CRISLEY ERASMO BATZ AJPACAJA y Otros.
Expediente 395/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- CRISLEY ERASMO BATZ AJPACAJA y Otros.
- Bayron Rene Valenzuela Lemus
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 149/2023 (con número de orden 296/2023), enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal notificará a 1) Crisley Erasmo Batz Ajpacaja, 2) Bayron Rene Valenzuela Lemus, 3) Enrique Peralta y 4) Anderson Cruz, el proveído de treinta de marzo del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, de conformidad con los artículos 26 y 74, del acuerdo general de Acuerdo General 12/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, hágase del conocimiento mediante oficio que al efecto se gire vía interconexión al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que el expediente electrónico completo está disponible en la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en donde podrá descargar todas las constancias de la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, a fin de provea lo que legalmente corresponda, en autos del juicio de amparo 616/2023, de su índice, toda vez que, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del asunto. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del juicio de garantías 395/2023, que le fue enviado en proveído de treinta de marzo del año en curso, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de garantías promovido por 1) Crisley Erasmo Batz Ajpacaja, 2) Bayron Rene Valenzuela Lemus, 3) Enrique Peralta y 4) Anderson Cruz. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe en relación a la suspensión de plano concedida por este juzgado Federal. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia se tienen como sus delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el de su residencia oficial en términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 395/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. No se inadvierte que la demanda de amparo que se provee, es promovida por Sandra Nava Jiménez y Yamel González Santana y al pie de la misma obra estampado únicamente el nombre de Sandra Nava Jiménez, sin embargo la evidencia criptográfica de la firma electrónica pertenece a la segunda de las nombradas, por lo que se da tramite a la misma. Dígase al Oficial Judicial "C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial Judicial C, responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. Previo a acordar lo que en derecho proceda, en principio se establece que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En este contexto, de la lectura íntegra de la demanda, la suscrita advierte que carece de competencia para conocer de la acción de amparo que se ejercita por este medio, por las consideraciones siguientes: En efecto, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia. Así, de la demanda se advierte que se señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Estación Migratoria de la Ciudad de México. En tanto que los actos reclamados se hicieron consistir en: *** De los preceptos transcritos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución del acto reclamado debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que se generen, pues su estudio se efectúa a partir de lo que de manera directa e inmediata se le vincula. En efecto, de conformidad con lo establecido en el citado precepto legal, para conocer de la demanda será competente el Juez de Distrito: a) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material (párrafo tercero c) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones (párrafo segundo Así, para establecer la competencia es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas hipótesis, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver este tema competencial. *** Por tanto, los actos se están ejecutando fuera de residencia y jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito la jurisdicción, por autoridades que tampoco pertenecen a esta jurisdicción, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, esta juzgadora de amparo, como se anticipó, es incompetente para conocer del presente juicio de garantías. Máxime que sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." La norma constitucional transcrita establece que la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, es a favor de quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo. Esta norma pretende facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma constitucional y a la Ley de Amparo vigente, se prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, declina competencia y SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. De conformidad con la circular DGGJ/002/2020, de diez de julio de dos mil veinte, de la Dirección General de Gestión Judicial de la Judicatura Federal, mediante oficio que se envíe al correo institucional, remítase copia simple de la papeleta de turno y de la demanda de amparo a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que realice el turno correspondiente del juicio de amparo que se promueve y haga llegar a este juzgado Federal, la boleta de turno con el fin de conocer el órgano al que le fue asignado el asunto. Hágase del conocimiento al Jefe de la Oficina que conforme al punto 2, de la referida circular, la papeleta de turno no deberá remitirla al Juzgado de Distrito correspondiente, sino sólo a este órgano de control jurisdiccional requirente, para que una vez que el asunto se envíe a quien haya sido turnado. En otro tenor, a fin de proveer en relación con la suspensión que se solicita, se toma en cuenta que se reclama la privación de la libertad de manera indefinida fuera de todo procedimiento; la prolongada e injustificada detención de los directos quejosos, posible deportación que refiere la parte promovente están siendo objeto los directos quejosos 1) Crisley Erasmo Batz Ajpacaja, 2) Bayron Rene Valenzuela Lemus, 3) Enrique Peralta y 4)Anderson Cruz, toda vez que contra su voluntad, las autoridades señaladas como responsables los tienen alojados en la estación migratoria de la Ciudad de México. Al respecto, cabe establecer que el artículo 126 de la Ley de Amparo, prevé que la medida cautelar prevista en este numeral, se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales); o bien, cuando se trate de un acto que si se llegara a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano reclamado. Por su parte el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que de ser procedente la suspensión y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, así como en los numerales antes transcritos, se concede a la parte quejosa la suspensión de plano para que de inmediato cese todo acto de deportación y expulsión, o por cualquier aspecto a los que se refiere el artículo 1 Constitucional; golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier otro que sea cruel, inhumano, degradante o que atente contra la vida e integridad de dicha parte y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y los instrumentos internacionales mencionados. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que implique lo anterior. En cuanto a la incomunicación, se concede la suspensión de plano a la parte quejosa, a fin de que les sean comunicados todos los derechos que tienen en su calidad de migrantes, inclusive de solicitar refugio y se garantice que reciban asesoría jurídica, en razón que ello constituye un derecho fundamental de las personas que reúnen esa condición, conforme a los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención; en el entendido de que la autoridad deberá proporcionar los medios para que se comuniquen con gente de su confianza, abogado particular y sus familiares, de lo cual también deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten las facilidades que se le otorgaron a la parte quejosa para dicha comunicación. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, los cuales tienen como fin, proteger su dignidad humana. Por tanto, deben cumplir con el diverso artículo 5, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: "Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminará, así como que se prohíbe cualquier distinción exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; así como tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Por lo que se conmina a las autoridades responsables que deberán respetar las condiciones inherentes a la dignidad humana, así como la integridad personal a que tienen derecho las personas privadas de su libertad. *** *** De la privación de la libertad y detención. Al no existir elementos objetivos que permitan establecer la razón de la privación de la libertad de las quejosas, se concede la suspensión de plano, para que las autoridades responsables en los casos siguientes realicen lo que a continuación se precisa: En caso de que los quejosos se encuentren detenidos por la posible comisión de un delito, bajo su más estricta responsabilidad, deberán ponerlos sin demora alguna a disposición del Ministerio Público que corresponda. En el supuesto de que la parte quejosa no se encuentre detenida por la posible comisión de un delito ni esté sujeta a un procedimiento migratorio, deberá ordenar su inmediata libertad. En el escenario de que la parte quejosa se encuentre en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, deberán respetarse los términos establecidos por el artículo 111 de la Ley de Migración; transcurridos dichos términos, sin que se resuelva la situación migratoria, deberá ordenar que la parte quejosa sea puesta en libertad, previo dictado de las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido. Sin que en ningún caso pueda imponerse como requisito o medida la garantía económica o fianza, atendiendo a la presunción de vulnerabilidad de amplio espectro de que gozan los migrantes y a que dicha medida no está regulada. Lo que se estima conforme con el principio de excepcionalidad, por lo que las autoridades administrativas quedan constreñidas, con la información que tiene de las personas migrantes de primera mano, a verificar si procede su libertad en forma condicionada y responsable, o bien, a través del establecimiento de un domicilio dentro de la circunscripción del órgano de amparo donde la parte quejosa pueda ser localizada mientras se determina lo relacionado a su estancia en este país, o bien, si es que lo que hubiere, con un familiar que se haga responsable de la parte quejosa mientras se resuelve lo pertinente con su estatus migratorio, con la prohibición de ausentarse de dicho lugar y la obligación de presentarse las veces que sea requerida por la autoridad administrativa. Ello, partiendo de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique solo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Apoya esta determinación la Jurisprudencia PC.X. J/15 k (10ª), en Materia Común, emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, con registro digital 2022090, del rubro y texto siguientes: *** En el entendido de que en caso de que consideren que la detención está justificada, están obligadas a exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida, toda vez que el mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos; lo que deberá realizarse en estricto apego al artículo 16 Constitucional, a fin de que sea posible analizar en sede judicial si las circunstancias que en un caso concreto justifican la detención han sido señaladas de manera expresa por la autoridad y si están sustentadas por datos objetivos que muestren el riesgo de incomparecencia de la persona migrante al procedimiento o que éste pueda ser obstaculizado de alguna otra manera. *** La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por el promovente del amparo, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridad diversa a las designadas como responsables en la demanda de amparo. Esto es, si la detención no tiene como causa alguna facultad prevista en la Ley de Migración, la autoridad deberá ajustarse al contenido del artículo 164 de la Ley de Amparo. La suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las responsables se abstengan de trasladar a los quejosos a diversas instalaciones de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida del peticionario de amparo, lo cual deberán informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. Por tal motivo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el cumplimiento que den a cada punto de la suspensión de plano que se concede. Hágase del conocimiento de las partes que de materializarse una violación a este mandato por algún servidor público en su carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se le impondrá pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al funcionario público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. *** *** Notifique la suspensión de plano concedida y de conformidad con el numeral 15 de la Ley de Amparo, los requiera personalmente para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo o no, ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Yamel González Santana. Loa aperciba, que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio. - Dé fe en el acto de la diligencia de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. - Dé fe del estado físico de la parte quejosa al momento en que se desahogue la diligencia y las interrogue sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico, además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentren, y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y, en su caso, utilizar un medio electrónico grafico (fotografía), en donde puedan quedar registradas las lesiones. - Entregue los oficios dirigidos a las autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, así como con copia de la demanda, que para tal efecto se adjunta. - Dé cuenta de inmediato para que ese juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato en contra de la parte quejosa. Se haga del conocimiento a las autoridades responsables que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia, por lo cual deberán de respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o realizar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior constituirá una obstaculización a la justicia federal por lo que se actuara en términos del artículo 169 de la Ley de Amparo, y solicitar el apoyo de la fuerza pública que están obligas a rendir las autoridades civiles o militares. Una vez que el actuario tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la parte quejosa, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirlas para que ordene a quien corresponda, se dé atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellas, para lo cual deberá informar la autoridad en el plazo de veinticuatro horas las medidas adoptadas. Se les apercibe, que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio del delito en que se puede incurrir por el desacato a este mandato judicial. Por lo que, a fin lograr tal encomienda, se faculta al Juzgado exhortado, en caso de ser necesario, habilite los días y horas inhábiles, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, una vez que sea diligenciado el exhorto, lo devuelva con todo lo actuado vía electrónica. Téngase por señalando para oír y recibir notificaciones los usuarios electrónicos que proporciona en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a de Ángel Eduardo Ramírez Santana, toda vez que no cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar mayor agilidad al trámite del presente juicio se tiene como punto de contacto el correo electrónico vam.g5s10@gmail.com, que la parte quejosa proporciona en su escrito de demanda. *** Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley. Ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. *** Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. *** *** Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.
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