Crisbel Quiñónez Machado
Expediente 719/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Crisbel Quiñónez Machado
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa: Culiacán, Sinaloa, ocho de octubre de dos mil veinte. I. Formación del expediente Visto el escrito de cuenta, regístrese en el libro de gobierno con el número 719/2020 y fórmese el sumario físico respectivo; de igual forma, en acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 3 de la ley de la materia, se ordena la apertura del expediente electrónico, el cual deberá corresponder íntegramente con el impreso. II. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que ésta no se encuentra firmada por Crisbel Quiñonez Machado. Por tanto, se estima la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Los artículos 6 y 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, disponen: 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la Ley de Amparo. Luego, como en el procedimiento escrito la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma autógrafa, ello no acontece en la especie respecto de Crisbel Quiñonez Machado, toda vez que en la demanda de amparo no contiene rúbrica original de puño y letra de dicha promovente de la vía constitucional, por lo que es inconcuso que si la demanda carece de firma autógrafa de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad, ya que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por tanto, ante la ausencia de firma autógrafa de Crisbel Quiñonez Machado en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada respecto a dicha persona; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de éste, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Se arriba a la anterior determinación, por los motivos que la informan, la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, cuyo rubro y textos son los siguientes: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. También es aplicable al caso la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 315 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Octubre de 1992, que dice: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante. Consecuentemente, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 6 y 108, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. III. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal y autorizados a los indicados en el escrito de demanda, en el entendido de que únicamente estarán facultados para oír y recibir notificaciones, virtud de que no cuentan con su cédula registrada ante la página del Registro Nacional de Cédulas Profesionales. IV. Se exhorta a las partes a transitar a la modalidad de juicio en línea. Por otra parte, debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a la parte quejosa para efectos de que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). V. Presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional. Se hace saber al promovente que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de personas persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. VI. Presentación de promociones físicas a través de la OPCDe igual forma, se comunica a la parte quejosa que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común (OPC) de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa; lo anterior deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar promoción de forma física. VII. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ante José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.
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