Crisanto Balan Castillo

Expediente 1685/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1685/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Crisanto Balan Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos la copia certificada del oficio de cuenta, signado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Campeche "1", con residencia en esta ciudad, en ausencia de la Administradora, y anexo que acompaña, mediante el cual informa que se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para realizar el cobro de la multa impuesta a quien fue señalada como responsable al fungir como Actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, al haber agotado los medios ordinarios y legales para su cobro, en virtud de que no se localizaron bienes susceptibles de embargar, ni domicilios diversos en el que pudiera ser ubicado la sancionada. Ahora bien, en atención a lo antes señalado por la autoridad oficiante, respecto a la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta, este juzgador considera oportuno dejar sin efectos la misma, haciéndolo del conocimiento a la autoridad hacendaria para los efectos legales correspondientes. Máxime, que en proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida en sus términos la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente lo haya hecho, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional, con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio garantías, en cuyo primer resolutivo se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, a Crisanto Balan Castillo, en los siguientes términos: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ******************, en el juicio de amparo 1685/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, en contra de los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas y para los efectos señalados en el diverso considerando sexto de la misma. En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ".justifique haber emitido y notificado al quejoso el acuerdo correspondiente a los escritos antes reseñados, esto es, se pronuncie respecto de la designación del perito valuador solicitado...." Concesión que se hace extensiva al actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, para que realice la notificación correspondiente en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 750. En auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la sentencia constitucional causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables, para que diera cumplimiento con la sentencia concesoria de amparo. Atento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, mediante oficio SA-909-2018, de veintiséis de abril de dos mil dieciocho y oficios SA-2994/2018 y SA-3000/2018, de veintitrés y veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, informó haber dado cumplimiento a la sentencia concesora de amparo, remitiendo al efecto copias certificadas de diversas constancias, entre ellas, proveídos de once y de trece de junio de dos mil dieciocho, autos del expediente laboral de origen 266/2008 del índice de la responsable, documentales a la que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. De las documentales mencionadas con anterioridad se desprende lo siguiente: En dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la Junta responsable, emitió el acuerdo correspondiente a la solicitud hecha por el C. Crisanto Balan Castillo, solicitando se designe a perito valuador, en el que se designó como perito valuador al C. Julio Romero Orozco. En once de junio de dos mil dieciocho, compareció de manera espontánea el C. Julio Romero Orozco, quien en ese acto aceptó el cargo conferido de perito valuador, solicitando un término prudente para rendir avaluó. En trece de junio de dos mil dieciocho, el perito valuador, presentó el avaluó ante la Junta responsable, misma que lo tuvo por recibido y dio vista a las partes Con vista en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, cumplieron con el NÚCLEO ESENCIAL de la sentencia dictada en este juicio, pues si bien es cierto que no se advierte la constancia de notificación a las partes del acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por recibido el escrito del C. Crisanto Balan Castillo, solicitando se designe a perito valuador, también es cierto que la junta responsable designó el perito valuador, este mismo, en fecha trece de junio de dos mil dieciocho, emitió su dictamen correspondiente, el cual se les hizo del conocimiento a las partes, sin que ninguna de las partes hiciera manifestación alguna, sin que de las constancias remitidas por la responsable se advierta que alguna de las partes lo hubiera hecho. Máxime que la parte quejosa no manifestó inconformidad alguna respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, a pesar de haberse dado vista para ello; por lo que este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de garantías, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus garantías contenidas en el artículo 17 de la Constitución Federal, con lo que se concluye que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la Tesis Aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 649, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente lo haya hecho, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público, con lo que se concluye que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido; este expediente es susceptible de depuración. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual en alcance a su oficio SA-2994/2018, registrado con el número 26351, remite diversa copia autógrafa relativa al cumplimiento, dictada por el Presidente de la Junta responsable; al respecto, toda vez que el veinticinco de octubre de la anualidad en curso, se dio vista a las partes con las constancias relativas a la ejecución de la sentencia de amparo que remitió la autoridad responsable; por tanto, glósense a los autos y tómese en consideración al resolver sobre el cumplimiento del fallo protector.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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