Crismadai Hernández Hernández
Expediente 516/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Crismadai Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera recurrido el auto de seis de junio de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO CITATORIO,LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos la demanda de amparo signada por... Con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; se ordena formar el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 516/2022-VI, que es el que le correspondió. Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo1, que autoriza al juzgador de amparo a examinar la demanda constitucional integralmente, y a desecharla, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el suscrito advierte que, en el caso particular, se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la invocada ley de amparo, respecto de los actos reclamados, consistentes en: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Se reclama los seriales normas y actos inconstitucionales los cuales redundan en violaciones directas y sistemáticas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actuando el Presidente con facultades y atribuciones con los que no TIENE NI ESTÁN CONTEMPLADAS en términos del artículo 89, Constitucional el Presidente de México, al REALIZAR DONACIONES CUANTIOSAS DE DINERO DEL DINERO DEL PUEBLO MEXICANO REGALANDO DINERO DE MILLONES DE DOLARES AMERICANOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO EL DE contratar y celebrar convenios con el gobierno PARA QUE TRABAJEN Y COBREN COMO PROFESIONISTAS EN PAGO EN DOLARES AMERICANOS 500 QUINIENTOS SUPUESTOS MEDICOS (LO CUAL NO NOS CONSTA) DE NACIONALIDAD CUBANA, PARA QUE TRABAJEN COMO MEDICOS ESPECIALISTAS EN NUESTRO PAIS MEXICO, ASI COMO TAMBIÉN A ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAL MEDICO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, (CUBANOS) TRABAJEN EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LOS 32 ESTADOS DE MÉXICO, SIN CUMPLIR CON TODAS LAS FORMALIDADES Y REQUERIMIENTOS LEGALES SEÑALADOS EN NUESTRO ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL Y DEMÁS LEYES REGLAMENTARIAS DE LA MATERIA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN EN SU ART. 5 QUE A LA LETRA DICE: NINGUNA PERSONA PODRA IMPEDIRSE QUE SE DEDIQUE A LA PROFESION, INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO QUE LE ACOMODE, SIENDO LICITOS, EL EJERCICIO DE ESTA LIBERTAD, SOLO PODRA VEDARSE POR DETERMINACIÓN JUDICIAL, CUANDO SE ATAQUEN LOS DERECHO DE TERCERO, O POR RESOLUCIÓN GOBERNATIVA, DICTADA EN LOS TERMINOS QUE MARCA LA LEY, CUANDO SE OFENDAN LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD. LA LEY DETERMINARA EN CADA ESTADO, CUALES SON LAS PROFESIONES QUE NECESITAN TITULO PARA SU EJERCICIO, LAS CONDICIONES QUE DEBAN LLENARSE PARA OBTENERLO Y LAS AUTORIDADES QUE HAN DE EXPEDIRLO. Violaciones directas a la Constitución cometidas por parte del Presidente de la República, así como todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, Violándose gravemente en forma por demás directa el cual se encuentra relacionado como lo es el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando claramente lo siguiente: ÚLTIMO PÁRRAFO DE DICHO ARTÍCULO CONSTITUCIONAL, LOS MEXICANOS SERÁN PREFERIDOS A LOS EXTRANJEROS EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, PARA TODA CLASE DE CONCESIONES Y PARA TODOS LOS EMPLEOS, CARGO O COMISIONES DE GOBIERNO EN QUE NO SEA INDISPENSABLE LA CALIDAD DE CIUDADANO. Al darles preferencia el Presidente de México y prioridad a los extranjeros y a los supuestos médicos y personal médicos que contrato mediante convenio celebrado con el gobierno cubano, está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de preferencia que tienen nuestros nacionales médicos enfermeras- os, y personal médicos mexicanos, traduciéndose dichos actos cometidos por los responsables en violaciones directas a nuestra Constitución antes señalados, al no observar y dar cumplimiento a los Artículos Constitucionales transgredidos los cuales se hacen valer como actos reclamados. Así mismo son diversas y múltiples leyes secundarias que se están violando por parte de todas y cada uno de las autoridades señaladas como responsables actuado en franca complicidad con el Presidente de la República, todas y cada una de las Secretarias de Estado antes señaladas como responsables participando conjuntamente en la contratación de médicos cubanos extranjeros. De igual manera se reclama el despojo de oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos, sin considerar primeramente la posibilidad de contratar ciudadanas y ciudadanos para el empleo de prestar el servicio médico para el que se ordenó que se contraten extranjeros lo anterior como superior jerárquico de la Secretaria de Salud y demás encargadas de ejecutar dichos actos. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en complicidad con el ejecutivo federal, se reclama la asignación de la partida presupuestal en pago de dinero de dólares americanos o de pesos mexicanos para pagarles PARA QUE TRABAJEN Y COBREN COMO PROFESIONISTAS EXTRANJEROS MÉDICOS EN PAGO EN DÓLARES AMERICANOS 500 QUINIENTOS SUPUESTOS MÉDICOS (LO CUAL NO NOS CONSTA) DE NACIONALIDAD CUBANA, PARA QUE TRABAJEN COMO MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NUESTRO PAÍS MÉXICO. DEL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN conjuntamente con la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MIGRATORIOS, en franca complicidad con el Poder Ejecutivo Federal, se les reclama la autorización ilegal de MÉDICOS CUBANOS EXTRANJEROS y demás personal médico, y de medicinas desconocidas de permitirles ingresar a nuestro país así como de darles autorización a todos ellos que ingresen a territorio nacional por cualquier vía aérea, terrestre, marítima, y permitirles realizar trabajos como ocurrió en meses anteriores con motivo de la PANDEMIA MUNDIAL CORONAVIRUS DONDE INGRESARON A MÉXICO MAS DE 600 FALSOS MÉDICOS CUBANOS (QUE NO TIENEN TITULO) reconociéndolos a todos ellos como médicos para que realizaran actividades como profesionistas en todo México sin cumplir con los requerimientos y las formalidades esenciales los cuales son obligatorios y que se deben se observar y cumplir de acuerdo a la LEY GENERAL DE PROFESIONES y demás disposiciones legales aplicables al presente caso. LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ASÍ COMO LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL en franca complicidad con el Poder Ejecutivo Federal, se les reclama la autorización ilegal de los SEUDOS-MÉDICOS CUBANOS EXTRANJEROS y demás personal médico así como de medicinas desconocidas sin patente de permitirles darles autorización a todos ellos realizar trabajos inherentes propios a médicos nacionales de MÉXICO que cumplieron todos ellos con los estudios requerimientos y formalidades propios durante más de 25 años en UNIVERSIDADES POLITÉCNICOS TECNOLÓGICOS Y DEMAS ESCUELAS MEDICAS DEL PAÍS. DONDE INGRESARON EXTRANJEROS CUBANOS como ocurrió en meses anteriores con motivo de la PANDEMIA MUNDIAL CORONAVIRUS DONDE INGRESARON A MÉXICO MÁS DE 600 FALSOS MÉDICOS CUBANOS (QUE NO TENÍAN TÍTULOS)... Actos Unilaterales y determinaciones contrarias a los intereses y en grave perjuicio a los intereses de la sociedad y de la colectividad de la ciudadanía de todo México, Afectándose gravemente a todo el sector salud y de Escuelas de medicinas de todo el País México, y a todos los profesionistas médicos que egresan de dichas instituciones educativas como lo es el presente caso que contrato a 500 MÉDICOS QUE NO TIENE TÍTULO NI NINGUN TIPO DE DOCUMENTOS LEGALES AMPARADOS POR TODAS LAS RESPONSABLES ANTES SEÑALADAS para que trabajen COMO MÉDICOS EN EL PAÍS MÉXICO, violándose directamente por parte del C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, los artículos 1, 5, 32, 87,89, 123 de nuestra Constitución como lo es el contratar y celebrar convenio en forma indebida para que 500 quinientos o más supuestos médicos, enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera, (cubanos que no tiene títulos de alguna institución oficial educativa de México) trabajen o laboren en toda la República Mexicana en la Ciudad de México o en los 32 Estados de México, laboren y cobren como profesionistas médicos sin contar CON EL CERTIFICADO, NI EL TÍTULO PROFESIONAL, NI LAS CÉDULAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES, sin que se cumplan con las formalidades y requerimientos señalados en el artículo 5 y 32 Constitucional, requisitos documentos oficiales, expedidos por las dependencias oficiales del RAMO las cuales son necesarias certificaciones y autorizaciones no cuentan ni cumplen con los dichos supuestos personal médico extranjero que contrato mediante convenio el Presidente de la República... Este juzgado estima que debe desecharse, como enseguida se expondrá. En efecto, para así considerarlo, cabe precisar, en principio, que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cauando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como un posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. En ese contexto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la quejosa frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Asimismo, en relación a la oportunidad de exigir el acreditamiento del interés legítimo desde la presentación de la demanda, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que es válido, y que para ello el juzgador debe realizar una aproximación inicial, una evaluación preliminar y un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determine si el planteamiento de la parte quejosa, en su formulación conceptual, y con los elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que exista una duda razonable, y sólo desechar cuando estime que no existe esa posibilidad lógica, mismo que se contiene en la jurisprudencia que a continuación se invoca: De modo que el auto inicial sí es propicio para examinar las particularidades de la reclamación desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés legítimo, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional. En ese contexto, se reitera, en el presente juicio de amparo, se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que, en lo conducente, por su orden, disponen que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. De acuerdo con lo anterior el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5o, de la propia legislación de la materia. Al respecto, cabe decir que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de Justicia del País, el interés legítimo, distinto al jurídico, es aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; o sea, se trata de un presupuesto procesal establecido constitucionalmente para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales no podrían someter a examen jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, particularmente, de aquellas elegidas de manera democráticamente, pues la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención de establecer una regla absoluta. Por lo tanto, es indudable que a través del juicio de amparo no se puede evaluar cualquier acto de autoridad, pues la existencia del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes, a saber, que los jueces no se posicionen, en todo momento, como órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones mayoritarias con legitimidad democrática, sino sólo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir, es decir, se traten de actuales, reales y cualificadas, de modo que aquéllas que sean mayoritarias, ideológicas y políticas deben corresponder a los órganos políticos. Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. De lo anterior, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: - La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino que se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. - Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir a un tribunal competente, debe existir un vínculo con una norma jurídica, ya que aun cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. - La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, con efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. - Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. - La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la cual aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. - Debido a su configuración normativa, pueden existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Ahora, en el caso concreto, la parte impetrante acude a la presente instancia constitucional a combatir la celebración de contratos y convenios para la contratación de 500 médicos extranjeros de nacionalidad cubana, así como enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera para que trabajen en toda la República Mexicana, así como la realización de donaciones