Crispín Torres Cruz
Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Crispín Torres Cruz
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, trece de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos se advierte que en acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno se desechó la demanda, el cual se notificó el treinta del citado mes y año. En tales condiciones, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto veintiséis de marzo de dos mil veintiuno por el que desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO RECLUIDO VÍA DESPACHO En ese sentido, se ordena girar despacho vía electrónica al Juez de lo Penal de Huauchinango, Puebla, a fin de que notifique personalmente el presente proveído al quejoso Crispín Torres Cruz en su lugar de reclusión, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso a), en relación con el diverso 27, fracción II, de la Ley de Amparo, a fin de que ordene a quien corresponda, se constituya en el interior del recinto carcelario; una vez teniendo a la vista al quejoso, le notifique de manera personal el contenido del presente proveído. Se hace saber a la persona encargada de practicar la diligencia, que deberá ajustarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realiza la notificación y de las personas justiciables, en términos de los establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 antes citado. Se solicita al aludido Juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar el emplazamiento que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituirse en el citado centro en distintos días y horas inhábiles. Notifíquese y a la parte quejosa en la vía ordenada.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ----------, contra los actos del Director del Centro Regional de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 264/2021. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO A LA ORDEN DE TRASLADO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Huauchinago, Puebla donde actualmente se encuentra recluido a uno diverso, actos que les atribuye indistintamente a autoridades administrativas penitenciarias. Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito esta constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El juicio de amparo deviene improcedente, respecto a los actos reclamados a las autoridades administrativas penitenciarias, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo respecto de dichos actos, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la trascripción anterior, se advierte que previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deben ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Para ello, debe precisarse que el quejoso reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a autoridades administrativas. Por tanto es dable concluir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo que es así, pues ese tipo de traslados se ordenan de forma unilateral por parte de las autoridades administrativas, y posterior a ello el juez autoriza ese traslado, pero una vez ejecutado este. Así, cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales correspondientes. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52 último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Sirve de apoyo a lo anterior lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, en el sentido de que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de defensa legal denominado controversia judicial, diseñado para combatir la orden de traslado urgente o excepcional, cuando se emite por autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa; el cual, es susceptible de suspender los efectos del correspondiente acto, sin exigir mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para la concesión de esa medida cautelar. En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Téngase al quejoso señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, al encontrarse recluido en dicho centro penitenciario. En ese sentido, se ordena girar despacho vía electrónica al Juez de lo Penal de Huauchinango, Puebla, a fin de que notifique personalmente el presente proveído al quejoso en su lugar de reclusión, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso a), en relación con el diverso 27, fracción II, de la Ley de Amparo, a fin de que ordene a quien corresponda, se constituya en el interior del recinto carcelario; una vez teniendo a la vista al quejoso, le notifique de manera personal el contenido del presente proveído y le haga saber que las notificaciones que le correspondan se le harán por la misma vía. Se hace saber a la persona encargada de practicar la diligencia, que deberá ajustarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realiza la notificación y de las personas justiciables, en términos de los establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 antes citado. Se solicita al aludido Juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar el emplazamiento que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituirse en el citado centro en distintos días y horas inhábiles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INVITACIÓN A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE INVITA A LAS PARTES para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se invita a las partes para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese.
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