Criseida Bue Solana
Expediente 54/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Criseida Bue Solana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
OFICIO Intégrese el sobre devuelto por la Jefa de Administración Centro Histórico del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite el oficio 7752/2021, dirigido a la autoridad Director General del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), del que se desprende la leyenda: "Domicilio insuficiente citar número". REENVIÓ DE OFICIO En ese contexto, a fin de evitar dilaciones procesales, mediante oficio que derive de la presente determinación reenvíese el ocurso de mérito a la autoridad de mérito en la dirección correcta y completa.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que hasta hoy ninguna de las partes interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numeral 7.1.1 en sus numeral 1 y 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser depurable, pues se negó el amparo solicitado por la parte quejosa en el juicio y se concedió la suspensión de plano y carece de relevancia documental.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo VI-54/2021 y RESULTANDO PRIMERO Demanda de amparo Mediante escrito presentado vía electrónica el veintidós de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia Michoacán Criseida Bue Solana solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1° 4 14 y 16 constitucionales SEGUNDO Trámite Por razón de turno el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia la que se admitió a trámite mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción TERCERO Inexistencia de Autoridad La autoridad señalada por el quejoso como "Delegado del Instituto de Salud para el Bienestar" y/o "Delegado Regional del Instituto de Salud para el Bienestar" se tuvo por inexistente tal como se advierte de la audiencia constitucional celebrada el nueve de abril del presente año por tanto no procede decretar el sobreseimiento respecto de dicha autoridad y por el acto que se le atribuye al haber quedado fuera de la contienda que nos ocupa Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número Época Novena Época Registro 167784 Instancia Primera Sala Tipo de Tesis Jurisprudencia Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX Marzo de 2009 Materia(s) Común Tesis 1a /J 111/2008 cuyo rubro y texto disponen "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional pues en ese caso al analizar la certeza de los actos en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente" Finalmente se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede y CONSIDERANDO PRIMERO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán resulta competente para conocer del juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 37 de la nueva Ley de Amparo 48 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y en vigor a partir de su aprobación realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero del propio año en razón de que los actos reclamados están constituidos por omisiones que producen efectos dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito SEGUNDO Fijación del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 40/20001 estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y precisar el acto materia de la litis constitucional La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo" Asimismo la tesis VI/20042 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice "ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO El artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad Sin embargo en algunos casos ello resulta insuficiente por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar además los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión Esto es el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así de acuerdo con los criterios resaltados y el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para definir la intención de la quejosa así se advierte que Criseida Bue Solana reclama lo siguiente Autoridad Responsable Acto reclamado 1 DIRECTOR RESPONSABLE DEL HOSPITAL GENERAL De ambas autoridades "DR MIGUEL SILVA" DEPENDIENTE DEL INSABI RESIDENTE EN ESTA CIUDAD 2 DIRECTOR GENERAL DEL INSABI responsables se reclama la omisión de aplicar a la quejosa la vacuna contra el virus SarsCov2 en su calidad de médico pasante Debe aclararse que conforme a lo relatado en el escrito de demanda la omisión que reclama la quejosa la hace depender del contexto de la política pública implementada para la aplicación a la población de la vacuna contra el virus Sars-Cov-2 pues al efecto argumentó que el veinte de enero de dos mil veintiuno acudió a las inmediaciones del Hospital Civil en Morelia Michoacán en donde solicitó su aplicación al ser pasante de medicina adscrita al Ayuntamiento de esta ciudad asignada a una Unidad Móvil en la que brinda atención a pacientes con infecciones respiratorias agudas por lo que al desconocer si éstos pueden ser portadores de esa enfermedad puede poner en riesgo su salud y la de las personas que viven con ella Sin embargo el personal que la atendió le informó verbalmente que aún no procedía la aplicación de dicha vacuna a la quejosa ya que no era médico de primera línea para la atención de pacientes infectados con dicho virus ni era personal adscrito al mencionado Hospital Civil "Dr Miguel Silva" por lo que debería esperar a que le tocara el suministro de esa vacuna de ahí que la omisión que reclama está basada en el documento conocido como Política Nacional de Vacunación (PNV) contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 TERCERO Existencia de los actos reclamados El Director Médico del Hospital General "Dr Miguel Silva" con residencia en esta ciudad y el Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar en representación del Instituto de Salud para el Bienestar residente en la Ciudad de México al rendir sus informes justificados negaron el acto reclamado por la peticionaria Empero en la especie se estima prudente desvirtuar dichas negativas y tener por cierto el acto que reclama la quejosa a las autoridades responsables consistente en la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 dado que ambas responsables forman parte del Sistema Nacional de Salud en México las cuales tienen obligación de instrumentar mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población cautiva dar todas las facilidades y colaborar en el desarrollo de las actividades de vacunación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación Los artículos 157 BIS a 157 BIS 3 de la Ley General de Salud3 disponen que las dependencias y entidades de la Administración Pública tanto federal como local que forman parte del Sistema Nacional de Salud deberán instrumentar mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población cautiva entendiéndose por estos últimos al conjunto de personas que se encuentran bajo custodia en instituciones del Estado cuyo servicio es de cuidado capacitación control o que comparten de manera tanto temporal como permanente un área geográfica específica Aunado a ello se prevé que las dependencias y entidades de la Administración Pública tanto federal como local y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que constituyen el Sistema Nacional de Salud en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con los lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes con el fin de informar a la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona como para la comunidad la falta de inmunización oportuna Así en el presente caso se trata de la vacuna contra el virus SarsCov-2 cuya estrategia de vacunación está inserta en el documento conocido como "Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México" el cual se encuentra disponible en la página de internet www coronavirus gob mx (versión 5 0 actualizada al seis de abril de dos mil veintiuno) 4 de cuyo contenido se advierte la participación de autoridades de Salubridad General de los ámbitos Federal y Estatales quienes tienen participación ya sea en su redacción y elaboración o en la implementación material a través de los módulos de vacunación correspondientes En el entendido de que conforme a la indicada política nacional de vacunación contra el virus SarsCov2 se instruyó a las autoridades que forman parte del Sistema de Salud Nacional a supervisar que los planes de vacunación que al efecto establezcan sean congruentes con la Política Nacional de Vacunación para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de las vacunas a la población para la mitigación del referido virus de ahí que sea cierta la omisión que reclama la peticionaria a las autoridades responsables en el presente asunto sin que dicha existencia revele la legalidad de su actuación pues ésta se analizará en considerandos posteriores CUARTO Procedencia del juicio de amparo La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo así como lo sustentado por la tesis de jurisprudencia 1585 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice "IMPROCEDENCIA Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías" También la tesis de jurisprudencia número 8146 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del tenor siguiente "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia" En vinculación con lo anterior es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no es decir la improcedencia motiva que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal las que se analizan conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita Sin embargo ninguna de las partes las hizo valer y este juzgador no advierte de oficio alguna que impida el estudio de los planteamientos formulados de que procede analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda los que no se transcriben por no exigirlo así la ley en la materia acorde con la jurisprudencia número 2a /J 58/20107 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias" del título primero "Reglas generales" del libro primero "Del amparo en general" de la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o en su caso los agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios los estudia y les da respuesta la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis Sin embargo no existe prohibición para hacer tal transcripción quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no atendiendo a las características especiales del caso sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" No se soslaya que la Política Nacional de Vacunación (PNV) contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 constituye el documento rector para la aplicación de la vacuna peticionada por la quejosa cuya confección -como se verá más adelanteestá delimitada por una serie de etapas de manera escalonada las cuales a su vez se determinan acorde a diversos factores entre ellos en atención a los diversos grupos de personas con cierta actividad y condiciones (éstas inherentes a su edad y comorbilidades) aspectos