Cristal Zempoalteca Sánchez

Expediente 203/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
203/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Cristal Zempoalteca Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, uno de julio de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos originales Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad remite constancias Agréguese el oficio y anexo signado por el Secretario General de Mayor Antigüedad, sustituyendo de manera temporal al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de ocho de marzo del presente año, remite diversas constancias que integran el expediente C.D.T. 510/2017-9, de su índice. Pruebas autoridades responsables De igual forma, se tiene por ofrecida las documentales que anexa a su oficio de cuenta, consistentes en copia certificada del auto dos de marzo del presente año, relativa a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente C.D.T. 510/2017-9, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, de las constancias remitidas por el Secretario General de Mayor Antigüedad, sustituyendo de manera temporal al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que el dos de marzo del presente año, se llevó a la cabo la etapa relativa al ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente C.D.T. 510/2017-9, teniendo por recibida en esta data, copia certificada de dicho proveído, con la que acredita tal circunstancia, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Así entonces, de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio. En ese tenor, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante, se advierte que remitió copia certificada de la resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente C.D.T. 510/2017-9. Lo expuesto pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al emitir laudo el once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente C.D.T. 510/2017-9; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, RECLAMO EL INCONSTITUCIONAL ACUERDO DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, dentro del expediente número C.D.T. 510/2017-9, AL NO FIJARME UNA FECHA DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS QUE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 878 FRACCIÓN VIII." Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Secretario General de Mayor Antigüedad, sustituyendo de manera temporal al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo requerido en autos exhibió copia certificada del auto de dos de marzo del presente año, relativa a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente C.D.T. 510/2017-9, del índice de dicha Junta, circunstancia que se acredita con las constancias de la referida determinación. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al llevarse a cabo la audiencia en comento -relativa a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente C.D.T. 510/2017-9-, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Lo anterior es así, en virtud de que la quejosa reclamó, en esencia, un auto a través del cual se fijó fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que ya se desahogó, por lo que resulta incuestionable que los efectos previsivos del acto reclamado desaparecieron. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Cristal Zempoalteca Sánchez, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Máxime, que fue el mismo quejoso, a través de autorizada, quien informó a este órgano jurisdiccional la actualización de la causa de improcedencia (foja 192). En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Autorizada de la quejosa informa Agréguese el escrito y anexo signado por la autorizada de la parte quejosa, a través del cual comunica que en el presente asunto de ha actualizado la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en virtud que se ha cesado el acto reclamado, por tanto solicita el sobreseimiento en el presente asunto. Se requiere autoridad En virtud de lo anterior, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a fin de que en el plazo de tres días, informe el estado en el que se encuentra el expediente C.D.T. 510/2017-9 y remita las constancias con las que acredite su dicho, apercibida que en caso de no hacerlo en el plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 , fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente juicio de amparo y se ordenó al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, notificar personalmente dicho proveído. No obstante lo anterior, se advierte que no obra razón de imposibilidad o constancia alguna con la que se acredite que efectivamente se llevó a cabo la notificación de tal auto a la parte quejosa; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que, de manera inmediata, cumpla con la notificación ordenada en proveído de trece de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, se ordenó girar oficio a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de que tomaran conocimiento de dicho proveído, al respecto, debe decirse que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que en el cuaderno varios que lleva en este órgano jurisdiccional se acordó el oficio signado por lo Secretaria General de Mayor antigüedad, en sustitución de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunicó los integrantes del Pleno dicha junta, determinaron suspender sus actividades del quince al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, declarándolos como días inhábiles, debido a las condiciones epidemiológicas del Estado de Tlaxcala ante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a lo anterior y a fin de no transgredir las reglas esenciales del juicio de amparo, SE DIFIERE para las TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración.

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