Crisanto Estrella Canul
Expediente 998/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Crisanto Estrella Canul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, y que por tanto, no afecta el interés que pudieran tener las autoridades responsables en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de conservación. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de conservación, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, ambos cuadernos deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 998/2023-II-B, promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (a través del buzón judicial), y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido a la Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por auto de veintinueve siguiente, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 998/2023-II-B; le dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La resolución dictada el cinco de junio de dos mil veintitrés en la carpeta administrativa ******************** del índice del Juez señalado como responsable, en el que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclama a la Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán y al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que la primera de ellas adjuntó al mismo. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni opera alguna que debiera hacerse valer de oficio; por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia a lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los que se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, sin que en el caso haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse la protección constitucional solicitada. Como ya se señaló, la quejosa se duele de la resolución dictada el cinco de junio de dos mil veintitrés en la carpeta administrativa ******************** del índice del Juzgado de Control señalado, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada. En dicha audiencia, la Fiscalía General del Estado, formuló imputación en contra del aquí quejoso ********************, por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado, cometidos en perjuicio de la menor de edad de identidad reservada de iniciales ******************** Que una vez formulada la imputación, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso del citado imputado, siendo que la defensa de aquel solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, para lo cual fijó el nueve de junio de dos mil veintitrés para la continuación de la audiencia inicial. Asimismo la fiscalía solicitó se impusiera como medida cautelar en contra del imputado, la de prisión preventiva justificada. Aquí, es importante destacar los hechos por los cuales se formuló la imputación, siendo éstos: 1. Que un domingo del año 2016, por la mañana cuando la menor de iniciales ******************** ya contaba con la edad de 6 años, y se encontraba en el predio de su tío político ********************, ubicado en el predio número ******************** Yucatán, cuando éste le llamó para que se acercase a la cocina del referido inmueble, y fue ahí donde ********************le bajó su pantalón a la menor y la penetró con su miembro viril en la zona ano-rectal de la niña, para después decirle que no dijera nada y que si ella lo contaba ya no la llevaría de viaje. 2. Que en el año 2017 después de cumplir 7 años de edad, la menor de iniciales ********************cuando eran horas de la tarde, fue a buscar hielo a casa de su tía ********************, quien tiene su domicilio en la calle ********************, Yucatán, situación que aprovechó su tío ********************, quien entró donde estaba el refrigerador y le agarró sus pechos por debajo de su ropa. 3. También señala la menor que el día 24 de agosto del año 2017, la menor contaba con la edad de 7 años, la llevaron de vacaciones por el citado ******************** junto con sus primas hijas del citado ********************, todas ellas menores de edad, a una casa en Progreso, Yucatán, de dos pisos con terraza en la parte de arriba para ver las estrellas, es ahí donde en la noche ********************, después de que sus hijas se durmieron, aprovechó para bajarle su short hasta las rodillas de la niña ********************para luego subirla sobre él y penetrarla con su pene en la vagina de la menor de edad, al mismo tiempo que le besaba los pechos. 4. Que el día 27 de agosto del año 2018, en horas de la noche cuando la niña ya contaba con la edad de 8 años de edad, y se encontraba en el predio marcado con el número ******************** Yucatán, estando durmiendo en la casa de campaña que hace su tío político ********************, de nueva cuenta le quita su short y le pide que se subiera encima de él, para luego penetrarla con su miembro viril en la vagina de la niña. 5. Que el día 28 de agosto del año 2018, por la noche, cuando la menor de iniciales ********************se encontraba en la casa de campaña que tenía su tío político en el techo de su casa en el predio número ******************** Yucatán, acostó a la menor boca-arriba y le chupó su vagina al igual que sus senos, y al día siguiente por la mañana, el señalado ********************hace que la menor le toque su pene y luego puso su pene en la boca de la menor y le dijo que se trague su semen, pero no lo hizo la víctima. 