que están estrechamente vinculados con el tópico del fondo del asunto por lo que -se estima- no es factible su estudio para efectos de visualizar una causal de improcedencia ello acorde a la jurisprudencia P /J 135/20018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO DEBERÁ DESESTIMARSE Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio debe desestimarse" QUINTO Estudio de fondo Es infundado el único concepto de violación formulado por la quejosa como enseguida se expondrá En su único motivo de inconformidad la quejosa señala que las autoridades responsables violan su derecho a la salud con la omisión de suministrarle la vacuna contra el virus SarsCov-2 para evitar la Covid19 ya que es médico pasante y labora en el Ayuntamiento de Morelia asignada a una unidad móvil en donde atiende a pacientes que desconoce si en un primer contacto se encuentren infectados o no de dicho virus pero acuden a solicitar atención médica por padecer alguna infección respiratoria aguda y que muchos de ellos incluso pueden ser asintomáticos lo que hace aún más riesgosa su labor Por lo que aduce el veinte de enero del año en curso en que se presentó a las instalaciones del Hospital General "Dr Miguel Silva" dependiente del INSABI en esta demarcación territorial debieron aplicarle la vacuna contra el SARS-Cov2 en virtud de que es personal de salud en su calidad de médico pasante pero que las autoridades responsables indebidamente le argumentaron que al no ser médico adscrito a dicho nosocomio ni encargarse en primera línea de la atención de pacientes infectados con ese virus "debía esperar a que le tocara" por lo que considera ilegal esa omisión Una vez reseñados los argumentos que constituyen el único concepto de violación debe decirse que éste deviene infundado en atención a los razonamientos siguientes Para demostrar lo anterior en un primer aspecto debe precisarse que el derecho a la salud se encuentra regulado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone "Artículo 4o - [.] Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral Este principio deberá guiar el diseño ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez [ ]" (sic) Del artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colige que toda persona tiene derecho a la protección de la salud para lo cual la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución En ese sentido el derecho a la salud reconocido en el artículo 4° de la Constitución Federal no sólo se constriñe a no padecer o bien a prevenir y tratar una enfermedad pues ello desconocería la propia naturaleza humana y la dignidad de las personas sino que va más allá pues no sólo comprende su estado físico sino aspectos internos y externos como el buen estado mental y emocional del individuo de ahí que la salud es en realidad la obtención de un determinado bienestar general que se integra necesariamente por el estado físico mental emocional y social del sujeto Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico mental emocional y social de la persona del que deriva otro derecho fundamental consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurar a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar Por otro lado la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin tales como el desarrollo de políticas públicas controles de calidad de los servicios de salud identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social entre otras Lo anterior deriva de la jurisprudencia 1a /J 8/2019 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación9 cuyo rubro y texto disponen "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o constitucional en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud Al respecto no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal como una pública o social Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico mental emocional y social de la persona del que deriva otro derecho fundamental consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar Por otro lado la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin tales como el desarrollo de políticas públicas controles de calidad de los servicios de salud identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social entre otras En el contexto actual del fenómeno global de salud ocasionado por el virus SARS-CoV2 la Organización Mundial de Salud declaró a la pandemia generada por el virus como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control En términos de la jurisprudencia citada en nuestro país la actuación de las entidades del sector público para mitigar controlar y erradicar esta enfermedad y fenómeno global en relación con el derecho a la salud de las personas tienen esa doble dimensión individual y social En el ámbito individual subsiste la obligación estatal de proveer al gobernado de los medios de prevención para evitar el contagio o de la atención médica que corresponda en caso de contraer el virus En una óptica social el Estado Mexicano tiene la obligación de instrumentar una serie de medidas políticas y mecanismos para mitigar el riesgo de contagio y minimizar el impacto en la salud de la sociedad en general Así la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México detalla la estrategia actual del gobierno mexicano para en este enfoque social del derecho a la salud optimizar la implementación de las vacunas de la manera que se estimó es la más eficiente con los recursos humanos materiales y logísticos que se tienen disponibles Se hace énfasis en que estos recursos disponibles para los encargados de implementar las vacunas no son ilimitados y por tanto existe la necesidad de tomar decisiones difíciles para decidir el orden en que éstas serán distribuidas Como se precisó en anterior considerando las autoridades sanitarias habilitaron el sitio de internet https //coronavirus gob mx/ para la difusión de material especializado de consulta y política pública y en esta página web se publicó el Documento Rector que contiene la Política nacional rectora de vacunación contra el SARSCoV-2 para la prevención de la COVID19 en México el cual a la fecha de la emisión de esta sentencia fue actualizado por última ocasión el seis de abril de dos mil veintiuno10 el cual dispone en lo que aquí interesa lo siguiente "(.) El grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 en México conformado por expertos en materia de inmunología vacunación infectología sociología sistemas y economía de la salud ha trabajado desde el pasado mes de agosto y sus recomendaciones han sido actualizadas en dos ocasiones hasta noviembre de 2020 El GTAV recomienda llevar a cabo una estrategia enfocada en reducir el número de muertes asociadas con COVID 19 diseñada con base en la mortalidad observada en México Los beneficios se midieron considerando tres diferentes escenarios de acuerdo con la disponibilidad de vacunas a) 25 millones de personas vacunas b) 50 millones y c) cobertura universal (75% de la población) Esta recomendación se realizó mediante un análisis minucioso de la información nacional e internacional se revisaron estudios específicos de riesgos de salud pobreza e inequidad con relación a la infección y muerte por COVID19 realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) además de los criterios de promoción del bienestar humano respeto igualitario equidad global equidad nacional reciprocidad y legitimidad Algunos de los factores identificados de complejidad para el establecimiento de programas nacionales de vacunación contra la COVID-19 son Problemática de acceso global Limitada producción mundial y falta de marcos de trabajo internacionales que permitan acceso equitativo a todos los países Diferencias en las prioridades de vacunación al interior de cada país Infraestructura nacional para el proceso de recepción almacenaje y distribución de las diferentes vacunas Infraestructura del programa operativo de vacunación y la vigilancia de eventos adversos así como la evaluación del impacto de la estrategia de vacunación [.] Al definir los grupos prioritarios de vacunación el GTAV también tomó en consideración aspectos sociales que pueden generar desigualdad en el acceso a la vacunación limitando sus beneficios en grupos sociales marginados y con menor acceso a protección social recursos educativos y de salud Esto es consistente con un marco ético para la asignación de recursos ya que considera el efecto de la interacción entre las políticas públicas propuestas y las condiciones específicas de la población incluyendo actitudes y decisiones individuales así como a barreras estructurales y colectivas por ejemplo la necesidad de salir trabajar a pesar de las restricciones implementadas como medida de mitigación Este enfoque ha permitido revisar la objetividad racionalidad y proporcionalidad de la segmentación y calendarización de las poblaciones a vacunar con la finalidad de asegurar un trato incluyente y no discriminatorio que promueva el bienestar colectivo sobre el bienestar personal Tomando en cuenta las recomendaciones del GTAV otras recomendaciones internacionales así como diversos criterios éticos y socioculturales el Gobierno de México ha definido cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país 1 Edad de las personas 2 Comorbilidades personales 3 Grupos de atención prioritaria y 4 Comportamiento de la epidemia Como lo recomienda el GTAV la edad es el primer eje de priorización ya que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país Posteriormente se considera la presencia de comorbilidades incluyendo enfermedades cardiometabólicas inmunológicas e infecciones crónicas entre otras que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19 Sin embargo dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad el GTAV ha recomendado vacunar a las personas por grupo de edad de 50 años y más independientemente las comorbilidades De acuerdo con las estimaciones del GTAV un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles vacunando al 20% más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas Los grupos de atención prioritaria como niñas niños y adolescentes personas de 60 años o más mujeres personas con discapacidad víctimas personas jóvenes personas de la comunidad LGBTTTI personas migrantes y sujetas de protección internacional personas en situación de calle personas privadas de la libertad personas que residen en instituciones de asistencia social personas afrodescendientes y las de identidad indígena son contemplados como el tercer eje de priorización de la vacunación Esto significa que como eje de priorización se cuidará de manera especial que su acceso esté garantizado en el momento en que por edad condición de vida o comorbilidad deban vacunarse El cuarto y último eje de priorización de la vacunación es el comportamiento de la epidemia por ejemplo alta mortalidad por municipio debe ser un apoyo en la priorización conforme la vacunación avanza Este eje es dinámico pues la epidemia nacional se compone de 32 diferentes