Cortés San Andrés Turicuaro Sociedad Civil
Expediente 2/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cortés San Andrés Turicuaro Sociedad Civil
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. * Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de control correspondiente (electrónico) así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Cortés San Andrés Turicuaro S.C., por conducto de su representante Jorge Gustavo González Jiménez, carácter que se le reconoce en términos de la escritura pública dos mil cuarenta y cuatro, volumen sesenta y seis, otorgada por la Notaria Pública ciento cuarenta y siete con residencia y ejercicio en Uruapan, Michoacán; solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 2/2023. Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17, fracción l, y 18, de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. En efecto, de los preceptos citados, se desprende que, el juicio de amparo debe instarse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente, a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del numeral 17, de la Ley de Amparo, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor, cuando se trate de una norma autoaplicativa (caso concreto en el presente juicio, el plazo para la presentación de la demanda de amparo será de treinta días), esto es, que: Hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; salvo la hipótesis prevista en la fracción I, del numeral 17, de la ley de la materia, que será de treinta días, contado a partir del mismo día de su entrada en vigor. La parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. La parte quejosa se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber a la parte quejosa el acto reclamado, o bien, con la entrada en vigor de la norma tildada de inconstitucional, es decir, en el caso concreto, lo fue la entrada en vigor del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día catorce de noviembre del año en curso, mismo que entró en vigor al día siguiente, esto es, el quince de noviembre pasado. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable, distinto a la notificación del acto reclamado, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que el quejoso se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. En ese contexto, se concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos indicados, el cual, como se señaló, es determinante para computar el plazo exceptuado de treinta días para la presentación del juicio constitucional. Es así, pues de la demanda de amparo se advierte que la quejosa manifiesta lo siguiente: "a. Que la entrada en vigor da a mi representada la oportunidad de ejercer el presente juico de garantías". (.). "c. Oportunidad de la interposición de la demanda de garantías. Se torna la oportunidad de interponer el juicio de amparo derivado de la entrada en vigor del acuerdo multicitado, publicado en el diario oficial de la federación el día 14 de noviembre y que entró en vigor el día 15 de noviembre." De lo anterior, resulta evidente que, el plazo de treinta días que establece el artículo 17, fracción l, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa presentara la demanda, le transcurrió del quince de noviembre al veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, esto es, el lunes 21 de noviembre (en conmemoración al 20 de noviembre), seis sábados (19 y 26 de noviembre, 3, 10, 17 y 24 de diciembre) y seis domingos (20 y 27 de noviembre, 4, 11, 18 y 25 de diciembre de dos mil veintidós). De lo anterior, se desprende que desde las cero horas del quince de noviembre de dos mil veintidós, empezó a transcurrir el plazo de treinta días que establece el artículo 17, fracción l, de la Ley de Amparo; en esas condiciones, el plazo para que la parte quejosa reclamara los actos que tilda de inconstitucionales, le feneció el día veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, descontándose los días inhábiles. Luego si la demanda de amparo se recibió electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el día dos de enero de dos mil veintitrés, y turnada el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es evidente que su presentación resulta EXTEMPORÁNEA, pues como se indicó, la parte quejosa estuvo en condiciones de ejercer su derecho para presentar la demanda de amparo, a partir del quince de noviembre de dos mil veintidós, al veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 26/98, visible en la página 461, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Materia Común Constitucional, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR." En consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos artículos 17, fracción l, y 18, todos de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Cuando por la naturaleza de la notificación lo amerite, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y por autorizando para tal efecto, con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de amparo, a José Esaú Tapia Rodríguez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Diana Laura Sánchez López, Carlos Tonatiuh Ibarra Tonche, Cristian Geovanni Andrade Villanueva, y Ángel Alejandro González Valdez, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Ahora bien, por lo que ve a su solicitud respecto a que se autorice el uso de medios electrónicos, al respecto, infórmese a la parte quejosa que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Por ello, al no advertirse dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo al otorgar lo solicitado, se autoriza a la parte quejosa el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso. Juicio en línea. Por otro lado, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "EsauTRodriguez", donde se harán las notificaciones respectivas conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. DATOS PERSONALES. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (línea).
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