Crissol Yatzzeli Guzmán Torres
Expediente 1643/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1643/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Crissol Yatzzeli Guzmán Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Atento a los presentes autos y certificación levantada el día de hoy, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme el artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos sus efectos legales; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En consecuencia, previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Crissol Yatzzeli Guzmán Torres, contra actos del Juez Segundo Menor del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, Actuario adscrito de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial en el Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.
- Principal
Del estado que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta, se advierte que la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor del primer Distrito Judicial en el Estado Encargada del Despacho por Ministerio de Ley por Ausencia del Titular, con sede en esta ciudad, no rindió el informe justificado con los ocho días de anticipación, para que las partes se impongan del mismo, por lo que no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, citándose para su celebración las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Incidental
Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Guillermo Flores Ibarra, mediante el cual solicita se deje sin efectos la suspensión concedida a la quejosa. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa no exhibió la garantía exigida en audiencia incidental de cuatro de septiembre del año en curso, en cumplimiento a los requisitos de efectividad establecidos en ella. Por lo que, con fundamento en los artículos 132, 136 y 139 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la aludida interlocutoria; por lo que se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que queda expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Se cita por su contenido la tesis XXVII.3o.151 K del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2019152, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2654 que a continuación se transcribe. "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE AMPARO, CONSISTENTE EN QUE EL QUEJOSO OTORGUE GARANTÍA PARA QUE AQUÉLLA NO DEJE DE SURTIR EFECTOS, NO RESTRINGE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JURISDICCIONAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", estableció que las normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores de acceso a la jurisdicción, podrían conculcar el derecho a la tutela judicial. Por otra parte, también se precisó que no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, en respeto del contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida. En este sentido, el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, al señalar el plazo de 5 días para que el quejoso otorgue la garantía para que no deje de surtir efectos la suspensión del acto reclamado, respeta el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho requisito de efectividad obedece a la necesidad de que, en caso de que el quejoso no obtuviere sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto, se garantice la reparación de los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a un tercero con la suspensión concedida. Por lo anterior, el plazo para otorgar la garantía exigida, al ser un requisito que guarda estrecha proporcionalidad con las finalidades perseguidas, no constituye una restricción al derecho fundamental a la tutela jurisdiccional." Así como la diversa tesis XIX.1°.P.T.7K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, localizable en la página 3206, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia Común, Novena Época, Registro 163541, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto, siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación." Además, resulta oportuno mencionar como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, los lineamientos de la ejecutoria de once de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en el incidente en revisión 55/2018, en la que entre otras cosas estimó que si un quejoso no exhibía la garantía correspondiente, las autoridades responsables tenían expedita su jurisdicción para ejecutar el mandamiento reclamado, conforme lo dispone el artículo 136 de la Ley de la Materia.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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