Crisanto Y/O Rigoberto Mendoza Contreras

Expediente 973/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
973/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Crisanto Y/O Rigoberto Mendoza Contreras
  • Comisionado Nacional de Seguridad de la Ciudad de Mexico

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual remite el cuaderno de incompetencia formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -, además informa que en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, esa autoridad federal no aceptó la competencia planteada al no compartir el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional, por los motivos expuestos en el mismo. Ahora, en el presente caso este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, no comparte el criterio sostenido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, por ende insiste en declinar la competencia planteada para conocer del presente juicio de amparo, por las consideraciones expuestas en proveído emitido por este tribunal el quince de noviembre de dos mil dieciocho, pues se reitera no existe una base objetiva para determinar que será en esta jurisdicción donde vaya a tener ejecución y/o efectos positivos el acto reclamado, la orden de traslado del centro de reinserción social Licenciado Davis Franco Rodríguez, con sede en "Mil Cumbres", EN Morelia, Michoacán, al centro Federal de Readaptación Social Número 17, en Buenavista Tomatlan, Michoacán, no obstante ello, debe de entenderse que el lugar donde actualmente se encuentra el aquí quejoso es el último de los sitios referidos, en el cual se ejecutó materialmente la reclusión del citado -, ahora, contrario a lo que argumente el Juez declinante, el aquí quejoso no solo se encuentra recluido en el centro Federal de Readaptación Social Número 17, en Buenavista Tomatlan, Michoacán, sino que además, presentó la presente demanda de garantías en dicho centro de reinserción misma que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Nación, con residencia en la ciudad de México vía postal, por ende, debe entenderse que tal acto tuvo ejecución en dicho lugar; en ese sentido, se considera que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, es el que debe de conocer del presente asunto. Bajo ese orden de ideas, y toda vez que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, no aceptó la competencia planteada, y este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, insiste en declinar la incompetencia, con fundamento en el artículo 37, Fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el juicio de garantías en que se actúa y el auto mediante el cual este órgano constitucional se declara legalmente incompetente para seguir conociendo del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en Turno, a fin de que resuelva el presente conflicto competencial; asimismo, dése aviso al Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, para que exponga lo que estime conducente respecto a la incompetencia planteada, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. En esas, circunstancias, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se provee: PRIMERO. Por las razones expuestas en el presente proveído y en el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictados por el este Juzgado Federal, se insiste declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por - registrada bajo el número I-973/2018, en el que se actúa, a favor del similar Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán. SEGUNDO. Remítase el juicio de garantías con sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en Turno, en esta ciudad, para que se sirva resolver el CONFLICTO COMPETENCIAL, para los efectos legales a que haya lugar. TERCERO. Hágase saber al Juez mencionado a efecto de que si así lo estima conveniente, exponga ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en Turno, en esta ciudad, lo que estime pertinente. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a quince de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta número MI/PL/SSGA/VIII BIS/3624/2018, signado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en la Ciudad de México, y su Secretario General de Acuerdos, al que adjunta la demanda de amparo promovida por - Acúsese recibo de estilo, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Ahora, de la demanda en comento se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".LA ORDEN DE EGRESO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CON SEDE EN LICENCIADO -MIL CUMBRES ASÍ COMO LA ORDEN DE TRASLADO AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL N. 17 CPS MICHOACÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN." No obstante lo anterior, de la propia demanda de amparo se desprende que el quejoso es categórico en precisar que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 C.P.S Michoacán, situado en el municipio de Buenavista, Michoacán, así como que a la presentación de la demanda se encuentra recluido en el mencionado Centro Federal de Readaptación Social, e incluso de la copia del propio sobre en el que presentó su demanda de garantías, se advierte que el domicilio de donde se despachó tal correspondencia, lo es Carretera La Ruana ejido 18 de Marzo, Buenavista Tomatlan C.P. 60500. En ese sentido, cabe destacar lo que dispone el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda..." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esas condiciones, en principio debe determinarse si los actos reclamados requieren de ejecución material, a efecto de determinar qué regla rige la competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio. En el presente se reclama la orden de traslado del centro de reinserción social Licenciado David Franco Rodríguez, con sede en "Mil Cumbres", en Morelia, Michoacán, al centro Federal de Readaptación Social Número 17, en Buenavista Tomatlan, Michoacán, no obstante ello, debe de entenderse que el lugar donde actualmente se encuentra el aquí quejoso es el último de los sitios referidos, en el cual se ejecutó materialmente la reclusión del citado -, lugar que de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera corresponde conocer de este asunto un Juez de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, donde se esté ejecutando. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 2053, Tomo 3, con número de registro 2010518, Noviembre 2015, Décima Época, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. PARA DETERMINARLA CUANDO DE AUTOS NO SE ADVIERTA EL DOMICILIO DE LAS SUCURSALES EN DONDE EL QUEJOSO REALIZÓ EL CONTRATO DE APERTURA CORRESPONDIENTE, ES FACTIBLE ATENDER AL SEÑALADO COMO FISCAL Y/O AL LUGAR DE EMISIÓN DE LA ORDEN RESPECTIVA. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia por territorio entre Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado consista en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias, el cual requiere de ejecución material, y del juicio de amparo no se advierta el domicilio de las sucursales en donde el quejoso realizó el contrato de apertura respectivo, es factible atender a los elementos objetivos contundentes que obren en los autos, como el domicilio señalado como fiscal y/o al lugar de emisión de la orden de aseguramiento. Ello es así, porque dichos factores apuntan a que la afectación directa que puede sufrir el quejoso por la materialización del aseguramiento de sus cuentas bancarias, será en la entidad federativa donde tenga su domicilio y/o se haya emitido la orden referida, por ser ahí el lugar donde desarrolla sus actividades.". Consecuentemente, si el acto reclamado conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno, en Uruapan, Michoacán, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo correspondiente. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". Sin que haya lugar a proveer respecto a la suspensión del acto reclamado solicitado por el quejoso, dado que no se trata de un asunto urgente de los que precisa el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado al hecho que señala como autoridad responsable ordenadora a una autoridad judicial. Resulta aplicable la jurisprudencia con número de registro 2013066, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 36 Noviembre 2016 Tomo II, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Asimismo, remítase la versión digitalizada de este acuerdo y de la demanda de amparo señalada en la cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por conducto del MINTER, en los mismos términos en que fue recibido por este Tribunal. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

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