Crecencio Zumaya Meraz
Expediente 409/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Crecencio Zumaya Meraz
Actuaciones
- Principal
agréguese a los presentes autos para que obre como constancia el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso por el cual se le remitió el informe relativo al recurso de queja interpuesto por el quejoso; asimismo, informa que se admitió a trámite el referido medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número de queja civil 395/2019. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el escrito presentado por el quejoso ..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del citado proveído. Por tanto, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito que corresponda, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el diecisiete de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por ..., al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., ...este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Mixto de Primera Instancia de Tancanhuitz, San Luis Potosí y Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, y como acto reclamado la interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de treinta de agosto del año en curso, determinación ésta que aduce el impetrante, resolvió la recusación planteada por el codemandado ... Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte promovente, reclama la interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de treinta de agosto del año en curso, determinación que señala el promovente resolvió la recusación planteada en los autos del expediente 238/2019, relativo al juicio ordinario civil por inexistencia y nulidad de contratos, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tancanhuitz, San Luis Potosí. Por lo que al ser ello así, la resolución reclamada en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, dado que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte que se hubiese dictado la sentencia definitiva en el juicio de origen, de manera tal, que las violaciones de que se duele el impetrante pueden quedar subsanadas con posterioridad, si la sentencia definitiva resulta favorable a sus intereses y, de no ser así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo, en términos de lo que expresamente se previene en la fracción X del artículo 172 de la Ley de Amparo en correlación con la diversa XII del indicado numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 571 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 634, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." También, sirve de apoyo a lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 412, Tomo IX, Junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "RECUSACION. NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La sentencia que decida sobre la recusación con expresión de causa, de modo alguno, puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución, es de que el juez recusado continúe o no conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que se encuentra comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo; de ahí, que esa resolución no puede ser combatida a través del amparo indirecto, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento que regula el dispositivo invocado y, por tanto, sólo puede reclamarse en la vía uniinstancial, que es la adecuada para impugnar las violaciones intraprocesales, al interponer la demanda contra la sentencia definitiva que se dicte de conformidad con los artículos 158 y 161 de la propia Ley." No impide la anterior conclusión lo manifestado por el promovente en torno a que dada su avanzada edad y su estado de salud lo imposibilita para trasladarse a diverso Juzgado distante de su domicilio y jurisdicción a la que pertenece; toda vez que la sola manifestación que se es un adulto mayor, no modifica la naturaleza intraprocesal de la resolución reclamada, que hace improcedente el amparo indirecto. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los profesionistas que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa...el auto de diecisiete de octubre del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por ..., ...este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Mixto de Primera Instancia de Tancanhuitz, San Luis Potosí y Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, y como acto reclamado la interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de treinta de agosto del año en curso, determinación ésta que aduce el impetrante, resolvió la recusación planteada por el codemandado ... Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte promovente, reclama la interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de treinta de agosto del año en curso, determinación que señala el promovente resolvió la recusación planteada en los autos del expediente 238/2019, relativo al juicio ordinario civil por inexistencia y nulidad de contratos, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tancanhuitz, San Luis Potosí. Por lo que al ser ello así, la resolución reclamada en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, dado que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte que se hubiese dictado la sentencia definitiva en el juicio de origen, de manera tal, que las violaciones de que se duele el impetrante pueden quedar subsanadas con posterioridad, si la sentencia definitiva resulta favorable a sus intereses y, de no ser así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo, en términos de lo que expresamente se previene en la fracción X del artículo 172 de la Ley de Amparo en correlación con la diversa XII del indicado numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 571 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 634, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." También, sirve de apoyo a lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 412, Tomo IX, Junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "RECUSACION. NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La sentencia que decida sobre la recusación con expresión de causa, de modo alguno, puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución, es de que el juez recusado continúe o no conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que se encuentra comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo; de ahí, que esa resolución no puede ser combatida a través del amparo indirecto, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento que regula el dispositivo invocado y, por tanto, sólo puede reclamarse en la vía uniinstancial, que es la adecuada para impugnar las violaciones intraprocesales, al interponer la demanda contra la sentencia definitiva que se dicte de conformidad con los artículos 158 y 161 de la propia Ley." No impide la anterior conclusión lo manifestado por el promovente en torno a que dada su avanzada edad y su estado de salud lo imposibilita para trasladarse a diverso Juzgado distante de su domicilio y jurisdicción a la que pertenece; toda vez que la sola manifestación que se es un adulto mayor, no modifica la naturaleza intraprocesal de la resolución reclamada, que hace improcedente el amparo indirecto. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los profesionistas que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente."
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