Crecencio Bautista Nolazco
Expediente 825/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Crecencio Bautista Nolazco
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de agosto de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por CRECENCIO BAUTISTA NOLAZCO, contra los actos del JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DE PUEBLA y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 825/2019. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. DESECHAMIENTO Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo promovida por el quejoso, se advierte que reclama del JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DE PUEBLA, el auto de formal prisión dictado en el proceso penal 104/1994 el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, mismo que conforme a lo manifestado por el promovente de amparo, bajo protesta de decir verdad, le fue notificado el veintiséis de julio de dos mil diecinueve. De lo anterior, el suscrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". Del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo genérico de quince días. Por su parte del artículo 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para la presentación de la demanda de amparo se cuenta partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación del numeral referido, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, en el presente caso se debe estar a lo manifestado por el quejoso, quien manifestó bajo protesta de decir verdad que el auto de formal prisión reclamado le fue notificado el veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, el quejoso tuvo conocimiento del acto que aquí reclama, el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (diecinueve de agosto de dos mil diecinueve) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si CRECENCIO BAUTISTA NOLAZCO, tuvo conocimiento de dichos actos desde el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, el plazo para promover juicio de amparo empezó a correr a partir del veintinueve siguiente; ello, en términos de los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, feneciendo el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho del mes y año en curso por ser inhábiles. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado de este Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de donde se concluye que, por regla general, las notificaciones en materia penal surten efectos desde que se efectúan y, por ende, si la codificación que rige el acto concreto no señala, específicamente, cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre 2011, página 2018." Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues CRECENCIO BAUTISTA NOLAZCO, consintió tácitamente el acto reclamado ya que no obstante que fie notificado del auto de formal prisión decretado en sui contra el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, pretende promover juicio de amparo mediante demanda que fue presentada hasta el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, según la data asentada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Así las cosas, atento al cómputo antes realizado, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala y como autorizados en los términos que indica, a los profesionistas que cita en su escrito de demanda. Así mismo, en virtud que el quejoso se encuentra privado de su libertad y que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones personales por conducto de sus autorizados; a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) , de la ley de Amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal por conducto de cualquiera de sus autorizados, el presente proveído y los subsecuentes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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