Crispín Alcalá Roldan
Expediente 682/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Crispín Alcalá Roldan
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Civil y Familiar de Apan, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 682/2021-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, los actos reclamados señalados por el quejoso, son: En efecto, de la lectura íntegra que se realiza al escrito de demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados consisten: a) Auto de seis de mayo del dos mil veintiuno, dictado en el expediente 245/2021, por el Juez Primero Civil y Familiar de Apan, Hidalgo, en el que se tuvo por presentada a Julieta Barrera Tapia su escrito de demanda en vía escrita familiar de pensión alimenticia en contra del quejoso ***, registrándola con el número 245/2021, además, ordenó correr traslado. En el mismo auto se requirió a la parte actora para que manifestara si el demandado estaba recluido en el Centro de Reinserción Social de Apan, Hidalgo, "domicilio que nombra para efecto de emplazamiento.", sin precisar si estaba detenido o interno y se supone que cumplió con dicho requerimiento porque se emite el acuerdo de dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, sin que se le hubiere dejado copia de traslado, quedando en estado de indefensión por no tener conocimiento. Que debido a lo anterior, las autoridades ejecutoras cumplimentaron en realizar un emplazamiento de manera indebida y contrario a derecho. b) Diverso proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el mismo expediente 245/2021, en el que se emiten medidas provisionales a favor de Julieta Barrera Tapia, equivalente al 100% del salario mínimo, siendo la cantidad de $4,307.68 (cuatro mil trescientos siete pesos 68/100 moneda nacional), misma que tenía que ser depositada en el Juzgado responsable. Precisados los actos reclamados, debe decirse que la presente demanda de amparo, como ya se dijo, es notoria e indudablemente improcedente, de conformidad con la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece a la letra, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la porción normativa transcrita, se advierte que la procedencia del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, está condicionada a que el gobernado agote previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley que rija tales actos controvertidos. Esto es, que previamente a la promoción del juicio de amparo, se deben sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que se tengan al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo que cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente por no acatar el principio de definitividad que la rige. Así, el referido principio de definitividad supone el agotamiento de todos los medios de impugnación que la ley que rige el acto reclamado establezca para controvertirlo, de tal suerte que, existiendo dicha posibilidad ordinaria de defensa, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resulta improcedente. Dicha máxima responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio de control extraordinario y supremo de defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de instarlo, el interesado debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. Igualmente, la máxima en comento tiende a evitar el abuso de la acción de amparo, toda vez que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encargado a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo deberá acontecer cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la regule. En ese orden, para que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el referido numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es necesario satisfacer las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra éste algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. No obstante, el principio de definitividad contemplado en dicha causal de improcedencia no es irrestricto, pues en la propia fracción XVIII del numeral 61 invocado, se prevén supuestos de excepción a este principio, los cuales, de actualizarse alguno de ellos, ocasiona que sea optativo para la parte quejosa interponer los medios de defensa ordinarios que procedan contra el acto reclamado, antes de acudir a la vía constitucional. Tales casos de excepción son los siguientes: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, 4. Cuando se reclame el auto de vinculación a proceso. Asimismo, se advierte que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, la primera de las excepciones se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; la segunda, cuando el acto reclamado consista en órdenes que afecten la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; la tercera excepción, alude a los terceros extraños al juicio o procedimiento, quienes no están obligados a agotar los recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), del máximo ordenamiento, lo que se reproduce en el numeral 61 antes citado; y, finalmente, la cuarta hipótesis, se actualiza cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En apoyo a la consideración anterior, se cita la tesis 2a. LVI/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Julio de 2000, Materia Común, página 156, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De conformidad con lo anterior, los actos que se reclama en la presente instancia