epidemias estatales y cada entidad federativa tiene diversas epidemias dentro de sus alcaldías municipios colonias localidades barrios etcétera Asimismo estas epidemias locales dependen también de diferentes factores el más importante epidemiológicamente es la densidad poblacional pues las epidemias de enfermedades infecciosas son más difíciles de mitigar y controlar en ciudades más densamente pobladas debido a la inercia poblacional de transmisión Este último eje de priorización apoyará en enfocar esfuerzos específicos para lograr recuperar actividades socioeconómicas específicas por ejemplo la actividad escolar presencial en entidades federativas con menor riesgo epidémico estimado Es importante señalar que el cuarto eje de priorización no resulta discriminatorio al ejecutar una definición de regiones en las que se aplicará la vacuna y su orden de prioridad incluso si esto implica dar prioridad a zonas urbanas o rurales Si bien es cierto que la mayor transmisión del virus se concentra en zonas urbanas también es verdad que las personas de grupos históricamente discriminados como pueden ser las comunidades indígenas que con un grado mucho mayor de vulnerabilidad pudieran encontrar mayores obstáculos para acceder a los recursos de medicina crítica en el ámbito rural y por lo tanto tener un mayor riesgo de muerte La asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia la disponibilidad de los biológicos aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles mediante la vigilancia de potenciales eventos adversos Al momento de la actualización de la política nacional el eje de priorización 1 edad de las personas sigue siendo el eje principal Sin embargo no se descarta que conforme avance la estrategia operativa de vacunación de la presente política pueda generarse una nueva forma de priorización Finalmente es importante mencionar que la disponibilidad de vacunas a nivel mundial y por ende nacional es limitada relacionada a la oferta de productores y que las vacunas llegarán de manera limitada escalonada y progresiva impactando en los otros ejes de priorización [.] PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR Las recomendaciones preliminares del GTAV7 en México están basadas en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme la evidencia científica sobre los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas se actualicen El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores casos nuevos evitables muertes y hospitalizaciones evitables llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con COVID - 19 diseñada con base en la mortalidad observada en México Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebaño esperada con un programa de vacunación universal para prevenir la COVID -19 cubriendo al menos al 75% de la población mexicana Para definir la priorización se analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupo de edad Para el nivel de riesgo se consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de COVID-19 La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-19 Para definir los criterios se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas Con base en los resultados del análisis del GTAV y los ejes de priorización establecidos por la Secretaría de Salud los grupos priorizados en orden de prelación son 1 Personal sanitario que enfrenta COVID-1914 (estimado en un 1 1 millones de personas) 2 Población de 50 y más años cumplidos15 (27 181 09115) a Mayores de 80 años (2 035 415) b Personas de 70 a 79 años (4 225 668) c Personas de 60 a 69 años (8 199 671) d Personas de 50 a 59 años (12 720 337) 3 Personas con comorbilidad o comorbilidades15 a Obesidad mórbida b Diabetes mellitus c Hipertensión arterial sistémica d Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e Asma f Enfermedades cerebrovasculares g Infección por VIH h Enfermedad renal crónica i Estados patológicos que requieren de inmunosupresión j Cáncer en tratamiento 4 Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico verde16 5 Personas de 40 a 49 años 6 Resto de la población de 16 y más años cumplidos [.] Así vacunando al 20% de la población total en México conformada por las personas de 50 y más años se reducirán el 80% de las defunciones asociadas al virus SARS-CoV-2 Esta estrategia priorizada exclusivamente por grupos de edad recomendada por el GTAV es la que más rápidamente reduce el número de muertes y hospitalizaciones secundarias al virus SARS-CoV-2 [.] El personal de salud se ha clasificado en tres grandes categorías de priorización para ser incluido de forma ordenada en el proceso de vacunación de acuerdo con su riesgo y nivel de exposición al virus SARSCoV-2 esta priorización se ha realizado en otros países17 y aunque puede diferir entre países en México se tomaron en cuenta las siguientes características 1 Primera línea de atención personal de salud que tiene contacto directo con pacientes sospechosos o confirmados de COVID Incluye no sólo el contacto con los pacientes sino también con muestras biológicas y espacios ocupados por los pacientes Se clasifican con alto nivel de exposición al virus El uso correcto de equipo de protección personal es vital para mitigar el riesgo pero sigue siendo muy alto 2 Segunda línea de atención personal de salud que tiene contacto con pacientes con otras enfermedades y no son sospechosos de COVID y que dada la dispersión comunitaria del virus SARS-CoV-2 pueden estar en un momento pre-sintomático y por lo tanto transmitir la infección Su nivel de exposición es medio pues pueden enfrentarse a personas en periodo presintomático El uso correcto de equipo de protección personal reduce de forma importante su riesgo 3 Tercera línea de atención personal de Salud que no tiene contactos con pacientes y por lo tanto su riesgo es similar al de la población general o cualquier otro sector económico de servicio El riesgo es bajo de exposición al virus Esta categorización no se puede considerar discriminatoria pues lo que pretende es optimizar la cantidad de vacunas que llegan a nuestro país para lograr el mayor impacto benéfico posible en el menor tiempo contemplando todos los ejes de priorización posibles para la toma de decisiones Asimismo en esta categorización por cada línea de atención no sólo se contempla al personal profesional de la medicina sino que se contemplan 11 subgrupos laborales que incluyen al personal que trabaja en el cuidado al interior o afuera de las instituciones de salud con potencial exposición a personal pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS-CoV-2 1 Enfermería 2 Inhaloterapia 3 Medicina 4 Laboratorio 5 Radiología 6 Camillería 7 Limpieza e higiene 8 Operación de ambulancias 9 Manejo de alimentos 10 Asistentes médicos 11 Trabajo social [.] Se prevé contar con una estrategia en cinco etapas de vacunación en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 Figura 4 Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados (calendario actualizado) Etapa 2 enfoque en personas adultas mayores En enero de 2021 la farmacéutica Pfizer programó un cierre de la planta productora de la vacuna contra la COVID-19 para adecuarla e incrementar la producción de esta Esto vio afectada la etapa dos de la Política nacional pues la entrega de vacuna por parte de esta casa farmacéutica se retrasó cuatro semanas Sin embargo se establecieron diversos acuerdos con otras casas farmacéuticas y para esta etapa ya se cuenta con otras vacunas como son Sputnik V AstraZeneca Cansino y Sinovac En esta etapa en la que entra en acciones el Operativo Correcaminos incluye al resto de personal de salud de todo el país y a las personas mayores de 80 años posteriormente a las personas de 70 a 79 años y para cerrar esta etapa de la estrategia con las personas de 60 a 69 años vacunando a un total aproximado de 15 millones de personas" [Lo resaltado es propio] De lo anteriormente transcrito y expuesto se aprecia que el Gobierno de México a través de todas las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Salud ha adoptado una política pública en cuanto a la estrategia que llevará a cabo para la vacunación de la población contra la enfermedad de COVID-19 la cual se caracteriza esencialmente por una sectorización de los habitantes en función de su vulnerabilidad tomando en consideración además la existencia de vacunas aprobadas como eficaces la adquisición que de ellas realice México así como del grado de riesgo en que se encuentran las personas frente al virus SARSCoV-2 con base en la historia clínica que se ha reportado en los últimos meses acerca de la situación epidemiológica que atraviesa el país Lo que implica una decisión que ha asumido el Estado Mexicano en relación a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID- 19 a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas pasos a seguir así como parámetros y temporalidades que observar a fin de tutelar el cuidado y preservación de la salud de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia cuyo objetivo es evitar en la medida de lo posible la propagación y mortalidad del virus que provoca la enfermedad en cita En ese contexto es indudable que la estrategia de vacunación prevista en la disposición normativa analizada y que fue la que tomaron de base las responsables para de momento no aplicarle la vacuna a la peticionaria en virtud de que debían garantizar en primer término su aplicación a los grupos más vulnerables (personal de salud de primer nivel y adultos mayores) no trasgrede el derecho fundamental a la salud contenido en el artículo 4 Constitucional pues la aplicación de dicha vacuna ha sido abordada desde la problemática que representa actualmente la pandemia y su repercusión en los grupos de mayor vulnerabilidad Al efecto debe tenerse presente que la actual pandemia produce afectaciones en toda la población (de ahí que deba ser apreciada como derecho social) que incluso pueden ser más severas en sectores vulnerables o en situación de vulnerabilidad como lo pueden ser los correspondientes a la edad o la salud (comorbilidades) o bien al personal médico de primera línea que indudablemente se encuentra en un mayor riesgo de contagio e incluso de muerte debido a la actividad que realiza al atender a pacientes infectados con el virus Covid-19 Por tanto el derecho de la quejosa como pasante de medicina adscrita a una unidad móvil del Ayuntamiento de Morelia para recibir la vacuna en este momento y bajo su circunstancia particular no puede ir en detrimento del derecho de otros sectores que sí sufren mayor riesgo de padecer síntomas graves o incluso la muerte como las personas de edad avanzada con comorbilidades o el personal médico de primera línea que se dedica a atender diariamente a pacientes infectados con el indicado virus Lo antes sostenido es perfectamente compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuyos parámetros resaltan la importancia que tiene para una sociedad la prioridad en el derecho a la salud de las personas mayormente vulnerables sobre