Cresencia Tomasa Hernández o Tomasa Hernández Salinas

Expediente 824/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
824/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Cresencia Tomasa Hernández o Tomasa Hernández Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el secretario de acuerdos "B", del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 21, transcribe el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio agrario ** de su índice, del que se advierte que requirió al encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, para que dé cumplimiento a la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, apercibiéndolo con multa en caso de no hacerlo. En consecuencia, téngase a la citada autoridad informando las gestiones que se encuentra realizando para cumplir con la ejecutoria de amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 21, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que el encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, dé contestación a su requerimiento, lo haga del conocimiento de este Juzgado, debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten; o, en su caso, le determinación que haya emitido ante el incumplimiento de la solicitud en comento. Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento que tenga para ello se le hará efectiva la multa establecida en el auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciséis al veintinueve de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Ahora, la protección constitucional se otorgó para los efectos siguientes: "La autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca debe realizar lo siguiente: De manera inmediata, continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en la jurisdicción voluntaria ***, proveyendo y gestionando lo correspondiente para vencer la contumacia de la autoridad obligada al cumplimiento y materializar el fallo de que se trata." Ahora bien, del estado procesal de los autos, se advierte que en auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se reservó proveer lo conducente al oficio signado por el encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo y en atención a que ya aconteció; en consecuencia, se provee: Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad informando las gestiones que se encuentra realizando para cumplir con la sentencia. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento de la responsable que dentro de los efectos de la sentencia dictada en la jurisdicción voluntaria ***, es expedir el nuevo certificado a la quejosa con su nombre correcto, ***. Por tanto, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable, para que dentro del plazo de tres días siguiente al que quede notificada, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a la referida autoridad que si no actúa como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192, 193, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, al momento de incurrir en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado respectivo, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, dígasele a la autoridad responsable que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Se le hace del conocimiento que de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar en esta secretaría el tomo de pruebas formado con motivo de las documentales que remitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante oficio que al efecto se gire se ordena devolver las mismas. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, se reserva proveer al respecto hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 824/2023 promovido por *****+ o ****, en contra de la omisión del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otras autoridades. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad señalada como responsable ha sido omisa en cumplir con la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la jurisdicción voluntaria ***/***, debido a que no ha dictado todas las medidas necesarias y conducentes para que el delegado del Registro Agrario Nacional, así como el director en jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, cumplan con el fallo, esto es, corregir el nombre de la promovente, cancelar el certificado **** y expedir el nuevo certificado a la quejosa con su nombre correcto, ********. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el dieciséis de agosto del año en curso. Dicho libelo constitucional se turnó el mismo día a este Juzgado Federal, donde quedó registrado con el progresivo 824/2023; en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés se: i) admitió a trámite; ii) solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; iii) otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y v) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguiente: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La omisión de proveer el cumplimiento de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la jurisdicción voluntaria ***/***. Delegado del Registro Agrario Nacional y director en jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México. La omisión de cumplir con la sentencia dictada en la jurisdicción voluntaria ***/***, esto es, corregir el nombre de la promovente, cancelar el certificado *** y expedir el nuevo certificado a la quejosa con su nombre correcto, ********. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Es cierto el acto atribuido al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de proveer el pleno cumplimiento de la sentencia nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la jurisdicción voluntaria ***/****, esto es porque si bien, en su informe justificado negó la existencia de la omisión que se le atribuye, esa negativa se desvirtúa a pesar de las manifestaciones que realizó para justificar su conducta. Se estima lo anterior, en virtud de que de las constancias que allegó al expediente, se advierte que después de la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, existe el acuse de recibo del oficio *.*.**.**.**** de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dirigido al encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional, en el que le remitió copia certificada de la sentencia emitida en el expediente ***/**** para los efectos de su inscripción. Constancias que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, sí resulte cierta la omisión que se le atribuye, porque no se encuentra acreditado hasta ahora que haya vencido la contumacia del ente público que debe cumplir con la sentencia. Por su parte, la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional por conducto del jefe de Área de lo Contencioso y Consultivo de dicha dependencia, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la omisión que se le reclama. