2026455. con lo que se violó el principio de seguridad jurídica al transgredir las reglas del procedimiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que si bien la falta de suscripción de la firma electrónica del Juez de Distrito y/o del secretario el mismo día en que se emite la sentencia, incluida, en su caso, la audiencia constitucional, cuando no se dicte en el mismo momento, y en día inhábil, viola el principio de seguridad jurídica, lo cierto es que no se trata de una violación de tal trascendencia que amerite reponer procedimiento. Justificación: De conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, la reposición del procedimiento debe decretarse cuando la violación efectivamente trascienda al resultado de la sentencia y cause perjuicio a la parte recurrente. Bajo esta idea, los vicios de que el Juez y/o el secretario no firmen electrónicamente la sentencia y, en su caso, la audiencia constitucional en que intervienen en la fecha de su emisión y lo hagan en día inhábil, no son de tal magnitud que las partes queden en estado de indefensión por afectar alguno de sus derechos sustantivos y que la sentencia resulte nula de pleno derecho, en algunos casos, pues tienen que ver con la carencia de formalidades que no constituyen elementos esenciales a discernir y que por su naturaleza práctica y casuística basta que su actuación (sentencia, incluida la audiencia en su caso cuando no se dicte en el mismo momento) se suscriba electrónicamente por el Juez y el secretario previo a su publicación para que surta pleno efecto y para que las partes estén en condiciones de controvertirlo. Máxime si se considera que el acto jurisdiccional de que se trata puede generar perjuicio a las partes una vez que surta efectos su publicación, y no antes; de ahí que se corrobore que las particularidades aquí examinadas no provocan daño superior o grave. Aunado a que el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal, contiene el mandato de optimización en la medida que dispone que cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, la autoridad debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales que no afecten en grado predominante." Cabe precisar que entre los criterios que contendieron para dar origen a la jurisprudencia antes transcrita, se encuentra la tesis V.3o.C.T.13 K (11a.)2 , la cual se aplicó en la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y que se estima superada, acorde a las Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, agosto de 2022, Tomo V, página 4526, registro digital 2025065. consideraciones que la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal expuso, del contenido literal siguiente: "[.] 41. Cabe destacar que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo son aquellas que deben acatar los órganos constitucionales (por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio), para integrar debidamente el procedimiento de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado y del quejoso; esto es, son la totalidad de las obligaciones que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio de amparo, las que se distinguen de las cargas procesales impuestas a las partes, porque las primeras revisten el carácter de oficiosas y, en las segundas, se requiere indefectiblemente la intervención de las partes para hacer efectivas las prerrogativas enunciadas en tales leyes, además éstas se encuentran sujetas al principio de preclusión en el supuesto de no ejercitarse dentro del plazo previsto para tal efecto, lo que no acontece tratándose de las obligaciones. 42. Tal disposición no es absoluta, por lo que en esta medida puede interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación efectivamente trascienda al resultado de la sentencia y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar innecesariamente el trámite y la solución del asunto dado que ningún resultado práctico se obtendría, trastocándose en este sentido el principio de celeridad derivado del fin de contribuir a la justicia pronta y expedita. 43. Bajo esa idea, esta Segunda Sala estima que tales vicios (que el Juez y/o secretario no firmen electrónicamente la sentencia, incluida la audiencia cuando no se dicte en el mismo momento, ni en la fecha de su emisión y en día inhábil) no son de tal magnitud que las partes queden en estado de indefensión por afectar alguno de sus derechos sustantivos o que en todos los casos la sentencia resulte nula de pleno derecho, pues tiene que ver con la carencia de una formalidad que no constituye un elemento esencial a discernir y que por su naturaleza práctica y casuística genere incertidumbre, pues basta que cualquier acto jurisdiccional se suscriba electrónicamente por el Juez y el secretario previo a su publicación para que surta pleno efecto y en su caso las partes estén en condiciones de controvertirlo. 44. Sin que ello signifique ignorar las reglas procesales, pues atendiendo a que esos aspectos no trascienden de manera inobjetable y en grado superior al procedimiento ni a su resultado, no se estima vital reponer el procedimiento. 45. Por tanto, si bien es cierto que es incorrecto que el Juez y el secretario firmen electrónicamente la audiencia y la sentencia, en día diverso a su emisión o autorización e inhábil, también lo es que resulta ocioso ordenar reponer el procedimiento dado que a nada práctico conduciría al tratarse de violaciones formales que no afectan en grado predominante al procedimiento al no provocar estado de indefensión al recurrente, ya que no se generó desequilibrio procesal o se impidió ejercer algún derecho procesal a las partes. Con lo que a pesar de que se violó el principio de seguridad jurídica no amerita reponer el procedimiento. 46. Máxime si se considera que los actos jurisdiccionales de que se trata pueden generar perjuicio a las partes una vez que surta efectos su publicación, y no antes, de ahí que se corrobore que las particularidades aquí examinadas no provocaron daño superior o grave. 47. Aunado a que el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal, contiene el mandato de optimización en la medida que dispone que cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, la autoridad deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 48. Lo que conduce a corroborar que no debe ordenarse de manera automática e indiscriminada la reposición del procedimiento de amparo, sino que deben analizarse las consecuencias que generaron la anomalía procesal para tener la certeza de que su saneamiento persigue el propósito de respetar o resarcir algún derecho transgredido para lograr la igualdad procesal, sin afectar de forma desproporcionada el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. 