6. Que el día 3 de febrero del año 2019, por la tarde, cuando la menor se encontraba en el local denominado "********************", ubicado en el predio sin número de la ********************, en el área de piscina se metía también en dicha piscina el citado ********************, y hacía que la menor le tocara su pene por debajo del agua, que lo recuerda muy bien la menor por las fotos que ******************** subía al facebook. 7. Que el 20 de marzo de 2021, siendo aproximadamente el medio día, la menor junto con sus primas menores de edad hijas de su tía ******************** y de ********************, viajaron en taxi a la ciudad de Mérida, y éste hacía que la menor le tocara su pene mientras le ponía un bulto encima. 8. Que en el mes de mayo de 2021, recuerda que fue la última vez que ********************la tocó; que fue entre las ocho y nueve de la noche, en el predio marcado con el número ******************** Yucatán, cuando estaba mirando la televisión su tío político le hizo señas para que fuese al cuarto de su hija, cuando entró al mismo le dijo que se acostara en la cama y le tocó sus senos y su vagina sobre su ropa, seguidamente la menor se salió del cuarto. Establecido lo anterior, es preciso indicar que la solicitud de la fiscalía en relación a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, preponderantemente se basó en el hecho de que debían considerarse las circunstancias particulares del imputado, que había atacado a una menor de edad de seis años, de la cual abusó sexualmente, por lo que la medida solicitada era idónea y proporcional, ya que las demás medidas previstas en la ley no serían suficientes para garantizar la seguridad de la víctima, ya que existía riesgo de que transgrediera a la menor física y emocionalmente, sobre todo si se consideraba que existía cercanía entre la víctima y el imputado, pues son familiares, aunado a que la menor había manifestado que tenía temor de salir y encontrase con el imputado. Por su parte, la defensa del imputado aquí quejoso manifestó que no estaba de acuerdo con la solicitud del fiscal, ya que existían otras medidas cautelares menos invasivas que permitían garantizar tanto la presencia del imputado al proceso, así como la seguridad de la víctima. Una vez cerrado el debate, la Juez de Control responsable determinó imponer la medida de prisión preventiva justificada, lo que constituye el acto reclamado. Para ello, otorgó la razón a la fiscalía, y aseguró que en el caso la necesidad de cautela era alta, ya que debía garantizarse la integridad y la seguridad de la menor víctima al tratarse de un delito de índole sexual. Que para ello debían considerarse los datos de prueba que habían sido descritos por la fiscalía, en específico la declaración de la testigo Dana ******************** Pérez Uc, de treinta de abril de dos mil veintitrés, quien manifestó ante el Fiscal de Maxcanú, que había notado los cambios que tuvo la víctima en su carácter, ya que a ella le hizo lo mismo su tío político ********************, pues había abusado de ella cuando tenía nueve años de edad, y que por ello decidió no ir más a casa del imputado. Señaló la Juez responsable que al parecer existía el abuso sexual del imputado a otra persona, por lo que basándose en ese argumento, y dada la relevancia del bien jurídico tutelado que en el caso era el sano desarrollo de las personas menores de edad, siendo que en el caso las dos personas eran menores cuando fueron agredidas sexualmente. Por lo que tomando en cuenta que los delitos por los cuales se formuló imputación eran abuso sexual agravado y violación equiparada agravada, además atendiendo el contenido de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, en donde se establecía el concepto de la violencia sexual; y por consiguiente la afectación de la menor víctima, dato de prueba que también había sido ofrecido por la fiscal. Que por ello se encontraba justificada la necesidad de cautela para la protección de las víctimas directas del hecho jurídico por todo el tiempo que durare el proceso. Ahora bien, en sus conceptos de violación el quejoso alega que se vulnera en su perjuicio su derecho a la presunción de inocencia contenida en los artículos 19 y 20 Constitucionales, ya que la Juez no tomó en consideración al decretar la prisión preventiva "justificada", que existen otras medidas cautelares menos dolosas y que pueden ser suficientes, imponiéndole a todas luces una pena anticipada por el delito que se le acusa, afectando por tanto su libertad personal y sus