Cornelio Villa Pérez
Expediente 1306/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2021
Partes del expediente
- Cornelio Villa Pérez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que el promovente CORNELIO VILLA PERÉZ, dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó por su notoria e indudable improcedencia su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales ERICK XAVIER SOLTERO GARCIA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.36.33.36.32.36.34.31 08/02/25 14:46:58 generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, signado por el solicitante del amparo CORNELIO VILLA PERÉZ, por medio del cual desahoga la vista contenida en el proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno y señala los antecedentes relativos al acto reclamado. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, la cual quedó registrada en el libro de gobierno con el número 1306/2021, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En efecto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Conforme el 2° numeral citado, el amparo indirecto procede en los casos siguientes: 1). Contra actos ejecutados fuera de juicio, como lo son los actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; 2). Contra actos ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que realizados con posterioridad a la sentencia ejecutoria están encaminados a hacer posible o a preparar la ejecución; supuesto del que se derivan las hipótesis siguientes: a). Cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, en el que pueden reclamarse todas las violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento; y b). Tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora, la parte quejosa se duele del acto que hace consistir en: El acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente número 1178/2013, que no admite el incidente de reducción de intereses que presentó con fecha tres de septiembre del año en curso, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, de esta ciudad. Asimismo, en los capítulos de antecedentes del acto reclamado, precisados en su escrito aclaratorio, señala lo siguiente: "..DOCEAVO.- Evacuada la vista y transcurrido el término por auto de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, se ordenó turnar los autos al titular del juzgado a efecto de que dentro del término de ley proceda a dictar sentencia interlocutoria en relación al incidente de liquidación de sentencia opuesto en autos. TERCEAVO.- Con fecha ocho de septiembre del año dos mil quince se dictó sentencia interlocutoria sobre el incidente de liquidación de sentencia y se condenó al suscrito al pago de la cantidad $659,010 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N) que hace consistir en: $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/10 M.N), cantidad que se autoriza por concepto de intereses moratorios que equivale del trece de enero del año dos mil trece al veintiuno de octubre del año dos mil quince. Cantidad que se arroja como resultado del 9% de interés mensual. $59,910.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N)" Lo expuesto por la promovente constituye una confesión expresa a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, de la que se advierte que el juicio de donde emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, acto que, dada su naturaleza, no constituye la última resolución dentro de ese procedimiento de ejecución, sino que se trata de una providencia intermedia encaminada a lograr tal cometido; de ahí que evidentemente no proceda el juicio de amparo contra ese tipo de acto, sino únicamente -como ya se dijo- contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ciertamente, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio constitucional sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Tal exigencia como presupuesto de procedencia de la vía biinstancial, de que para impugnar los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, se realice a través de la última resolución, emitida en dicho procedimiento, tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de amparo. De esta manera se determina que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, toda vez que el acto que reclama la quejosa es el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, en el expediente mercantil 1178/2013, en el cual no fue admitido el incidente de reducción de intereses, derivado de las prestaciones a las que fue condenado en la sentencia, la cual fue actualizada a través de un incidente de liquidación; acto que evidentemente no constituye la última determinación practicada en el procedimiento de ejecución, entendiéndose por ésta, la que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; tópicos que en el caso no se actualizan. Es aplicable a lo considerado, la tesis 2a.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO, SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". A mayor abundamiento, cabe apuntar que con el acto reclamado no se ven afectados derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada ni tampoco se trata de alguna excepción sustancial y perentoria, o algún acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia. En ese tenor, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en el país estableció que dada la amplitud de la norma contenida en la indicada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, al establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, contra actos que tengan una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes. Lo anterior, siempre y cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean perturbados, sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se procure impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, ya que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 108/2010, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."1. En el caso, no se actualiza el supuesto de excepción analizado, en virtud de que el acto reclamado no implica actos destacados, autónomos e independientes de lo resuelto en dicho juicio, en atención a que se encuentran vinculados de manera directa con su ejecución y el aquí quejoso en su 1 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página seis, Novena Época. oportunidad podrá impugnar lo conducente cuando se declare cumplida la sentencia. Es así, porque los actos reclamados se constituyen en actuaciones intermedias dentro del citado procedimiento de ejecución. En la inteligencia de que el juicio de amparo indirecto será improcedente en aquellos casos en que esos derechos sean afectados por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que sean consecuencia directa y necesaria de la resolución que se pretende ejecutar; en cuyo caso la procedencia del amparo quedará diferida hasta el momento en que dicte la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo. Asumir una postura contraria equivaldría a abrir la posibilidad de que cualquier omisión o decisiones que se dicten en el procedimiento de ejecución de sentencia, procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél soslayando que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la última resolución del procedimiento respectivo, esto es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en la que ordena el archivo definitivo del expediente, de ello deriva la improcedencia de la demanda de amparo. Bajo esa condición, si los actos que en esta vía se tildan de inconstitucionales, no constituyen la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los numerales invocados, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA la demanda de amparo promovida por CORNELIO VILLA PERÉZ, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede y en acatamiento a la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se levanta suspensión de plazos en el incidente de suspensión en que se actúa. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el incidente en revisión administrativo 942/2019, así como el cuaderno original del incidente de suspensión 1381/2019 del índice de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, confirmó la resolución recurrida dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, negó la suspensión definitiva solicitada por "PROVEDORA EL CIEN", Sociedad Anónima de Capital Variable y declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, a través del cual informa que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encuentra agregada la sentencia pronunciada por dicho Órgano Jurisdiccional, la cual concluyó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Blanca Estela Márquez Sandoval, respecto de los actos que reclamó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 19 y al Delegado del Registro Agrario Nacional, ambos en el Estado de Nayarit, consistentes en la omisión de ordenar y verificar el cumplimiento de la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil nueve, en el juicio agrario 441/2006, y de expedir el certificado parcelario a su favor que se ordenó en dicha resolución; por las razones expuestas en el último considerando de este fallo". En consecuencia, hágase saber a las partes el contenido de la mencionada resolución; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. 1
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