algún grupo o persona específica sin pasar por alto el derecho que éstos también poseen Así lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Poblete Vilchez contra Chile en el que reconoció y dimensionó el derecho a la salud de las personas mayores Entre muchas otras consideraciones valiosas de esa sentencia es destacable que fue tal resolución la que brindó la oportunidad de pronunciarse por primera ocasión de manera específica sobre los derechos de las personas mayores en materia de salud Luego de referir los distintos instrumentos internacionales que se refieren a ese derecho tratándose de las personas mayores destacan los siguientes que se exponen de manera sintética ? La Observación General N°6 del Comité de DESC de la ONU207 resalta el deber de los Estados Partes del Pacto (PIDESC) de tener presente que mantener medidas de prevención mediante controles periódicos adaptados a las necesidades de las mujeres y de los hombres de edad cumple un papel decisivo (párrafo 128) ? Las decisiones de altas cortes de algunos Estados de la región han desarrollado la tutela de los derechos de las personas mayores en materia interna destacando la necesidad de brindar una protección especial para el adulto mayor (párrafo 129) ? En muchas situaciones se presenta una particular vulnerabilidad de las personas mayores frente al acceso a la salud Sobre el particular resalta la existencia de diversos factores como las limitaciones físicas de movilidad la condición económica o la gravedad de la enfermedad y posibilidades de recuperación (párrafo 131) ? Se resalta la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección y por ende de cuidado integral con el respeto de su autonomía e independencia (párrafo 132) ? Respecto de las personas adultas mayores como grupo en situación de vulnerabilidad existe una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho a la salud Lo anterior se traduce en la obligación de brindarles las prestaciones de salud que sean necesarias de manera eficiente y continua En consecuencia el incumplimiento de dicha obligación surge cuando se les niega el acceso a la salud o no se garantiza su protección pudiendo también ocasionar una vulneración de otros derechos El anterior referente por este momento basta para demostrar que el trato preferente que debe darse a las personas mayores en casos como éste en donde una pandemia pone en riesgo su salud y posiblemente su vida justifican que la disposición de vacunas se conduzca hacia esos sectores vulnerables o en situación de vulnerabilidad lo que por consiguiente conlleva a modular el derecho a la salud de la quejosa al ser visto desde su perspectiva de derecho social Por lo que priorizar la aplicación de una vacuna a alguna persona que no pertenezca a los grupos de un nivel de atención preferente (por factores de riesgo) como puede ser de la tercera edad o persona de salud de primera línea podría incluso pugnar con la teleología de los derechos económicos sociales y culturales a nivel internacional No es cosa menor el tener presente que no existen diferencias estructurales significativas que permitan afirmar que los derechos económicos sociales y culturales son completamente diferentes de los derechos civiles y políticos Antes bien un mismo derecho puede ser apreciado desde ambas perspectivas dependiendo de cada caso concreto como el de la salud que puede verse en su dimensión individual por ejemplo en un caso individual en el que se cometan errores o exista una mala praxis médica en un hospital público pero también en su dimensión social tratándose de políticas públicas como la que ahora se analiza Por lo que el hecho de que hasta el día de hoy no se le haya aplicado a la quejosa la vacuna contra el virus SarsCov2 Covid-19 no puede estimarse violatorio de su derecho a la salud pues dicho esquema se realiza con base en la Política Nacional de Vacunación en donde se establecieron cinco fases para vacunar a toda la población mexicana atendiendo a una sectorización de los habitantes en función de su vulnerabilidad tomando en consideración además la existencia de vacunas aprobadas como eficaces la adquisición que de ellas realice México así como del grado de riesgo en que se encuentran las personas frente al mencionado virus Por lo contrario de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación inicial como de su actualización realizada el seis de abril del presente año coloca a la quejosa en un nivel de exposición medio ello por la actividad de ser médico pasante y laborar en el Ayuntamiento de Morelia asignada a una unidad móvil según se advierte de la reproducción electrónica del oficio de autorización signado por la Directora de Vinculación del Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que adjuntó a su demanda de amparo al que se le otorga valor probatorio en términos del numeral 133 del Código Federales de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo Ello tomando en consideración que la labor de la peticionaria es la atención a pacientes no diagnosticados de padecer el virus SarsCov-2 pero que pueden estar en un momento pre-sintomático y al ser así la aplicación de la vacuna se encuentra contemplada para la quejosa en el periodo de febrero a mayo de dos mil veintiuno (período posterior a la fecha de la presentación de la demanda y a la configuración de los actos que reclama) es decir durante la actual fase de implementación empero no se pasa por alto que dicho período puede variar en atención a la disponibilidad del biológico la evidencia científica y la verificación en la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles actualmente Por tanto tomando en consideración el número limitado tanto de vacunas como de recursos humanos materiales y logísticos para su implementación se advierte que tanto el esquema inicial como el actual de políticas debidamente consultado y elaborado por expertos tanto al interior como al exterior de la administración pública contempla a la quejosa dentro de una categoría de nivel prioritario medio para la recepción de la vacuna de ahí que lejos de vulnerar su derecho a la salud busca que una vez inmunizados sectores que tienen un riesgo todavía mayor al suyo -personal de salud de primera línea y adultos mayores en el orden de sectores poblacionales prioritarios- obtenga acceso a la vacuna lo antes posible actualmente el periodo en que correspondería a la peticionaria su aplicación se encuentra delimitado de febrero a mayo de dos mil veintiuno (esto es dentro de un lapso posterior al de la presentación de la demanda) Ahora bien precisa resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus estudios sobre el tema ha sostenido que tratándose del principio de igualdad y no discriminación cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se incompatible con ésta Sin embargo también ha precisado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia P /J 9/2016 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11 del tenor literal siguiente "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se incompatible con ésta Es contraria toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con algún privilegio o que inversamente por considerarlo inferior sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación Sin embargo es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos En igual sentido la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas sino su utilización de forma injustificada No se debe perder de vista además que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta" Así si bien la Política Nacional de Vacunación actual efectivamente prevé un trato diferenciado a los receptores de la vacuna en virtud de que algunos sectores poblacionales son candidatos para recibirla con mayor prontitud que otros esta distinción es válida por perseguir un fin constitucionalmente válido aunado a que como se explicó en párrafos que anteceden la decisión de priorizar a los trabajadores de salud y a los adultos mayores antes que a otras personas encuentra su justificación con las recomendaciones técnicas de los expertos nacionales e internacionales de la materia y persigue el fin de reducir o minimizar desde un ámbito colectivo orientado por el interés social el número de muertes por la enfermedad Apoya nuestro dicho la siguiente jurisprudencia 2a /J 42/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12 cuyo rubro y texto disponen "IGUALDAD CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo sino únicamente en relación con otro Por ello el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto Por tanto el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y con base en éste establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da con base en el propio término de comparación es diferente En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual no habrá violación a la garantía individual Así una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida Al respecto debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable sino que es imperativo La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado es decir que la medida sea capaz de causar su objetivo bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento En este sentido no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación en cambio será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido Finalmente debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional es decir si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado mayor puede ser la diferencia" Así en un enfoque de salud pública desde su contexto social no puede decirse que el esquema inicial y actual de las políticas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 esté discriminando o pasando por alto a la quejosa como personal de la salud [dedicada a la atención de pacientes en general] ya que si bien no pertenece al grupo conocido como "de primera línea" si puede estar en la posibilidad a atender a alguna persona que se encuentre en un momento pre-sintomático de dicha enfermedad por lo que la actualización en la Política Nacional rectora de vacunación la posiciona en un nivel de prioridad acorde con el análisis técnico y capacidad logística y de recursos actual el cual es además relativamente alto en proporción con el resto de la población pues se reitera su vacunación se encuentra contemplada en la fase comprendida de febrero a mayo de dos mil veintiuno En suma de lo expuesto al no resultar violatorio del derecho fundamental de la salud de la quejosa Criseida Bue Solana reclama del Director del Hospital General "Dr Miguel Silva" con residencia en esta ciudad y del Titular del Instituto de Salud para el Bienestar residente en la Ciudad de México lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 107 fracciones II párrafo inicial y III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73 a 77 217 y demás relativos de la Ley de Amparo se R E S U E L V E ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara y ni protege a Criseida Bue Solana contra el acto que reclamó al Director del Hospital General "Dr Miguel Silva" con residencia en esta ciudad y al Titular del Instituto de Salud para el Bienestar residente en la Ciudad de México acorde con los motivos y fundamentos contenidos en el último considerando de esta sentencia