de dinero del pueblo mexicano a gobiernos extranjeros, el despojo y la oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos, la asignación de partida presupuestal para pagarle a los profesionistas extranjeros que trabajen como médicos especialistas en nuestro país, la autorización para permitir el ingreso al país de los médicos cubanos, demás personal médico y de medicinas desconocidas, así como darles autorización para ingresar a territorio nacional por cualquier vía y permitirles realizar trabajos, reconociéndolos como profesionistas sin cumplir con los requerimientos y formalidades que se deben de cumplir de acuerdo con la Ley General de Profesiones. Dicha parte impetrante aduce acudir al presente juicio alegando tener un "interés colectivo", es decir, un interés legítimo, dado que es miembro del colectivo FRENA, y alega que los actos reclamados afectan los intereses de la sociedad, de la colectividad de México, de todo el sector salud y de las escuelas de medicina de México y a los profesionistas que egresen de dichas instituciones. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo de la parte quejosa, para acceder a esta instancia extraordinaria, habida cuenta que no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Así es, en el caso, la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar los actos materia de reclamo y no legítimo, menos aún jurídico; toda vez que de la lectura de la demanda, se observa que sólo busca lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. En efecto, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, pues para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. El interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado y país, en que se proteja la salud de las personas mediante profesionistas capacitados, acorde a las leyes aplicables; pues los actos objeto de reclamo, no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa, tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico de la parte accionante, es decir, el beneficio que obtendrían la promovente no sería concreto sino abstracto, de tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. Así, no basta que el promovente del amparo refiera que por ser miembro del colectivo FRENA, cuenta con interéslegítimo para acudir a la presente instancia constitucional, dado que ese aspecto no fue justificado. Es decir, la impetrante no exhibió prueba alguna de que es miembro de ese colectivo o habitante de algún municipio de Veracruz, en el que tenga jurisdicción este Juzgado de Distrito. Incluso, de acreditar que es habitante de alguna población, tampoco se advierte de la demanda de amparo una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente; por tanto, carece de interés legítimo, dado que una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que la parte quejosa acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Así es, no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuenta con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tiene el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se requiere para que la anulación de los actos que se reclaman produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo que la parte quejosa dice que le asiste para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Aunado a que, por una parte, la quejosa hace derivar ese interés legítimo del hecho de que es miembro del colectivo FRENA; y por otra, únicamente hace valer un interés genérico como miembro de la sociedad, respecto que se proteja la salud de las personas mediante profesionistas capacitados, acorde a las leyes aplicables; empero, sin que en forma alguna justifique tener en su esfera jurídica algún otro que sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica de la parte quejosa, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado. Ello implica un interés abstracto o simple y no el legítimo que hace valer, el cual consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico; de ahí que, el interés legítimo no implica la generalización de una acción, sino el acceso a los tribunales ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá a la quejosa en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, es claro que la promoción del medio de defensa no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues este está condicionado a que la solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación del acto que se reclame. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Lo anterior es así, porque, como se ha sostenido, el interés legítimo es el presupuesto procesal establecido en la Constitución para acceder al juicio de amparo, en ausencia del cual los órganos de control constitucional se encuentran inhabilitados para someter a revisión jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, especialmente, de aquellas elegidas democráticamente. Así, la preservación del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes: que los órganos de control constitucional no se posicionen como órganos supervisores permanentes o aduanas de veto de las decisiones con legitimidad democrática; por otra parte, garantiza el fin positivo de ese mismo principio: aprovechar las funciones de control constitucional para utilizarse en su máxima capacidad en el ámbito en el que los jueces gozan de ventajas institucionales sobre los poderes políticos, a saber, la resolución imparcial de controversias concretas mediante la aplicación del derecho. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales -mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de interés simple, porque no se le ocasiona a la quejosa, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 constitucional, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en este momento, habida cuenta que las afectaciones mayoritarias, ideológicas y políticas corresponde a los órganos políticos resolverlas, y no, a los órganos de control constitucional. Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia analizada a lo largo de este proveído, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en la vía constitucional, por los motivos expuestos en esta resolución; en consecuencia, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda constitucional promovida por Crismadai Hernández Hernández, quien se ostenta como miembro colectivo FRENA, por propio derecho, por su manifiesta e indudable improcedencia.
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