49. En consecuencia, comprender la naturaleza excepcional y justificada de la reposición del procedimiento conlleva evitar el reenvío innecesario del asunto al lugar de origen para la depuración de la cuestión procesal irregular, pues resultaría dilatoria la impartición de justicia que descansa en lo preceptuado por los artículos 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. [.]" (Énfasis añadido) De las consideraciones expuestas, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si bien es cierto que es incorrecto que el Juez y el secretario firmen electrónicamente la audiencia y la sentencia, en día diverso a su emisión o autorización en día inhábil, también lo es que resulta ocioso ordenar reponer el procedimiento dado que a nada práctico conduciría al tratarse de violaciones formales que no afectan en grado predominante el procedimiento al no provocar estado de indefensión al recurrente. Consideraciones que resultan obligatorias para este órgano jurisdiccional al tratarse una tesis por contradicción en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo. Cumplimiento a la ejecutoria No obstante lo antes expuesto, en estricto acatamiento a la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, se acuerda lo siguiente: Vista de adscripción En primer término, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de la suscrita, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/20103 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reposición de procedimiento Se deja insubsistente todo lo actuado por este órgano jurisdiccional en el presente juicio a partir del acuerdo de siete de abril de dos mil veintitrés. Admisión de demanda Vista la demanda de amparo promovida por *****************; con fundamento en los artículos 1º, Publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida contra actos del Juez Cuarto del Ramo Mercantil en esta ciudad. Incidente de suspensión Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Informe justificado No ha lugar a solicitar informe justificado a la autoridad responsable, toda vez que obra a fojas 17; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de que se haga relación del mismo en la audiencia respectiva. Se guarda anexo por separado De conformidad con el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompañó al informe de cuenta y pónganse a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Parte tercero interesada Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, ténganse como tercera interesada en este asunto a Silvia Aguirre Portales; sin que haya lugar a emplazarla al presente juicio, toda vez que ello ya ocurrió el dos de mayo de dos mil veintidós. Notificación por lista a la tercera interesada. Por otra parte, toda vez que de la diligencia de emplazamiento realizada el dos de mayo de dos mil veintidós, a Silvia Aguirre Portales, se advierte que transcurrió el término concedido a la citada tercera interesada en este asunto para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha realizara manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de abril del mismo año y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Vista al agente del Ministerio Público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Alegatos de agente del Ministerio Público Con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la opinión ministerial suscrita por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, registrada bajo el consecutivo 5399, el once de abril de dos mil veintidós (foja 14) y con ello, por formulando alegatos; los que serán tomados en consideración al momento de resolver, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia respectiva. Se precisa al citado representante social que la copia certificada de la resolución que refiere, puede obtenerla a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación4 , (una vez que solicite a este tribunal la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto), e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas5 , de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Audiencia constitucional Se señalan las DOCE HORAS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia constitucional. Alegatos En la inteligencia de que las partes podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, deberán presentarse minutos previos a la celebración de la aludida audiencia. 4 https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home. 5 "Artículo 36. [.] Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente." Causas de sobreseimiento Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Diferimientos En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Juicio en línea Por otra parte, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibida la pieza postal relativa a la comunicación oficial 24653/2023 derivada del presente expediente. Determinación De la aludida pieza postal, se desprende la leyenda "falta de datos o domicilio incorrecto". Notificación por exhorto Ahora bien, toda vez que a la presente fecha, pese a las gestiones realizadas para notificar diverso proveído al Titular del Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Acompañados, Unidad Zazua, Sistema D.I.F., con sede en Zazua, Nuevo León, mensajería rápida y correo ordinario, no se ha obtenido progreso, con fundamento en lo dispuestos por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional se notifique al Titular del Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Acompañados, Unidad Zazua, Sistema D.I.F., con sede en Zazua, Nuevo León, el oficio referido en líneas que anteceden, al que se acompañan diversos anexos. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento. Mediante ejecutoria de diecinueve de junio del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, le otorgue de manera gratuita el tratamiento necesario y adecuado respecto del padecimiento que tiene, sin que sea viable su suspensión hasta en tanto sea determinado por el médico especialista y hasta que se logre su posterior rehabilitación y alta." Marco jurídico. Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"1. También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"2. Acciones de cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se advierte el cúmulo de actuaciones remitidas por la responsable en ejecución del fallo protector para acreditar la atención médica ministrada al justiciable, por lo que hizo del conocimiento a este Juzgado de Distrito, lo siguiente: 1. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al Jefe del Departamento Contencioso Adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación San Luis Potosí, informando que el quejoso Pedro López Arredondo, no se presentó a su cita programada el tres de abril pasado, por lo que se le requirió para que informara a este órgano 1 Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. 