Crispina Osornio Valencia

Expediente 2095/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2095/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
10/09/2015

Partes del expediente

  • CRISPINA OSORNIO VALENCIA y Otros.
  • Crispina Osornio Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil quince, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa CRISPINA OSORNIO VALENCIA, por propio derecho y en representación de la menor LILIÁN RAMOS OSORNIO; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. . .V

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 27/08/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 26/08/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por CRISPINA OSORNIO VALENCIA, por propio derecho y en representación de la menor LILIÁN RAMOS OSORNIO; luego de que mediante proveído de catorce de abril de dos mil quince, se declaró incompetente para conocer de la demanda y declinó competencia para conocer de dicha demanda de amparo a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, el cual por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Federal; en consecuencia, acúsese recibo de estilo que corresponda y hágase del conocimiento a dicho órgano jurisdiccional, que con fundamento en los artículos 1º, 33 y 35 de la ley de amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y al efecto, se provee REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de garantías promovida CRISPINA OSORNIO VALENCIA, por propio derecho y en representación de la menor LILIÁN RAMOS OSORNIO; por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 2095/2015-V; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. Independientemente de que se advierte una irregularidad al no acreditarse la representación que dice ostentar el promovente, lo correspondiente es proveer sobre la demanda en vez de prevenir, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución en relación con impartir justicia pronta y expedita. DESECHAMIENTO En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Para arribar a dicha conclusión, es menester destacar que el artículo 107 de la Constitución, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de garantías: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Al respecto, debe decirse que, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página nueve, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sobre esas reglas, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones definitivas que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. Así se estableció en la jurisprudencia P./J. 4/2001, visible en el Tomo XIII, del mes enero de dos mil uno, Novena Época, página once del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo". Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Máxime que, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la tesis invocada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. ACTO RECLAMADO En ese orden de ideas, se tiene que el acto reclamado por la parte quejosa es la resolución interlocutoria de dos de junio del año en curso, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, dentro del toca civil número 1014/2015, en la que se revocó el auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince, que decretó la caducidad en el expediente 1927/2013 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Querétaro, declarándola improcedente. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. Que la aquí quejosa fue emplazada el tres de julio de dos mil catorce, dentro del expediente 1927/2013 del índice del Juzgado responsable, en la que se le reclama la nulidad absoluta de la escritura número treinta y cuatro mil quinientos setenta y uno de veintiséis de diciembre de dos mil once. Que en treinta y uno de julio de dos mil catorce, la quejosa contestó la demanda, en la cual promovió nulidad de emplazamiento hecho a su menor hija. Que en veinticuatro de marzo de dos mil quince el Juez responsable dicta auto resolviendo que ha operado le caducidad de la Instancia. Que el siete de abril de dos mil quince, el aquí tercero interesado recurrió el auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince, el cual radicó en la Segunda Sala Ci8vil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca civil número 1014/2015, el cual en resolución de dos de junio de dos mil quince, resolvió revocar el auto impugnado, declarando improcedente dicha caducidad. Siendo ésta resolución el acto reclamado por la parte quejosa. En el caso, como ya se adelantó, la resolución reclamada declaró improcedente la caducidad del juicio 1927/2013. Empero, el efecto de esa resolución es que se continúe con la tramitación del juicio nulidad absoluta promovido por Ricardo Ramos Montes y Fernando Ramos Montes, en contra del aquí quejoso; de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal. No existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Conforme la nueva ley de amparo, en tal supuesto no procede la acción constitucional ya que dicho acto, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues la desestimación de la caducidad de mérito, no implica, una ejecución de imposible reparación, de ahí que aplicando analógicamente el nuevo criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, se concluye que la resolución que declara improcedente la caducidad no es impugnable en amparo indirecto, pues donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición. En efecto, la resolución combatida de dos de junio de dos mil quince, dictada por la Sala responsable, no es un acto de imposible reparación, que pueda afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio natural, o que pueda consumarse de forma irreparablemente. Se afirma lo anterior, en razón de que al resolverse el medio de impugnación que declaró improcedente la caducidad; constituye un acto dictado dentro de juicio que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino meramente procesal, como lo es el hecho de obligarlo a continuar con un procedimiento en la vía ordinaria. De tal modo que esa afectación es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio; y, para el caso de que la sentencia que resuelva en definitiva sea contraria a sus intereses, las violaciones cometidas durante el procedimiento, como puede ser la improcedencia de la caducidad, puede ser combatida en amparo directo. Resulta aplicable al caso la tesis 2o.3 C (10a.), con número de registro 2002120, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, tomo I, diciembre de dos mil catorce, visible en la página 801, que a la letra dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo." Asimismo, se pronuncia al respecto la tesis VII.2o.C.77 C (10a.), con registro 2008236, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIV, enero de dos mil quince, tomo III, página 1832, que reza: "CADUCIDAD DECRETADA EN PRIMERA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA, AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación, los que se situaban como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior; y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, por lo que debe entenderse que ante esa limitación, los referidos en segundo lugar no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que no fueron incorporados al texto del precepto en análisis. Entonces, la resolución que revoca la caducidad decretada en primera instancia, no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el efecto de tal decisión es la continuación del juicio, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva, en la que puede repararse la violación que se hubiera cometido respecto a aquélla. De ahí que la resolución que la revoca, no ocasiona violación a los derechos sustantivos, sino sólo a los procesales y, por ende, no procede en su contra el amparo indirecto." En consecuencia, se advierte que dicho acto, no es de imposible reparación para el quejoso de mérito; en razón de que no afecta sus derechos sustantivos, pues no se dictó una resolución que le afecte directamente de modo irreparable, dado que existe la posibilidad de que pueda obtener con posterioridad sentencia definitiva favorable a sus intereses. Pues, se reitera, dicha determinación no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable, y de resultarle adversa puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Es aplicable la jurisprudencia 108/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 176992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2005, visible en la página 294, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe |ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a los nombrados, sin perjuicio que una vez que acrediten ante este juzgado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen las facultades amplias a que hace mención el citado artículo 12. CONSTANCIAS POR CUERDA SEPARADA Por otra parte y, en virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad ocursante, se procede a dejar por cuerda separada el mismo, en la Secretaría de este Juzgado, para su consulta, sin perjuicio de que los subsecuentes acuerdos se realicen en el juicio de garantías en que se actúa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. . .V

