Crhistian Salabarria González
Expediente 1029/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Crhistian Salabarria González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, y toda vez que en proveído de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad se ordenó el archivo del presente juicio de amparo; por tanto, devuélvase el tomo I de pruebas, formado con las copias certificadas, relativas a cada uno de los expedientes de los quejoso en el presente juicio de amparo, remitidas por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, Oaxaca, acordadas en auto de ocho de septiembre de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación, ha transcurrido el plazo previsto en la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la resolución dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en sus artículos 18 fracción I, inciso b), y 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado; Es susceptible de depuración, c) En su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda, el auto en el que se concedió la suspensión de plano, y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, se advierte, el actuario adscrito a este Juzgado, no pudo notificar el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, al quejoso Manuel Medina Castro, debido a que fue informado por el Agente de Migración de Guardia, que dicho quejoso ya no se encontraba en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, efectúese la notificación de dicho proveído y las subsecuentes de carácter personal a dicha parte, mediante lista que publica la Administración Regional y que debido a la contingencia sanitaria se encuentra en el acceso del edificio del Poder Judicial de la Federación, así como en el Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la federación, hasta en tanto proporcione un domicilio correcto para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. I. Sobreseimiento por acto consumado de forma irreparable. Del estado de los autos se advierte que en la presente demanda de amparo promovida por Leonardo García, en representación de Crhistian Salabarria González, Leonor Barrios Vigoa, Heriberto Cruz Camejo, Dayanis Moreno García, Reiner Rementeria Ávalos, Armando Plutin Reyes, Maikiel Puerto Águila, Javier Irene Javier Borroto, Carlos Óscar Brizuela Salcedo, Carlos Javier Aguiar Estrada, Humberto Pérez Padrón, Greter García Hernández, Kirenia López Contreras, Ana Soraya Estrada Guzmán, Surizaday Herrera More y Cuba Victoria Sánchez Pérez, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" El citado precepto y fracción refieren que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados se hayan consumado de modo irreparable, entendiéndose por éstos, como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Ahora, en el caso se tiene que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo es la privación de la libertad de la parte quejosa Crhistian Salabarria González, Leonor Barrios Vigoa, Heriberto Cruz Camejo, Dayanis Moreno García, Reiner Rementeria Ávalos, Armando Plutin Reyes, Maikiel Puerto Águila, Javier Irene Javier Borroto, Carlos Óscar Brizuela Salcedo, Carlos Javier Aguiar Estrada, Humberto Pérez Padrón, Greter García Hernández, Kirenia López Contreras, Ana Soraya Estrada Guzmán, Surizaday Herrera More y Cuba Victoria Sánchez Pérez, en la estación de migración de la ciudad de Oaxaca, así como su deportación. Luego, conforme a las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de esa Ley, se tiene que mediante oficio INM/OROAX/DAJ/1489/2022 de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, remitido por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, en representación de la autoridad responsable Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, se le tuvo informando a este órgano jurisdiccional, la deportación de los directos quejosos Crhistian Salabarria González, Leonor Barrios Vigoa, Heriberto Cruz Camejo, Dayanis Moreno García, Reiner Rementeria Ávalos, Armando Plutin Reyes, Maikiel Puerto Águila, Javier Irene Javier Borroto, Carlos Óscar Brizuela Salcedo, Carlos Javier Aguiar Estrada, Humberto Pérez Padrón, Greter García Hernández, Kirenia López Contreras, Ana Soraya Estrada Guzmán, Surizaday Herrera More y Cuba Victoria Sánchez Pérez, a excepción de Manuel Medina Castro. De ahí que se estime se consumó irreversiblemente la violación a la libertad personal de la parte quejosa a excepción de Manuel Medina Castro, y que dio origen al presente juicio de amparo, ya que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituirles en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarles la libertad de la que fueron objeto. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 171537, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, cuya literalidad es la que sigue: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Bajo ese contexto, es dable concluir que se actualiza la invocada causal de improcedencia, que impone desde luego, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo determinado y dado que no es factible realizar las notificaciones a los quejosos precisados en este apartado de manera personal, se ordena notificarles esta determinación y las subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, así como en el lugar designado por la Administración Regional en Oaxaca del Consejo de la Judicatura Federal (entrada principal de este edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca). II. Sobreseimiento por desistimiento. Por otra parte, agréguese la razón actuarial de cuenta; visto su contenido se tiene que el veinticinco de octubre actual, el directo agraviado Manuel Medina Castro ratificó su escrito de doce de octubre de dos mil veintidós, recibido en este Juzgado el catorce siguiente, por el que desiste del presente juicio de amparo; por lo tanto, tomando en consideración que en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, y el artículo 6º, de la Ley de Amparo, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que puedan, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, por desistimiento de los quejosos de la demanda de garantías, se SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia número 2ª./J. 33/2000, con registro digital 192108, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XI, Abril de 2000, visible en la página 147, intitulada: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra del tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere pertinente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional (nueve horas con treinta minutos del día quince de noviembre de dos mil veintidós). Hágase lo anterior del conocimiento de las demás partes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO MANUEL MEDINA CASTRO Y POR LISTA A LOS RESTANTES QUEJOSOS.
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