Crispín Ordaz Trujillo
Expediente 9/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Crispín Ordaz Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de la que se advierte, que mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este Juzgado Federal a recoger las diversas documentales exhibidas en el presente sumario Constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dichos documentos serían destruidos con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos exhibidos serán destruidos con el presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa y tercera interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 457 a 460), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 196 y 214 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Asimismo, devuélvase al Auditor Superior del Estado, con residencia en la ciudad capital de San Luis Potosí, las constancias que sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copia certificada del Recurso de Revocación, derivada del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad (P.A.R.) número 16/2016, de su índice, en tres tomos; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, toda vez que existen documentos originales, presentados por la parte quejosa junto con su demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a dicha parte procesal, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger dichas documentales, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, las misma, serán destruidas con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos, la copia del oficio de cuenta y anexos, signada por el Jefe de la Administración postal de Ébano, San Luis Potosí, mediante la cual remite la reproducción certificada del acuse de recibo del oficio 3216/2018; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento de siete de mayo del año en curso. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dos de abril de dos mil dieciocho (foja 439 y 440), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, sin que realizaran manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, emitió sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante (fojas 242 a 256). Se tuvo mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, interpuesto recurso de revisión presentado por el quejoso Crispín Ordaz Trujillo (foja 263), contra la resolución emitida en el juicio en que se actúa; notificándose a las partes el medio de impugnación interpuesto y remitiéndose el asunto a la Superioridad, mismo que quedo registrado con el número de amparo en revisión administrativa 312/2017. Así, por medio de auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 420 a 422), se recibió el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual envió los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Crispín Ordaz Trujillo, así como testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 312/2017, interpuesto por el impetrante, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a CRISPÍN ORDAZ TRUJILLO contra el acto que reclamó a la autoridad responsable, precisado y señalada en el resultando primero y considerando segundo de la resolución impugnada, para los efectos indicados en la parte final del Considerando Quinto de esta ejecutoria." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto de que el Auditor Superior del Estado, realizara los actos siguientes: Dejara insubsistente la resolución reclamada. Emitiera otra en la que teniendo en cuenta lo estimado por el superior de instancia, determinara que en el expediente de origen operó la caducidad para emitir la resolución a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Auditoria Superior del Estado. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número ASE-AEL-203/2018 de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (foja 429), la Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada del auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el Procedimiento Administrativo de Financiamiento de Responsabilidades número PAR/16/2007, de su índice (foja 430), del que se desprende que la responsable dejó insubsistente la resolución de trece de julio de dos mil quince -acto reclamado-. Así mismo, allegó copia certificada de la resolución de veintiuno de marzo de la presente anualidad, en la que declaró la caducidad del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de origen, por lo que respecta al aquí quejoso Crispín Ordaz Trujillo. Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. En consecuencia, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución recurrida por el peticionario de protección constitucional -trece de julio de dos mil quince- y dictó otra en su lugar, en la que atendiendo a lo resuelto por el superior de instancia declaró la caducidad del procedimiento de origen. Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, restituyendo así en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso Crispín Ordaz Trujillo; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso y tercero interesado para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dos de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo y remite por el mencionado medio copia certificada de las constancias respectivas; en consecuencia, previo a tener a la autoridad responsable dando cumplimiento al fallo protector de que se trata, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y a la parte tercero interesada, con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. (.) Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y parte tercero interesada.
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