derechos de seguridad jurídica y legalidad. Los argumentos resumidos, como se adelantó, son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir a su favor. Primeramente, resulta pertinente destacar que el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso García Rodríguez y otro vs. México, declaró inconvencional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por considerar que ésta viola los derechos humanos a la libertad personal, presunción de inocencia y a la igualdad ante la Ley reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que, condenó al Estado Mexicano a dejar sin efectos en el ordenamiento interno respectivo las disposiciones relativas a esa medida cautelar. En ese contexto, en el caso en estudio, al quejoso se le impuso la prisión preventiva justificada -no oficiosa-, previo el debate de las partes procesales, como se estableció anteriormente. La prisión preventiva como medida cautelar dentro del sistema acusatorio y oral tiene el carácter de excepcional y subsidiaria, en tanto que su imposición no sólo está delimitada al cumplimiento de ciertos fines vinculados con la existencia de un riesgo procesal, sino a que otras medidas sean insuficientes para lograr esos objetivos, particularmente, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación o del procedimiento, o bien, la protección de la víctima, testigos o de la comunidad en general. En ese tenor, de los artículos 155, 156, 157 y 167, ante penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el legislador estipuló que las medidas cautelares serían impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para lograr los fines descritos con antelación, específicamente, para: (i) asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; (ii) garantizar la seguridad de la víctima u ofendido; o (iii) evitar la obstaculización del procedimiento. Al propio tiempo, se observa que para el cumplimiento de esos fines específicos el creador de la norma previó un enlistado de medidas cautelares cuya ordenación no es accidental, ya que, en lo que interesa, la prisión preventiva figura como la última de ellas, esto es, constituye el "último recurso" para alcanzar esos objetivos dado su grado de afectación en la libertad deambulatoria del imputado previa al dictado de una sentencia estimatoria; de ahí que la prisión preventiva sea la medida cautelar más lesiva. En cualquier caso, el citado código adjetivo dispone que la imposición o modificación de alguna medida cautelar deberá ser debatida durante la formulación de la imputación o en su caso, en el dictado del auto de vinculación a proceso. Estas previsiones garantizan que el imputado ejerza su derecho de contradicción en el momento mismo en que se determina la procedencia de la medida. De la legislación nacional citada también se advierte que las determinaciones del juez de control en modo alguno son inobjetables o inmutables, puesto que dicho ordenamiento prevé, por un lado, que podrán ser impugnadas por cualquiera de las partes que estuviesen inconforme con su sentido, a través del recurso de apelación y, por otro lado, también dispone que en caso de que las condiciones que inicialmente justificaron la medida hayan cambiado de manera objetiva, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional su revocación, sustitución o modificación. Para ello, el juez citará a las partes a una audiencia en la que nuevamente se debatirá la idoneidad de la medida previamente adoptada y, en última instancia, se resolverá si debe o no mantenerse, contexto en el que las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Los artículos 168 a 170 del Código Nacional establecen los lineamientos que permiten evaluar el tipo de riesgo que el imputado puede representar para el proceso, a saber: a) Peligro de sustracción del imputado, b) Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; y, c) Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. En el entendido que, si del análisis de tales parámetros no se encuentran asegurados los fines del proceso, resultará procedente la restricción de la libertad del imputado. En tanto que el artículo 171 de dicho cuerpo normativo, dispone que las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva, de acuerdo con las reglas relativas a la admisión y desahogo de medios de prueba. Así, la legislación adjetiva establece aquellos aspectos que el juez debe tomar en consideración para determinar qué medida o medidas cautelares resultan necesarias para garantizar los fines del proceso ya señalados; y al emitir la resolución que las establezca deberá expresar lo siguiente (numeral 159): 1) La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó su establecimiento; 2) Los lineamientos para la aplicación de la medida; y 3) La vigencia de la medida plasmada. Al respecto, se considera pertinente dejar sentado que la imposición de una prisión preventiva justificada no puede sostenerse