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo VI-54/2021 y RESULTANDO PRIMERO Demanda de amparo Mediante escrito presentado vía electrónica el veintidós de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia Michoacán Criseida Bue Solana solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1° 4 14 y 16 constitucionales SEGUNDO Trámite Por razón de turno el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia la que se admitió a trámite mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción TERCERO Inexistencia de Autoridad La autoridad señalada por el quejoso como "Delegado del Instituto de Salud para el Bienestar" y/o "Delegado Regional del Instituto de Salud para el Bienestar" se tuvo por inexistente tal como se advierte de la audiencia constitucional celebrada el nueve de abril del presente año por tanto no procede decretar el sobreseimiento respecto de dicha autoridad y por el acto que se le atribuye al haber quedado fuera de la contienda que nos ocupa Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número Época Novena Época Registro 167784 Instancia Primera Sala Tipo de Tesis Jurisprudencia Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX Marzo de 2009 Materia(s) Común Tesis 1a /J 111/2008 cuyo rubro y texto disponen "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional pues en ese caso al analizar la certeza de los actos en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente" Finalmente se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede y CONSIDERANDO PRIMERO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán resulta competente para conocer del juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 37 de la nueva Ley de Amparo 48 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y en vigor a partir de su aprobación realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero del propio año en razón de que los actos reclamados están constituidos por omisiones que producen efectos dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito SEGUNDO Fijación del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 40/20001 estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y precisar el acto materia de la litis constitucional La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo" Asimismo la tesis VI/20042 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice "ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO El artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad Sin embargo en algunos casos ello resulta insuficiente por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar además los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión Esto es el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así de acuerdo con los criterios resaltados y el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para definir la intención de la quejosa así se advierte que Criseida Bue Solana reclama lo siguiente Autoridad Responsable Acto reclamado 1 DIRECTOR RESPONSABLE DEL HOSPITAL GENERAL De ambas autoridades "DR MIGUEL SILVA" DEPENDIENTE DEL INSABI RESIDENTE EN ESTA CIUDAD 2 DIRECTOR GENERAL DEL INSABI responsables se reclama la omisión de aplicar a la quejosa la vacuna contra el virus SarsCov2 en su calidad de médico pasante Debe aclararse que conforme a lo relatado en el escrito de demanda la omisión que reclama la quejosa la hace depender del contexto de la política pública implementada para la aplicación a la población de la vacuna contra el virus Sars-Cov-2 pues al efecto argumentó que el veinte de enero de dos mil veintiuno acudió a las inmediaciones del Hospital Civil en Morelia Michoacán en donde solicitó su aplicación al ser pasante de medicina adscrita al Ayuntamiento de esta ciudad asignada a una Unidad Móvil en la que brinda atención a pacientes con infecciones respiratorias agudas por lo que al desconocer si éstos pueden ser portadores de esa enfermedad puede poner en riesgo su salud y la de las personas que viven con ella Sin embargo el personal que la atendió le informó verbalmente que aún no procedía la aplicación de dicha vacuna a la quejosa ya que no era médico de primera línea para la atención de pacientes infectados con dicho virus ni era personal adscrito al mencionado Hospital Civil "Dr Miguel Silva" por lo que debería esperar a que le tocara el suministro de esa vacuna de ahí que la omisión que reclama está basada en el documento conocido como Política Nacional de Vacunación (PNV) contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 TERCERO Existencia de los actos reclamados El Director Médico del Hospital General "Dr Miguel Silva" con residencia en esta ciudad y el Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar en representación del Instituto de Salud para el Bienestar residente en la Ciudad de México al rendir sus informes justificados negaron el acto reclamado por la peticionaria Empero en la especie se estima prudente desvirtuar dichas negativas y tener por cierto el acto que reclama la quejosa a las autoridades responsables consistente en la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 dado que ambas responsables forman parte del Sistema Nacional de Salud en México las cuales tienen obligación de instrumentar mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población cautiva dar todas las facilidades y colaborar en el desarrollo de las actividades de vacunación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación Los artículos 157 BIS a 157 BIS 3 de la Ley General de Salud3 disponen que las dependencias y entidades de la Administración Pública tanto federal como local que forman parte del Sistema Nacional de Salud deberán instrumentar mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población cautiva entendiéndose por estos últimos al conjunto de personas que se encuentran bajo custodia en instituciones del Estado cuyo servicio es de cuidado capacitación control o que comparten de manera tanto temporal como permanente un área geográfica específica Aunado a ello se prevé que las dependencias y entidades de la Administración Pública tanto federal como local y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que constituyen el Sistema Nacional de Salud en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con los lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes con el fin de informar a la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona como para la comunidad la falta de inmunización oportuna Así en el presente caso se trata de la vacuna contra el virus SarsCov-2 cuya estrategia de vacunación está inserta en el documento conocido como "Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México" el cual se encuentra disponible en la página de internet www coronavirus gob mx (versión 5 0 actualizada al seis de abril de dos mil veintiuno) 4 de cuyo contenido se advierte la participación de autoridades de Salubridad General de los ámbitos Federal y Estatales quienes tienen participación ya sea en su redacción y elaboración o en la implementación material a través de los módulos de vacunación correspondientes En el entendido de que conforme a la indicada política nacional de vacunación contra el virus SarsCov2 se instruyó a las autoridades que forman parte del Sistema de Salud Nacional a supervisar que los planes de vacunación que al efecto establezcan sean congruentes con la Política Nacional de Vacunación para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de las vacunas a la población para la mitigación del referido virus de ahí que sea cierta la omisión que reclama la peticionaria a las autoridades responsables en el presente asunto sin que dicha existencia revele la legalidad de su actuación pues ésta se analizará en considerandos posteriores CUARTO Procedencia del juicio de amparo La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo así como lo sustentado por la tesis de jurisprudencia 1585 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice "IMPROCEDENCIA Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías" También la tesis de jurisprudencia número 8146 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del tenor siguiente "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia" En vinculación con lo anterior es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no es decir la improcedencia motiva que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal las que se analizan conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita Sin embargo ninguna de las partes las hizo valer y este juzgador no advierte de oficio alguna que impida el estudio de los planteamientos formulados de que procede analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda los que no se transcriben por no exigirlo así la ley en la materia acorde con la jurisprudencia número 2a /J 58/20107 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias" del título primero "Reglas generales" del libro primero "Del amparo en general" de la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o en su caso los agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios los estudia y les da respuesta la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis Sin embargo no existe prohibición para hacer tal transcripción quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no atendiendo a las características especiales del caso sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" No se soslaya que la Política Nacional de Vacunación (PNV) contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 constituye el documento rector para la aplicación de la vacuna peticionada por la quejosa cuya confección -como se verá más adelanteestá delimitada por una serie de etapas de manera escalonada las cuales a su vez se determinan acorde a diversos factores entre ellos en atención a los diversos grupos de personas con cierta actividad y condiciones (éstas inherentes a su edad y comorbilidades) aspectos que están estrechamente vinculados con el tópico del fondo del asunto por lo que -se estima- no es factible su estudio para efectos de visualizar una causal de improcedencia ello acorde a la jurisprudencia P /J 135/20018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO DEBERÁ DESESTIMARSE Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio debe desestimarse" QUINTO Estudio de fondo Es infundado el único concepto de violación formulado por la quejosa como enseguida se expondrá En su único motivo de inconformidad la quejosa señala que las autoridades responsables violan su derecho a la salud con la omisión de suministrarle la vacuna contra el virus SarsCov-2 para evitar la Covid19 ya que es médico pasante y labora en el Ayuntamiento de Morelia asignada a una unidad móvil en donde atiende a pacientes que desconoce si en un primer contacto se encuentren infectados o no de dicho virus pero acuden a solicitar atención médica por padecer alguna infección respiratoria aguda y que muchos de ellos incluso pueden ser asintomáticos lo que hace aún más riesgosa su labor Por lo que aduce el veinte de enero del año en curso en que se presentó a las instalaciones del Hospital General "Dr Miguel Silva" dependiente del INSABI en esta demarcación territorial debieron aplicarle la vacuna contra el SARS-Cov2 en virtud de que es personal de salud en su calidad de médico pasante pero que las autoridades responsables indebidamente le argumentaron que al no ser médico adscrito a dicho nosocomio ni encargarse en primera línea de la atención de pacientes infectados con ese virus "debía esperar a que le tocara" por lo que considera ilegal esa omisión Una vez reseñados los argumentos que constituyen el único concepto de violación debe decirse que éste deviene infundado en atención a los razonamientos siguientes Para demostrar lo anterior en un primer aspecto debe precisarse que el derecho a la salud se encuentra regulado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone "Artículo 4o - [.] Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral Este principio deberá guiar el diseño ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez [ ]" (sic) Del artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colige que toda persona tiene derecho a la protección de la salud para lo cual la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución En ese sentido el derecho a la salud reconocido en el artículo 4° de la Constitución Federal no sólo se constriñe a no padecer o bien a prevenir y tratar una enfermedad pues ello desconocería la propia naturaleza humana y la dignidad de las personas sino que va más allá pues no sólo comprende su estado físico sino aspectos internos y externos como el buen estado mental y emocional del individuo de ahí que la salud es en realidad la obtención de un determinado bienestar general que se integra necesariamente por el estado físico mental emocional y social del sujeto Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico mental emocional y social de la persona del que deriva otro derecho fundamental consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurar a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar Por otro lado la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin tales como el desarrollo de políticas públicas controles de calidad de los servicios de salud identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social entre otras Lo anterior deriva de la jurisprudencia 1a /J 8/2019 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación9 cuyo rubro y texto disponen "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o constitucional en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud Al respecto no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal como una pública o social Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico mental emocional y social de la persona del que deriva otro derecho fundamental consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar Por otro lado la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin tales como el desarrollo de políticas públicas controles de calidad de los servicios de salud identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social entre otras En el contexto actual del fenómeno global de salud ocasionado por el virus SARS-CoV2 la Organización Mundial de Salud declaró a la pandemia generada por el virus como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control En términos de la jurisprudencia citada en nuestro país la actuación de las entidades del sector público para mitigar controlar y erradicar esta enfermedad y fenómeno global en relación con el derecho a la salud de las personas tienen esa doble dimensión individual y social En el ámbito individual subsiste la obligación estatal de proveer al gobernado de los medios de prevención para evitar el contagio o de la atención médica que corresponda en caso de contraer el virus En una óptica social el Estado Mexicano tiene la obligación de instrumentar una serie de medidas políticas y mecanismos para mitigar el riesgo de contagio y minimizar el impacto en la salud de la sociedad en general Así la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México detalla la estrategia actual del gobierno mexicano para en este enfoque social del derecho a la salud optimizar la implementación de las vacunas de la manera que se estimó es la más eficiente con los recursos humanos materiales y logísticos que se tienen disponibles Se hace énfasis en que estos recursos disponibles para los encargados de implementar las vacunas no son ilimitados y por tanto existe la necesidad de tomar decisiones difíciles para decidir el orden en que éstas serán distribuidas Como se precisó en anterior considerando las autoridades sanitarias habilitaron el sitio de internet https //coronavirus gob mx/ para la difusión de material especializado de consulta y política pública y en esta página web se publicó el Documento Rector que contiene la Política nacional rectora de vacunación contra el SARSCoV-2 para la prevención de la COVID19 en México el cual a la fecha de la emisión de esta sentencia fue actualizado por última ocasión el seis de abril de dos mil veintiuno10 el cual dispone en lo que aquí interesa lo siguiente "(.) El grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 en México conformado por expertos en materia de inmunología vacunación infectología sociología sistemas y economía de la salud ha trabajado desde el pasado mes de agosto y sus recomendaciones han sido actualizadas en dos ocasiones hasta noviembre de 2020 El GTAV recomienda llevar a cabo una estrategia enfocada en reducir el número de muertes asociadas con COVID 19 diseñada con base en la mortalidad observada en México Los beneficios se midieron considerando tres diferentes escenarios de acuerdo con la disponibilidad de vacunas a) 25 millones de personas vacunas b) 50 millones y c) cobertura universal (75% de la población) Esta recomendación se realizó mediante un análisis minucioso de la información nacional e internacional se revisaron estudios específicos de riesgos de salud pobreza e inequidad con relación a la infección y muerte por COVID19 realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) además de los criterios de promoción del bienestar humano respeto igualitario equidad global equidad nacional reciprocidad y legitimidad Algunos de los factores identificados de complejidad para el establecimiento de programas nacionales de vacunación contra la COVID-19 son Problemática de acceso global Limitada producción mundial y falta de marcos de trabajo internacionales que permitan acceso equitativo a todos los países Diferencias en las prioridades de vacunación al interior de cada país Infraestructura nacional para el proceso de recepción almacenaje y distribución de las diferentes vacunas Infraestructura del programa operativo de vacunación y la vigilancia de eventos adversos así como la evaluación del impacto de la estrategia de vacunación [.] Al definir los grupos prioritarios de vacunación el GTAV también tomó en consideración aspectos sociales que pueden generar desigualdad en el acceso a la vacunación limitando sus beneficios en grupos sociales marginados y con menor acceso a protección social recursos educativos y de salud Esto es consistente con un marco ético para la asignación de recursos ya que considera el efecto de la interacción entre las políticas públicas propuestas y las condiciones específicas de la población incluyendo actitudes y decisiones individuales así como a barreras estructurales y colectivas por ejemplo la necesidad de salir trabajar a pesar de las restricciones implementadas como medida de mitigación Este enfoque ha permitido revisar la objetividad racionalidad y proporcionalidad de la segmentación y calendarización de las poblaciones a vacunar con la finalidad de asegurar un trato incluyente y no discriminatorio que promueva el bienestar colectivo sobre el bienestar personal Tomando en cuenta las recomendaciones del GTAV otras recomendaciones internacionales así como diversos criterios éticos y socioculturales el Gobierno de México ha definido cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país 1 Edad de las personas 2 Comorbilidades personales 3 Grupos de atención prioritaria y 4 Comportamiento de la epidemia Como lo recomienda el GTAV la edad es el primer eje de priorización ya que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país Posteriormente se considera la presencia de comorbilidades incluyendo enfermedades cardiometabólicas inmunológicas e infecciones crónicas entre otras que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19 Sin embargo dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad el GTAV ha recomendado vacunar a las personas por grupo de edad de 50 años y más independientemente las comorbilidades De acuerdo con las estimaciones del GTAV un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles vacunando al 20% más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas Los grupos de atención prioritaria como niñas niños y adolescentes personas de 60 años o más mujeres personas con discapacidad víctimas personas jóvenes personas de la comunidad LGBTTTI personas migrantes y sujetas de protección internacional personas en situación de calle personas privadas de la libertad personas que residen en instituciones de asistencia social personas afrodescendientes y las de identidad indígena son contemplados como el tercer eje de priorización de la vacunación Esto significa que como eje de priorización se cuidará de manera especial que su acceso esté garantizado en el momento en que por edad condición de vida o comorbilidad deban vacunarse El cuarto y último eje de priorización de la vacunación es el comportamiento de la epidemia por ejemplo alta mortalidad por municipio debe ser un apoyo en la priorización conforme la vacunación avanza Este eje es dinámico pues la epidemia nacional se compone de 32 diferentes epidemias estatales y cada entidad federativa tiene diversas epidemias dentro de sus alcaldías municipios colonias localidades barrios etcétera Asimismo estas epidemias locales dependen también de diferentes factores el más importante epidemiológicamente es la densidad poblacional pues las epidemias de enfermedades infecciosas son más difíciles de mitigar y controlar en ciudades más densamente pobladas debido a la inercia poblacional de transmisión Este último eje de priorización apoyará en enfocar esfuerzos específicos para lograr recuperar actividades socioeconómicas específicas por ejemplo la actividad escolar presencial en entidades federativas con menor riesgo epidémico estimado Es importante señalar que el cuarto eje de priorización no resulta discriminatorio al ejecutar una