2 Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. jurisdiccional las razones por las cuales no le fue posible acudir a la cita programada y, en su caso, justificar su dicho. Sin que éste haya realizado manifestación alguna. Sin que pase inadvertido que dicha cita estaba programada en una fecha anterior al dictado del fallo constitucional; sin embargo, desde esta fecha queda el antecedente que el quejoso no se presentó a su cita. 2. Por acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al Jefe del Departamento Contencioso Adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación San Luis Potosí, informando que se encontraban fijadas las diez horas del once de julio de dos mil veintitrés, a fin de que el quejoso se presentara en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación San Luis Potosí, para la valoración médica respectiva, notificándole dicho auto personalmente al quejoso, para los efectos legales correspondientes. 3. Por acuerdo de trece de julio siguiente, se requirió a la autoridad responsable para que informara si el quejoso se presentó a su cita del once de julio pasado. 4. Mediante acuerdo de veintiuno de julio del presente año, se volvió a requerir a la autoridad responsable el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. 5. Por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando que el quejoso no se presentó a su cita del once de julio pasado, por lo que en ese mismo auto, se requirió al justiciable para que efectuara manifestación alguna, entorno a alguna imposibilidad para asistir, bajo el apercibimiento de no asistir con la responsable ni realizar manifestaciones a este órgano jurisdiccional, se entendería un desinterés de su parte, para continuar con el procedimiento de ejecución. 6. El catorce de agosto de dos mil veintitrés, ante la omisión del quejoso, se le requirió por última ocasión, para que, manifestara si es su voluntad o no de que se le proporcione el tratamiento que corresponde a su padecimiento; en caso de que su respuesta sea afirmativa, además de informar esa decisión a este órgano jurisdiccional, deberá presentarse ante el HOSPITAL GENERAL DE ZONA NUMERO 50 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, a efecto de que se le programe la cita respectiva, con la finalidad de que se le realice la valoración correspondiente. Bajo el apercibimiento que de no manifestar nada al respecto o no atienda los llamados de las responsables a efecto de se programe la cita correspondiente; se entenderá, bajo su más estricta responsabilidad, que es su voluntad no continuar con el tratamiento que corresponda a su padecimiento. Así como también se le dijo que 1) de no realizar manifestación alguna a este juzgado en el sentido de que exista una imposibilidad para que acuda ante las autoridades a fin de que se le dé el tratamiento médico que requiere; 2) habiendo decidido no proceder con las intervenciones que requiere; 3) habiéndose hecho del conocimiento oportuno de la fecha para la cita programada, y no acuda sin razón justificada (es decir, simplemente por el hecho de preferir que su intervención o tratamiento se dé en el ámbito privado); se tendrá por cumplida la sentencia de mérito. Hasta aquí las precisiones. Dichas afirmaciones se ven corroboradas al tenor de las documentales certificadas acompañadas a dicha comunicación, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, la parte quejosa no vertió manifestación alguna, no obstante de encontrarse debidamente notificado de todos los requerimientos efectuados en autos. Circunstancia que se acredita, mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en el que se agregó el oficio registrado con el folio 11234, por el cual la autoridad responsable Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación San Luis Potosí (autoridad responsable) informó que no existe evidencia de que el quejoso Pedro López Arredondo haya acudido a la consulta programada para que fuera turnado a su valoración a la especialidad de dermatología. En ese sentido, no se presentó a diversa cita programada el pasado once de julio del año en curso, sin que el quejoso justificara a este juzgado el motivo por el cual no le fue posible asistir a sus respectivas consultas médicas. Con lo anterior, así como con las constancias allegadas al diverso oficio registrado con el folio 11554, se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera, apercibiéndosele, que en caso de no realizar manifestación alguna dentro del plazo otorgado, se procedería a resolver sobre el cumplimiento del fallo protector decretado. Vista que, como se dijo al inicio de esta providencia, la parte quejosa no desahogó, por lo que se hace efectivo el apercibimiento efectuado por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés y se determina que el quejoso ha demostrado desinterés en continuar con el tratamiento médico que puede incluir el suministro de medicamento con el objeto de contribuir a su mejora de salud que le permitiría una mejor calidad de vida. Conducta que quedó demostrado en autos, pues de las constancias que integran el presente juicio, no se advierte que el quejoso se hubiese presentado a sus citas. Seguido de que, no obstante estar debidamente notificado de los requerimientos realizados, a la fecha ha sido omiso en expresar si es su deseo o no de seguir con el procedimiento respectivo. Ante la conducta asumida por el quejoso, y dado que este Juzgado Federal no puede obligarlo a que se presente a recibir atención médica, pues se trata de un acto personalísimo de él, y siendo así el patente desinterés del quejoso para continuar con el presente procedimiento de ejecución y dada la naturaleza del presente asunto, se hace efectivo el apercibimiento efectuado por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés y, bajo su más estricta responsabilidad, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Se tiene por cumplida. En consecuencia, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató la totalidad de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto al emitir la nueva resolución, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo protector y no sobrepasó lo establecido en la sentencia de amparo. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual solicita la devolución de las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado. Devolución de constancias En atención a lo solicitado, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que se exhibieron en este asunto. Devuélvase al archivo Realizado lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Notifíquese.

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