Crisanto Ezequiel Najera Romero

Expediente 1059/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1059/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Crisanto Ezequiel Najera Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, por medio del cual se tiene por recibido el oficio registrado con folio 23837 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa acerca del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las doce horas con veintinueve minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1059/2016, promovido por *******************, sin asistencia de las partes. Abierta la misma, se procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda de garantías, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas"; al respecto el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remitió la autoridad responsable, consistente en copia certificada de la constancia derivada del expediente laboral **************. Enseguida, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento, consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. VISTOS, para resolver; los autos del juicio de amparo 1059/2016, promovido por *****************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ******************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el cual hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La denegación de justicia de la responsable, que consiste en la omisión de acordar el sic una promoción presentada ante la autoridad responsable, con fecha veintiséis de abril del 2016, no obstante que se cumplió con las formalidades y requisitos que señala la ley laboral y al haber transcurrido el exceso el término que la ley imponen para acordar sus promociones." SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 1059/2016 misma que mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable, además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna, asimismo se ordenó emplazar a los terceros interesados. En este contexto, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que ahora se emite, en los términos siguientes; CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48,49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 y 35 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en: "La omisión de la autoridad responsable, al no acordar la promoción que le fue presentada el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en el plazo señalado para ello por la ley, dentro del expediente laboral 01/723/14-III, en el que se realizan diversas peticiones en relación a la ejecución del laudo.". TERCERO. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Toda vez que las partes en el presente asunto no hacen valer causa de improcedencia alguna y como este juzgado tampoco advierte de oficio que se actualice una de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación planteados por el quejoso en su demanda de garantías. Este órgano jurisdiccional considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el Juez de amparo este impedido para el estudio integral de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." QUINTO. Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación, por las siguientes consideraciones. En la especie, el solicitante del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de la autoridad responsable, al no acordar la promoción que le fue presentada el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en el plazo señalado para ello por la ley, dentro del expediente laboral 01/723/14-III, en el que se realizan diversas peticiones en relación a la ejecución del laudo." De ahí que sea conveniente precisar lo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 838 establece: "La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la Ley." Por su parte, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidenta, al rendir su informe justificado, manifestó que: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO . sin embargo tal demora no es por negligencia, dolo o mala fe. sino que cuenta con excesiva carga de trabajo." De lo antes visto, es dable afirmar que le asiste la razón al quejoso, por las siguientes razones. En primer término, cabe hacer mención que de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso refiere que la autoridad responsable ha sido omisa, al no acordar la promoción que le fue presentada veintiséis de abril de dos mil dieciséis, dentro del plazo señalado para ello por la ley, dentro del expediente laboral 01/723/14-III, en el que se realizan diversas peticiones en relación a la ejecución del laudo, de lo cual se advierte que se ha excedido de los límites establecidos en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, de las constancias que obran en autos se desprende que en efecto a la fecha en que el quejoso presentó su demanda de garantías, que lo fue el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable no emitió ningún acuerdo que haya recaído a la promoción referida en el expediente laboral 01/723/14-III, no obstante de haber transcurrido casi dos meses, a la fecha en que presentó su demanda de garantías, dejando de observar lo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio de la quejosa. Omisión que sin duda alguna resulta ser violatoria de garantías, toda vez, que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y en el caso a estudio, la autoridad responsable, vulnera en perjuicio del ahora quejoso, la garantía antes señalada, toda vez que omite dictar dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes de haber recibido la promoción de la impetrante de garantías, por lo que dicha omisión ocasiona que exista una evidente dilación en la administración de justicia, contraviniendo los principios de economía, concentración y sencillez que rigen el proceso laboral, tal como lo establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, resulta inconcuso que la autoridad responsable dejó de observar lo dispuesto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior se estima de esa forma, en virtud de que como ha quedado asentado, transcurrieron mas de dos meses desde que el quejoso presentó su petición, a la fecha en que presentó su demanda de amparo, tiempo que resulta excesivo, tomando en consideración que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece que en los juicios laborales, las Juntas dictarán sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de la cuarenta y ocho horas siguientes de que reciba promociones por escrito, por lo que resulta evidente que la autoridad responsable, vulneró en perjuicio de la quejosa la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional. En consecuencia, lo procedente es conceder a Crisanto Ezequiel Nájera Romero, el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado, para los siguientes efectos: Que la autoridad responsable, sin mayores dilaciones, acuerde la promoción presentadas ante la responsable el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 01/723/14-III, a través de la cual solicita la liquidación y consecuente ejecución del laudo, y lo notifique al quejoso de manera personal. Lo anterior en el entendido de que la concesión del amparo en los términos apuntados, no prejuzga sobre la procedencia o no, de la solicitud formulada, por lo que sus efectos son única y exclusivamente para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, resuelva de inmediato lo que considere pertinente en relación al escrito elevado a su consideración y lo notifique a la impetrante de amparo. Resulta de aplicación al caso, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, con el número 3ª. XXXIV/92, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Sin que obste a la presente determinación, el hecho de que la autoridad responsable manifieste en su informe justificado que el retardo en el dictado del laudo de ley se debe a la excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad instalada y recursos materiales y humanos insuficientes, invocando al respecto la Jurisprudencia P./J. 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTÚO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia". Lo anterior es así, en virtud de que, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para dictarse el laudo, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional; aunado a que la Jurisprudencia invocada por la autoridad responsable va encaminada a determinar si las autoridades encargadas de impartir justicia al no respetar los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes deben ser acreedoras a las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes, y resulta aplicable, como antes se indicó, para casos concretos, específicos y determinados, y no así para condiciones generales, de manera tal, que no pueda establecerse una relación precisa de causa-efecto. Sin que constituya obstáculo para el dictado de esta sentencia el hecho de que no se haya llamado a juicio a la contraparte de la quejosa, en el juicio laboral de origen, ya que, en el caso particular se considera que, al ser el periodo de ejecución del laudo, a quien perjudica únicamente la omisión de la responsable, es a la parte trabajadora, al no poder hacer liquida la condena establecida en el laudo, sumado a que, se considera también que se debe guardar el sigilo en esta etapa, a fin de que la parte condenada no oculte los bienes que pudieran servir para garantizar el pago de las prestaciones a que fue condenado. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 80 192 y 193 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *****************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Agréguese con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y en representación del Pleno de la misma, con residencia en esta ciudad; con su contenido y anexo, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Téngase como Delegados de la autoridad responsable, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designa en su informe, y por señalado el domicilio que indica, para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracción I, y XII de la Constitución Federal, 1°., fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, fracción VI, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la misma, dese la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por otro lado, en términos de los artículos 115 y 117 de la ley de la materia invocada, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, y con OCHO días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que en caso de no hacerlo, o no remita con la oportunidad debida las constancias, se le sancionará con una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. No se forma incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan LAS DOCE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para celebración de la audiencia constitucional. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. En el entendido que de no cumplir con dicha obligación, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal les impondrá una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la Ley de Amparo. Así también, requiérase a la autoridad responsable para que, junto con su informe justificado, señale si la parte quejosa o alguna otra persona han promovido diverso juicio de garantías dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda y por autorizados en los términos propuestos, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral. Por otra parte, se instruye a los actuarios adscritos, para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Razonamiento que se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, pues la notificación por oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, quejosa y tercero interesada, ya que a través de ella, se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario, girar oficios a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576 , que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Por último, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha seis de febrero de dos mil catorce, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de los artículos 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 6 y 8 de su Reglamento, las resoluciones y sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, deberán hacerse públicas; sin embargo, las propias partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en caso de que no hagan manifestación alguna, se entenderá que no se oponen a su publicación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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