sobre la premisa de que por la pena de prisión que podría imponerse por el hecho delictuoso que se imputa al acusado, éste podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, sin ponderar los demás aspectos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dicho pronunciamiento presupone de suyo la anticipación de la pena, lo cual está proscrito constitucionalmente en el actuar de los juzgadores, en atención al principio de presunción de inocencia en la vertiente regla de trato procesal. Se afirma lo anterior, en virtud de que en el sistema de justicia penal acusatorio, los gobernados tienen la prerrogativa de enfrentar en libertad el proceso penal instaurado en su contra, por lo que únicamente, de manera excepcional, podrá decretarse dicha medida cautelar, siempre y cuando la imputación verse sobre un hecho ilícito sancionado con pena privativa de la libertad y existan datos que revelen que las otras medidas cautelares menos gravosas no serían efectivas para garantizar la comparecencia del imputado en el enjuiciamiento, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues sólo así se respeta el derecho de presunción de inocencia como regla de trato procesal, cuya esencia radica en que la persona sea tratada como inocente en tanto no haya sido declarada su culpabilidad mediante sentencia judicial y se le haya seguido un proceso respetuoso de sus derechos fundamentales, ya que se debe evitar la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena, viola el mencionado principio de presunción de inocencia. Todo lo anterior, fue observado por la Juez de control responsable, por lo que se encuentra apegada a derecho su decisión de imponer dicha prisión preventiva al imputado a fin de garantizar la seguridad de la víctima. En efecto, como lo sostuvo la juez de control existen datos de pruebas referidos en la imputación y solicitud de vinculación a proceso que evidenciaban el riesgo de la víctima, razón suficiente para imponerla de conformidad con el numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la menor manifestó tener temor y/o miedo de encontrarlo en la calle, ya que son de la misma población, además de que existe el señalamiento de una diversa persona la cual indicó que lo mismo hizo con ella el imputado cuando tenía nueve años de edad, es decir, que también había abusado de ella sexualmente. Por consiguiente, la imposición de la medida cautelar se ajusta al numeral 170 del ordenamiento invocado, ya que la juez sustentó y señaló las causas por las cuales se encuentra justificada la medida cautelar de prisión preventiva decretada en el acto reclamado, en el caso, el riesgo para la víctima directa del hecho delictivo de naturaleza sexual. Y, aunque no se desconoce que la prisión preventiva justificada es una medida de carácter excepcional, pero, en el caso, proporcional y necesaria para ser aplicada al quejoso, en términos de lo que la ley fundamental establece. Lo anterior, porque tocante a la excepcionalidad, debe decirse que si bien la regla general es la libertad y la prisión preventiva la excepción, lo cierto es que el hecho que sea una medida de tal magnitud, no significa que no deba o pueda aplicarse en el caso que así lo demande por sus características, siendo que en lo particular, la prisión preventiva se toma como una medida cautelar, que debido a las circunstancias particulares resaltadas en párrafos que anteceden, tiende a evitar un riesgo efectivo para la víctima. En ese sentido, como lo señaló la juez de control los argumentos vertidos por la fiscalía, así como los datos de prueba que invocó, son suficientes para establecer que se cumple con las exigencias para la imposición de la medida cautelar que ocupa, pues si bien la misma es excepcional, lo cierto es que resulta necesaria para garantizar la seguridad de la víctima, quien fue agredida sexualmente por el imputado, con lo cual se hace oportuna la medida cautelar para conseguir ese fin legítimo. Y, por lo que respecta a la proporcionalidad de la medida cautelar impuesta al quejoso, el cual significa que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no debe ser desmedido en relación a las ventajas que se obtienen mediante la prisión preventiva, es decir, no se debe restringir la libertad de la persona acusada, más allá de lo estrictamente necesario para asegurar su comparecencia a juicio, debe decirse que al ponderarse las relatadas circunstancias previstas en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace patente el riesgo de la víctima, pues como lo destacó el juez en el acto reclamado el imputado desplegó la misma conducta con una diversa menor de edad, además de la afectación a su libertad sexual y emocional de la menor, la cual incluso manifestó su temor de encontrarse en la calle con el imputado. Entonces, se hace necesaria hasta este momento, la imposición de la medida cautelar señalada, lo cual en modo alguno significa violación a los derechos fundamentales en contra del quejoso ni a los principios que se invocan en los motivos de disenso, pues no se debe olvidar que ese es uno de los fines de la prisión preventiva, es decir, impedir riesgos para la víctima, razón por la cual se hace necesaria y proporcional. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. MEDIDAS ESPECIALES QUE EL JUZGADOR DEBE ADOPTAR PARA PROTEGERLO. La condición de vulnerabilidad de la víctima del delito es evidente en el caso de los menores de edad, debido a su situación especial de desarrollo e inmadurez física y psicológica. Ante ello, los juzgadores deben adoptar medidas especiales para protegerlos en los casos en que sean víctimas de un delito, las cuales consisten en: (i) el reconocimiento de su dignidad humana, lo cual conlleva el deber de respetarlos y considerarlos como personas con necesidades, deseos e intereses propios, y exige alejarse de la concepción del menor como un simple receptor pasivo de protección y cuidado, o bien, como un medio para determinar la responsabilidad del inculpado en el proceso penal; (ii) su no revictimización, que consiste en protegerlos contra todo sufrimiento, situación de riesgo o tensión innecesaria o discriminación; y, (iii) su participación en el proceso penal, que se conforma por el deber de las autoridades de informarles su situación legal y sus derechos correlativos, e implica el deber de brindarles la oportunidad de que sus sentimientos y opiniones sean escuchados y tomados en cuenta por el juzgador, en función de su madurez, edad y capacidad de discernimiento." Aunado a que si bien es cierto que la defensa del imputado propuso diversas medidas cautelares en lugar de la de prisión, las mismas son insuficientes para el fin por el que se impuso la última, en razón a que no se estableció de qué manera se evitaría el riesgo para la víctima. En efecto, la defensa sólo adujo que podría imponerse al imputado como medidas cautelares la presentación periódica, la revisión de su domicilio en medidas cautelares, la imposición del localizador, la acreditación de que está operando en un trabajo honesto, no acercarse a los testigos ni a la víctima; empero, de ello en modo alguno se obtiene que esas medidas cautelares sean suficientes para resguardar la seguridad e integridad de la víctima. Por consiguiente, si el riesgo no pueda cautelarse por medio de medidas menos lesivas, como lo determinó la juez de control, la prisión preventiva debe estimarse necesaria y proporcional. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar al quejoso ******************** el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclamó de la Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 3568/2023 y anexo, signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, a través de los cuales, en relación al requerimiento formulado por acuerdo de trece de septiembre del año en curso, manifiesta que con el diverso 3393/2023 de su índice, devolvió el despacho con NUMERO DE ORDEN: 165/2023 y NÚMERO DE ORIGEN 77/2023-D-II-B, que se le remitiera en su oportunidad, para emplazar a la tercera interesada. Al efecto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito por parte de dicha autoridad, para los fines legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a este expediente el escrito de ********************, quien comparece en representación de su hija menor de edad de iniciales ******************** y en su calidad de tercera interesada en este asunto. Al efecto, téngase por legalmente emplazada a juicio a la parte tercero interesada antes nombrada, para los fines legales conducentes. Como solicita la tercera, téngase por señalado como su domicilio para oír y recibir las notificaciones relacionadas con este asunto, el precisado en el escrito de su comparecencia. Asimismo, se tienen por designados como autorizados de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************; pero con las limitaciones a que se refiere el aludido numeral, en su segundo párrafo, parte final, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogados o licenciados en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "********************", para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio y además las notificaciones relativas, se le efectúen por la vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por proporcionados el número telefónico y el correo electrónico que indica la parte ocursante, para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Cornelio Herrera Ramirez1274/2023
- Cornelio Herrera Ramirez984/2023
- Cornelio Kú Ek555/2019
- Cornelio Mena Ku839/2018
- Cornelio Mena Ku840/2018
- Crescencia Ciau Cob133/2020
- Crisel Ailed Cachon Barreiro221/2022
- Cristal Maglene Díaz Carmona421/2019
- Cristhian Eduardo Avalos Chan13/2023
- Cristhian Espadas Gongora1371/2021
- Cristian Alberto González Dzul139/2021
- Cristian Arturo Blanco Gamboa35/2022