Crisanto García Hernández

Expediente 99/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
99/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Crisanto García Hernández
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 1077 del Código de Comercio, téngase recibido el escrito presentado por Ricardo Ávila Bustos, apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona jurídica denominada BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; personalidad que se reconoce en términos de la copia certificada del instrumento público ciento diecinueve mil trescientos catorce, de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, del protocolo del notario público ciento cuarenta de la Ciudad de México, que anexa a su escrito de demanda, respecto de la cual el ocursante manifiesta bajo protesta de decir verdad que es copia íntegra e inalterable del documento público original, de conformidad con el artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual promueve medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, a fin de obtener la confesión judicial de la pretendida parte demandada Lidia Gaspar Alvarado, en cuanto al adeudo que el promovente aduce se tiene con su representada. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, con el número 99/2023 y fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, la actuaria o actuario judicial responsable de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Cabe precisar que el presente asunto se substanciará conforme a las disposiciones del Código de Comercio reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en relación con la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación citado, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, así como en lo no previsto por dicha legislación y ante la eventual necesidad de acudir a la supletoriedad, la ley aplicable será el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que éste no regule suficientemente la institución cuya suplencia se requiera, la ley de procedimientos civiles de la localidad, según lo dispuesto por el numeral 1054 de la primera legislación en cita. Ahora bien, se provee sobre la demanda propuesta de la forma siguiente: En principio, cabe precisar que "Banco Azteca", Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, pretende promover medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil sobre confesión judicial a cargo de Lidia Gaspar Alvarado, por lo que resulta importante destacar lo dispuesto en los artículos 1162 y 1164 del Código de Comercio, que al efecto establecen: "Artículo 1162.- Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad, para lo cual el juez señalará día y hora para la comparecencia. En este caso el deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le haga la citación, y ésta deberá ser personal, expresándose en la notificación el nombre y apellidos del promovente, objeto de la diligencia, la cantidad que se reclame y el origen del adeudo, además de correrle traslado con copia de la solicitud respectiva, cotejada y sellada." "Artículo 1164.- Si no comparece a la citación, y si se le hubiere hecho con apercibimiento de ser declarado confeso, así como cumplidos los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, y la exhibición del pliego de posiciones que calificadas de legales acrediten la procedencia de lo solicitado, se le tendrá por confeso en la certeza de la deuda, y se despachará auto de embargo en su contra, siguiéndose el juicio conforme marca la ley para los de su clase." El primer ordinal citado dispone que el juicio ejecutivo podrá prepararse mediante la confesión judicial del deudor; asimismo que la citación deberá ser personal, expresándose en la notificación a) el nombre y apellidos del promovente; b) el objeto de la diligencia; c) la cantidad que se reclame y d) el origen de adeudo; además deberá correrse traslado con copia de la solicitud cotejada y sellada. Por su parte, del segundo numeral invocado, se desprende que en caso de que el deudor no comparezca a la citación, previo apercibimiento y acreditación de la procedencia de lo solicitado con las posiciones que se califiquen de legales, se le tendrá por confeso en la certeza de la deuda y se despachará auto de embargo en su contra, siguiéndose el juicio conforme marca la ley. Entonces, los medios preparatorios sobre confesión judicial, al tener como consecuencia el mandamiento de ejecución en contra del deudor por la confesión de las posiciones que en su caso se califiquen de legales, deben formularse con claridad, precisión y reunir los requisitos establecidos en la ley para su procedencia, de lo contrario deben ser desechados; ello, en virtud de que no debe haber duda respecto al reconocimiento del adeudo en cantidad cierta, liquida y exigible; en ese sentido, previo al desahogo de la diligencia, el futuro demandado debe tener conocimiento pleno de la deuda que se le atribuye y sobre la que se pide confesión, lo que implica que, desde el escrito inicial (con el que se correrá traslado) deberá hacerse de su conocimiento la suma que se le reclama y el origen del adeudo. Es oportuno señalar que, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que