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la tesis jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." ANÁLISIS DEL FONDO DEL ASUNTO La quejosa refiere que la omisión reclamada vulnera su derecho humano de impartición de justicia, en la que se establece que la justicia debe ser pronta y expedita, que lo consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y que la autoridades responsables lo han vulnerado al no gestionar y dar cumplimiento a la resolución de seis de junio de dos mil veintidós, en el sentido de corregir el nombre de la promovente, cancelar el certificado 390364 y expedir el nuevo certificado a la quejosa con su nombre correcto, Cresencia Tomasa Hernández. Este argumento es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional. El artículo 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". (.). "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...]" El precepto constitucional 17 inserto establece la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional y prescribe que debe ser, en lo que aquí interesa, pronta y completa; acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que de no hacerlo se haría nugatoria la primera. Así, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal. Ese derecho en favor de los gobernados implica el disfrute de diversas prerrogativas relacionadas con la impartición de justicia, a saber: Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Las consideraciones expuestas encuentran respaldo en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES: La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Con base en el criterio anterior, se considera que las autoridades -en el ámbito de su competencia- transgreden la obligación de ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los asuntos, en dos formas: Cuando no desarrollen el juicio diligentemente sino con demora y, Cuando sean omisas en proveer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Ahora, en el presente asunto, se advierte que en la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el expediente ***/****, resolvió lo siguiente: "RESUELVE: PRIMERO. - Con base en lo fundado y motivado en la parte considerativa de esta resolución, el promovente acreditó los hechos constitutivos de la presente jurisdicción voluntaria; por lo tanto, es fundada su solicitud de que se corrijan los asientos registrales de la comunidad de SAN SEBASTIAN RIO DULCE, Municipio de Zimatlán de Álvarez, Distrito de Zimatlán, Oaxaca, y que se le expida el certificado correspondiente con su nombre correcto, que es *****. SEGUNDO.- Mediante oficio remítase copia certificada de la presente resolución a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, a efecto de que se corrija el nombre de la promovente, siendo su nombre correcto **** y no ****, nombre con el cual se encuentra inscrita en los asientos registrales del Registro Agrario Nacional en el Estado, de la comunidad de SAN SEBASTIAN RIO DULCE, Municipio de Zimatlán de Álvarez, Distrito de Zimatlán, Oaxaca, como titular del certificado de Reconocimiento de Bienes Comunales número 390364; asimismo deberá cancelar el certificado antes mencionado y expedir el nuevo certificado a la promovente con su nombre correcto que es *****. [.]" La autoridad responsable para justificar la omisión reclamada en esta instancia refiere en su informe de ley que sí ha realizado las gestiones para dar cumplimiento a la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, pues refiere que mediante oficio T.U.SA.21.2448 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dirigido al encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional, le remitió copia certificada de la sentencia emitida en el expediente ***/**** para los efectos de su inscripción Sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para establecer que dicho tribunal realizó lo conducente para materializar el cabal cumplimiento de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintitrés, además que se aprecia dilación en la entrega del oficio *.*.***.**.**** de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia. Por tanto, se estima pertinente concluir que, hasta esta fecha, la autoridad responsable, no ha realizado las gestiones necesarias para el total cumplimiento de la sentencia pronunciada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, ya sea como órgano jurisdiccional o como autoridad demandada u obligada al cumplimiento, lo que se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de obtener la ejecución de una sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." En ese sentido, debido a que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de seguridad jurídica prevista en los artículos 16 y 17 constitucional, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión reclamada en esta instancia. EFECTOS DEL AMPARO Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca debe realizar lo siguiente: De manera inmediata, continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en la jurisdicción voluntaria 361/2021, proveyendo y gestionando lo correspondiente para vencer la contumacia de la autoridad obligada al cumplimiento y materializar el fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a la autoridad señalada como responsable en este sumario, de la Delegación del Registro Agrario Nacional, a fin de que acate las determinaciones adoptadas por el Tribunal tendentes a obtener el cumplimiento de la sentencia, podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas multas al superior jerárquico, dar vista al Órgano de Control Interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin, de conformidad con sus facultades y atribuciones. No pasa inadvertido que no exista constancia de que la autoridad responsable director en jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, haya sido notificada del presente juicio; lo anterior, en virtud que de las constancias que obran en el expediente así como de las remitidas por la responsable, no se advierte la participación de dicho ente en los actos reclamados, por lo que no causa perjuicio a la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo se: RESUELVE Único. Se concede a la quejosa ******* o ******, el amparo y protección de la Justicia Federal, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo y para el efecto señalado en el diverso VII. Notifíquese.

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