definición de regiones en las que se aplicará la vacuna y su orden de prioridad incluso si esto implica dar prioridad a zonas urbanas o rurales Si bien es cierto que la mayor transmisión del virus se concentra en zonas urbanas también es verdad que las personas de grupos históricamente discriminados como pueden ser las comunidades indígenas que con un grado mucho mayor de vulnerabilidad pudieran encontrar mayores obstáculos para acceder a los recursos de medicina crítica en el ámbito rural y por lo tanto tener un mayor riesgo de muerte La asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia la disponibilidad de los biológicos aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles mediante la vigilancia de potenciales eventos adversos Al momento de la actualización de la política nacional el eje de priorización 1 edad de las personas sigue siendo el eje principal Sin embargo no se descarta que conforme avance la estrategia operativa de vacunación de la presente política pueda generarse una nueva forma de priorización Finalmente es importante mencionar que la disponibilidad de vacunas a nivel mundial y por ende nacional es limitada relacionada a la oferta de productores y que las vacunas llegarán de manera limitada escalonada y progresiva impactando en los otros ejes de priorización [.] PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR Las recomendaciones preliminares del GTAV7 en México están basadas en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme la evidencia científica sobre los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas se actualicen El grupo analizó los beneficios potenciales acumulados en términos de tres indicadores casos nuevos evitables muertes y hospitalizaciones evitables llegando a la conclusión preliminar de establecer una estrategia enfocada en reducir las muertes asociadas con COVID - 19 diseñada con base en la mortalidad observada en México Los beneficios se midieron asumiendo una disponibilidad de 25 millones de personas vacunadas un escenario alterno con 50 millones y un tercer escenario considerando una cobertura universal que lograría la inmunidad de rebaño esperada con un programa de vacunación universal para prevenir la COVID -19 cubriendo al menos al 75% de la población mexicana Para definir la priorización se analizó la información de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para obtener el tamaño de la población por grupo de edad Para el nivel de riesgo se consideraron tres enfermedades asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa de COVID-19 La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-19 Para definir los criterios se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales e indicadores de pobreza desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas Con base en los resultados del análisis del GTAV y los ejes de priorización establecidos por la Secretaría de Salud los grupos priorizados en orden de prelación son 1 Personal sanitario que enfrenta COVID-1914 (estimado en un 1 1 millones de personas) 2 Población de 50 y más años cumplidos15 (27 181 09115) a Mayores de 80 años (2 035 415) b Personas de 70 a 79 años (4 225 668) c Personas de 60 a 69 años (8 199 671) d Personas de 50 a 59 años (12 720 337) 3 Personas con comorbilidad o comorbilidades15 a Obesidad mórbida b Diabetes mellitus c Hipertensión arterial sistémica d Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e Asma f Enfermedades cerebrovasculares g Infección por VIH h Enfermedad renal crónica i Estados patológicos que requieren de inmunosupresión j Cáncer en tratamiento 4 Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico verde16 5 Personas de 40 a 49 años 6 Resto de la población de 16 y más años cumplidos [.] Así vacunando al 20% de la población total en México conformada por las personas de 50 y más años se reducirán el 80% de las defunciones asociadas al virus SARS-CoV-2 Esta estrategia priorizada exclusivamente por grupos de edad recomendada por el GTAV es la que más rápidamente reduce el número de muertes y hospitalizaciones secundarias al virus SARS-CoV-2 [.] El personal de salud se ha clasificado en tres grandes categorías de priorización para ser incluido de forma ordenada en el proceso de vacunación de acuerdo con su riesgo y nivel de exposición al virus SARSCoV-2 esta priorización se ha realizado en otros países17 y aunque puede diferir entre países en México se tomaron en cuenta las siguientes características 1 Primera línea de atención personal de salud que tiene contacto directo con pacientes sospechosos o confirmados de COVID Incluye no sólo el contacto con los pacientes sino también con muestras biológicas y espacios ocupados por los pacientes Se clasifican con alto nivel de exposición al virus El uso correcto de equipo de protección personal es vital para mitigar el riesgo pero sigue siendo muy alto 2 Segunda línea de atención personal de salud que tiene contacto con pacientes con otras enfermedades y no son sospechosos de COVID y que dada la dispersión comunitaria del virus SARS-CoV-2 pueden estar en un momento pre-sintomático y por lo tanto transmitir la infección Su nivel de exposición es medio pues pueden enfrentarse a personas en periodo presintomático El uso correcto de equipo de protección personal reduce de forma importante su riesgo 3 Tercera línea de atención personal de Salud que no tiene contactos con pacientes y por lo tanto su riesgo es similar al de la población general o cualquier otro sector económico de servicio El riesgo es bajo de exposición al virus Esta categorización no se puede considerar discriminatoria pues lo que pretende es optimizar la cantidad de vacunas que llegan a nuestro país para lograr el mayor impacto benéfico posible en el menor tiempo contemplando todos los ejes de priorización posibles para la toma de decisiones Asimismo en esta categorización por cada línea de atención no sólo se contempla al personal profesional de la medicina sino que se contemplan 11 subgrupos laborales que incluyen al personal que trabaja en el cuidado al interior o afuera de las instituciones de salud con potencial exposición a personal pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS-CoV-2 1 Enfermería 2 Inhaloterapia 3 Medicina 4 Laboratorio 5 Radiología 6 Camillería 7 Limpieza e higiene 8 Operación de ambulancias 9 Manejo de alimentos 10 Asistentes médicos 11 Trabajo social [.] Se prevé contar con una estrategia en cinco etapas de vacunación en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 Figura 4 Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados (calendario actualizado) Etapa 2 enfoque en personas adultas mayores En enero de 2021 la farmacéutica Pfizer programó un cierre de la planta productora de la vacuna contra la COVID-19 para adecuarla e incrementar la producción de esta Esto vio afectada la etapa dos de la Política nacional pues la entrega de vacuna por parte de esta casa farmacéutica se retrasó cuatro semanas Sin embargo se establecieron diversos acuerdos con otras casas farmacéuticas y para esta etapa ya se cuenta con otras vacunas como son Sputnik V AstraZeneca Cansino y Sinovac En esta etapa en la que entra en acciones el Operativo Correcaminos incluye al resto de personal de salud de todo el país y a las personas mayores de 80 años posteriormente a las personas de 70 a 79 años y para cerrar esta etapa de la estrategia con las personas de 60 a 69 años vacunando a un total aproximado de 15 millones de personas" [Lo resaltado es propio] De lo anteriormente transcrito y expuesto se aprecia que el Gobierno de México a través de todas las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Salud ha adoptado una política pública en cuanto a la estrategia que llevará a cabo para la vacunación de la población contra la enfermedad de COVID-19 la cual se caracteriza esencialmente por una sectorización de los habitantes en función de su vulnerabilidad tomando en consideración además la existencia de vacunas aprobadas como eficaces la adquisición que de ellas realice México así como del grado de riesgo en que se encuentran las personas frente al virus SARSCoV-2 con base en la historia clínica que se ha reportado en los últimos meses acerca de la situación epidemiológica que atraviesa el país Lo que implica una decisión que ha asumido el Estado Mexicano en relación a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID- 19 a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas pasos a seguir así como parámetros y temporalidades que observar a fin de tutelar el cuidado y preservación de la salud de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia cuyo objetivo es evitar en la medida de lo posible la propagación y mortalidad del virus que provoca la enfermedad en cita En ese contexto es indudable que la estrategia de vacunación prevista en la disposición normativa analizada y que fue la que tomaron de base las responsables para de momento no aplicarle la vacuna a la peticionaria en virtud de que debían garantizar en primer término su aplicación a los grupos más vulnerables (personal de salud de primer nivel y adultos mayores) no trasgrede el derecho fundamental a la salud contenido en el artículo 4 Constitucional pues la aplicación de dicha vacuna ha sido abordada desde la problemática que representa actualmente la pandemia y su repercusión en los grupos de mayor vulnerabilidad Al efecto debe tenerse presente que la actual pandemia produce afectaciones en toda la población (de ahí que deba ser apreciada como derecho social) que incluso pueden ser más severas en sectores vulnerables o en situación de vulnerabilidad como lo pueden ser los correspondientes a la edad o la salud (comorbilidades) o bien al personal médico de primera línea que indudablemente se encuentra en un mayor riesgo de contagio e incluso de muerte debido a la actividad que realiza al atender a pacientes infectados con el virus Covid-19 Por tanto el derecho de la quejosa como pasante de medicina adscrita a una unidad móvil del Ayuntamiento de Morelia para recibir la vacuna en este momento y bajo su circunstancia particular no puede ir en detrimento del derecho de otros sectores que sí sufren mayor riesgo de padecer síntomas graves o incluso la muerte como las personas de edad avanzada con comorbilidades o el personal médico de primera línea que se dedica a atender diariamente a pacientes infectados con el indicado virus Lo antes sostenido es perfectamente compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuyos parámetros resaltan la importancia que tiene para una sociedad la prioridad en el derecho a la salud de las personas mayormente vulnerables sobre algún grupo o persona específica sin pasar por alto el derecho que éstos también poseen Así lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Poblete Vilchez contra Chile en el que reconoció y dimensionó el derecho a la salud de las personas mayores Entre muchas otras consideraciones valiosas de esa sentencia es destacable que fue tal resolución la que brindó