  3. Principal

    Vistos; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a GELACIO ORTIZ NAVA, por lo que, con apoyo en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la ley reglamentaria invocada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo de mérito, NOTIFÍQUESE SIN DEMORA A LAS PARTES el presente proveído, para los efectos legales consiguientes. Bajo ese contexto, con fundamento en el propio artículo 192 de la Ley de Amparo; requiérase al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, y al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, para que, dentro del término de DIEZ DÍAS contado a partir del en que reciban la presente notificación, cumplan con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos; y en su caso, su superior jerárquico obligue a su inferior a acatar dicho fallo protector. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que el DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, no tengan la calidad de autoridades responsables en el presente juicio de amparo, pues es de explorado derecho que cualquier autoridad del país que de alguna manera intervenga en la ejecución de una sentencia constitucional, dentro de los límites de su competencia, se encuentra legalmente obligada a realizar lo necesario para que la ejecutoria condigna logre vigencia real y eficacia práctica, habida cuenta que las sentencias de amparo en las cuales se concede el mismo, son de orden público, de manera que la sociedad está sumamente interesada en su cabal cumplimiento, pues en ellas se consagra el control constitucional que debe imperar en nuestro estado de derecho, razón por la cual ninguna autoridad puede considerarse extraña para los anteriores efectos, porque el artículo 197 de la ley reglamentaria invocada, obliga a autoridades de las responsables a coadyuvar en esa ejecución, cuando es indispensable por razón de su función. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 183, del Tomo XIX, Febrero de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO..." En la inteligencia de que la devolución del numerario respectivo la deberá hacer la propia autoridad, debiendo remitir dentro del término otorgado, copia certificada del título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa, con la leyenda "no negociable" o "para abono en cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; por lo tanto la autoridad DEBERÁ ABSTENERSE de remitir a este Juzgado el cheque que por concepto de devolución deba realizar. Apercibidos que, de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá en forma individual una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en la zona del Distrito Federal, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. En el entendido de que el incumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, ameritará la imposición de los apercibimientos decretados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la jurisprudencia número 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". Hágase saber a la autoridad que el título de crédito que en su momento ponga a disposición, deberá ser entregado al quejoso GELACIO ORTIZ NAVA, y con las debidas salvedades, a los autorizados sin las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo; Adair Mondragón Negrete, Esly Jonathan Monroy Hernández y José Antonio Audi Lugo, debiendo remitir las constancias relativas a la entrega del documento relativo. Asimismo indíquese a la parte quejosa que a la brevedad acuda ante las oficinas de la autoridad exactora a recibir el cheque respectivo, debiendo llevar copia de identificación oficial. Es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular en forma general la norma inconstitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que la Legislatura, Gobernador y Secretario de Planeación y Finanzas todos con residencia en esta ciudad; quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo; pues como se advierte de la sentencia respectiva, los efectos del amparo tienen influencia únicamente sobre los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que en concreto, corresponden a la Secretaría mencionada, que fue la que efectuó directamente el cobro. . .VI

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