Crescencio Felipe Romero Aguayo
Expediente 1153/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Crescencio Felipe Romero Aguayo
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por el quejoso ********************, por el cual cumple con la prevención que le fue formulada en auto de veintiuno de septiembre reciente, pues al efecto aclara lo siguiente: 1. Que al Tribunal de Enjuiciamiento le reclama la omisión de remitir la demanda de amparo al Tribunal Colegiado; y, 2. Que solicita la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran. Por otra parte, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama la omisión de remitir la demanda de amparo directo al Tribunal Colegiado, no obstante, que señala, la presentó ante la autoridad responsable como lo dispone el artículo 176 de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, en el presente juicio la parte quejosa reclama la omisión del Tribunal de Enjuiciamiento de remitir al Tribunal Colegiado la demanda de amparo directo que presentó el dieciocho de septiembre del año en curso dentro de la causa penal ********************. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el taxativo 97, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 97. El recurso de queja procede: [.] II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente Así, de la interpretación gramatical del primer precepto plasmado, se prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia Ley de Amparo; y del segundo normativo se obtiene que el recurso de queja es procedente en amparo directo, cuando la autoridad responsable omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente. En este contexto, el presente juicio de amparo resulta improcedente en virtud de que la omisión de remitir la demanda de amparo directo que promovió ante el Juez responsable, en la causa penal ********************, constituye un acto dentro de ese juicio de garantías, en contra del cual, el agraviado puede promover el recurso de queja establecido en el inciso a), de la fracción II, del indicado precepto 97 de la Ley de Amparo, que dispone que procede el referido medio de impugnación cuando la autoridad responsable omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente. Ello se estima así, debido a que la omisión reclamada, se encuentra vinculada al juicio de garantías del que deriva, por ende, el quejoso tiene a su alcance el referido medio de impugnación para reclamar la omisión o indebida tramitación de la demanda de amparo directo; por lo cual, en caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 97, fracción II, inciso a), ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 97, fracción II, inciso, ambos de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra del Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 14 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1153/2023-VII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende lo siguiente: En la demanda se señala como autoridad responsable: "LICENCIADO ABELARDO GARCÍA LUNA, JUEZ DEL TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO." En el capítulo denominado "acto reclamado", señala como tal, la omisión de remitir el juicio de amparo al Tribunal Colegiado, presentado ante la autoridad responsable, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en contra del fallo emitido el quince de septiembre del año en curso, dentro de la causa penal I-469/2019. Sin embargo, en líneas posteriores, dentro del capítulo de hechos, señala los antecedentes relativos a lo acontecido dentro de la causa penal I-469/2019, haciendo énfasis en lo siguiente: "No obstante, tomando en cuenta las reglas procesales, el Licenciado Abelardo García Luna, el Tribunal de Enjuiciamiento quien emitió el FALLO CONDENATORIO en mi contra, previamente intervino en la causa penal 469/2019 y eso concretamente, así como se desprende del acuerdo que anexo a presente amparo, que representa la violación de fallo de la presente causa. Conforme al artículo 173.- apartado B, fracción III, de la Ley de Amparo que establece: Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. El suscrito presentó el día 18 de Septiembre de 2023 el AMPARO DIRECTO ante la autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento Licenciado Abelardo García Luna anexando copias de agravios y solicitando que se REMITE (SIC) DICHO AMPARO al TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, pero la autoridad responsable omitió remitir los agravios y resolvió en el sentido que él no es competente para tramitar el juicio de amparo aunque el artículo 176. De la Ley de Amparo lo establece: La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. (.)" De lo antes citado, no se advierte claramente si la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de remitir la demanda de amparo al Tribunal Colegiado, presentado ante la autoridad responsable, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, o en su caso, la determinación del Tribunal de Enjuiciamiento. Por otra parte, en el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado, la parte quejosa solicita la suspensión en los siguientes términos: "(.) solicito suspensión provisional y en su momento definitiva con la finalidad de evitar el cambio de la situación jurídica solicitando que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran." No obstante que al parecer, lo reclamado se trata de un acto omisivo, por tanto es necesario que aclare si solicita la suspensión para tal efecto que señala, esto es, para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran. Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Qué acto en concreto reclama de la autoridad responsable, en atención a la omisión de remitir la demanda de amparo al Tribunal Colegiado, o en su caso, la determinación del Tribunal de Enjuiciamiento. Indique si la suspensión que solicita es para ese efecto que señala, es decir, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión." De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su ocurso; así como la práctica de notificaciones de carácter personal por esta vía, por así haberse solicitado. En vista de lo anterior, no se le tiene designado el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, toda vez que se practicarán vía electrónica al usuario que proporciona para tal efecto. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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