constitucional, consistente por una parte, el emplazamiento que se le realizó de manera indebida y contrario a derecho; y, por otra, el otorgamiento de pensión alimenticia provisional otorgada a favor de Julieta Barrera Tapia; se advierte que no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; no se trata de alguna orden que afecte la libertad personal del promovente de derechos; tampoco de un auto de vinculación a proceso; y, finalmente, no es tercero extraño al procedimiento, precisamente, porque el peticionario de amparo es parte en el citado juicio familiar, pues, fue en contra de éste que se promovió tal proceso, es decir, tiene el carácter de demandado dentro del mismo. En consecuencia, el accionante del amparo estaba obligado a agotar los medios ordinarios de defensa que la ley pone a su alcance para combatir los referidos actos reclamados, al no ubicarse el asunto en ninguna de las excepciones legales previamente referidas. En ese orden, relativo al acto que reclama el quejoso consistente en el emplazamiento que según se le realizó de manera indebida y contrario a derecho, se reitera, que el quejoso es parte en la controversia familiar generadora del acto reclamado, pues la demanda fue entablada en su contra, por estimar que le recae el carácter de deudor alimentario frente a su cónyuge Julieta Barrera Tapia, además, que en la controversia referida, aún no se dicta sentencia definitiva, pues hasta ese momento únicamente se realizaron actuaciones tendientes a emplazar al demandado aquí quejoso y a fijar provisionalmente lo relativo a los alimentos a favor de su cónyuge. Ante esas circunstancias, resulta evidente que la parte quejosa, se encuentra obligada a agotar los recursos o medios de defensa que el Código de Procedimientos Familiares le ofrece para defender sus intereses, pues si el juez responsable aún no dicta sentencia, es claro que está en posibilidad de intentarlos, sin que deba soslayarse que, en el juicio de amparo, únicamente procederá cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. En la especie, si de lo que se duele el solicitante del amparo, es el emplazamiento que se le realizó de manera indebida y contrario a derecho, debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones que prevén los artículos 424, fracción II 58, 59, y 60 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que disponen lo siguiente: Artículo 424. Se tramitarán incidentalmente: (.) II.- Las cuestiones sobre nulidad de actuaciones, notificaciones o emplazamiento; (.) Artículo 58. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, tramitándose de acuerdo a la naturaleza del juicio en forma de incidente desde la notificación hecha ilegalmente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha. Artículo 59. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente, de lo contrario, el acto que dio origen a la misma, queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 60. Si la parte contraria está conforme con la nulidad, se decretará desde luego, si no, tratándose de juicio oral, el incidente se resolverá en la audiencia de pruebas y alegatos. En el juicio escrito, no se suspenderán los procedimientos, se tramitará por cuerda separada y se citará a las partes a una audiencia que se verificará dentro de los ocho días, en la que se contestará el incidente planteado, se rendirán pruebas, se alegará y resolverá. En esa tesitura, al contener el Código Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto nulificar los actos reclamados, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para la inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya expuesto. Carácter que no le asiste a la parte quejosa por ser parte en sentido material en el juicio del que deriva el acto reclamado; lo anterior, en virtud de que ha sido llamada a juicio, mediante la diligencia de emplazamiento que se le efectuó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 18/92, sustentada por la extinta Tercera Sala, página 16, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA." Y, en relación al diverso acto reclamado consistente en el otorgamiento de pensión alimenticia provisional otorgada a favor de Julieta Barrera Tapia; se acota que dada la naturaleza del procedimiento del que deriva el acto que se controvierte, resulta necesario invocar el contenido de los artículos 261, 262, 374, 382, 386, 394, fracción I y 399, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, cuyo tenor es: "Artículo 261. Las resoluciones se dividen en Decretos, Autos y Sentencias." "Artículo 262. Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán acuerdos; II.- Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III.- Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV.- Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V.- Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; y VI.- Sentencias definitivas." "Artículo 374. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el sólo efecto de apegarse al procedimiento." "Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 386. El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." "Artículo 394. Se admitirán en un sólo efecto, las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido que se admitan en ambos efectos. Se admitirán también en un solo efecto: I.- Las sentencias definitivas que hayan resuelto acciones sobre alimentos y/o custodia y/o convivencia de menores y/o, sobre diferencias conyugales respecto de la administración de bienes; y (.)