Crescencio Nicolás Gómez

Expediente 573/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
573/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Crescencio Nicolás Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en razón de notificación vía llamada telefónica de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se advierte que al requerir al quejoso Crescencio Nicolás Gómez para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, indicó que proporcionó dos correos electrónicos solicitando se le notificara mediante esa vía; en tales condiciones, no ha lugar acordar de conformidad la petición de notificación toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el correo electrónico únicamente es para establecer comunicación no procesal. Por tanto, en razón de que parte quejosa fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el ordinal 27, fracción III, inciso a), se ordena la notificación por lista, del presente auto y de los subsecuentes, para los efectos legales conducentes. Firmeza procesal. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Crescencio Nicolás Gómez, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. .... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, devuelve sin diligenciar el despacho 65/2021 (orden 159/2021), del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le encomendó notificar al quejoso ****, el acuerdo de treinta de junio de la presente anualidad. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. .... Ahora bien, de la comunicación oficial que se atiente, se observa que el notificador adscrito al juzgado requerido, asentó en la constancia de catorce de julio del año en curso, que no fue posible notificar el proveído de treinta de junio pasado, en virtud de que no encontró el domicilio proporcionado en el escrito inicial de demanda. ....se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para se comunique vía telefónica a los aludidos números y le notifique el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, lo requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México; asimismo, lo aperciba que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados del juzgado. .... Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por -----, contra actos del Titular de la Comisión Federal de Electricidad, Sucursal Atlacomulco, Estado de México, regístrese bajo el número 573/2021-III. Desechamiento. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, el artículo 113 de la citada legislación establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama el corte de consumo de energía eléctrica que hizo la autoridad responsable en el domicilio que tiene en posesión, ubicado en domicilio conocido sin número, Comunidad de San Agustín Mextepec, Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, carretera Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso kilómetro veintidós, Barrio El Sifón. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la lectura del primer artículo se observa un supuesto abierto de improcedencia que remite a aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna otra disposición de la Constitución Federal, de los Tratados Internacionales o de la Ley de Amparo, ya sea porque se actualice alguno de los supuestos de improcedencia expresamente previstos o bien, porque no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para hacer procedente el juicio de amparo. Del segundo precepto se desprende que se tendrá como autoridad responsable a la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, a los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, conforme a lo expuesto, lo reclamado por la quejosa se relaciona de manera directa con los derechos y obligaciones que derivan del contrato que se celebró con la Comisión Federal de Electricidad para la prestación del servicio relativo, cuestión que no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando la Comisión Federal de Electricidad actúa en ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que celebra con un usuario para el suministro de energía eléctrica, no lo hace en su calidad de autoridad para efectos del juicio constitucional, dado que éstos tienen su origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente al corte, suspensión o desconexión del servicio, por lo que la vía procedente para su impugnación es la ordinaria mercantil. De la citada ejecutoria derivó la Jurisprudencia 2a./J.156/2017, publicada en la página 336, Libro 50, correspondiente al mes de enero de 2018, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." El criterio anterior fue reiterado, con posterioridad, al resolver la diversa contradicción de tesis 198/2017, en la que la misma Segunda Sala determinó que, por regla general, la citada Comisión, como empresa productiva del Estado, en el ejercicio de las atribuciones comprendidas en los contratos que celebra con los particulares para prestar el servicio relativo al suministro de energía eléctrica, aun en tratándose de trabajos de modernización y cambio de servicios, para brindar un mejor suministro eléctrico, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de supra a subordinación, ni realiza actos equiparables, por lo que, en esos casos, no debe considerarse como autoridad para efectos del juicio constitucional. No obstante, ese Máximo Tribunal precisó que esa regla tiene dos excepciones, a saber: a) Cuando la Comisión realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes en el contrato de suministro de energía eléctrica; o bien, b) Cuando la Comisión aplique normas que se consideren inconstitucionales. Casos en los que el juzgador de amparo deberá analizar, de manera particular, si la referida empresa actúa en su calidad de autoridad para efectos del juicio; consideraciones que dieron origen a la Jurisprudencia 2a./J.30/2018, consultable en la página 532, Libro 53, correspondiente al mes de abril de 2018, Tomo I, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." De todo lo expuesto se desprende que, al menos, en relación con el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido tajante en el sentido de que, en esos casos, la Comisión Federal de Electricidad no actúa como autoridad para efectos del juicio, porque ese acto deriva del ejercicio de las atribuciones pactadas en el acuerdo de voluntades celebrado con los usuarios del servicio. Luego, si en el caso, como ya se analizó, de la demanda se desprende que lo que la parte quejosa en realidad reclama en el juicio es, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, ello pone de relieve que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda. Lo anterior, pues al existir Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que define lo relativo a la procedencia del juicio constitucional en los casos en que se reclama un acto como el aquí controvertido, la causal de improcedencia relativa resulta manifiesta e indudable, pues, no obstante que se substanciara el juicio por sus etapas, no sería posible llegar a una convicción diversa respecto de su procedencia, precisamente, por lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el acto que efectivamente se reclama. Es aplicable la Jurisprudencia 2a.J.2/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1008, Libro 63, correspondiente al mes de febrero de 2019, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracciones II de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Por otra parte, en virtud de que el domicilio del quejoso ----, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los ordinales 26, fracción I, inciso c) y 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, líbrese despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique al citado quejoso el presente proveído en el domicilio conocido ------, y lo requiera para que en el momento de la diligencia o en el plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México; asimismo, lo aperciba que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados del juzgado exhortante. Autorizados. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -----. Ahora bien, dado que el promovente no señala un usuario electrónico en términos del Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica, se le conmina para que regularice el uso de la misma, para efectos de lo previsto en el artículo 30 fracción segunda, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que de manera previa, con fundamento en el artículo 22 del diverso acuerdo 21/2020, se tienen como correos electrónicos -----y-----, así como los números telefónicos ---y----, mediante los cuales, en casos excepcionales, se le hará del conocimiento el dictado de algún trámite en el presente juicio y se cumplan las formalidades que corresponden. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Notifíquese y por vía despacho al quejoso.

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