Crecencio Parra Hernández
Expediente 826/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Crecencio Parra Hernández
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General- ; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 826/2023-VI. Puebla, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++++++++++ por propio derecho, contra un acto de ++++++++++++++++++ Agente de Ministerio Público, Adscrito a la Célula I, de la Fiscalía General de la Republica de la Delegación Estatal Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 1 . En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ? La omisión de acordar y dar cumplimiento a lo solicitado en escrito presentado con fecha seis de julio del año dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001698/2023 (pide la apertura del procedimiento abreviado). Ahora, respecto de esos actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en correspondencia con los numerales 16, 20 y 21 constitucionales. En primer término, se arriba a la convicción de que el acto reclamado converge bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que al narrar los hechos bajo protesta de decir verdad, el quejoso menciona que el seis de julio de este año presentó una petición ante el fiscal señalado como responsable; ahora, de la prueba documental que adjunta a su escrito de demanda, se desprende que el quejoso solicitó la apertura del procedimiento abreviado. De lo anterior, se desprende que, el mencionado acto atribuido al Agente de Ministerio Público, Adscrito a la Célula I, de la Fiscalía General de la Republica de la Delegación Estatal Puebla, señalado como autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia invocada con las características de indudable y manifiesta. Se explica El artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resultaría improcedente ese acto en el juicio de amparo indirecto, ya que el quejoso pierde de vista que una vez decretada la vinculación a proceso de la persona imputada (el cual se erige como requisito de procedencia del procedimiento abreviado), el Agente del Ministerio Público pierde la potestad para regir el proceso penal adversarial, porque quien se erige como tal es el Juez de Control; de ahí que, el fiscal, tal como lo establecen los artículos 3°, fracción VII y 133, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, a partir de la audiencia inicial el Agente del Ministerio Público se presenta como su parte adversaria, despojada de toda potestad legal, tal como lo establece el artículo 105, fracción V y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, los actos que atribuye al Agente del Ministerio Público, a partir de ese momento los efectúa como un sujeto del procedimiento que tiene la calidad de parte, no con la potestad de una autoridad; por más de que conforme lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, aún mantenga el monopolio de la acción penal, salvo las limitadas excepciones que la norma de la materia reconoce a los particulares. Tanto es así, que el diverso numeral 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impone al órgano jurisdiccional el deber de procurar que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, el ejercicio de las facultades o derechos en términos de ley y la buena fe, con el propósito de constreñir a los sujetos del procedimiento que intervengan en calidad de parte, entre ellos el Ministerio Público, a conducirse con probidad, sin dilaciones ni cualquier abuso en el ejercicio de sus facultades o derechos. De ahí que, el acto de omisión reclamado resulte improcedente para que sea estudiado en esta vía constitucional; porque la petición se la presentó al fiscal que, en ese momento, tiene la calidad de parte procesal. Resultas aplicables por identidad de razón las tesis de rubros, textos y datos de localización siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." (Registro digital: 2022071, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Penal, Común, Tesis: 1a./J. 34/2020 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 239, Tipo: Jurisprudencia). "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia." (Registro digital: 2021604, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: II.3o.P.75 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2278, Tipo: Aislada). Bajo este contexto, se declara que la inactividad combatida en la demanda de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, en particular la prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en correspondencia con los numerales 16, 20 y 21 constitucionales. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues el acto reclamado por el quejoso a la autoridad responsable, encuentra la causal de improcedencia en estudio. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Notificación del quejoso por despacho y autorizados en términos amplios. De la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como medio para oír y recibir notificaciones de carácter personal un correo electrónico; sin embargo, dicho medio de comunicación no se encuentra comprendido en la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, por tanto es improcedente la solicitud del impetrante de amparo. Ahora, en el escrito de amparo se desprende un domicilio físico, el cual se localiza en calle Morelos, número 5, de la localidad de Cristóbal Tepatlaxco, del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; sin embargo, no se tiene la certeza de que corresponda al quejoso, ya que en el apartado correspondiente se logra advertir que se menciona como promovente a José Juan Álvarez Victoriano, pero dicho nombre se encuentra rallado en múltiples ocasiones para evitar su visualización. En consecuencia, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, en el cual se establece que desde el primer escrito se debe designar domicilio ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales; de ahí que, ante tal omisión, se ordena que la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes aún las de carácter personal se realicen por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional, conforme lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Daniel Tepehua Pastrana y Saúl Calvarin Garay, porque así se solicitó por la parte quejosa y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Además, se toma nota del correo electrónico que proporcionó la parte quejosa únicamente como medio de contacto para comunicaciones no procesales, pues la ley de la materia no prevé dichos medios de comunicación para oír y recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese de forma personal al quejoso (por despacho) y cúmplase
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