Cornelio Vargas García
Expediente 858/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cornelio Vargas García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el plazo de cinco días para que el quejoso, recurriera el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, se aprecia que aún no obra la notificación del proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte; por tanto, túrnese el presente asunto a la actuaría a fin de que se realice la notificación respectiva.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE A LA LETRA DICE "...Vista la demanda de amparo signada por Cornelio Vargas García, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 858/2020-II. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente en sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo citado impone la obligación al juzgador constitucional de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, por lo cual debe desecharse de plano la demanda, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." [Énfasis añadido] De la lectura íntegra a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el auto dictado por la Magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, el dieciocho de noviembre del año en curso, en el que desechó el recurso de apelación que interpuso contra el auto de apertura a juicio oral dictado en la audiencia intermedia de dos de octubre de este año, verificada en la causa penal 1P1619-1285, en la parte en la que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, declaró que la defensa del acusado -aquí quejoso- no ofertó medio de prueba alguno de su parte. Cabe destacar que la determinación, contra la cual el quejoso interpuso recurso de apelación, se dictó durante la etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende: a) formulación de la acusación -inicio de la etapa-, b) audiencia intermedia -en la que el juez de control podrá excluir medios de prueba ofrecidos por las partes-, y c) apertura de juicio -con éste auto concluye la etapa intermedia-. Por lo anterior, se considera que el acto reclamado no es analizable en la vía de amparo indirecto, ya que ésta sólo es procedente en contra de determinaciones intraprocesales que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellas las que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), estableció que de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Conforme el anterior criterio jurisprudencial, el cual es obligatorio para este juzgado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo procede contra actos en juicio -intraprocesales- cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como los que afecten materialmente derechos sustantivos. En el caso, la resolución contra la cual el quejoso interpuso el recurso de apelación consiste en el auto de apertura a juicio oral dictado en la audiencia intermedia de dos de octubre de este año, verificada en la causa penal 1P1619-1285, en la parte en la que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, declaró que la defensa del acusado -aquí quejoso- no ofertó medio de prueba alguno de su parte. En el juicio de amparo 634/2020-VI, del índice de este juzgado, el cual constituye un hecho notorio para suscrita en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos, se estableció que el juicio de amparo es improcedente contra del acuerdo apelado, cuyo desechamiento se reclama en este expediente, dado que no el auto de apertura a juicio oral no es de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos del quejoso. Por tanto, si el juicio de amparo es improcedente contra el auto de apertura a juicio oral, lo es también contra el auto que desecha el recurso de apelación que se intentó contra dicho acuerdo, pues no se afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos del solicitante del amparo, por lo que las violaciones que ahora expresa, en todo caso podrá hacerlas valer en el juicio de amparo directo en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, el cual dispone: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (.) X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; (.)." [Énfasis añadido] En consecuencia, no es procedente la vía de amparo indirecto contra la resolución que reclama la parte quejosa, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implicaría la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que podrían ser reparados de obtener sentencia favorable. En este orden de ideas, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. No se soslaya que el quejoso acudió con anterioridad a reclamar el auto de apertura a juicio oral dictado en la audiencia intermedia de dos de octubre de este año verificada en la causa penal 1P1619-1285, del índice del Juzgado de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, cuya demanda de amparo se registró con el número 634/2020 de éste índice. En el referido juicio de amparo, se desechó su demanda, por los motivos que se reiteran en el presente proveído, aunado a que no observó el principio de definitividad, al no haber interpuesto recurso de apelación contra la apertura a juicio oral. Sin embargo, la razón toral del desechamiento fue que el acto reclamado no es de imposible reparación y la definitividad se invocó como como obiter dicta. Por tanto, aunque el quejoso agotó el medio ordinario de defensa cuyo desechamiento constituye el acto reclamado, no torna procedente la demanda de amparo, pues el desechamiento del recurso de apelación contra la apertura a juicio oral tampoco constituye un acto intraprocesal que sea de imposible reparación, esto es, no se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como sustento a lo anterior se cita la tesis XXVII.3o.84 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2019043, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: ".ACTOS INTRAPROCESALES CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR PRÓRROGA PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales, pues los primeros están destinados a regir al exterior del juicio y su afectación no podría desvanecerse con una sentencia favorable. De esta forma, al advertir que la solicitud de otorgar una prórroga para la suspensión condicional del proceso, a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un derecho sustantivo del imputado, sino una simple expectativa, su negativa no constituye un acto de imposible reparación. En el mismo sentido, si se trata de la admisión de pruebas, no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse una sentencia definitiva. Así, al no constituir actos irreparables la admisión de pruebas y la negativa de otorgar una prórroga para solicitar la suspensión condicional del proceso, consecuentemente tampoco lo es el auto de apertura a juicio oral, pues es en éste donde necesariamente se ven materializados." Por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio del quejoso el ubicado en calle Camino a la Virgen 150-A del fraccionamiento Insurgentes en esta ciudad, y como autorizado únicamente para recibir notificaciones a Oscar Faustino Sánchez, por así solicitarlo. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se entablen comunicaciones no oficiales, en caso de ser necesario. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información..."
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