el acceso al ejercicio de tutela jurisdiccional no debe estar supeditado al condicionamiento de requisitos impeditivos u obstaculizadores de dicho acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, también resulta verídico, que el Alto Tribunal puntualizó que no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida. También cabe precisar, que las partes que intervienen en algún procedimiento jurisdiccional, tienen obligaciones y cargas procesales; así, la primera existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, sacrificando el propio; mientras que la carga procesal, tiene lugar cuando la ley fija la conducta a asumir por quien quiera obtener o conseguir un resultado favorable a su propio interés. El incumplimiento de una obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios. Sin embargo, el incumplimiento de una carga procesal trae como consecuencia el castigo o penalización condigna, por el incumplimiento de un deber; lo afirmado es así, precisamente atento a su naturaleza procesal, dado que constituye una omisión en la verificación de un requisito procesal. En efecto, el cumplimiento de una carga procesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés; por tanto, la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines. En el caso concreto, Ricardo Ávila Bustos, quien se ostenta apoderado legal de "Banco Azteca", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, promueve medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, respecto de Lidia Gaspar Alvarado, a fin de que reconozca el adeudo que dice asciende a la cantidad de $28,467.00 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). En ese sentido, del capítulo de hechos del escrito de demanda, se advierte que el promovente refiere, que su representada tiene como objeto social, entre otras cosas, la celebración y realización de actos jurídicos como son: las operaciones de préstamos y servicios bancarios, ya que cuenta con las autorizaciones necesarias para operar como "Institución de Banca Múltiple"; razón por la que tuvo una relación comercial con Lidia Gaspar Alvarado, aperturando una línea de crédito (préstamo) el dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agrega que en seguimiento a dicha línea de crédito, Lidia Gaspar Alvarado, se comprometió a pagar incondicionalmente a su poderdante la cantidad de $36,123.00 (treinta y seis mil ciento veintitrés pesos 00/100 moneda nacional); que aquella se abstuvo de cumplir con la obligación de pago a partir del diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, por lo que refiere cayó en atraso o mora el dieciocho de diciembre de dos mil veintidós. De lo expuesto por la institución bancaria promovente, destaca que la línea de crédito a que hace referencia se otorgó el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por la suma de $36,123.00 (treinta y seis mil ciento veintitrés pesos 00/100 moneda nacional), depositada a la cuenta que la presunta demandada tiene apertura en la institución de crédito; asimismo, que se abstuvo de cumplir con la obligación de pago a partir del diecisiete de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, en la especie no es posible dar trámite a los medios preparatorios que nos ocupan, toda vez que no se cumplen los extremos que refiere el numeral 1162 del Código de Comercio, ya que en la demanda no se establece de forma concreta el origen del adeudo, menos aún cómo se integra aquél, siendo éstos, hechos con los que debe notificarse al deudor previo al desahogo de la diligencia confesional. Así es, el actor no establece en concreto el origen del adeudo, pues si bien indica que otorgó un préstamo celebrado de forma "verbal", es omiso en exponer datos inherentes a la forma de depósito y concepto, amortizaciones, si se pactaron tasas de intereses y formas de pago, además de no indicar la fecha precisa en la que se volvió exigible, considerando que, al parecer, se pactaron pagos parciales - semanales-. Sin que pase desapercibido que de su escrito inicial, precisamente en el inciso D) del capítulo que denominó como "requisitos de procedencia", la parte accionante refiera como fecha en que se abstuvo la parte interpelada a realizar el pago fue el diecisiete de diciembre de dos mil veintidós y el dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, como la data en que incurrió en mora; no obstante, fue omiso en anexar documento alguno o bien explicar de manera pormenorizada, la tabla de amortizaciones que permita vislumbrar la fecha en que su contraria realizó el último pago (tomando en cuenta que el promovente señala que se pactaron pagos semanales). Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 1162 del Código de Comercio, pues le correspondía precisar con exactitud los hechos en que funda su solicitud de medios preparatorios, a fin de que el futuro demandado pudiera enterarse del origen del adeudo a partir de la información que proporcione el promovente. De ahí, que si lo que se pretende es la confesión del deudor sobre determinada cantidad, se debe tener la certeza del origen y monto del adeudo, la forma en que se cuantificó, el periodo que abarca y las condiciones de pago, a fin de establecer con base en las posiciones, que serán calificadas conforme a los hechos expuestos, si en la especie se actualiza el reconocimiento de una deuda cierta, líquida y exigible, lo que constituye el requisito substancial para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil. En consecuencia, lo procedente es desechar los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil que se solicitan. No pasa desapercibido que el promovente señala que no cuenta con documentación con firmas autógrafas de la presunta parte demanda; sin embargo, ello no lo exime de la obligación de informar a su futura contraparte los datos necesarios y completos para que conozca con certeza el origen y monto del adeudo que le atribuye. Máxime que, conforme al artículo 1162 del Código de Comercio, tratándose de medios preparatorios a juicio sobre confesión judicial, no es necesario que se exhiba documento alguno, pero sí hacer del conocimiento de la futura demandada, mediante los hechos que soporten el escrito inicial el origen toral del adeudo (en su caso, principal y accesorios, de haberse pactado), la fecha exacta en que este se hizo exigible para su cobro y la forma en que se cuantificó el mismo, para que de ese modo la confesión que pretende pueda constituirse en título ejecutivo. Con relación a las documentales -se añade- es un hecho notoriamente cognoscible que para el otorgamiento de préstamos por instituciones financieras, debe existir un documento que sustente ese acto, ya que en términos del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito1 , las instituciones de Banca Múltiple tienen la carga de comprobar sus operaciones a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que es su obligación contar con el respaldo con el que acrediten las operaciones que realizan, en el caso, el préstamo que aduce que otorgó. Finalmente, tampoco podría este órgano jurisdiccional declarar la existencia del adeudo motivo del presente asunto, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 1164 del Código de Comercio, se establece que se tendrá por confesa a la presunta demandada en la certeza de la deuda, sin que el juzgador pueda realizar declaración alguna en el sentido que lo solicita el promovente. En ese sentido, las omisiones precisadas no pueden subsanarse con el resultado de las pruebas que lleguen a desahogarse en el juicio, pues aun cuando del estudio íntegro del escrito inicial pudieran obtenerse los datos que refiere el promovente, en atención al principio de estricto derecho que rige la materia mercantil, a la solicitante le corresponde referir con exactitud lo que pide y los hechos que lo sustentan, en términos claros y precisos, y al no hacerlo de esa forma se torna inviable la solicitud en estudio, por impedir que la presunta demandada esté en aptitud de emprender su defensa en forma adecuada. Por ende, dado que el promovente no acreditó de manera fehaciente que el adeudo se encuentre en cantidad cierta, líquida y exigible, como se adelantó, lo procedente es desechar la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. SOLICITUD DE JUICIO EN LÍNEA En diverso aspecto, el promovente solicita que se le permita el acceso al expediente electrónico y le sean realizadas sus notificaciones por esa vía y al efecto señala los usuarios "AIBR760426695" y "JPCCH", corresponden a Ricardo Ávila Bustos y Juan Pablo Casas Chavana, respectivamente. Al respecto, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la ocursante la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente expediente, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se les faculta para presentar promociones y recursos por ese medio (con la salvedad de aquellas constancias que deban presentarse de manera física). Por cuanto hace a la forma en que deben practicárseles las notificaciones personales, se ordena que aquellas le sean realizadas a través de los usuarios "AIBR760426695" y "JPCCH" que proporciona, por así haberlo solicitado expresamente. Se le hace saber además, que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano jurisdiccional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al actuario judicial para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. ... Notifíquese electrónicamente a la parte actora.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios y anexos de cuenta, signados por el Presidente y Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, respectivamente, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rendido el informe justificado correspondiente; con sus contenidos y constancias a anexas a los mismos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que anexa a su oficio de cuenta, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será relacionada al celebrar la audiencia constitucional, aun cuando no exista petición expresa de las partes para ello. En consecuencia, a fin de dar margen a que la partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación rendido, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día, se difiere, y en su lugar se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo.

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