." "Artículo 399. Además de los casos determinados expresamente en la Ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I.- De las sentencias definitivas en los juicios previstos por este ordenamiento, salvo tratándose de alimentos, custodia y convivencia de los menores; y, (.)." En atención a lo dispuesto por los artículos 261 y 262 transcritos, se advierte que en el mencionado acto reclamado se emitió a favor de Julieta Barrera Tapia, equivalente al 100% del salario mínimo, siendo la cantidad de $4,307.68 (cuatro mil trescientos siete pesos 68/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia provisional, misma que tenía que ser depositada en el Juzgado responsable, se trata de un auto provisional, al tener tal determinación, precisamente, la naturaleza de provisional y no así de definitiva o permanente. En ese sentido, el acto reclamado no se ubica en los supuestos señalados en el numeral 374 del ordenamiento legal invocado. Por tanto, atendiendo a lo previsto en los diversos artículos 382, 386 y 394, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, la determinación reclamada en el presente juicio de derechos es atacable mediante el recurso de apelación. Circunstancia que se corrobora, si se tiene presente que el diverso numeral 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, supletorio al diverso Código de Procedimientos Familiares para dicha Entidad Federativa, de conformidad con el arábigo 1°, párrafo segundo, de este último ordenamiento, prevé que los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo sea la sentencia definitiva; luego, si en términos de lo dispuesto en el artículo 394 de la codificación procesal familiar previamente invocada, se admitirán en un sólo efecto las apelaciones contra las sentencias definitivas que resuelvan, entre otras, sobre acciones de alimentos, custodia y/o convivencia de menores, en consecuencia, el auto reclamado, al haberse dictado precisamente en un juicio de esa naturaleza, resulta ser apelable, en la medida de que la sentencia que se emita en aquel juicio puede impugnarse mediante apelación. De lo que se obtiene que, si la ley aplicable al acto que se controvierte en la especie, contempla un medio de defensa legal mediante el cual aquel puede ser modificado, revocado o nulificado, el quejoso, previamente a intentar la presente acción de amparo debió haber agotado el principio de definitividad que rige a la misma, interponiendo en contra de dicho acto el recurso de apelación a que se contrae el ordenamiento procesal antes invocado. Además, como también se ha evidenciado líneas arriba, la procedencia del referido medio de defensa ordinario en contra del acto reclamado, previo a la promoción del juicio de derechos, consistente en el recurso de apelación, no se encuentra sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal resulta insuficiente, a efecto de que la parte quejosa quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir a la vía del amparo, al encontrarse claramente prevista en términos de la legislación aplicable al caso, transcrita con antelación. Sirve de apoyo al respecto, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Materia Común, página 1406, que enseguida se transcribe: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Para que exista la causa de improcedencia basada en que no se agotó el recurso ordinario, previamente a la interposición del amparo, basta que la ley del acto conceda el recurso que al interponerse, provocaría la suspensión, independientemente de que ésta se hubiera concedido o no, en el incidente del juicio de garantías." Así como, la diversa tesis aislada del Pleno del Máximo Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIV, Materia Común, página 128, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." En consecuencia, se concluye que el acuerdo en el que se decretó una pensión provisional a favor de Julieta Barrera Tapia, equivalente al 100% del salario mínimo, siendo la cantidad de $4,307.68 (cuatro mil trescientos siete pesos 68/100 moneda nacional), misma que tenía que ser depositada en el Juzgado responsable, reclamado por el quejoso en la presente vía constitucional, puede ser modificado, revocado o nulificado mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece al respecto -recurso de apelación-; razón por la cual, se encontraba obligado a agotar dicho recurso previamente a intentar este juicio de derechos, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En consecuencia, al no tener el acto que hoy se reclama la naturaleza de irreparable, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la misma Ley de Amparo al licenciado ***, toda vez que tiene registrada sus cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas por carecer de dicho registro. USUARIO Se tiene a la parte quejosa designado el medio en línea para consulta, a través de los usuarios "***", por lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro contexto, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020, requiérase a las partes (quejoso, tercero interesado y autoridades responsables) a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19 EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO EN LÍNEA De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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