la oportunidad de pronunciarse por primera ocasión de manera específica sobre los derechos de las personas mayores en materia de salud Luego de referir los distintos instrumentos internacionales que se refieren a ese derecho tratándose de las personas mayores destacan los siguientes que se exponen de manera sintética ? La Observación General N°6 del Comité de DESC de la ONU207 resalta el deber de los Estados Partes del Pacto (PIDESC) de tener presente que mantener medidas de prevención mediante controles periódicos adaptados a las necesidades de las mujeres y de los hombres de edad cumple un papel decisivo (párrafo 128) ? Las decisiones de altas cortes de algunos Estados de la región han desarrollado la tutela de los derechos de las personas mayores en materia interna destacando la necesidad de brindar una protección especial para el adulto mayor (párrafo 129) ? En muchas situaciones se presenta una particular vulnerabilidad de las personas mayores frente al acceso a la salud Sobre el particular resalta la existencia de diversos factores como las limitaciones físicas de movilidad la condición económica o la gravedad de la enfermedad y posibilidades de recuperación (párrafo 131) ? Se resalta la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección y por ende de cuidado integral con el respeto de su autonomía e independencia (párrafo 132) ? Respecto de las personas adultas mayores como grupo en situación de vulnerabilidad existe una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho a la salud Lo anterior se traduce en la obligación de brindarles las prestaciones de salud que sean necesarias de manera eficiente y continua En consecuencia el incumplimiento de dicha obligación surge cuando se les niega el acceso a la salud o no se garantiza su protección pudiendo también ocasionar una vulneración de otros derechos El anterior referente por este momento basta para demostrar que el trato preferente que debe darse a las personas mayores en casos como éste en donde una pandemia pone en riesgo su salud y posiblemente su vida justifican que la disposición de vacunas se conduzca hacia esos sectores vulnerables o en situación de vulnerabilidad lo que por consiguiente conlleva a modular el derecho a la salud de la quejosa al ser visto desde su perspectiva de derecho social Por lo que priorizar la aplicación de una vacuna a alguna persona que no pertenezca a los grupos de un nivel de atención preferente (por factores de riesgo) como puede ser de la tercera edad o persona de salud de primera línea podría incluso pugnar con la teleología de los derechos económicos sociales y culturales a nivel internacional No es cosa menor el tener presente que no existen diferencias estructurales significativas que permitan afirmar que los derechos económicos sociales y culturales son completamente diferentes de los derechos civiles y políticos Antes bien un mismo derecho puede ser apreciado desde ambas perspectivas dependiendo de cada caso concreto como el de la salud que puede verse en su dimensión individual por ejemplo en un caso individual en el que se cometan errores o exista una mala praxis médica en un hospital público pero también en su dimensión social tratándose de políticas públicas como la que ahora se analiza Por lo que el hecho de que hasta el día de hoy no se le haya aplicado a la quejosa la vacuna contra el virus SarsCov2 Covid-19 no puede estimarse violatorio de su derecho a la salud pues dicho esquema se realiza con base en la Política Nacional de Vacunación en donde se establecieron cinco fases para vacunar a toda la población mexicana atendiendo a una sectorización de los habitantes en función de su vulnerabilidad tomando en consideración además la existencia de vacunas aprobadas como eficaces la adquisición que de ellas realice México así como del grado de riesgo en que se encuentran las personas frente al mencionado virus Por lo contrario de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación inicial como de su actualización realizada el seis de abril del presente año coloca a la quejosa en un nivel de exposición medio ello por la actividad de ser médico pasante y laborar en el Ayuntamiento de Morelia asignada a una unidad móvil según se advierte de la reproducción electrónica del oficio de autorización signado por la Directora de Vinculación del Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que adjuntó a su demanda de amparo al que se le otorga valor probatorio en términos del numeral 133 del Código Federales de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo Ello tomando en consideración que la labor de la peticionaria es la atención a pacientes no diagnosticados de padecer el virus SarsCov-2 pero que pueden estar en un momento pre-sintomático y al ser así la aplicación de la vacuna se encuentra contemplada para la quejosa en el periodo de febrero a mayo de dos mil veintiuno (período posterior a la fecha de la presentación de la demanda y a la configuración de los actos que reclama) es decir durante la actual fase de implementación empero no se pasa por alto que dicho período puede variar en atención a la disponibilidad del biológico la evidencia científica y la verificación en la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles actualmente Por tanto tomando en consideración el número limitado tanto de vacunas como de recursos humanos materiales y logísticos para su implementación se advierte que tanto el esquema inicial como el actual de políticas debidamente consultado y elaborado por expertos tanto al interior como al exterior de la administración pública contempla a la quejosa dentro de una categoría de nivel prioritario medio para la recepción de la vacuna de ahí que lejos de vulnerar su derecho a la salud busca que una vez inmunizados sectores que tienen un riesgo todavía mayor al suyo -personal de salud de primera línea y adultos mayores en el orden de sectores poblacionales prioritarios- obtenga acceso a la vacuna lo antes posible actualmente el periodo en que correspondería a la peticionaria su aplicación se encuentra delimitado de febrero a mayo de dos mil veintiuno (esto es dentro de un lapso posterior al de la presentación de la demanda) Ahora bien precisa resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus estudios sobre el tema ha sostenido que tratándose del principio de igualdad y no discriminación cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se incompatible con ésta Sin embargo también ha precisado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia P /J 9/2016 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11 del tenor literal siguiente "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se incompatible con ésta Es contraria toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con algún privilegio o que inversamente por considerarlo inferior sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación Sin embargo es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos En igual sentido la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas sino su utilización de forma injustificada No se debe perder de vista además que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta" Así si bien la Política Nacional de Vacunación actual efectivamente prevé un trato diferenciado a los receptores de la vacuna en virtud de que algunos sectores poblacionales son candidatos para recibirla con mayor prontitud que otros esta distinción es válida por perseguir un fin constitucionalmente válido aunado a que como se explicó en párrafos que anteceden la decisión de priorizar a los trabajadores de salud y a los adultos mayores antes que a otras personas encuentra su justificación con las recomendaciones técnicas de los expertos nacionales e internacionales de la materia y persigue el fin de reducir o minimizar desde un ámbito colectivo orientado por el interés social el número de muertes por la enfermedad Apoya nuestro dicho la siguiente jurisprudencia 2a /J 42/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12 cuyo rubro y texto disponen "IGUALDAD CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo sino únicamente en relación con otro Por ello el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto Por tanto el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y con base en éste establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da con base en el propio término de comparación es diferente En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual no habrá violación a la garantía individual Así una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida Al respecto debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable sino que es imperativo La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado es decir que la medida sea capaz de causar su objetivo bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento En este sentido no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación en cambio será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido Finalmente debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional es decir si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado mayor puede ser la diferencia" Así en un enfoque de salud pública desde su contexto social no puede decirse que el esquema inicial y actual de las políticas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 esté discriminando o pasando por alto a la quejosa como personal de la salud [dedicada a la atención de pacientes en general] ya que si bien no pertenece al grupo conocido como "de primera línea" si puede estar en la posibilidad a atender a alguna persona que se encuentre en un momento pre-sintomático de dicha enfermedad por lo que la actualización en la Política Nacional rectora de vacunación la posiciona en un nivel de prioridad acorde con el análisis técnico y capacidad logística y de recursos actual el cual es además relativamente alto en proporción con el resto de la población pues se reitera su vacunación se encuentra contemplada en la fase comprendida de febrero a mayo de dos mil veintiuno En suma de lo expuesto al no resultar violatorio del derecho fundamental de la salud de la quejosa Criseida Bue Solana reclama del Director del Hospital General "Dr Miguel Silva" con residencia en esta ciudad y del Titular del Instituto de Salud para el Bienestar residente en la Ciudad de México lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 107 fracciones II párrafo inicial y III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73 a 77 217 y demás relativos de la Ley de Amparo se R E S U E L V E ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara y ni protege a Criseida Bue Solana contra el acto que reclamó al Director del Hospital General "Dr Miguel Silva" con residencia en esta ciudad y al Titular del Instituto de Salud para el Bienestar residente en la Ciudad de México acorde con los motivos y fundamentos contenidos en el último considerando de esta sentencia
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