Crisóforo Gregorio González León
Expediente 1065/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Crisóforo Gregorio González León
Actuaciones
- Principal
MESA VI A Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI A Vista la demanda de amparo signada por Crisóforo Gregorio González León, contra un acto del Juez de Garantía del Sistema Acusatorio Adversarial del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1065/2015. En principio, deviene relevante establecer que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las referidas autoridades, la negativa de concederle la ampliación del plazo para el cierre de investigación en la causa penal 125/2015 de su índice, que se instruye en su contra por su probable participación en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Alicia Martínez Reyes. Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en esas directrices, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte demandante del amparo señaló como acto reclamado la negativa de concederle la ampliación del plazo para el cierre de investigación en la causa penal 125/2015 del registro de la autoridad responsable, que se instruye en su contra por su probable participación en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Alicia Martínez Reyes; el cual, indudablemente no afecta un derecho sustantivo conforme a los lineamientos antes expuestos. A fin de corroborar lo anterior, también resulta conveniente señalar que los artículos 279, fracción II, 281, 284 y 285 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, estatuyen: Artículo 279. Efectos de la vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso producirá los siguientes efectos: (.) II. Comenzará a correr el plazo previsto en este Código para el cierre de la investigación; y (.). Artículo 281. Plazo judicial para el cierre de la investigación El juez competente, de oficio o a solicitud de parte, fijará en la misma audiencia un plazo para el cierre de la investigación, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la investigación, sin que pueda ser mayor a dos meses en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de seis meses si la pena excediere de ese tiempo. Artículo 284. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla. Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado, el imputado o la víctima podrán solicitar al juez que aperciba al Ministerio Público para que proceda a tal cierre. Para estos efectos, el juez informará al superior jerárquico del agente del Ministerio Público que actúa en el proceso, para que cierre la investigación en el plazo de diez días. Transcurrido ese plazo sin que se cierre la investigación, el juez declarará extinguida la acción penal y decretará el sobreseimiento, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los representantes del Ministerio Público. Artículo 285. Cierre de la investigación Practicadas las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, el Ministerio Público declarará cerrada la investigación y dentro de los diez días siguientes, podrá: I. Formular la acusación; II. Solicitar la aplicación del proceso abreviado; III. Solicitar la suspensión del proceso a prueba; IV. Solicitar el sobreseimiento de la causa; V. Solicitar la conciliación; y El análisis conjunto de los artículos transcritos conllevan a sostener que el acto reclamado, se refiere a aspectos procesales, toda vez que el cierre de la investigación consiste en que el Agente del Ministerio Público practicara las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, periodo en el cual también tiene intervención el imputado; así, transcurrido el plazo para ello, el primero, declarará cerrada la investigación, y con motivo de ello, puede formular ya sea: la aplicación del proceso abreviado, la suspensión del proceso a prueba, el sobreseimiento de la causa o la conciliación. De esa manera, tal determinación "negativa de concederle la ampliación del plazo para el cierre de investigación", no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no se impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, puesto que con ello, solo concluye la etapa preliminar, y da inicio la intermedia, en la cual, en su caso, el imputado podrá ejercer el derecho a la defensa, ofreciendo las pruebas correspondientes con base en lo que se sustente la acusación. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del peticionario del amparo, pues aquél no implica, per se, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que se indica en la demanda de amparo y, con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizadas a las personas que menciona, por así indicarlo expresamente la parte quejosa y ser este asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI A. Notificación personal por lista. (Quejoso) Vista la demanda de amparo signada por Crisóforo Gregorio González León, contra un acto del Juez de Garantía del Sistema Acusatorio Adversarial del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1065/2015. En principio, deviene relevante establecer que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las referidas autoridades, la negativa de concederle la ampliación del plazo para el cierre de investigación en la causa penal 125/2015 de su índice, que se instruye en su contra por su probable participación en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Alicia Martínez Reyes. Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en esas directrices, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte demandante del amparo señaló como acto reclamado la negativa de concederle la ampliación del plazo para el cierre de investigación en la causa penal 125/2015 del registro de la autoridad responsable, que se instruye en su contra por su probable participación en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Alicia Martínez Reyes; el cual, indudablemente no afecta un derecho sustantivo conforme a los lineamientos antes expuestos. A fin de corroborar lo anterior, también resulta conveniente señalar que los artículos 279, fracción II, 281, 284 y 285 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, estatuyen: Artículo 279. Efectos de la vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso producirá los siguientes efectos: (.) II. Comenzará a correr el plazo previsto en este Código para el cierre de la investigación; y (.). Artículo 281. Plazo judicial para el cierre de la investigación El juez competente, de oficio o a solicitud de parte, fijará en la misma audiencia un plazo para el cierre de la investigación, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la investigación, sin que pueda ser mayor a dos meses en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de seis meses si la pena excediere de ese tiempo. Artículo 284. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla. Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado, el imputado o la víctima podrán solicitar al juez que aperciba al Ministerio Público para que proceda a tal cierre. Para estos efectos, el juez informará al superior jerárquico del agente del Ministerio Público que actúa en el proceso, para que cierre la investigación en el plazo de diez días. Transcurrido ese plazo sin que se cierre la investigación, el juez declarará extinguida la acción penal y decretará el sobreseimiento, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los representantes del Ministerio Público. Artículo 285. Cierre de la investigación Practicadas las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, el Ministerio Público declarará cerrada la investigación y dentro de los diez días siguientes, podrá: I. Formular la acusación; II. Solicitar la aplicación del proceso abreviado; III. Solicitar la suspensión del proceso a prueba; IV. Solicitar el sobreseimiento de la causa; V. Solicitar la conciliación; y El análisis conjunto de los artículos transcritos conllevan a sostener que el acto reclamado, se refiere a aspectos procesales, toda vez que el cierre de la investigación consiste en que el Agente del Ministerio Público practicara las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, periodo en el cual también tiene intervención el imputado; así, transcurrido el plazo para ello, el primero, declarará cerrada la investigación, y con motivo de ello, puede formular ya sea: la aplicación del proceso abreviado, la suspensión del proceso a prueba, el sobreseimiento de la causa o la conciliación. De esa manera, tal determinación "negativa de concederle la ampliación del plazo para el cierre de investigación", no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no se impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, puesto que con ello, solo concluye la etapa preliminar, y da inicio la intermedia, en la cual, en su caso, el imputado podrá ejercer el derecho a la defensa, ofreciendo las pruebas correspondientes con base en lo que se sustente la acusación. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del peticionario del amparo, pues aquél no implica, per se, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que se indica en la demanda de amparo y, con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizadas a las personas que menciona, por así indicarlo expresamente la parte quejosa y ser este asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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