Corporación Promotora Mexicana S.A.
Expediente 895/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/05/2022
Partes del expediente
- Corporación Promotora Mexicana S.A.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, que el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán los expedientes y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la indicación que, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, devuélvanse a la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió con motivo de la justificación de su informe. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Además, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN EL JUICIO DE AMAPRO INDIRECTO 895/2021, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, comunica que en audiencia celebrada el veintidós de febrero del presente año, dentro de la causa penal 497/2021 de su índice, la cual se instruye en contra de José Luis Bueno Guzmán y Alma Elena Maya Medrano, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, en agravio de Fernando Medina González, Verónica Vargas Sánchez y Facunda Josefina Vargas Sánchez, tuvo a bien autorizar un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, señalando en consecuencia las trece horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, para el verificativo del cumplimiento de dicho acuerdo; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestación respecto al cumplimiento que el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, llevó a cabo en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - El fallo dictado por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 400/2021, mediante el cual, se confirma el auto de vinculación a proceso de quince de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, en la carpeta administrativa 497/2021, por el hecho delictivo de despojo, cometido en agravio de Fernando Medina González, Verónica Vargas Sánchez y Facunda Josefina Vargas Sánchez. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Luis Bueno Guzmán, representante legal de Corporación Promotora Mexicana Sociedad Anónima, para los siguientes efectos: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Luis Bueno Guzmán, representante legal de Corporación Promotora Mexicana Sociedad Anónima, para los efectos de que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Tribunal de Alzada responsable: a) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, b) Señale día y hora para que, en audiencia pública y previa notificación de las partes, resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada de los imputados, explicando de manera oral el fundamento y motivos del sentido de la determinación adoptada, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, y posteriormente deberá emitir la versión escrita de la misma, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Así, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento; luego por acuerdo de ocho de febrero siguiente, se tuvo por recibido el oficio 3011500P01/524/2022, remitido por el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copias certificadas de la resolución emitida el día dos de febrero de dos mil veintidós, así como de la videograbación que contiene la audiencia respectiva, en relación al toca de apelación 400/2021, ello en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; y con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, comunica que en audiencia celebrada el veintidós de febrero del presente año, dentro de la causa penal 497/2021 de su índice, la cual se instruye en contra de José Luis Bueno Guzmán y Alma Elena Maya Medrano, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, en agravio de Fernando Medina González, Verónica Vargas Sánchez y Facunda Josefina Vargas Sánchez, tuvo a bien autorizar un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, señalando en consecuencia las trece horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, para el verificativo del cumplimiento de dicho acuerdo; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestación respecto al cumplimiento que el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, llevó a cabo en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - El fallo dictado por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 400/2021, mediante el cual, se confirma el auto de vinculación a proceso de quince de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, en la carpeta administrativa 497/2021, por el hecho delictivo de despojo, cometido en agravio de Fernando Medina González, Verónica Vargas Sánchez y Facunda Josefina Vargas Sánchez. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Luis Bueno Guzmán, representante legal de Corporación Promotora Mexicana Sociedad Anónima, para los siguientes efectos: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Luis Bueno Guzmán, representante legal de Corporación Promotora Mexicana Sociedad Anónima, para los efectos de que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Tribunal de Alzada responsable: a) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, b) Señale día y hora para que, en audiencia pública y previa notificación de las partes, resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada de los imputados, explicando de manera oral el fundamento y motivos del sentido de la determinación adoptada, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, y posteriormente deberá emitir la versión escrita de la misma, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Así, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento; luego por acuerdo de ocho de febrero siguiente, se tuvo por recibido el oficio 3011500P01/524/2022, remitido por el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copias certificadas de la resolución emitida el día dos de febrero de dos mil veintidós, así como de la videograbación que contiene la audiencia respectiva, en relación al toca de apelación 400/2021, ello en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; y con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, remite copias certificadas de la resolución emitida el día dos de febrero de dos mil veintidós, así como de la videograbación que contiene la audiencia respectiva, en relación al toca de apelación 400/2021, ello en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos recibidos en esta data, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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